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Culpa/ opinión de Mariano Albor, penalista

Revista Proceso 1985, 15 de noviembre de 2014       
Culpa/MARIANO ALBOR
Le pregunté si había alguna esperanza.
Ninguno de nosotros verá el día de mañana, dijo el timonel. Manuel Rivas
La escena es una herencia antigua. Resulta aflictiva porque cada vez que se repite arrastra al espíritu humano hacia una insondable oscuridad abismal.

Primero es la desproporción de las ventajas que dan el número de individuos, los uniformes, las insignias y las armas: es la autoridad del Estado. En el despliegue de la fuerza pública hay una cierta ferocidad rapaz porque sabe que la presa es frágil. Luego, la captura y el breve cautiverio entre las vejaciones de la gendarmería. Después, el hacinamiento en el carro que los conduce a un solo destino: el paraje sucio de los desperdicios. En la negrura nocturna llegó el instante de los verdugos, expertos en la infamia y especialistas en la muerte. Al final, el fuego, las escasas cenizas y un silencio diferente y amargo que dignifica el paisaje ruin y sustituye la última Oración. ¿Será ésta la banalidad del mal de la que habló Hannah Arendt?

La destrucción de los jóvenes mexicanos en territorio guerrerense le presenta al Estado de Derecho una serie de cuestiones y problemas que debe atenderse política y jurídicamente. De acuerdo con su comprensión de las cosas, el gobierno federal, con apego a la fórmula crimen y castigo que se nutre en el principio de legalidad, le ha encomendado a la Procuraduría General de la República el tratamiento de los hechos que son relevantes para las leyes penales. Las propuestas fundadas en la tesis crimen y castigo tienen un contenido y un alcance político inevitable.
 La voluntad política del gobierno está orientada a construir un caso de culpa criminal concreta –así la denominó magistralmente Karl Jaspers– que se atribuye a individuos en particular para someterlos a un procesamiento penal ante los tribunales. La consecuencia es evidente, el tratamiento formalista de los hechos propone límites que separan a la sociedad y a las autoridades de las posibles culpas morales o políticas, en su caso.  
 Es cierto que el derecho penal es un lenguaje y un método reconstructivo de la realidad para reconocerla y verificarla jurídicamente.  Esta razón metódica permite desentrañar todo el desarrollo causal que se presenta en la trama complicada de los comportamientos humanos. En la tarea de la reconstrucción se puede aproximar a los actos de conciencia de los ejecutores en sus procesos de ideación, deliberación y decisión, y reconocer la manifestación de la voluntad de quien finalísticamente lleva a cabo los hechos.
Hasta el día de hoy, el procurador general de la República desarrolla sus funciones con respeto a la tesis crimen y castigo. Al narrar las atrocidades de la jornada letal, expresa sin ambages la intención manifiesta de construir una culpa criminal concreta.
Claro que su versión no es la única. En las redes sociales se multiplican las versiones de los jóvenes que vieron, oyeron o participaron en los hechos y pudieron salvarse. Justo es señalar que exponen su testimonio con disciplina y claridad. Con ello confirman su calidad de estudiantes excelentes y ponen en evidencia que la autoridad tiene al alcance de su mano pruebas importantes para integrar los datos que exige una investigación para ejercer la acción penal.
En este orden, el procurador Murillo Karam se ha referido solamente a los delitos activos. Es decir, a aquellos comportamientos físicos que generan causalmente un resultado penal: la privación de la libertad, forzada o no, las lesiones, el disparo de arma de fuego, la privación de la vida y la inhumación clandestina.  Sin embargo, en su exposición hay un silencio ominoso. Nada dice sobre las omisiones punibles de aquellos que,  por razón de su cargo o funciones, en cumplimiento de sus deberes estaban obligados a intervenir para impedir la realización de los hechos.  
 De acuerdo con la tesis crimen y castigo, es inevitable investigar a los agentes y oficiales de la Policía Judicial del Estado de Guerrero, al procurador de Justicia estatal, al gobernador en funciones en ese momento; pero, si se atiende a los dichos claros y sinceros de los sobrevivientes, es insalvable averiguar los comportamientos omisivos de las fuerzas militares destacadas y acantonadas en la proximidad de los hechos.
 En otro sentido, el derecho penal no pacifica a la sociedad como creen algunos ingenuos. Por esta razón la ciudadanía ha tenido un mejor sentido de la culpa política que tiene como consecuencia la responsabilidad de las autoridades. Las manifestaciones diarias que crecerán en número en todo el territorio nacional expresan lo que Jaspers explicó en términos de solidaridad: en casos como éste la culpa criminal concreta es insuficiente para asimilar la experiencia. En este orden de ideas, la sociedad y la comunidad internacional han entendido que en esta tragedia lo que está en juego es el destino de los mexicanos como seres humanos.
 Los estudiantes normalistas han dejado una costosa y elevada lección que puede expresarse con la idea que sugiere Manuel Rivas: los hombres arden mal. 


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