Revista Proceso 1985, 15 de noviembre de 2014
Pese a las dudas, a Peña Nieto “le
urge” cerrar el caso/
YETLANECI ALCARAZ
BERLÍN.- El gobierno mexicano desplegó
la estrategia de cerrar lo más pronto posible el caso Ayotzinapa sin una
investigación profunda. Pretende así desactivar el movimiento social generado
por la desaparición de los 43 normalistas. Pero ello sólo siembra más dudas
entre los padres de los estudiantes y genera una reacción contraria, pues las
inconsistencias de las investigaciones alientan la posibilidad de que los
jóvenes sigan vivos.
'Tal es el análisis de Abel Barrera
Hernández, fundador de Tlachinollan, Centro de los Derechos Humanos de la
Montaña y parte del equipo que representa legalmente a los padres de los 43
estudiantes desaparecidos.
En entrevista con Proceso, Barrera
señala los problemas que como parte coadyuvante del caso les ha tocado
enfrentar, enlista la serie de irregularidades que desde su punto de vista ha
tenido la investigación y advierte sobre la intención del gobierno de aislar el
caso y reducir su responsabilidad sólo a la autoridad municipal.
“El hecho de ser coadyuvantes en el
caso de los 43 estudiantes desaparecidos nos ha generado una fricción fuerte
con las autoridades federales porque hay desconfianza hacia nuestro trabajo.
Temen que al acceder a los expedientes filtremos información delicada y que no
puede manejarse tan libremente fuera del espacio de investigación. Nosotros en
cambio lo vemos como un pretexto para impedir que se cumpla esa garantía a la
coadyuvancia a la que tienen derecho las víctimas”, dice.
Luego de la conferencia de prensa donde
el procurador Jesús Murillo Karam presentó los avances en las investigaciones
en el caso de los 43 desaparecidos, los padres de familia, se supo,
manifestaron su desacuerdo en cuanto a que la información y los videos fueran
dados a conocer.
Barrera –galardonado en 2011 con el
Premio de Derechos Humanos de AI– explica que más allá del aspecto humano, el
motivo por el cual se pidió la reserva de la información tiene que ver con la
percepción y su efecto irreversible de presentar sólo una línea de
investigación como una verdad absoluta.
“No se puede presentar a los medios de
comunicación y a la opinión pública una línea de investigación como algo
resuelto, porque aunque se aclare que sólo es una línea, el efecto es otro: Es
una forma simulada para decir que este caso casi está cerrado, cuando no es
así.
“Los padres le comentaron incluso al
procurador la coincidencia de que al día siguiente de su conferencia, el
presidente Peña Nieto se iba de viaje. Se trató de un claro cierre del caso con
los resultado presentados para que los medios de comunicación los reprodujeran
mientras el presidente volaba y poder presentarse en escenarios internacionales
diciendo que se está avanzando en el caso”, señala.
Según Barrera, también preocupa que la
investigación se restrinja a partir de ahora a la sola declaración de los tres
presuntos autores materiales, sin indagar a la autoridad.
“Una fuente fundamental de información
son también los policías que detuvieron a los estudiantes. Sólo se sabe que los
entregaron y con ello se robustece la línea de investigación hacia el grupo
criminal Guerreros Unidos, pero se deja de lado aquella que conduce a toda la
red de complicidades entre las policías municipales de Iguala y Cocula y los
funcionarios públicos de esos municipios.
“Por otro lado también se tiene la
actuación misma del Ejército, que no intervino. Iguala cuenta con un batallón y
fuerzas especiales que se supone están para combatir al narcotráfico. Estamos
entonces frente a un posible caso de omisión que tiene que ser investigado;
cómo es posible que en un evento en el que hubo uso de armas y se perpetró un
delito grave de desaparición, nadie hizo nada. Cosa aparte son las innumerables
fosas clandestinas encontradas de las que ya tampoco nadie habla”, argumenta.
Irregularidades
Enumera al menos cuatro irregularidades
dentro del proceso y que a su modo de ver le restan credibilidad a la
investigación:
Primero la prisa por arrojar resultados
preliminares que reducen la línea de investigación a un sólo grupo armado;
partir sólo de las declaraciones de tres presuntos autores materiales –cuando
se ha mencionado la posible participación hasta de 15– sin corroborar sus
dichos con una investigación; la falta de trabajo de inteligencia y del uso de
tecnología para la búsqueda de los jóvenes; y las tácticas dilatorias para no
informar a los padres, toda vez que, asegura, los expedientes de la causa
fueron turnados a un juez en Matamoros, Tamaulipas.
“Todo esto deja una incógnita mayor en
la sociedad. No podemos negar que hay desconfianza a priori en el órgano
investigador de México porque en otros casos no se ha concluido con detenciones
claras contra los responsables. El mejor ejemplo de ello es el crimen de Arturo
Cardona, líder de la Unidad Popular.”
En tanto la encargada de México y
América Latina de Amnistía Internacional Alemania, Maja Liebing, coincide con
Barrera en cuanto a que la responsabilidad de los sucesos de Ayotzinapa debe
ser asumida plenamente por el gobierno mexicano.
En entrevista señala que en reuniones
con la embajadora mexicana en Berlín, Patricia Espinosa Cantellano, el discurso
se mantiene inmutable y apunta al gobierno municipal como único responsable.
“Por desgracia ellos tienen otra
interpretación de la situación en México. El gobierno federal no niega que hay
grandes problemas e incluso reconoce la responsabilidad de la policía local,
pero como gobierno central se mantiene alejado de cualquier tipo de
responsabilidad. Incluso nos señalan que nuestra campaña está mal enfocada porque
nos dirigimos al gobierno federal (…) Definitivamente no asumen su
responsabilidad y creemos que ese debería ser el primer paso para poder cambiar
algo”, enfatiza.
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