La
Cámara de Diputados aprobó con 297 votos a favor, 34 en contra y 17
abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que expide la nueva Ley
Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos.
El
diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), presidente de la Comisión de
Gobernación, fundamentó que la reforma es un esfuerzo colectivo de todos los
grupos parlamentarios; del gobierno federal, a través de la Secretaría de
Gobernación, y de distintas asociaciones de empresarios y grupos de la sociedad
civil que participaron en el diseño de estrategias del juego responsable y para
prevenir el delito.
Resaltó
la trascendencia de esta nueva normativa, ya que la ley vigente data de 1947 y
México ha tenido transformaciones profundas que demandan un cambio de paradigma
en torno al fenómeno del juego y los sorteos, vinculado al esparcimiento
responsable.
Explicó
que en la nueva ley se establecen los ejes de protección al participante, las
políticas públicas para un juego responsable, la salvaguarda del derecho humano
a la salud mediante los criterios de atención y prevención de la ludopatía y la
protección a los grupos vulnerables.
También
se crean reglas claras y transparentes que brindan seguridad jurídica y certeza
a las personas que invierten en la industria del juego en México.
“Como
claro contraste con la normatividad actual, se prescinde de un catálogo o una
definición sobre los juegos permitidos, se abre la puerta para que en nuestro país
pueda realizarse toda clase de juegos con apuesta, como por ejemplo cartas y
las máquinas tragamonedas, bajo ciertos estándares que brinden la seguridad al
participante”, agregó.
Otro
de los cambios fundamentales, indicó el diputado Moreno Cárdenas, es la
creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos que será la autoridad
encargada de regular esta actividad en México, órgano desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación que sustituirá a la actual Dirección General de
Juegos y Sorteos.
“La
nueva ley contempla la sustitución de los actuales permisos. Se manifiesta en
contra del juego ilegal, para lo cual el instituto contará con un cuerpo de
inspectores certificados, así como de facultades para clausurar
establecimientos sin permisos o dictar sanciones que podrán ascender hasta los
200 mil salarios mínimos. Del mismo modo, establece que sólo podrán ingresar
los mayores de 21 años, en concordancia con los criterios de la Organización
Mundial de la Salud”, concluyó.
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