Leo y me preocupa que viejos amigos a quien considero versados y demócratas apoyen sin ninguna crítica todo el cochinero que hemos visto, justifican los medios, lo que hizo el régimen para obtener los votos necesarios para darle el regalo al Señor ( dos del PRD , el de Yunez y la ausencia perversa del senador Barradas de MC), y lo grave es que todavía lancen vivas...
A lo mejor es parte de la borrachera de la cuatroté...
Podemos decir en términos cristianos : "perdónalos Selor por que no saben los dicen, ni hacen... Allá ellos...
Reitero la reforma es autoritaria, gandalla y debilita muy serinmente al Estado y a nuestra democracia..., pero aun no Consumatum est, ya pasará algo como dice Silvio Rodriguez..
"Ojalá pase algo que te borre de pronto
Una luz cegadora, un disparo de nieve
Ojalá por lo menos que me lleve la muerte
Para no verte tanto, para no verte siempre....
Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti
A tu viejo gobierno de difuntos y flores...
ES elocuente la risa de la presidenta electa....¿De que se rie?..
Me acorde de Mario Benedetti.."..por eso digo
(Señora Presidente electa)
de qué se ríe
de qué se ríe...
No se burle por favor, véase ene el espejo..
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Saldo de agresión a militares en Culiacán
Gobernador Rocha confirma muerte de un militar en agresión armada en La Campiña, Culiacán
También confirmó el hackeo de las páginas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa) y el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, sin embargo, aseguró que el incidente fue controlado rápidamente
“Continúa la violencia, estamos haciendo la tarea. Hoy mismo en la mañana hubo un encuentro entre civiles armados y el Ejército, murió un oficial en la ciudad. Para nosotros es prioridad cuidar que la ciudad no se convierta en escenario de confrontaciones”, expresó Rocha Moya.
Reveló que ha recibido amenazas a través de redes sociales, lo que atribuyó a la actual situación de inestabilidad en la entidad. “Ha habido amenazas porque, a río revuelto, ganancia de pescador”, comentó, sin descartar que estas intimidaciones puedan provenir del crimen organizado o de rivales políticos. Sin embargo, afirmó que no ha reforzado su seguridad personal a pesar de las advertencias.
Destacó que el estado cuenta con el personal suficiente para hacer frente a la violencia, aunque ha solicitado refuerzos adicionales a la Federación. En este sentido, subrayó el papel crucial que están jugando los aviones tipo Texas en las operaciones recientes, los cuales han permitido la detención de criminales en zonas como Eldorado y Piaxtla de Abajo.
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Van en Sinaloa 36 ejecuciones/Marcos Vizcarra
Reforma, Culiacán, México (16 septiembre 2024)
Frente a una autoridad rebasada, la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa escaló desde el 9 de septiembre, y ha provocado también la muerte de inocentes, además de sicarios y militares.
Las agrupaciones del cártel que están enfrentadas son "Los Chapitos", hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y la que encabeza "Mayito Flaco", hijo de Ismael "El Mayo" Zambada.
Ayer fueron encontrados los restos de cinco hombres al sur de Culiacán, con impactos de bala, huellas de tortura y sombreros colocados entre la sangre.
Aunque no se encontró un mensaje escrito, el hecho de que todos tuvieran sombreros hizo asociarlos al apodo que también tiene "El Mayo", que es "El Señor del Sombrero".
Dos días antes, en Culiacán, una cabeza humana fue encontrada en una caja de pizza, en referencia a "La Chapiza", como también se le conoce a "Los Chapitos".
Pasaron un par de horas, y se informó del asesinato con arma de fuego de una mujer en la Colonia Genaro Estrada; el de un hombre en la Miguel de la Madrid, y el de otro más en el Fraccionamiento Acueducto.
Asimismo, también otros dos hombres y una mujer fueron asesinados en las comunidades de Conitaca y Alta Rosa, en el Municipio de Elota, a 170 kilómetros al sur de Culiacán.
La mayoría de los pobladores decidieron no salir de sus viviendas o cerraron sus negocios para evitar los enfrentamientos, pero los que sí viajaron se quedaron varados durante horas sobre el tramo Mazatlán-Durango, debido a un narcobloqueo con ponchallantas y un vehículo incendiado.
En esa zona, la banda regional "Los Recoditos", que también se quedó sin poder continuar su trayecto, decidió cantarle a los automovilistas un fragmento, con tambora, trombones y trompeta, de "Mi último viaje".
Un enfrentamiento más se registró entre sicarios y militares sobre la Carretera a Culiacancito, en el norte de Culiacán.
Mientras tanto, el Gobernador Rubén Rocha (Morena) no emitió ningún mensaje ni en redes sociales, y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se dedicó a informar con breves mensajes sobre diversos hechos de violencia en la ciudad.#
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CNDH no interpondrá acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial
“Actores partidistas han tratado de presionar a esta Comisión Nacional a efecto de que interponga una acción de inconstitucionalidad que paralice los efectos de la reforma y así usar a este órgano autónomo para satisfacer ambiciones de grupo, ajenas a los intereses de las y los mexicanos”, señaló la CNDH en un comunicado.
“Esta reforma es esencial para transformar un sistema que, hasta hoy, ha permitido dilaciones en los procesos judiciales que impiden el acceso a una justicia pronta y expedita”, agregó.
Ante esto, la Comisión Nacional subrayó que la defensa de los derechos humanos “no es un circo” y que implica sobre todo en un país como México, “tener muy claro cuáles son las necesidades y las carencias del pueblo”.
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Ofrecen FA subordinación a Claudia Sheinbaum/
De manera anticipada, las Fuerzas Armadas se pusieron a las órdenes de Claudia Sheinbaum, quien asumirá la Presidencia el próximo 1 de octubre.
"La Secretaría de Marina (...) otorga la demostración de respeto y subordinación a quien será nuestra Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas", expresó el titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán.
Ojeda subrayó que las y los mexicanos están listos para tener una Presidenta y Comandante Suprema. "Presidenta electa, Guadalupe Victoria dijo en su momento: cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo", recordó.
"Y nuestro pueblo ha expresado su voluntad. Las y los mexicanos estamos listos para tener como Presidenta a la primer mujer en nuestra historia".
El Almirante quien será sustituido por Raymundo Pedro Morales, aseveró que los marinos seguirán contribuyendo para llevar a México por el "sendero de la paz".
"(También de) la seguridad, la democracia, la libertad y sobre todo por la justicia, porque somos una Marina de bien y de valores, una Marina solidaria, honesta y frontal", dijo.
El titular de la Marina además prometió que la institución seguirá actuando con honor, deber, lealtad, patriotismo y amor al pueblo y al País.
En el mismo acto, el Secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que los elementos castrenses están prestos para cumplir las instrucciones de Sheinbaum.
"En esta fecha de fiesta nacional les manifiesto a los mexicanos que sus soldados, como nunca, se encuentran prestos para seguir cumpliendo las instrucciones de nuestra futura Comandante en beneficio del pueblo de México", manifestó Sandoval.
El General señaló que los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea están conscientes de los nuevos retos que enfrentan, sin mencionar cuáles.
No obstante, abundó, la Sedena cumplió las instrucciones de López Obrador y contribuyó a crear infraestructura, generar empleos y mejorar la seguridad
"Nos hemos acercado más al pueblo, hoy más que nunca, el soldado es visto por la sociedad como una ayuda para salir de alguna necesidad", afirmó.
"Situación que aceptamos con responsabilidad y nos tiene muy satisfechos, ya que nada no se enorgullece más que servir al pueblo del que provenimos y al que nos debemos, somos pueblo uniformado".
El titular de la Sedena presumió que López Obrador tuvo una gran capacidad para identificar en corto tiempo las fortalezas de la institución.
"Lo que permitió focalizar nuestros esfuerzos en diversas tareas que benefician a los mexicanos. En lo personal, le agradezco la oportunidad que me otorgó para dirigir a las Fuerzas Armadas de tierra y aire y para colaborar en el fortalecimiento de la Guardia Nacional"
"Ello ha sido la satisfacción más grande en toda mi carrera militar. No me queda más que decirle: se cumplieron sus instrucciones, señor Presidente", añadió. (Reforma)...
El alto mando...también dedicaron unas palabras a AMLO:
"Señor Presidente, así rendimos cuentas a la Nación, hemos dejado el corazón en cada uno de estos proyectos, correspondemos a la confianza y al lugar privilegiado que nuestro pueblo le ha otorgado especialmente a esta Secretaría de Marina Armada de México. Amor con amor se paga, como usted nos lo ha dicho", aseguró el almirante.
Antes de que los elementos del Ejército y Marina comenzaran a marchar, José Rafael Ojeda Durán agradeció a López Obrador por su trabajo en favor de las y los mexicanos.
"Gracias, muchas gracias a usted, nuestro Comandante Supremo por guiarnos y permitirnos el honor de acompañarle en su incansable travesía, haciendo historia juntos", concluyó.
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Las columnas políticas hoy, lunes 16 de septiembre de 2024
Templo Mayor/ REFORMA
MÁS QUE un grito, ayer se escuchó un sentido lamento por la reforma judicial. Y fue ni más ni menos que del ex presidente Ernesto Zedillo, quien denunció que las nuevas reglas "destruirán el Poder Judicial y, con ello, enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho".
EL EX MANDATARIO tiene por regla no opinar de los sucesos en México y mucho menos referirse a su paso por la Presidencia, pero ayer lo hizo para aprovechar un foro ideal: la Conferencia Anual de la International Bar Association, la principal organización mundial de los profesionales jurídicos.
EL JUICIO de Zedillo fue certero y, sobre todo, sustentado, ya que explicó que, contrario a lo que dicen en la 4T, la reforma de su sexenio fue acompañada de otras que creaban o fomentaban instituciones, no que las destruían.
CRÍTICO de su momento, Zedillo afirmó que el México que le tocó gobernar "no era una verdadera democracia" porque el Estado de derecho era débil, lo cual generaba inseguridad y violaciones a los derechos humanos, pero también normalizó la corrupción.
Y EN ese sentido advirtió que la democracia y la justicia "son mutuamente dependientes; una no puede existir sin la otra".
POR CIERTO que en la misma reunión de la IBA, los representantes de la abogacía internacional entregaron un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia, el cual fue recibido por Norma Piña.
FIEL A su estilo institucional, la ministra presidenta no aprovechó el foro para despotricar contra la reforma. Dijo que el galardón no era para ella sino para todos los trabajadores del Poder Judicial y señaló que la mejor defensa de la Corte es dejar que hablen sus sentencias.
Y AHÍ enumeró algunas de las resoluciones sobre la prisión preventiva, el derecho a una defensa adecuada, la presunción de inocencia, la libertad religiosa. También los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; el interés superior de la niñez; la propiedad intelectual o el derecho de reunión; así como la perspectiva de género; la autonomía reproductiva de las mujeres; el derecho de acceso a la información; los derechos de las personas con discapacidad... ¡Ufff!, entre muchas otras incomodidades para ya saben quién.
DENTRO de todas las malas, ayer el dirigente panista Marko Cortés tuvo una buena. Acompañó a Miguel Varela a rendir protesta como alcalde de la ciudad de Zacatecas, un día después de que el Trife le devolvió su triunfo en las elecciones.
AHORA lo que sigue para el presidente del CEN panista no es motivo de fiesta: tiene enfrente la renovación de la dirigencia, en medio de fuertes críticas dentro del propio panismo. Cortés, como sea, ya amarró hueso como senador los próximos seis años, pero la duda es qué pasará con el PAN.
CURIOSAMENTE Marko anunció que llevará a cabo ¡una encuesta! para conocer la opinión de la militancia. Tal vez sería más efectivo convocar a reuniones con la verdadera base albiazul y escucharla de viva voz.
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Autocracia constitucional/Jesús Silva-Herzog Márquez
REFORMA,, 16 septiembre 2024
No es una mala reforma. No es una muy mala reforma. La reforma judicial es una reforma catastrófica. No mejora sino empeora las cosas. No facilita el cambio en el futuro cercano, lo dificulta y casi lo imposibilita. Fortalecerá al núcleo autoritario, pero debilitará seriamente al Estado. Le dará un enorme poder a la futura Presidenta, pero secuestrará a su gobierno. Ella, hay que decirlo y repetirlo, no es víctima sino cómplice de esta reforma desastrosa. El daño que le hará al País es gigantesco. Pagaremos el costo durante décadas. De un golpe, la aplanadora de adulación e indecencia que votó por la reforma ha aniquilado el contrapeso esencial. Al poder se le ha dado permiso para hacer con su legitimidad lo que le venga en gana. Un pacto mafioso ha logrado una reforma constitucional que nulifica a la Constitución. Ese es el regalito que se le acaba de dar a López Obrador. ¡Qué viva el Segundo Piso! Viva el poder sin límites. Muerte a todas las autonomías. Finalmente, se ha terminado de despejar el terreno de la autocracia popular: se ha removido el último obstáculo que conminaba al Presidente y al congreso a respetar la ley; se ha eliminado la indispensable separación entre representantes y jueces; se ha cortado de tajo el camino hacia la profesionalización de los juzgadores; se ha instaurado un inapelable órgano inquisitorial. Lo lograron: la diputación judicial tendrá las prendas que al Presidente le gustan: sumisión, temor e incompetencia.
El asentamiento judicial del despotismo ha quedado cimentado en la Constitución. Nadie se ha atrevido a sugerir que la reforma mejorará la administración de la justicia. Ni siquiera el paje Arturo Zaldívar se ha animado a decir que el machetazo mejorará el estado de derecho. El alegato por la reforma ha sido, desde el inicio, el escarmiento. Los jueces se merecen su extinción por no montarse al caballo del poder. Son los villanos de México. Mientras los criminales son víctimas del neoliberalismo, los jueces son los peores enemigos del país. La venganza invoca ideales democráticos para esconder las trampas de su mecanismo. Lo que garantiza es un desastre integral. No un daño por aquí y un desafío por allá. No una imprecisión ahora que pudiera ser aclarada después.
La devastación se esparcirá por todos los órdenes de la vida social. Se sentirá inmediatamente y asentará la incertidumbre en todos los tratos del porvenir. No solamente hablo de lo que es inocultable: la reforma judicial cambia la naturaleza del régimen político. La defectuosa democracia ha dado el paso definitivo para convertirse en un régimen estrictamente autoritario. La estructura de un poder sin restricciones ha encontrado cobijo en la Constitución. Pero, más allá de esa consecuencia en el espacio del régimen, la detonación nos hará a todos más vulnerables a los caprichos del poder. Si la reforma es abiertamente autocrática no es solamente porque destruye la plomada de la razón legal en el juego de los poderes. Lo es también porque el debilitamiento y la servidumbre de los jueces terminará precarizando la ciudadanía.
Ofende que una reforma tan descaradamente autoritaria se presente como un empujón democrático. El único argumento que logran hilar los defensores de la reforma es la justificación etimológica: la más pedestre de todas las credenciales de la democracia. En nombre de ella se purga un poder para colonizarlo con jueces incondicionales, jueces improvisados, jueces que vivirán bajo el temor constante del correctivo que puede imponerles su órgano disciplinario. Pero ni siquiera podemos llamar democrático al voto que se emite a ojos cerrados y que apenas permite optar entre versiones del oficialismo. Nadie sabrá por quién vota porque no habrá forma de conocer la trayectoria de los candidatos, ni tendría sentido conocer su oferta. Lo que podrá ubicarse es el patrocinio de un solo régimen en tres versiones. Solo tres partidos podrán presentar candidatos: el partido presidencial, el partido legislativo y el partido judicial. Hoy dos representan lo mismo. El tercero lo hará muy pronto.
El 11 de septiembre de 2024 ha quedado establecida constitucionalmente la autocracia en México.
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El pueblo soy yo
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento/
REFORMA
"Democracia significa
simplemente golpear al pueblo
por el pueblo y para el pueblo". Oscar Wilde
Debe haberse sentido profundamente orgulloso. Una de las máximas alegrías de cualquier presidente es ondear la bandera nacional y repicar la campana de Dolores la noche del 15 de septiembre. El presidente López Obrador lo hizo por sexta y, quizás, última vez, después de haber humillado a críticos y rivales, y de haber centralizado el poder como nadie desde Porfirio Díaz. Quizá recordaba sus propias palabras: "La bandera es de todos, hasta... de los traidores a la patria".
Si la mayor ambición de un político es llegar al poder y ejercerlo de manera absoluta, López Obrador debe estar satisfecho. El 1 de diciembre de 2018 tomó el mando de una democracia liberal, con división de poderes y contrapesos, pero en solo seis años la ha transformado, y no para bien. Entregará a Claudia Sheinbaum un país con un partido hegemónico y mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso, que permiten modificar la Constitución a voluntad. De cinco gobiernos estatales en 2018, Morena y sus aliados han pasado a 24.
López Obrador, además, acaba de lograr la aprobación al vapor de una reforma judicial que sus seguidores le prometieron como regalo de fin de sexenio. Está eliminando la división de poderes y creando un nuevo poder judicial sometido al ejecutivo. Listas para aprobarse están otras 18 iniciativas, que van desde lo autoritario, como la eliminación de los órganos autónomos, hasta lo banal, la prohibición constitucional del vapeo.
López Obrador está feliz, feliz, feliz. Ha conseguido el sueño de construir un Estado a su imagen y semejanza. Sus fanáticos le aplauden y gritan que "es un honor estar con Obrador". Sus índices de popularidad se encuentran entre los más altos para cualquier presidente desde que tenemos encuestas, rebasado solo por Carlos Salinas de Gortari. Hay quien ha propuesto colocar su nombre en letras de oro en el Congreso capitalino. López Obrador piensa que ha logrado su "ambición legítima" de "pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México".
El Presidente ha rebasado las pretensiones absolutistas de Luis XIV, el Rey Sol de Francia, a quien se le ha atribuido la frase "El Estado soy yo" (en realidad, en sus Réflexions sur le métier de roi escribió: "El bien del Estado es la gloria del rey"). López Obrador se ha presentado, más que como la personificación del Estado, como el único representante válido del pueblo en nuestro país. Quienes tienen ideas distintas son "traidores a la patria", "corruptos" y "enemigos del pueblo". Su frase sería: "El pueblo soy yo".
El absolutismo de López Obrador ha inquietado incluso a algunos de sus simpatizantes de tiempo atrás. Hernán Gómez Bruera, comentarista de izquierda casi siempre cercano al Presidente, escribió ayer: "Llevo varios días con una sensación de tristeza y desilusión; por momentos una sensación de culpa... Sé que tendrá consecuencias, pero no puedo dejar de decir que la madrugada del 11de septiembre la 4T cruzó una línea que nos obliga a reflexionar si es que estamos ante el inicio de una deriva autoritaria".
Con una Guardia Nacional militarizada, un poder judicial en vías de ser reemplazado por jueces electos con candidatos propuestos por el gobierno y un Congreso supeditado al ejecutivo, hemos dejado atrás el México plural construido con gran esfuerzo a lo largo de décadas y que le permitió a López Obrador llegar al poder. Hoy él piensa que está concluyendo su mandato cubierto de gloria, como Luis XIV, pero para los mexicanos que creen en la democracia liberal y en los gobiernos limitados los festejos del Presidente solo recuerdan que en el futuro habrá que hacer un esfuerzo muy importante para reconstruir un país de libertades y equilibrios de poder.
· AMLO SOLO
Por lo menos esta vez no ha invitado a un dictador extranjero a celebrar la independencia. El 16 de septiembre de 2023 López Obrador trajo al cubano Miguel Díaz-Canel. Hoy se despedirá solo de esas fuerzas armadas a las que tantas tareas ha encomendado.
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Uniformados
TOLVANERA / Roberto Zamarripa/
REFORMA
Costará trabajo que los gladiadores se despojen de sus uniformes. Al menos de los que sirvieron para una batalla que ha cesado, parcialmente, con dramáticas cuentas.
La Corte, el poder supremo, no encuentra ni sus dineros. Llevada a la batalla del todo o nada, la Corte ahora tiene un panorama incierto. Sus dos salas, las que tramitaban la carga principal de su actividad, están en el limbo porque la redacción de la reforma dejó ese hueco como muchos otros.
Sus ministras y ministros, uniformados hasta con armaduras, jugaron al extremo. En la Corte triunfó la minoría o la minoría reivindica la votación calificada por la reforma judicial. La mayoría, siete ministros que se la jugaron abierta y decididamente por frenar el golpe, debe hacerse cargo de su decisión.
En lo inmediato, en el horizonte corto, deben decidir si están dispuestos a negociar su futuro personal y, sobre todo, la reconstrucción institucional. Si deciden mantenerse en "la resistencia" es muy probable que de nuevo sean avasallados.
El asunto es si la daga clavada en la Corte inmoviliza también a los magistrados y jueces de tribunales y juzgados. Ahí está el fermento de la batalla que incluso puede encaramarse ante una posible inmovilidad en la Corte.
Un grupo de trabajadores movilizados contra la reforma desconoció al Sindicato oficial para constituir una plataforma disidente que denominó "32 Circuitos Unidos"; pidieron ser reconocidos como interlocutores y llamaron a mantener el paro en el Poder Judicial.
Existen recursos para intentar frenar la reforma ya aprobada. Sus posibilidades y costos tendrían que ser bien calculados. Reclamar desde un Congreso estatal, por ejemplo, que la reforma judicial es un fraude a la Constitución y desafiar un frágil punto de legalidad y estabilidad política. Las manifestaciones en muchos tribunales son auténticas y han rebasado la propia iniciativa de los Ministros que encabezaron públicamente las protestas. Pero no parece ser suficiente combustible para el tamaño del desafío.
Los siete ministros hicieron lo que pudieron. Cabildearon, grillaron, sentenciaron, tramitaron, sublevaron, dirigieron, confrontaron, conspiraron. Hasta el último minuto presionaron para derrumbar votos que impidieran la reforma judicial. "Aquí están siete ministros que quieren hablar contigo", decían al teléfono los dirigentes partidistas opositores a los senadores de su legión que dudaban de su voto.
Han quedado exhaustos esos siete ministros. Han sido derrotados. Y el ambiente en las oficinas de la Corte y de muchos tribunales está erizado. Están confrontados los trabajadores. Y un segmento importante sigue en pie de guerra.
Dos ministras militantes gozan y disfrutan. Fueron a mítines, confesaron su adherencia partidista, la implicaron como el sello indeleble, traspasaron la línea para hacer de sus oficinas un comité de lucha. Son triunfadoras. Al menos así se sienten. Pero no tienen las fuerzas internas para avasallar. El incidente que tuvo la ministra Loretta Ortiz en Nuevo León no es menor. Fue increpada fuertemente por trabajadores. Ganaron pero no gobiernan, aún, el Poder Judicial. ¿Están dispuestas a negociar el siguiente tramo?
La reconstitución de la Corte conforme la nueva norma constitucional supone un año de tránsito para que un nuevo grupo de nueve ministros tome posesión. Un año que obliga, ahora sí, al tejido fino, ese que no existió en la cruenta batalla por defender la institución judicial.
Entregar en un año una Corte pulverizada, inútil, despojada, genera las condiciones para el arribo de un nuevo grupo que solo barrerá las ruinas. Retener, rescatar, rehacer y entregar una Corte todavía con cimientos ayudaría a mitigar el efecto demoledor de la reforma judicial. Hay humareda y datos frescos de la reyerta. Mantener la resistencia sin red de protección puede ser mucho más dañino que benéfico. Remendar el nuevo ropaje para proteger a la burocracia judicial y mitigar el daño puede ser opción. Aunque algunos la confundan con rendición.
robertozamarripa2017@gmail.com
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Los sepultureros/Denise Dresser
EN REFORMA
Escribo este texto desde Kyiv, Ucrania, con las sirenas alertando de otro ataque, otro bombardeo. Aquí, a la distancia y desde donde las luchas son existenciales, me duele aún más mi país. Las carcajadas de Andrea Chávez, el tono burlón de Adán Augusto López, el pacto de impunidad firmado con los Yunes, la podredumbre de la oposición partidista y la complicidad de Claudia Sheinbaum en la aprobación de la reforma judicial revelan una realidad inocultable. La captura del poder judicial no es un "experimento", ni un error táctico, ni un acto de pragmatismo impuro que debe ser defendido. Tampoco es la primera señal de alarma sobre la erosión democrática, para los recién sorprendidos y desilusionados. Es el último clavo en el ataúd de la democracia constitucional en el país. El 11 de septiembre de 2024, con martillo en mano, López Obrador se convirtió en sepulturero de la transición. Durante años pateó, desacreditó y desinstitucionalizó al régimen que heredó. Con la anuencia de la presidenta electa, lo mató.
No celebraré el fallecimiento de la democracia disfuncional de los últimos treinta años. No bailaré sobre su tumba porque debajo de las paletadas de tierra que el lopezobradorismo le ha echado encima yace una criatura sin duda enferma, pero curable. AMLO/Morena pudieron asesinarla con aplausos porque ignoramos los síntomas de su enfermedad en lugar de medicarla o tratarla. Como argumenta Jan-Werner Müller, el populismo participativo, delegativo, autoritario e iliberal es la sombra permanente de la democracia cuando no funciona; es la señal de que algo anda mal. Y desde la inauguración de la democracia electoral en 1994 no fuimos capaces de encarar sus vicios o componer sus errores. No logramos evitar el surgimiento de una partidocracia impune, no pudimos controlar a una oligarquía rapaz, no supimos cómo combatir la corrupción galopante o encarar la pobreza lacerante. Hubo alternancia sin transparencia, poder compartido sin poder ciudadanizado, gobiernos electos, pero poco representativos. Un país de privilegios donde siempre han ganado los mismos.
AMLO entendió los agravios y los capitalizó. Diagnosticó los males y se montó sobre ellos. Pero su objetivo jamás fue una operación quirúrgica para salvar la vida del paciente, aunque lo prometiera en 2018. Una vez que llegó al poder, decidió que era para quedarse, para perpetuarse. Eso entrañaba acabar con la democracia electoral y sustituirla con algo innombrable. ¿Democracia iliberal? ¿Autoritarismo competitivo? ¿Sistema de partido hegemónico? ¿Autocracia electa? Aun si usamos una definición minimalista de democracia a la Przeworski -"un método para procesar conflictos" o "partidos que pierden elecciones"- México ha dejado de serlo. Porque con el Plan C y la reforma judicial, aprobada de manera marrullera, el lopezobradorismo ha desmontado las condiciones necesarias para seguir siendo una democracia. No basta presumir 36 millones de votos, o hablar de "la voluntad del pueblo", o escudarse en la legitimidad mayoritaria. Trump podría ganar con gran apoyo social y eso lo no haría un demócrata.
La democracia sólo existe si la gente puede elegir libremente a su gobierno, y si puede removerlo. La "4T" ha terminado con la posibilidad de remoción de Morena. Para que haya competencia electoral verdadera debe haber un mínimo de arreglos institucionales y legales. Debe haber un mínimo de derechos políticos y civiles. Deben existir autoridades electorales independientes y un sistema judicial capaz de proveer estabilidad y predecibilidad. Debe haber cortes que supervisen las precondiciones para el libre ejercicio de la voluntad colectiva. Las victorias deben ser temporales y las derrotas también. Hemos perdido esos requerimientos mínimos.
Hoy vivimos en un régimen que ha desmantelado las constricciones sobre la discrecionalidad y el atrincheramiento en el poder. Un hombre y un partido que llegaron al gobierno por la vía electoral han subvertido la endeble institucionalidad democrática. Ésa es la paradoja de nuestros tiempos. La democracia solo sobrevive si los ganadores no abusan de su predominio mayoritario, y AMLO/Morena lo han hecho una y otra vez. La reforma judicial es el abuso más grotesco, pero no el primero ni el último. Y, por ende, mi desconsuelo. Aquí, en Ucrania, la gente lucha para defender su democracia y su libertad. En México, las estamos sepultando.
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Palabras en la sesión inaugural de la Conferencia Anual de la International Bar Association/Ernesto Zedillo Ponce De León
Estas palabras están escritas a la luz de la historia de México y los avances logrados hasta hace unos años en materia de democracia y justicia. Estoy consciente de que la reacción del presidente será, como siempre ante quien disiente, critica o piensa distinto a él, la calumnia, el insulto y la amenaza.
Comienzo por confesar que acudo a este foro de “creyentes en las reglas” a romper una regla, así sea una de mi propia creación y autoimposición. Esa regla –que no he roto en ya casi un cuarto de siglo– es la de dejar estrictamente a otros la labor de hacer comentarios, análisis y escrutinio de los acontecimientos, decisiones y consecuencias de mi paso como Presidente de la República, junto con mi firme voluntad de abstenerme de comentar públicamente los acontecimientos políticos de mi país.
Pienso que suspender, de manera excepcional, mi regla de autocensura en este foro se justifica por una razón muy triste: Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar –y ha sido ratificado por una mayoría de Legislaturas estatales–, un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y, con ello, enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho.
Al argumentar a favor de esta atrocidad en curso, sus perpetradores han hecho referencia falsa y perversa a la motivación, el contenido y los resultados de la reforma que emprendí en 1994
Mi primera decisión importante como presidente fue una iniciativa para reformar la Constitución de la República con el preciso fin de fortalecer la independencia y las capacidades del Poder Judicial mexicano.
Esa reforma —junto con otras que impulsé y fueron logradas— surgió de mi convicción de que la dificultad de México para satisfacer las demandas incumplidas de nuestro pueblo de progreso económico, social y político, se enraizaba fundamentalmente en nuestro fracaso histórico de construir una verdadera democracia.
Desde el fin de la fase bélica de la Revolución Mexicana en la segunda década del siglo XX, nuestro país fue uno en que, a diferencia de muchos otros de América Latina y el mundo, los poderes Ejecutivo y Legislativo se renovaban periódicamente mediante elecciones regulares y multipartidistas, aunque limitadas. La Constitución estipulaba la democracia como nuestro régimen político. Sin embargo, las reglas formales e informales eran tales que, durante mucho tiempo, los partidos políticos distintos al mío, de hecho, no tenían oportunidad de ganar esas elecciones periódicas. A nivel nacional y local, prevalecieron reiteradamente los gobiernos, tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo, provenientes de un sólo y mismo partido, aunque con una regla de oro de no reelección, y esos mismos gobiernos eran los responsables de organizar y validar las elecciones.
Sin duda, la estabilidad política con el dominio de un solo partido produjo un progreso económico y social significativo durante varias décadas y permitió la creación de instituciones importantes y útiles.
Pero también tuvo un alto costo: un ejercicio del poder sin control, sin contrapesos y arbitrario. Las acciones del Ejecutivo no fueron controladas ni contrarrestadas por el Congreso; se asumía que el papel de este último era apoyar incondicionalmente al Ejecutivo. Ese apoyo fue bueno para ciertos propósitos. Sin embargo, durante las épocas de mayores desafíos ello también consintió el uso abusivo de la autoridad, lo que se tradujo en la formulación de políticas equivocadas que llevaron a graves crisis económicas y represión política.
En resumen, el sistema político de mi país, no obstante lo establecido por la Constitución de 1917, durante mucho tiempo no cumplió con los requisitos esenciales de una democracia plena y funcional.
México no contaba con una auténtica democracia porque el gobierno tenía la opción de ejercer el poder de manera arbitraria y errónea con total impunidad jurídica y política, debido a la ausencia de controles y contrapesos adecuados en el Congreso y el Poder Judicial.
No era una verdadera democracia porque, por acción y por omisión, el Estado de derecho deliberadamente continuó siendo débil, lo que no sólo generó inseguridad entre los ciudadanos y violaciones a sus derechos fundamentales, sino también normalizó la corrupción. La democracia y la justicia son mutuamente dependientes; una no puede existir sin la otra.
Por supuesto, para que la justicia sea realidad, deben cumplirse varias condiciones clave como leyes adecuadas, su aplicación imparcial y un acceso universal y equitativo al sistema judicial. Estas condiciones no son posibles sin un Poder Judicial profesional, imparcial e independiente, encabezado por una Corte Suprema con esos mismos atributos y además con la facultad adicional de declarar inconstitucionales las leyes y las acciones del gobierno cuando así lo sean.
La Constitución de 1917 postulaba la independencia e imparcialidad del Poder Judicial pero pronto, a través de una sucesión de reformas, ese ideal fue ignorado. En última instancia, estas reformas buscaron, en general, ampliar la capacidad del presidente de la República para influir, e incluso controlar, a la Suprema Corte de Justicia, permitiendo que sus actos de gobierno se llevasen a cabo sin ser obstaculizados por un Poder Judicial independiente.
Había múltiples medios de control del Ejecutivo sobre el Judicial, desde el nombramiento de los ministros hasta el control de su presupuesto.
Durante la mayor parte del siglo XX, el Poder Judicial se transformó simplemente en una parte del sistema político de México, basado en el predominio de un partido, esencialmente al servicio del liderazgo en turno.
Con frecuencia, la Corte dejó de proteger los derechos individuales, aprobó políticas y acciones gubernamentales que carecían de fundamento constitucional y limitó el acceso de los ciudadanos a la justicia.
Desde mi protesta como candidato a la Presidencia, a lo largo de mi campaña electoral y al tomar posesión como presidente, me comprometí a emprender las reformas necesarias para hacer de México una verdadera democracia con su compañero indispensable: un Poder Judicial independiente.
A los cinco días de asumir la presidencia envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional. Expliqué públicamente a la ciudadanía la importancia de la reforma propuesta, pero lo que resultó también crucial, fue acudir personalmente a ambas cámaras del Congreso para alentar respetuosamente a los legisladores de todos los partidos a que consideraran seriamente la iniciativa, así como a comenzar a trabajar juntos hacia una importante reforma electoral.
En mis encuentros con los legisladores, la premisa fue siempre el diálogo con todos los partidos, jamás la imposición. Con modificaciones introducidas por el Congreso mismo en ejercicio de sus atribuciones, la reforma de 1994 significó una ruptura con el pasado semi-autoritario de México, facilitado por una Corte esencialmente subordinada al presidente. Corregir esa anomalía antidemocrática fue un objetivo principal de dicha reforma.
La reforma fortaleció de manera significativa y sensata el control judicial y los poderes constitucionales de la Corte. Adquirió una amplia y más fuerte facultad de decidir sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad y las leyes, obtuvo la capacidad de derogar total o parcialmente la ley o el acto bajo su control. Fue dotada de la capacidad para decidir sobre controversias jurídicas entre los gobiernos federal y estatales, entre los gobiernos estatales y los municipios, y entre diferentes municipios. Se le atribuyó la facultad de decidir sobre los casos de inconstitucionalidad interpuestos por sólo un tercio de cualquiera de las cámaras del Congreso Federal contra leyes o resoluciones federales, y por sólo un tercio de las legislaturas estatales contra sus propias leyes o resoluciones estatales. La reforma no sólo fortaleció el federalismo sino su capacidad de proteger los derechos de las minorías políticas.
La reforma creó el Consejo de la Judicatura, al que se encargaron funciones como administrar el presupuesto judicial, nombrar a los tribunales inferiores, determinar criterios rigurosos de mérito y desempeño, y establecer mecanismos de supervisión. En consecuencia, se fortalecieron los requisitos para elevar los estándares profesionales de los miembros del sistema judicial y se frenó la laxitud tradicional en los nombramientos y jubilaciones por motivos políticos.
Con objeto de contar con una Suprema Corte compacta, competente y renovable, la reforma de 1994 ajustó su tamaño a once jueces, exactamente como lo disponía la Constitución de 1917 y se cambió el mandato vitalicio por uno de 15 años.
La adaptación a una Corte más pequeña planteó el desafío de no hacer diferencias irrespetuosas o interesadas entre los jueces vitalicios. Para abordar esto de manera justa, la reforma incentivó la jubilación anticipada de todos los miembros de la Suprema Corte. Esto también permitió un retorno inmediato a la regla original de la Constitución de 1917, que obligaba al Senado a elegir a los jueces de entre ternas presentadas por el Ejecutivo en las que quienes figuraran debían cumplir con estándares bien especificados y de un rigor sin precedentes.
La mayor parte de las reformas del siglo veinte, en realidad, buscaban una Corte que no representara problemas para el gobierno. En particular los presidentes que emprendieron reformas para renovar completamente su integración, dejaron por escrito que su intención era conformar una Corte que se adaptara a los actos y políticas del Ejecutivo. En cambio, tal como fue diseñada e implementada la reforma de 1994, el objetivo era precisamente el opuesto: establecer una Corte verdaderamente independiente, nunca subordinada al Ejecutivo.
Como me propuse actuar con la mayor pulcritud posible en la integración de las ternas que serían sometidas al Senado, éstas se basaron en las propuestas hechas por las barras de abogados, instituciones académicas de Derecho y distinguidos juristas. Fue un motivo de especial satisfacción para mí fue el no haber tenido nunca relación profesional, política o personal previa con ninguna de las once personas elegidas en 1995 por el Senado para ser ministros de la Corte. Esa Suprema Corte de Justicia dio prueba irrefutable de su independencia durante mi gestión al fallar en contra del Ejecutivo que yo encabezaba, en asuntos muy importantes. Todas esas decisiones fueron invariable y plenamente respetadas por mi Administración.
Una vez promulgada la reforma del Poder Judicial, convoqué a todos los partidos políticos a iniciar negociaciones para una reforma electoral que hiciera de México una democracia plena y funcional. El país había avanzado en esa dirección desde la notable reforma política de 1977, a la que siguieron otras reformas a lo largo de los años, aunque ninguna alcanzó un resultado ideal. Las reglas y los procedimientos electorales habían evolucionado hasta el punto de garantizar un conteo exacto de los votos. Por esta razón, a diferencia de casos anteriores, ningún partido de oposición impugnó la legalidad de mi elección. Sin embargo, las condiciones para la competencia electoral seguían siendo inequitativas. No dudé en afirmar públicamente que mi elección había sido legal, pero no justa. Esa fue la manera de señalar mi firme intención de negociar con seriedad y altura de miras de todos.
Las negociaciones que siguieron fueron bastante difíciles por muchas razones. No sólo los temas eran complejos y había que superar la desconfianza entre las partes, sino que debieron llevarse a cabo en medio de una terrible crisis financiera que se registró en el país al inicio de la Administración del nuevo gobierno. La crisis económica tuvo que ser enfrentada firmemente, con acciones dolorosas pero necesarias –y obviamente impopulares–, todo lo cual creó un ambiente político poco propicio para la negociación.
Tuve claro que las duras decisiones que debía tomar animarían a políticos oportunistas y demagogos, a lucrar políticamente con la situación. No me importó: mi deber no era ser popular sino hacer lo necesario para que México superara la amenaza de sumirse en el estancamiento económico y el retroceso social por muchos años. Con el esfuerzo de todos, se logró y en los siguientes 5 años, la economía del país creció a un promedio anual considerablemente mayor al registrado en 2 décadas, al tiempo que pudieron emprenderse políticas sociales que combatían frontalmente la pobreza. Esto se hizo sin condicionamientos políticos o clientelismos electorales, pues tales condicionamientos son el trato más indigno y humillante a los grupos menos favorecidos.
Pese a las dificultades, al cabo de 18 meses de arduos esfuerzos, el proceso llegó a una conclusión satisfactoria: todos los partidos acordaron una importante reforma constitucional que cambió radicalmente las instituciones, normas y procedimientos electorales.
Como resultado de esa reforma, el Instituto Federal Electoral (IFE) se volvió verdaderamente autónomo respecto al Ejecutivo. Entre muchos resultados importantes, la reforma estableció condiciones precisas para el financiamiento y el acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos y sus candidatos a fin de garantizar la equidad en la competencia electoral. Asimismo, se estipuló el principio de que la autoridad electoral debe contar con recursos presupuestarios suficientes para cumplir con los más altos estándares en recursos humanos, equipo y todas las demás capacidades necesarias que exijan el cumplimiento de su responsabilidad crucial de proteger el voto de los ciudadanos. La protección de este derecho fue reforzada con la creación de un Tribunal Electoral Federal autónomo dentro del Poder Judicial para resolver todas las controversias electorales, al tiempo que dio a la Suprema Corte el poder de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes electorales tanto a nivel federal como estatal.
Gracias a la reforma de 1996, los ciudadanos de la Ciudad de México obtuvieron el derecho a elegir democráticamente a su alcalde, en lugar de que el cargo fuese designado por el presidente, como había sido el caso durante mucho tiempo. En virtud de esa reforma, tanto el actual presidente de México como la próxima presidenta, fueron elegidos democráticamente para dirigir el gobierno de la ciudad.
La reforma de 1996 estableció las condiciones para que México tuviera por fin elecciones competitivas, imparciales y justas; en una palabra, impecables, como me había comprometido. Se contó con la participación honorable y enriquecedora de los dirigentes de todos los partidos políticos de entonces, a quienes siempre he guardado respeto y gratitud.
Esa reforma, junto con la reforma al Poder Judicial de 1994, proporcionó las condiciones para una democracia con una verdadera división de poderes y una presidencia efectivamente equilibrada por los otros poderes del Estado. Ello marcó el fin de la presidencia autocrática y abusiva, y la ansiada llegada de una presidencia verdaderamente democrática.
Con las instituciones, reglas y procedimientos creados por ambas reformas, en 1997 se celebraron elecciones al Congreso federal. Mi partido perdió la mayoría absoluta de la que había disfrutado durante casi siete décadas y se inició una nueva era de gobierno “dividido”, pero ciertamente democrático. Además, las elecciones de 2000 produjeron, por primera vez en la historia moderna de México, un presidente de un partido de oposición.
Si bien con la aplicación de esas reformas, México se convirtió en una verdadera democracia, no tuve la pretensión ni la ilusión de que fueran perfectas o de que nunca se necesitarían modificaciones. La experiencia de su instrumentación y, por supuesto, los cambios en las circunstancias internas y externas del país harían aconsejable y necesario, con el tiempo, introducir ajustes a lo establecido en las reformas de 1994 y 1996, así como buscar avances institucionales adicionales.
Confiaba, sin embargo, en que cualquier nueva reforma reforzaría nuestra democracia hasta convertirla en una democracia sólida e irreversible, y que, bajo cualquier circunstancia, se respetarían la legalidad, la competencia y la independencia tanto de las instituciones electorales como del Poder Judicial como piedras angulares del sistema.
Lamentablemente, esta condición clave ha venido siendo transgredida amplia, sistemática y agresivamente por el partido hoy en el gobierno y su jefe, el presidente de México.
Por un lado, la independencia y la capacidad institucional del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) han sido atacadas sin descanso. La primera línea de este ataque ha sido calumniar, insultar y amenazar tanto a la institución como a las personas elegidas para garantizar que el INE cumpla su misión constitucional.
La institución sufrió una reducción arbitraria y significativa de los recursos presupuestarios necesarios para su adecuado funcionamiento.
Otro agravio crucial a la autoridad independiente del INE ha sido el abierto y desafiante desprecio por las reglas y procedimientos establecidos en la ley sobre lo que el gobierno no debe hacer antes y durante las campañas electorales. Estas violaciones fueron cometidas principalmente por el presidente y por miembros de alto nivel de su gobierno y su partido. Esta no es una conjetura mía; precisamente el Tribunal Electoral determinó que el Ejecutivo violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante las recientes elecciones federales y estatales para favorecer a los candidatos del partido gobernante. Hace mucho tiempo, el INE había advertido al Ejecutivo sobre la ilegalidad de su falta de respeto a estos principios tanto a través de su retórica como de acciones gubernamentales concretas. Su respuesta siempre ha sido el rechazo, la burla y el desacato a la autoridad electoral.
Siempre se ha considerado que la práctica del clientelismo utilizada durante muchos años del siglo veinte era una forma abusiva, ilegítima y carente de ética política, para cooptar a los ciudadanos a fin de que apoyaran al partido “oficial”. Resulta trágico que, una vez en el poder, el partido oficial de ahora haya acogido el clientelismo, elevándolo a una escala inmensa y deshonrosa, en clara violación tanto del espíritu como de la letra de las reformas que habían hecho de México un país democrático.
A estas alturas, no cabe duda de que el objetivo último de este gobierno es eliminar al INE como entidad independiente, imparcial y profesional con capacidad y autoridad suficientes para organizar elecciones verdaderamente libres y justas. Esta afirmación no es superficial; ese propósito avieso fue explícito en los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congreso.
Dichos proyectos de ley, una vez aprobados por la mayoría controlada por el Ejecutivo, fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte. Para sortear este obstáculo, se ha puesto en marcha un cambio constitucional con el mismo objetivo: derribar la autoridad electoral independiente y reemplazarla por un remedo de autoridad diseñado para estar bajo el control del gobierno.
Lamentablemente, los graves daños a la imparcialidad de las instituciones electorales, tanto del INE como del Tribunal Electoral, no tuvieron que esperar a ese cambio constitucional. La oportunidad para minar su independencia se presentó con los nombramientos hechos para llenar las vacantes dejadas por la conclusión del mandato de consejeros y magistrados. Se nombró a personas que carecen de la imparcialidad indispensable para aplicar la ley.
Prueba de esta reprobable condición quedó demostrada con claridad en las recientes sentencias del INE y del Tribunal Electoral, que otorgaron al partido oficial y a sus socios de coalición el 74 por ciento de los escaños en la Cámara de Diputados, pese a haber obtenido el 52 por ciento de los escaños. Esta absurda sobrerrepresentación, que viola flagrantemente la Constitución mexicana, fue falsamente justificada mediante una interpretación retorcida y mal intencionada de las reglas para la asignación de escaños a las coaliciones. El partido oficial fue obsequiado con una mayoría calificada (más de dos tercios) en la Cámara de Diputados, lo que le dio el poder de aprobar cambios constitucionales y actuar prácticamente sin limitaciones.
Habiendo conseguido la mayoría calificada gracias a ese escandaloso “regalo”, los instigadores ahora dicen que pueden esperar días o semanas para realizar la atrocidad de esa reforma electoral.
Lo que no se quiso demorar fue la destrucción de la independencia, los estándares profesionales y las capacidades del Poder Judicial Federal.
Al igual que respecto a las instituciones electorales, el Ejecutivo ha sido implacable, no sólo cuestionando los fallos de jueces y ministros cuando no se han alineado con sus preferencias, sino también al insultar al Poder Judicial como institución y a los ministros en lo individual. Contrario a lo que establecen la Constitución y las leyes, el Ejecutivo ha maniobrado para llenar vacantes en la Suprema Corte con personas que difícilmente cumplen los requisitos indispensables de independencia, profesionalismo e incluso ética. A pesar de estas agresiones, la Corte había logrado, hasta ahora, preservar una mayoría para actuar con independencia e integridad, simplemente aplicando la Constitución para impedir los atropellos de otros poderes del Estado.
La frustración del presidente al no contar con una Corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder.
A principios de este año, paradójicamente y a punto de la burla, justo en la fecha en que conmemoramos la Constitución de 1917, se publicó una iniciativa con numerosas modificaciones a la Constitución. Los cambios conducen, en última instancia, a la devastación del Poder Judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo del país. Estas instituciones condenadas a desaparecer precisamente fueron creadas para limitar el uso arbitrario de la autoridad del Ejecutivo. Se perderá otro contrapeso esencial en la democracia.
Juristas, abogados, asociaciones profesionales, legisladores de diversas filiaciones, integrantes de los poderes judiciales federal y estatal, y organizaciones de la sociedad civil se dieron a la tarea de analizar en múltiples foros, de manera profunda y respetuosa, la propuesta presidencial de reforma al Poder Judicial. Lo hicieron bajo la premisa, compartida por todos, de que las instituciones pueden y necesitan ser mejoradas, particularmente en México, donde el Estado de derecho y la seguridad ciudadana han estado en una situación crítica durante muchos años.
Los expertos que participaron en esos foros examinaron la coherencia entre el diagnóstico de los problemas, los objetivos declarados para enfrentarlos y los cambios institucionales propuestos en la iniciativa del presidente. En reiteradas ocasiones, concluyeron que la propuesta adolece de graves incongruencias. Lejos de resolver los graves problemas de justicia y seguridad que enfrenta México, las modificaciones propuestas los agravarán.
Contrariamente a lo que se afirmó, la propuesta del presidente no tiene nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia. No sirve porque esta reforma no cumple con lo que debe existir en toda democracia: igualdad ante la ley, protección de derechos, imparcialidad, acceso a la justicia, capacidad de respuesta, transparencia, debido proceso y proporcionalidad. De hecho, los cambios violarían prácticamente todos esos principios. Es claro que la reforma no tiene qué ver con la búsqueda de justicia, pues no aborda las deficiencias institucionales que han provocado la actual crisis en la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas de la delincuencia, la violencia, las autoridades abusivas y corruptas.
Juristas y expertos han formulado los cambios institucionales y los recursos adicionales –humanos y materiales– necesarios para hacer efectivo el derecho fundamental a la justicia. Ninguno de esos elementos indispensables fue considerado en la iniciativa del presidente. Su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional, y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político.
Este objetivo perverso es evidente en la propia iniciativa, como lo demuestra un repaso de sus componentes clave. Permítanme resumirlos de manera breve. Con la promulgación de las reformas constitucionales, todo el Poder Judicial –jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte– serán destituidos en los próximos tres años. Sus cargos serán ocupados por personas elegidas por voto popular. Los candidatos surgirán de listas que, para efectos prácticos, serán determinadas por el Ejecutivo y el Congreso, ambos controlados por un mismo partido político. Los requisitos profesionales y de experiencia serán mínimos. No sólo la preselección será política, sino que la maquinaria del partido oficial se movilizará en las campañas electorales judiciales –como se hizo en las recientes campañas– para que sean electos los individuos más dóciles, no los más competentes. Naturalmente, otros actores que deseen jueces a modo para sus propios fines, incluyendo el crimen organizado, tendrán gran oportunidad de influir en los resultados a través de sus medios tradicionales: el dinero o la violencia. Este procedimiento de elección se reproducirá en los poderes judiciales estatales. En esencia, hay un riesgo apreciable de que miembros del Poder judicial no deban su puesto a las personas que voten en las elecciones judiciales ya que esas elecciones serán una grotesca farsa, sino que esos miembros deberán su lugar en el sistema judicial a sus patrones políticos que los incluyan en las listas electorales, así como a otros promotores cuestionables que bien podrían ser delincuentes que financiaron o apoyaron sus campañas.
Es previsible, entonces, que habrá jueces y magistrados que obedezcan, no a la ley, sino al poder político dominante. Este riesgo se verá agrandado porque el nuevo régimen dispondrá también de los medios para castigar a los “desobedientes”.
El Consejo de la Judicatura será suprimido, pese a que fue creado para garantizar la independencia de la gobernanza interna del Poder Judicial, y crear y gestionar la carrera judicial profesional. Su desaparición echará por tierra tres décadas de construcción institucional en este ámbito crítico para la democracia y el Estado de derecho.
En su lugar se crearán dos nuevos organismos.
Uno de ellos es la Administración Judicial, encargado de asignar y controlar los recursos del Poder Judicial, así como de administrar lo poco que quede de la carrera judicial. Más allá de algunos matices irrelevantes, una Corte ya controlada por el partido en el poder, el propio Ejecutivo y el Legislativo, procedentes del mismo partido, nombrarán a sus personeros como responsables de este organismo. Nada se menciona sobre los requisitos de profesionalismo y probidad que los integrantes de la Administración Judicial tendrían que cumplir, aunque su disposición para utilizar el presupuesto y los ascensos a fin de influir en las decisiones de los jueces bien podrá ser el factor determinante. Además, habrá otra salvaguarda para asegurar la sumisión de la Administración Judicial al Ejecutivo, ya que éste será el conducto para someter a consideración de la Cámara de Diputados –controlada por el partido oficial– el proyecto de presupuesto del Poder Judicial. Obviamente, si la Administración Judicial no cumple con las expectativas de obediencia, el presupuesto siempre será una herramienta de castigo.
El segundo organismo es el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo nombre revela perfectamente que no se trata de supervisar el gobierno interno del Poder Judicial, sino de garantizar que los jueces sean disciplinados para obedecer a sus amos políticos.
La idea del Tribunal es escandalosa pues viola abiertamente los principios básicos universales del Estado de derecho y de los Derechos Humanos. Esto se demuestra claramente al considerar tan sólo una de las capacidades de la entidad: la ley impondrá plazos fijos a los jueces para decidir acerca de casos penales y de fraude y evasión fiscal. Si los jueces no cumplen dichos plazos, serán llevados ante el Tribunal para ser investigados. El Tribunal tendrá plena autoridad para declarar culpables a los jueces y sancionarlos. No hay derecho a apelación. En otras palabras, no hay derecho al debido proceso. No es difícil imaginar que el Tribunal sea utilizado por el poder político para castigar a los jueces que no dicten sentencia rápidamente contra personas llevadas a los tribunales con argumentos falsos porque sean adversarios del régimen –no verdaderos criminales. Únase esto al hecho de que, con la reforma, la ley aumentará de manera considerable la autoridad de los fiscales para encarcelar a personas –dizque preventivamente– antes de completar la investigación pertinente. Queda claro que el gobierno será inmensamente poderoso para combatir cualquier disidencia. Todos los principios esenciales del Estado de derecho podrán ser pisoteados.
Si los propósitos, objetivos y medidas del proyecto de Reforma Judicial son aviesos, el proceso legislativo para su aprobación fue un gran fraude a la Constitución, las leyes y los regímenes interiores de las Cámaras del Congreso.
La Cámara de Diputados de la nueva Legislatura inició su periodo de sesiones el 1 de septiembre; el 80 por ciento de los diputados lo era por primera vez. Sin tiempo suficiente para estudiar la iniciativa de reforma ni discutirla, la mayoría calificada del partido oficial la aprobó el 3 de septiembre.
En el Senado, les faltaba un voto para alcanzar la mayoría calificada. Según informadores serios, el partido oficial obtuvo obscenamente el voto faltante, ofreciendo a un senador de oposición impunidad para él y sus familiares, que están acusados de graves delitos. Igualmente obsceno fue el plazo de dos días en que las legislaturas estatales con mayoría oficialista, ratificaron lo aprobado por el congreso sin sujetarse a los procedimientos establecidos por la ley. La aprobación de esta reforma judicial del partido en el gobierno es una felonía histórica.
Señoras y señores:
Justamente hoy los mexicanos conmemoramos el inicio de la lucha por la Independencia. Cuando esta se alcanzó, los mexicanos tuvimos por fin la oportunidad de convertirnos en una nación de mujeres y hombres libres, en una nación soberana que procuraría el progreso y la justicia que soñaron los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos. La realización de su sueño fue frustrada por déspotas y caciques criminales que no querían a México; solo querían el poder y a sí mismos. Los antipatrias de entonces, con su maldad, transformaron nuestra espléndida y prometedora Independencia, en miseria para el pueblo, y en pérdida de soberanía y de gran parte de nuestro territorio para la nación.
Debieron transcurrir muchos años de luchas fratricidas que empobrecieron a México, para que nuestros héroes liberales pudieran vencer a los reaccionarios y llevar a cabo la Reforma que quedó inscrita en la Constitución de 1857 y que nos dio las bases para construir una República libre y democrática. Además, los liberales, con el gran presidente Juárez a la cabeza, derrotaron una invasión extranjera que, en complicidad con malos mexicanos, quiso imponernos como gobernante a un príncipe extranjero.
Desdichadamente, la ambición de poder de un gobernante traicionó los principios de la Constitución de 1857 y transformó la Reforma en una larga dictadura. En 1910, la dictadura fue vencida por Francisco I. Madero, quien le dio de nuevo la democracia a México. Empero, los antipatrias no tardaron en conspirar y asesinarlo. Transformaron la democracia de Madero en una criminal dictadura.
Aquella dictadura fue vencida por la Revolución Mexicana, que habiendo rendido frutos de progreso económico y social sin precedente en nuestra historia, también dilató demasiado en cumplir con la democracia de Madero con la que la Revolución había nacido. Gracias a mexicanos de varias generaciones, cuando concluía el siglo 20, logramos por fin decir con orgullo que ya pertenecíamos a una nación con verdadera democracia. Los nuevos antipatrias quieren transformar nuestra democracia en otra tiranía.
Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad, no hablan de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la Nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía. ~
Ciudad de México, 15 de septiembre del 2024
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