La vida se detiene en Sinaloa en plena guerra entre El Mayo y Los Chapitos

La vida se detiene en Sinaloa en plena guerra entre El Mayo y Los Chapitos

Habitantes de Culiacán narran a EL PAÍS los días de zozobra e incertidumbre detonados por la fractura dentro del Cartel de Sinaloa, que ha dejado una estela de asesinatos, desapariciones y narcobloqueos

Elías Camhaji

El País, México - 13 SEPT 2024 -

Cada mañana, Yazmín siente algo en el pecho que le cuesta describir. Se sube a su coche para empezar el día, mientras su hija se queda en casa. No ha querido llevarla a la escuela esta semana. “Te sientes más tranquila de dejarla encerrada con la vecina en vez de tener que llevártela a cruzar todo Culiacán, pero vas al trabajo con ganas de llorar, no por lo que te pueda pasar a ti, sino porque no sabes si la vas a volver a ver”, cuenta la funcionaria, bajo la condición de que su nombre real no sea publicado. “Pero no lloras. Trabajamos para el Gobierno y no nos han dado permiso de faltar. El seguro de vida que me dan es de menos de 100.000 pesos [5.000 dólares]. Te quedas pensando qué le vas a dejar, qué le voy a dejar a mi niña. No te sientes protegida ni apoyada. Te sientes nada literalmente”, narra del otro lado del teléfono.

Sinaloa ha sido azotada por la violencia y la inseguridad desde el pasado lunes, cuando estalló una guerra intestina entre las dos facciones más poderosas del cartel homónimo: la gente que seguía a Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La fractura ha sembrado el caos en Culiacán, la capital del Estado del noroeste de México, y en varias comunidades aledañas, dejando una estela de asesinatos, desapariciones forzadas, narcobloqueos y enfrentamientos entre los grupos delictivos y las Fuerzas Armadas. Atrapada en el fuego cruzado, la población se ha hundido en el miedo y la incertidumbre, pese a la insistencia del Gobierno de que “todo está tranquilo” y bajo control. Las autoridades han reconocido esta semana al menos 12 personas asesinadas, otra decena de lesionados por impacto de bala y una veintena de desaparecidos, pero han sostenido que la violencia está “focalizada” y afecta principalmente a los bandos que se disputan el principal bastión del Cartel de Sinaloa.

“Se están llevando a inocentes”, rebate María, una psicóloga que vive al norte de Culiacán, uno de los focos rojos de la narcoviolencia. El pasado lunes, uno de sus conocidos desapareció sin dejar rastro y su coche fue abandonado en una de las calles de la ciudad, cuenta. “Lo confundieron con otra persona y lo levantaron”, asegura. “Estuvo más de 20 horas desaparecido, pero en la noche me dijeron que ya lo habían encontrado, que estaba asustado, pero bien”. María comenta que ha reconocido a otras personas en los reportes de búsqueda de la última semana. “Hay mucha gente que no ha aparecido y que no ha regresado, y no sabemos si van a regresar”, agrega.

La violencia ha trastocado las vidas de los habitantes de Culiacán. La mayoría de las personas tiene miedo de salir a la calle para ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela o comprar algo en una tienda. “Es como si hubiéramos regresado a la pandemia, a partir de las siete de la noche es cuando más vacías encuentras las calles principales, se ha convertido en un toque de queda informal”, afirma María. “Hay una psicosis colectiva, crisis de ansiedad, insomnio, estrés, un miedo bastante fuerte... No estábamos preparados para esto”.

Muchas familias se vuelcan en sus teléfonos para avisar dónde están y qué van a hacer, y compartir información de qué ha pasado en las últimas horas. En las redes sociales se multiplican las críticas al Gobierno, las imágenes explícitas de los crímenes y los reportes de nuevos enfrentamientos y bloqueos, algunos reales y otros falsos. A principios de la semana, la información oficial era escasa o minimizaba el alcance de la inseguridad y cada vacío fue aprovechado por el narco, que capitaliza el miedo que infunde en la población y aprovecha la discordia para mandar mensajes amenazantes a sus rivales.

“Las autoridades están a la saga, quienes marcan la pauta son los grupos delictivos”, afirmó David Saucedo, analista de seguridad, en una entrevista con este diario esta semana. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que la violencia se desató porque “hay pugnas entre dos grupos”, pero acusó a los medios de “magnificar” la situación en aras del “sensacionalismo”. “Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad”, aseguró.

El inicio de la guerra

Culiacán no es ajeno a la violencia. “Todo está untado por el narcotráfico en Sinaloa”, decía Ana Luz Ruelas, profesora emérita de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el mes pasado a este diario. Pese a la normalización y la penetración permanente del crimen organizado, algunos episodios de violencia han quedado grabados en el imaginario colectivo. El Cartel de Sinaloa hizo llover fuego a principios de 2023 después de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo. El Ratón, como se conoce al capo de 34 años, ya había sido detenido en 2019, pero otra respuesta violenta del cartel ―que incluyó motines en las cárceles, bloqueos en las principales carreteras y asesinatos― llevó a que las autoridades decidieran dejarlo ir para evitar daños mayores.

La última guerra que asola al Estado nació de la inesperada captura de El Mayo y Joaquín Guzmán López El Güero, hermano mayor de Ovidio, el pasado 25 de julio en Estados Unidos. Zambada acusó a El Güero, su ahijado, de traicionarlo, emboscarlo y entregarlo a las autoridades estadounidenses tras citarlo a una reunión con el gobernador Rubén Rocha y Héctor Cuén, su principal adversario político. Cuén fue asesinado ese mismo día. Rocha ha negado haber estado presente. Desde entonces se han disparado los temores alrededor de la venganza de El Mayo, cuándo llegaría y si implicaría otro Culiacanazo, como se conocen a los estallidos de violencia tras las dos capturas de Ovidio Guzmán.

“Ha sido peor, nunca había durado tanto”, explica Karla, habitante de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. En la mañana del lunes, un enfrentamiento en la principal vía de acceso de esa comunidad se saldó con dos civiles heridos y el aseguramiento de 15 vehículos con impactos de bala. En la noche del martes se encontró el cuerpo de una persona en descomposición a la orilla de un camino. El miércoles hubo otra refriega entre “civiles armados”, la fórmula que utilizan las autoridades para referirse explícitamente a los carteles. El jueves se decretó la suspensión de las actividades escolares en cuatro municipios ―Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio― para el resto de la semana. “La narrativa de las autoridades estatales decreta la ‘tranquilidad’ y minimiza los hechos violentos. No entienden que tras la captura de El Mayo todo el contexto de Sinaloa cambió: la gente lleva desde entonces esperando la ‘guerra”, señaló en redes sociales Adrián López, el director del periódico Noroeste.

“Hace cuatro horas, salí a comprar tortillas a una tienda que está a 800 metros de mi casa y cuando di vuelta en la primera esquina, vi tres patrullas, no sabía si eran clonadas por los delincuentes o de la policía y me quedé paralizada, no sabía qué hacer ni adónde ir”, contaba Karla en una entrevista realizada el jueves. “El sonido de las balas hace que la piel se erice, algunas eran ráfagas, otras eran intermitentes, era un caos... Ya había escuchado disparos antes, pero no en esta magnitud”, agrega. “Lo que estamos viviendo es como una película de terror”.

Karla conoce las dos caras de la moneda en la interrupción de las actividades escolares: es profesora y madre de familia. Como Yazmín, ha decidido que su hija se quede en casa. La Secretaría de Educación local ha sido blanco de las críticas de los docentes y padres, al decretar primero la suspensión de clases en uno de los sectores de la ciudad, luego anunciar una cancelación más amplia con poca antelación, empujar por el regreso presencial y finalmente, resignarse a no volver a clases hasta la próxima semana. La UAS, que tiene 70.000 alumnos en todo el Estado, ha optado por clases virtuales, pero los problemas continúan. “Muchos estudiantes vienen de zonas rurales y no tienen acceso a internet, otros no tienen saldo en sus teléfonos porque sus familias no han podido salir a trabajar”, cuenta. “No podemos exigirles que vayan o que busquen un ciber para enviar sus tareas, no debemos exponerlos a ningún riesgo”, explica.

El gobernador Rocha pidió a los comerciantes que abran sus negocios, después de que la sede local de la Cámara Nacional de Comercio advirtiera que no había condiciones mínimas de seguridad para evitar la parálisis de la economía local. La Unión de Comerciantes de Culiacán cifra las pérdidas económicas por la violencia en más de 800 millones de pesos (40 millones de dólares) y advierte de la escasez de productos básicos. La Unión local de Locatarios estima que 2.000 trabajadores han renunciado por la violencia, tan solo en el centro de la ciudad.

Oxxo, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y América Latina, anunció que iba a extremar medidas para garantizar la seguridad de sus empleados e hizo votos por que “se restablezcan las condiciones de seguridad en la entidad para retomar operaciones con normalidad”. Aeroméxico adelantó una política flexible para cambiar horarios y rutas de vuelos desde y hacia Culiacán. La Coparmex, la principal patronal del país, acusó la falta de acción de las autoridades y exigió mayor certidumbre en medio de la violencia. El gobernador optó por la cancelación de un concierto en la principal plaza pública de la ciudad por los festejos por el Día de la Independencia, el 15 de septiembre. Y Estados Unidos emitió una alerta con la recomendación de no viajar al Estado, además de “tener un alto nivel de vigilancia y mantener un perfil bajo”.

Viejos aliados y nuevos rivales

Tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos en 2017 y su condena a cadena perpetua en 2019, cuatro de sus hijos dieron un paso al frente en el negocio. Los Chapitos emprendieron una agresiva estrategia de expansión y se alejaron del estilo discreto de otras facciones, como la de El Mayo. Zambada tuvo contadas apariciones públicas en los últimos años, impuso con puño de hierro una férrea gobernanza criminal en sus territorios y tejió una amplia red de corrupción que le permitió no pisar la cárcel durante cinco décadas. Los herederos de Guzmán son catalogados como un bando mucho más impulsivo, propenso a las demostraciones públicas de poder y a la ostentación.

La Mayiza y la Chapiza, como se conoce a ambos grupos, acarreaban diferencias desde hace años, según las autoridades estadounidenses, pero coexistían bajo el mismo paraguas en el entendido de que eran más fuertes juntos. “Durante más de 50 años, [la relación] ha sido impecable, de respeto y armonía, al grado de que existen compadrazgos y casamientos entre ambas familias”, aseguraba José Luis Rodríguez Meza, abogado de El Chapo, a finales de julio.

La captura de El Mayo cambió todo. En medio de las tensiones y pese a los llamados a la calma de Zambada desde la cárcel, una decena de integrantes de la Mayiza fueron asesinados en las semanas previas a que se intensificaran las hostilidades, se profanaron mausoleos de otros capos y hubo tiroteos entre “civiles armados” y autoridades. Analistas de seguridad, sin embargo, estiman que el poder de fuego y la presencia del grupo de Zambada iban en declive desde antes de su detención en comparación con Los Chapitos, mejor armados y con más hombres. Una de las hipótesis que explican el estallido de la violencia hasta ahora es que Ismael Zambada Sicairos alias Mayito Flaco, supuesto sucesor de su padre, pospuso la venganza para tener tiempo de armarse y sellar alianzas estratégicas.

Una fuente ligada a la Mayiza aseguró al portal CrashOut Media que Mayito Flaco creó un “consejo de guerra” a principios de septiembre con dos nuevos socios: José Gil Caro Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, e Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro. Ambos son viejos enemigos de El Chapo. Según esta versión, la gente de El Chapo Isidro se comprometió a enviar 200 sicarios y Caro Quintero a otros 150 para “fumigar a Los Chapitos”.

Hoy, las miradas no sólo están puestas en Sinaloa. Los brotes de violencia se han extendido a otros Estados, y la población se mantiene en vilo para ver cómo moverá sus fichas el Cartel Jalisco Nueva Generación, el principal rival del Cartel de Sinaloa. Otra de las posibilidades es que sean Los Chapitos quienes pasen a la ofensiva y busquen fulminar a sus adversarios para hacerse con el control de toda la organización criminal. En el terreno legal también hay cuentas pendientes. El Chapo cayó tras los testimonios en la corte de Jesús Rey Zambada y Vicente Zambada Vicentillo, hermano e hijo de El Mayo, así como de otros antiguos colaboradores.

Las autoridades han reconocido que el conflicto existe y seguirá, pero no han dado explicaciones públicas sobre el mismo. “Es un asunto de ellos, nada más que no afecten a la población y que ellos también se cuiden”, declaró el viernes López Obrador, que confía en que la llegada de cientos de refuerzos de las Fuerzas Armadas sofoque la violencia. Pero el “asunto” afecta a todos. “Por más que no te quieras enterar o no sepas mucho de la Mayiza o la Chapiza es de lo que todo mundo está hablando, todos estamos pensando qué nos deparará mañana y cuándo vamos a poder tener una vida normal”, afirma María. “Los días se han vuelto eternos y las noches súper cortas, de repente abres los ojos y ya es de día otra vez, y no sabes qué va a pasar”.

Yazmín voltea por el retrovisor y los espejos laterales, acelera para llegar más rápido, tiembla si una camioneta se detiene a un costado. “Empiezas a ver balaceras, gente desaparecida, gente muerta y de repente, el Gobierno te dice que no está pasando nada... Todos sabíamos que el ambiente estaba tenso, que en algún momento la guerra iba a pasar”. Mientras el fuego cruzado asedia a Sinaloa, Estados Unidos anunció el traslado de El Mayo a la Corte del Distrito Este de Nueva York, la misma donde cayó El Chapo, su antiguo aliado, hace cinco años.