Reforma, suplemento dominical Enfoque, a 15 de junio del 2003
Gerardo Laveaga / En defensa del Ministerio Público, columnista invitad0.
Una de las mentes más lúcidas de México es, a no dudarlo, Alejandro Gertz Manero. Intercambiar puntos de vista con él resulta un privilegio. Más aún, si este intercambio surge de una invitación que él mismo formula. En mi caso, lo hizo a raíz del artículo que publiqué hace quince días en este mismo medio, donde manifesté mi desacuerdo con su idea de desaparecer al Ministerio Público y de crear, en su lugar, jueces de instrucción. En Enfoque, de la semana pasada, él respondió que jamás había dicho tal cosa. Sostuvo, además, que la mayoría de los males de nuestro sistema de justicia eran atribuibles al Ministerio Público. Veamos por qué sigo sin estar de acuerdo con él:
Es cierto que Gertz no propuso así, con todas las letras, que desapareciera el Ministerio Público. Tampoco señaló, de manera expresa, que se crearan jueces de instrucción. Lo que aseveró es que el Ministerio Público no debía tener el monopolio de la acción penal pues esto se ha traducido en 70 años de injusticias en México. Recomendó que fuera un juez el que se hiciera responsable de la averiguación previa. Pero ¿despojar al Ministerio Público del monopolio del ejercicio de la acción penal no equivale a desaparecerlo? ¿Se podría mantener el cuerpo de bomberos si se le prohibiera apagar incendios? Creo que no. Por otra parte, el juez con las características que él propone se llama, en la doctrina, juez de instrucción. Da igual si se le pretende cambiar el nombre.
Gertz afirmó, asimismo, que el Ministerio Público ha venido "actuando fuera de un marco de normatividad procesal en el que la víctima pueda ejercer sus derechos, ya que se le ha negado la calidad de parte". No estoy seguro de haber entendido bien este argumento. Basta leer el apartado B del artículo 20 constitucional para conocer los derechos de las víctimas. Que todavía queda un largo camino por recorrer, qué duda cabe. Pero lo mismo podríamos decir del derecho a la salud o a la educación...
El secretario de Seguridad Pública también sostuvo que "frente al Ministerio Público no existe el recurso de amparo ni para la víctima ni para el presunto delincuente, más que en los casos en que se decrete el no ejercicio de la acción penal". Leí varias veces la declaración y temo que haya habido un error al transcribirla pues, como todo abogado sabe, cualquier persona puede solicitar un amparo cuando el Ministerio Público "atenta" contra su libertad o contra sus bienes. ¿Lo que se está proponiendo, acaso, es multiplicar los recursos para obstaculizar la integración de la averiguación previa? Los "coyotes" van a estar de plácemes si esto progresa.
Que hay insuficiencias, las hay; que el Ministerio Público debe modernizarse, por supuesto. Pero el origen de nuestros problemas no puede reducirse a esto. En primer lugar, estamos asfixiados por una cantidad de leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas producto del oportunismo político. Esto provoca que, cuando no resultan ininteligibles, se contradigan unas a otras y generen no sólo larguísimos procesos sino una permanente confusión. Sin ir más lejos, nuestra Carta Magna señala que ningún juicio criminal debe exceder las tres instancias. En la práctica, el hecho de que el Poder Judicial de la Federación pueda revisar todo lo que hacen los tribunales locales, es causa de que los juicios tengan, por lo general, cuatro. Esto perjudica a cualquiera que espere una justicia pronta y expedita. Lo que hay que hacer, ante todo, es garantizar la profesionalización de los tribunales locales para hacerlos confiables. Y hay que hacerlo antes de que alguien sugiera su desaparición.
Por otra parte, cada entidad federativa tiene sus propios códigos y decenas de ordenamientos inútiles, disparatados o imposibles de cumplir. Ya Tácito decía en sus Anales que mientras más corrupto era un pueblo, más leyes tenía. Este desorden legislativo ha favorecido la impunidad y ha enriquecido a decenas de litigantes, que prolongan los juicios ad infinitum. En río revuelto, argüían nuestras abuelas, ganancia de pescadores. Urge unir esfuerzos en este ámbito. Gertz ha propuesto crear un Código de Procedimientos Penales único, propuesta que aplaudo con entusiasmo. ¿Cuándo podemos sentarnos a conversar sobre ello, Dr. Gertz? Será un honor para la comunidad académica del Inacipe tenerlo pronto entre nosotros.
En segundo lugar, se ha abusado del Derecho Penal. Se le ha convertido en instrumento de vendettas políticas y en bandera electoral. Exigir que se hagan más tortuosos los procesos o clamar por el aumento de penas puede influir en las jornadas electorales o proyectar la imagen de algún candidato, pero nada más. La experiencia enseña que una persona que no se atemoriza con al amenaza de 5 años de cárcel, tampoco se amedrenta con la de 50. Si a esto añadimos la idea de que existen delitos que no tendrían por qué serlo -el adulterio en el Código Penal Federal, por citar uno-, la situación se complica.
Una buena idea sería la de reducir el derecho penal a su mínima expresión y reservarlo sólo para los casos más graves. En este sentido, tiene razón Gertz al propugnar por la justicia restaurativa. A una persona a la que destrozan su automóvil en un percance vial, poco le importa que el agresor vaya a la cárcel: lo que le interesa es que se le reponga su vehículo. El derecho penal tiene mucho que aprender del Derecho Civil. Algunos juristas como Claus Roxin, Luigi Ferrajoli y Raúl Eugenio Zaffaroni estiman que debe desarrollarse esta idea. Lo mismo piensan algunos economistas como Ronald Coase y Gary Beker.
En fin, como Gertz sabe, hay mucho por hacer. El hace su parte -y la hace bien- pero no basta: el problema de la seguridad pública y la procuración y la administración de justicia es un problema de la sociedad en su conjunto. Las pavorosas desigualdades sociales y económicas que caracterizan a México no ayudan. El diálogo debe extenderse a los tres poderes de la Unión y a todos los sectores del país. Por mi parte, con este artículo, doy por terminada mi participación en el debate periodístico. Estoy abierto a cualquier otro tipo de encuentro académico y agradezco al secretario de Seguridad Pública la oportunidad que me da para rebatirle. Siempre he dicho que Gertz es un hombre admirable y esta gentileza lo confirma.
El autor es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Gerardo Laveaga / En defensa del Ministerio Público, columnista invitad0.
Una de las mentes más lúcidas de México es, a no dudarlo, Alejandro Gertz Manero. Intercambiar puntos de vista con él resulta un privilegio. Más aún, si este intercambio surge de una invitación que él mismo formula. En mi caso, lo hizo a raíz del artículo que publiqué hace quince días en este mismo medio, donde manifesté mi desacuerdo con su idea de desaparecer al Ministerio Público y de crear, en su lugar, jueces de instrucción. En Enfoque, de la semana pasada, él respondió que jamás había dicho tal cosa. Sostuvo, además, que la mayoría de los males de nuestro sistema de justicia eran atribuibles al Ministerio Público. Veamos por qué sigo sin estar de acuerdo con él:
Es cierto que Gertz no propuso así, con todas las letras, que desapareciera el Ministerio Público. Tampoco señaló, de manera expresa, que se crearan jueces de instrucción. Lo que aseveró es que el Ministerio Público no debía tener el monopolio de la acción penal pues esto se ha traducido en 70 años de injusticias en México. Recomendó que fuera un juez el que se hiciera responsable de la averiguación previa. Pero ¿despojar al Ministerio Público del monopolio del ejercicio de la acción penal no equivale a desaparecerlo? ¿Se podría mantener el cuerpo de bomberos si se le prohibiera apagar incendios? Creo que no. Por otra parte, el juez con las características que él propone se llama, en la doctrina, juez de instrucción. Da igual si se le pretende cambiar el nombre.
Gertz afirmó, asimismo, que el Ministerio Público ha venido "actuando fuera de un marco de normatividad procesal en el que la víctima pueda ejercer sus derechos, ya que se le ha negado la calidad de parte". No estoy seguro de haber entendido bien este argumento. Basta leer el apartado B del artículo 20 constitucional para conocer los derechos de las víctimas. Que todavía queda un largo camino por recorrer, qué duda cabe. Pero lo mismo podríamos decir del derecho a la salud o a la educación...
El secretario de Seguridad Pública también sostuvo que "frente al Ministerio Público no existe el recurso de amparo ni para la víctima ni para el presunto delincuente, más que en los casos en que se decrete el no ejercicio de la acción penal". Leí varias veces la declaración y temo que haya habido un error al transcribirla pues, como todo abogado sabe, cualquier persona puede solicitar un amparo cuando el Ministerio Público "atenta" contra su libertad o contra sus bienes. ¿Lo que se está proponiendo, acaso, es multiplicar los recursos para obstaculizar la integración de la averiguación previa? Los "coyotes" van a estar de plácemes si esto progresa.
Que hay insuficiencias, las hay; que el Ministerio Público debe modernizarse, por supuesto. Pero el origen de nuestros problemas no puede reducirse a esto. En primer lugar, estamos asfixiados por una cantidad de leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas producto del oportunismo político. Esto provoca que, cuando no resultan ininteligibles, se contradigan unas a otras y generen no sólo larguísimos procesos sino una permanente confusión. Sin ir más lejos, nuestra Carta Magna señala que ningún juicio criminal debe exceder las tres instancias. En la práctica, el hecho de que el Poder Judicial de la Federación pueda revisar todo lo que hacen los tribunales locales, es causa de que los juicios tengan, por lo general, cuatro. Esto perjudica a cualquiera que espere una justicia pronta y expedita. Lo que hay que hacer, ante todo, es garantizar la profesionalización de los tribunales locales para hacerlos confiables. Y hay que hacerlo antes de que alguien sugiera su desaparición.
Por otra parte, cada entidad federativa tiene sus propios códigos y decenas de ordenamientos inútiles, disparatados o imposibles de cumplir. Ya Tácito decía en sus Anales que mientras más corrupto era un pueblo, más leyes tenía. Este desorden legislativo ha favorecido la impunidad y ha enriquecido a decenas de litigantes, que prolongan los juicios ad infinitum. En río revuelto, argüían nuestras abuelas, ganancia de pescadores. Urge unir esfuerzos en este ámbito. Gertz ha propuesto crear un Código de Procedimientos Penales único, propuesta que aplaudo con entusiasmo. ¿Cuándo podemos sentarnos a conversar sobre ello, Dr. Gertz? Será un honor para la comunidad académica del Inacipe tenerlo pronto entre nosotros.
En segundo lugar, se ha abusado del Derecho Penal. Se le ha convertido en instrumento de vendettas políticas y en bandera electoral. Exigir que se hagan más tortuosos los procesos o clamar por el aumento de penas puede influir en las jornadas electorales o proyectar la imagen de algún candidato, pero nada más. La experiencia enseña que una persona que no se atemoriza con al amenaza de 5 años de cárcel, tampoco se amedrenta con la de 50. Si a esto añadimos la idea de que existen delitos que no tendrían por qué serlo -el adulterio en el Código Penal Federal, por citar uno-, la situación se complica.
Una buena idea sería la de reducir el derecho penal a su mínima expresión y reservarlo sólo para los casos más graves. En este sentido, tiene razón Gertz al propugnar por la justicia restaurativa. A una persona a la que destrozan su automóvil en un percance vial, poco le importa que el agresor vaya a la cárcel: lo que le interesa es que se le reponga su vehículo. El derecho penal tiene mucho que aprender del Derecho Civil. Algunos juristas como Claus Roxin, Luigi Ferrajoli y Raúl Eugenio Zaffaroni estiman que debe desarrollarse esta idea. Lo mismo piensan algunos economistas como Ronald Coase y Gary Beker.
En fin, como Gertz sabe, hay mucho por hacer. El hace su parte -y la hace bien- pero no basta: el problema de la seguridad pública y la procuración y la administración de justicia es un problema de la sociedad en su conjunto. Las pavorosas desigualdades sociales y económicas que caracterizan a México no ayudan. El diálogo debe extenderse a los tres poderes de la Unión y a todos los sectores del país. Por mi parte, con este artículo, doy por terminada mi participación en el debate periodístico. Estoy abierto a cualquier otro tipo de encuentro académico y agradezco al secretario de Seguridad Pública la oportunidad que me da para rebatirle. Siempre he dicho que Gertz es un hombre admirable y esta gentileza lo confirma.
El autor es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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