Contra jueces, embate electorero
Reportaje de Jorge Carrasco Araizaga y Patricia Dávila
Revista Proceso # 1858, 10 de junio de
2012El viernes 1, en la recta final de los comicios presidenciales y azuzado por la Procuraduría General de la República, el Consejo de la Judicatura Federal arremetió contra el juez Efraín Cázares López y el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano. Ambos dejaron mal parado al gobierno calderonista en su lucha contra el narcotráfico. Imposibilitada para fincarles delitos, la procuraduría apeló al Consejo para que revise prácticamente todas las resoluciones judiciales de los impartidores de justicia y su situación patrimonial.
Urgido de jalar votos para el PAN, el gobierno de Felipe Calderón apretó al Poder Judicial de la Federación para actuar en contra de jueces y magistrados que le han restado “éxito” a su estrategia contra el narcotráfico.
Sus fracasos judiciales en el llamado michoacanazo
y en los casos de personas acusadas de pertenecer al Cártel de Sinaloa,
llevaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a inconformarse ante
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero también a iniciar sendas
averiguaciones previas por sus actuaciones judiciales, según confirmó Proceso
en fuentes del Poder Judicial y de la PGR.
A tres semanas de la elección presidencial, algunas
encuestas ubican a la candidata oficial Josefina Vázquez en el tercer lugar,
por lo que el gobierno de Calderón lanzó una ofensiva contra dos juzgadores que
lo han dejado mal parado en su “guerra contra las drogas”.Desde finales de mayo la PGR comenzó a integrar una averiguación previa contra el titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, y otra contra Efraín Cázares López, juez primero de Distrito en Michoacán.
En el caso de Luna Altamirano, el magistrado ha propinado varios reveses judiciales al gobierno federal en torno al cártel que comandan Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, mientras que el juez Cázares desactivó judicialmente la espectacular acción policial del gobierno de Calderón contra una treintena de funcionarios y presidentes municipales en Michoacán.
En ambos casos, la PGR aún no establece los posibles delitos en que pudieron haber incurrido los impartidores de justicia, mientras que el CJF está revisando prácticamente todas sus resoluciones judiciales y su situación patrimonial.
Encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, y encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los mil 171 jueces federales y magistrados del país, el CJF anunció el viernes 1 la suspensión de ambos impartidores de justicia por “la posible comisión de conductas irregulares”.
La suspensión del organismo judicial es “una medida cautelar temporal que no prejuzga”, pero el organismo disciplinario podría autorizar una eventual acción judicial en su contra si la PGR acredita la existencia de algún delito relacionado con la administración de la justicia o de delincuencia organizada.
El anuncio del CJF abonó a las críticas de Calderón contra el Poder Judicial por la liberación de personas que su gobierno acusa de narcotraficantes.
En distintas declaraciones públicas, se ha quejado de la actuación de los jueces federales, pero a pesar de que el propio Silva Meza le pidió hace un año que le presentara casos, apenas hace tres semanas, en pleno proceso electoral, comenzó a integrar las averiguaciones en contra de los dos impartidores de justicia.
Expedientes abiertos
El CJF tiene en la actualidad 20 investigaciones abiertas contra magistrados, jueces y personal de los tribunales federales, incluidas las dos contra Luna Altamirano y Cázares López.
De acuerdo con datos del propio Consejo, actualmente están bajo investigación de ese órgano disciplinario 10 jueces, dos magistrados, cuatro secretarios, dos actuarios y dos oficiales administrativos por casos que van desde presunta delincuencia organizada hasta hostigamiento laboral.
Aunque no todas están relacionadas con delincuencia organizada, además de los casos de Luna Altamirano y Cázares López destacan los de los jueces vinculados a la proliferación de casinos en Nuevo León y que se conocieron como consecuencia del ataque de Los Zetas al casino Royale, en Monterrey, en el que murieron más de 50 personas en agosto de 2011.
En septiembre, el CJF dio a conocer la suspensión de jueces y secretarios de juzgado que emitieron resoluciones judiciales para facilitar la operación de los casinos en ese estado: Luis Armando Jerezano Treviño, juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, así como Gerardo Tiscareño Mercado, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna.
También incluyó al juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís, del Tercer Distrito en Materia Administrativa, en Nuevo León.
Dos meses antes, en julio, el CJF había suspendido al juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Álvaro Tovilla León, y a su secretario de Acuerdos, Esiquio Martínez Hernández. Este último fue suspendido y consignado ante el Ministerio Público federal por presunto enriquecimiento ilícito, ya que en sus cuentas bancarias de detectaron movimientos por más de 400 millones de pesos.
Campaña de hostigamiento
Los casos del magistrado Luna Altamirano y del juez Cázares Sánchez no son los primeros en los que la PGR procede por resoluciones de jueces federales que le tiran casos de delincuencia organizada.
En julio de 2009, el entonces subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR presentó una queja administrativa contra la juez Verónica Judith Sánchez Valle, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por haber negado la extradición de Osvaldo Sauceda Guerra, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero.
El argumento de la juez fue que los estadunidenses reclamaban a Osvaldo Guerra Sauceda, no a Osvaldo Sauceda Guerra, la persona que la Agencia Federal de Investigación (AFI) le puso a disposición. El segundo nombre era el que aparecía en sus diferentes credenciales. La juez argumentó que la AFI incumplió la formalidad judicial debido a esa imprecisión.
El CJF sólo la amonestó públicamente, pero la PGR buscó que se dictara orden de aprehensión contra la juez, acusándola del delito contra la administración de justicia. Sin embargo, tanto el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales como el Tercer Tribunal Unitario, a cargo del propio Luna Altamirano, negaron la orden de aprehensión.
En el caso del juez Cázares, el CJF lo tiene en la mira desde 2010, luego de que la PGR se quejara ante esa instancia por las liberaciones que otorgó a 12 de los 35 implicados en el michoacanazo.
Durante la última semana de mayo de 2009, a cinco semanas de la elección federal intermedia, el gobierno de Calderón envió a Michoacán fuerzas federales para detener a funcionarios estatales, alcaldes, funcionarios y a un juez local, a quienes la PGR acusó de proteger al narcotráfico en el estado.
El caso terminó un año después en un fiasco para Calderón con la liberación de los detenidos. La Comisión de Vigilancia del Consejo revisa desde entonces las actuaciones de Cázares en ese caso, pero también resoluciones recientes.
En el michoacanazo, considerado como una de las mayores derrotas judiciales del gobierno de Calderón, el CJF revisa la suspensión que Cázares decretó a favor de César Godoy Toscano, acusado de delincuencia organizada por la PGR.
Hermano del exgobernador y actual senador por el PRD Leonel Godoy Rangel, César Godoy pudo protestar como diputado federal gracias a esa suspensión, pero una nueva orden de aprehensión lo tiene en condición de prófugo.
EL CJF también revisa por qué decidió acumular varias acusaciones y sobreseer otras, como en el caso del exprocurador de Leonel Godoy, Miguel García Hurtado, acusado de proteger al Cártel de La Familia Michoacana, hoy escindida entre La Familia y Los Caballeros Templarios.
La defensa de los acusados alega que las acusaciones en su contra se desvirtuaron durante el proceso judicial debido a que muchas eran de oídas por parte de testigos protegidos.
Reveses a Calderón
En el caso del magistrado Luna Altamirano, varias de sus resoluciones han significado severos reveses para el gobierno calderonista, principalmente en relación con el Cártel de Sinaloa.
El magistrado, que en 2003 se convirtió en noticia internacional al autorizar la extradición a España del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, se convirtió en personaje incómodo para la PGR a partir de sus sentencias absolutorias a grandes personajes de la delincuencia organizada.
Entre los casos más polémicos está el de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán. El 14 de febrero de 2005, la PGR había capturado al hijo del capo en Zapopan, Jalisco, acusado de lavado de dinero.
A sus 19 años, El Chapito fue arraigado durante 90 días. Luego fue trasladado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez. El 11 de abril de 2008, Luna Altamirano le dictó sentencia absolutoria, revocando la que lo condenaba a cinco años de prisión.
Apenas el pasado jueves 7, a cuatro años de su libertad, el gobierno estadunidense incorporó al Chapito –junto con su madre Alejandrina Salazar Hernández y su hermano Jesús Alfredo– en su lista de narcotraficantes, acusado de los mismos delitos por los que Luna Altamirano lo exoneró.
En abril de 2008, al hacer público su fallo a favor del Chapito, el magistrado argumentó: “La juez –Silvia Carrasco, quien dictó la sentencia de cinco años– está faltando a la verdad… afirmando hechos falsos. Yo no advierto que el señor padre (El Chapo) se dedique a ser narcotraficante y que los recursos que él se allega por actividades ilícitas se los haya allegado a su hijo.
"No sé de donde sacó esta juez que El Chapo es el líder del Cártel de Sinaloa. No existe en constancias judiciales pruebas de ello. No podemos decirnos juzgadores si para dictar una sentencia tomamos en cuenta intereses meramente políticos.”
El fallo y las declaraciones le generaron dos quejas: una de la PGR, que se inconformó por la resolución, y la otra de la juez, quien argumentó que las declaraciones pusieron en riesgo su integridad física. De manera inédita, el 17 de enero de 2009 el CJF lo suspendió por tres meses –sin goce de sueldo– por esas críticas.
Cuatro meses después de exonerar al Chapito, Luna Altamirano también absolvió del cargo de lavado de dinero a Luis Raúl Arriola Márquez, quien formaba parte de la lista negra del blanqueo de capitales de Estados Unidos, que incluía también a varios de sus familiares.
Tres años antes, el 20 de marzo de 2006, Luna había revocado el auto de formal prisión contra Amado Azuara González, exdirector del Reclusorio Preventivo Sur, acusado del delito de evasión de presos.
Argumentó que no se comprobó la participación de Azuara en la fuga del narcotraficante guatemalteco Otto Roberto Herrera García, quien se escapó el 14 de mayo de 2005. Dentro del penal, el capo ligado al Cártel de Sinaloa tenía sus privilegios y tenía acceso a vinos y comida especial, televisión por cable y visitas. La noche previa a su fuga, en el reclusorio hubo una fiesta.
Uno de sus fallos más polémicos políticamente ocurrió el 13 de julio de 2007. En el proceso penal por genocidio en contra del expresidente Luis Echeverría por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, Luna Altamirano, determinó: “Sí hubo genocidio, pero no hay pruebas de que Echeverría –entonces secretario de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz– haya sido responsable”.
Más tarde, el 28 de abril de 2010, Luna Altamirano absolvió al empresario Carlos Cabal Peniche –quien enfrentaba 17 juicios–, de la única sentencia en donde, en primera instancia, fue encontrado culpable por una defraudación fiscal de 370 mil 625 pesos, cometida en 1993 a través de su empresa San Carlos World Trade.
Luna explicó la exoneración del expresidente de Grupo Financiero Cremi-Unión: dijo que la juez tercero de Distrito del Reclusorio Norte, Laura Serrano Alderete, sustentó su condena en una tesis jurisprudencial, cancelada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tres semanas después, el 15 de junio de ese año, el magistrado exoneró al hermano del Mayo, Jesús Zambada García, El Rey Zambada, acusado de ser el dueño de 300 kilos de cocaína, siete rifles de asalto y 100 cartuchos útiles. En esta ocasión, señaló que hubo errores de la PGR, ya que entró sin una orden de cateo a la bodega donde estaban dichas evidencias.
Al año siguiente, el 3 de marzo, revocó la condena de 46 años y seis meses de prisión contra Moisés Arenas Jiménez, involucrado en el linchamiento de tres agentes de la Policía Federal Preventiva en Tláhuac, ocurrido el 23 de noviembre de 2004. Estimó que no existía ningún indicio en su contra del secuestro de los tres agentes y el homicidio de dos de ellos, pues estaba a 12 metros de distancia de los hechos.
El caso de Sandra Ávila
El 9 de mayo de 2011, Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, ganó dos litigios cruciales a la PGR: en uno, el Primer Tribunal, canceló su extradición a Estados Unidos; en el otro, Luna Altamirano la absolvió de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero.
Según el magistrado, los movimientos financieros que le “reprocha” la PGR en sus cuentas bancarias provenían de la compraventa de inmuebles adquiridos con anterioridad a la época en que se le relaciona con El Tigre.
Sin embargo, el jueves 7 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió que Sandra Ávila puede ser extraditada por otro delito: la introducción a Chicago de 100 kilos de cocaína entre junio y septiembre de 2001.
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