La estrategia
anticrimen simplemente no existe/ANABEL HERNÁNDEZ
Revista
Proceso No 1929, 19 de octubre de 2013
Desde
el día en que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia hasta el 31 de agosto de
2013, en México 13 mil 916 personas fueron asesinadas, de acuerdo con la
información del portal de internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. Las ejecuciones criminales en el país danzan al
ritmo macabro de más de mil 500 al mes.
En
el mismo periodo –según la misma fuente– hubo mil 188 secuestros en comparación
con los mil 317 de todo 2012; y 5 mil 911 extorsiones denunciadas en
comparación con las 6 mil 696 entre enero y noviembre del año pasado.
Si
se compara aquella cifra de homicidios dolosos con la del periodo que va de
diciembre de 2011 a agosto de 2012 (cuando sumaron casi 16 mil), el índice sólo
disminuyó 16%.
Pese
a ello, el gobierno federal presume que la baja en la cifra de ejecuciones se
debe a su estrategia contra la inseguridad, la violencia y el narcotráfico y no
es casual ni obedece a cambios y ajustes de la delincuencia organizada en
algunas zonas del país.
Muchas
veces Peña Nieto se ha referido a su estrategia, como se puede corroborar en
más de una decena de declaraciones públicas, entre ellas la del pasado marzo en
el Vaticano, cuando habló del plan de su gobierno contra el crimen: “Creo que
en un año podríamos hacer un balance, realmente. Ya en el corte a un año
podremos estar viendo resultados favorables, una reducción sensible, pero también
espacio para hacer los ajustes necesarios a la estrategia que se está
instrumentando”.
El
pasado 16 de julio, en una entrevista con reporteros de la fuente presidencial,
Peña Nieto afirmó sobre la captura de los grandes capos: “No hemos cejado en el
objetivo de dar con estos blancos, pero sobre todo de lograr lo que estamos
buscando en toda la estrategia, que es abatir las condiciones de criminalidad y
sobre todo la violencia… y lo estamos logrando”. Reiteró la necesidad de
esperar un año para evaluar los resultados.
Según
la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) –cuyo
titular, Miguel Ángel Osorio Chong, también ha hablado ampliamente de esa
estrategia– es responsable de la elaboración y aplicación del plan contra la
violencia, la inseguridad y el narcotráfico.
“Tenemos
una estrategia de fondo en materia de seguridad”, afirmó Osorio en conferencia
de prensa el 22 de mayo pasado, y aseguró que el gobierno federal tiene
claridad, pues además de objetivos y estrategia, “sabemos dónde y quiénes y qué
tenemos que hacer; es una gran diferencia”.
La
estrategia del gobierno de Peña Nieto hasta ahora no es sino una enumeración de
intenciones esbozada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero los detalles
de su planificación, calendarización, aplicación y medición de resultados no
existen ni en papel. De hecho una parte de estos pormenores operativos no
estará lista sino hasta el próximo diciembre y una más, en abril del año
entrante, según información oficial de la Segob.
Sin
respuesta
Con
base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, a principios
de agosto pasado esta reportera pidió a la Presidencia, a la Procuraduría
General de la República (PGR) y a las secretarías de la Defensa (Sedena),
Marina y Gobernación los documentos donde se plasma la estrategia federal
anticrimen.
“Solicito
copia del documento y/o documentos, oficios, informes, diapositivas, videos, o
cualquiera que sea la modalidad donde se encuentre el contenido de la
estrategia señalada por el jefe del Ejecutivo. Asimismo solicito copia de
cualquier escrito, audio o video donde se encuentre definida la meta de dicha
estrategia así como los indicadores de medición a través de los cuales se
evalúa su avance”, decía la solicitud de información.
“Solicito
saber cuál es la dependencia y/o dependencias del gobierno federal que evalúan
dicha estrategia, cuándo se hace dicha evaluación, quiénes participan en dicha
evaluación. Y los informes mensuales derivados de dicha estrategia entregados
al Presidente de la República y/o al secretario de esta dependencia que
permiten afirmar que se está logrando una disminución de la violencia”, se
añadió.
Las
respuestas de las instancias a las que se les pidió la información terminaron
de ser entregadas la primera semana de este mes. La constante en todos los
casos fue la ignorancia sobre el tema. Incluso en Los Pinos.
La
Secretaría Particular de la Presidencia respondió que en sus archivos “no se
encontró documentación que contenga información relacionada con la antes citada
solicitud de información” y remitió a la reportera a la Unidad de Enlace de la
Segob. La Jefatura de la Oficina de la Presidencia respondió del mismo modo.
La
Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, dependiente de Los Pinos,
remitió al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
La
Coordinación de Asesores de la Presidencia respondió: “Me permito informarle
que dentro de los archivos de la Coordinación de Asesores no se encontró
documento alguno que contenga la información requerida en la solicitud de
referencia” y remitió al Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, de la Segob.
La
PGR respondió que la información solicitada “no se encuentra dentro del ámbito
de competencia de esta institución” y aconsejó solicitarla a Los Pinos pues “se
advierte que usted requiere información que podría encontrarse dentro de la
competencia de la Presidencia de la República”.
La
Sedena señaló que luego de una búsqueda “exhaustiva” en los archivos del Estado
Mayor no encontró la información solicitada. Aclaró que las acciones de la
Defensa en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada se hacen “a
petición y en coadyuvancia de las autoridades civiles encargadas de la
seguridad pública”.
La
Marina contestó que la “estrategia” estaba plasmada en el Plan Nacional de
Desarrollo. Añadió: “Por otra parte con fundamento en el artículo 30 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal dentro de sus atribuciones (la
Marina) no contempla dicha estrategia, por lo cual se le sugiere canalizar su
solicitud a la Unidad de Enlace del Consejo Nacional de Seguridad Publica quien
evalúa las estrategias bajo los acuerdos aprobados en la II Sesión
extraordinaria”. Tampoco ésta era la institución indicada.
Al
final se evidenció que ninguna de las dependencias implicadas tiene información
sobre la estrategia.
“En
elaboración”
Finalmente
la Segob dio una respuesta: la estrategia aún está en elaboración, como quedó
plasmado en el oficio “urgente” firmado por José Saab Aldaba, director general
jurídico de la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Manuel Mondragón.
“La
estrategia del gobierno de la república contra la delincuencia, violencia,
inseguridad y narcotráfico se plasmará en diversos documentos del Sistema
Nacional de Planeación Democrática como con el Plan Nacional de Desarrollo, el
Programa Sectorial de Gobernación, el Programa Nacional de Seguridad Pública y
el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”,
señala el documento.
El
PND es sólo uno de los cuatro documentos donde estará definida dicha
estrategia. Los otros tres, admitió la Segob en su respuesta, están en proceso
de elaboración y definiciones.
El
contenido de la llamada “meta nacional de un México en Paz” en el PND dista
mucho de ser una estrategia. Está subdividida en los temas gobernabilidad
democrática, seguridad pública, sistema de justicia penal, seguridad nacional,
protección civil y prevención de desastres, federalismo articulado, defensa
exterior y seguridad interior, derechos humanos, rendición de cuentas y combate
a la corrupción.
En
realidad se trata de una enumeración de consideraciones y propósitos que no
llegan a ser estrategia, pues no se define cómo, cuándo ni quiénes serán los
responsables de aterrizar esas propuestas.
“En
materia de seguridad pública el gobierno de la república tiene claro que los
mexicanos quieren un país seguro y pacífico, exigen que se reduzca la violencia
y se recupere la convivencia armónica. La prioridad es clara: salvaguardar la
vida, la libertad y los bienes de los mexicanos”, se señala en el PND al final
de las enumeraciones, pero no se dice cómo se va a lograr eso.
Hay
también una supuesta enumeración de “líneas de acción” que sigue siendo una
lista de propósitos sin planificación, definición de tiempos ni métodos de
aplicación.
Medición
por encuestas
En
el PND se señalan dos indicadores con los cuales se supone que se podrán medir
los resultados del combate al crimen, la inseguridad y la violencia: “estado de
derecho” y “tasa de victimización”.
El
gobierno piensa medir el éxito o fracaso de su política anticrimen mediante
encuestas de opinión, no con números de denuncias presentadas, tiempo de
atención, delitos perpetrados, detenidos en proceso y sentenciados ni número de
averiguaciones previas.
La
encuesta de “estado de derecho” será un “conjunto de datos que resumen los
puntos de vista sobre la calidad de la gobernabilidad, proporcionada por un
gran número de encuestados de empresas, ciudadanos y expertos de países
industriales y en desarrollo”, dice el PND. Será evaluada por el Banco Mundial,
se asegura en el documento.
Para
evaluar la “tasa de victimización” se levantará la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública con la cual se pretende:
“Hacer estimaciones sobre el número de personas que han sufrido victimización
delictiva”, “calcular el número de delitos ocurridos en el año de referencia”,
“medir la percepción de los habitantes del país sobre la seguridad del lugar
donde viven y de diferentes ámbitos de convivencia”. Se señala que será el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía el encargado de evaluar el
sondeo.
Encuestas
similares se han hecho durante los últimos seis años y sus resultados aparentemente
no han sido de utilidad.
La
Segob explicó que en el decreto por medio del cual se aprobó el PND se ordena
que los programas sectoriales deberán “publicarse a más tardar en diciembre de
2013 (…) en tanto que los programas especiales, como el Programa Nacional de
Seguridad Pública, deberán publicarse a más tardar el último día hábil de abril
de 2014”.
La
dependencia afirmó que el Programa Nacional de Seguridad Pública está en
proceso de elaboración y hasta ahora existe sólo un borrador incompleto.
“El
borrador del Programa Nacional de Seguridad Pública es información clasificada
como reservada en su totalidad, hasta en tanto se cuente con una versión
definitiva la cual deberá contemplar las propuestas del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, será presentada por el Comisionado Nacional de Seguridad a
consideración del Secretario de Gobernación, quien a su vez lo someterá a
aprobación del Presidente de la República previo dictamen de la Secretaría de
Hacienda.”
Sobre
el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, que también depende de la Segob, la dependencia no abunda.
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