Caso
Regina: avala la justicia federal la manipulación del proceso
LA
REDACCIÓN
Revista Proceso # 1964, 21 de junio de 2014
La
justicia federal le dio un espaldarazo al gobierno de Javier Duarte y avaló en
parte la versión oficial sobre el asesinato de nuestra compañera Regina
Martínez Pérez.
Los
magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del
Séptimo Circuito federal con sede en Xalapa concedieron un amparo al hermano de
la periodista, Ángel Alfonso Martínez, quien está convencido de la versión del
gobierno de Veracruz sobre el asesinato de la periodista.
En
una decisión adoptada el jueves 19, el Tribunal Colegiado federal consideró que
Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, uno de los acusados por la
Procuraduría General de Justicia del estado, es responsable del robo, y probablemente
del asesinato de quien durante una década fuera la corresponsal de la revista
Proceso en el estado de Veracruz.
Por
unanimidad de votos, al resolver el amparo penal 751/2013, el Tribunal
Colegiado ordenó ese día a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de
la entidad reiterar la acreditación de los delitos de homicidio y robo contra
Hernández Silva.
Con
esa decisión dejó insubsistente la sentencia absolutoria de la Séptima Sala a
favor de El Silva dictada en agosto del año pasado, cuando fue puesto en
libertad por considerar que la procuraduría de Veracruz lo había acusado
falsamente.
“Al
conceder la protección constitucional, el Cuarto Tribunal Colegiado ordenó a la
sala dictar otra resolución en la que, por una parte, reitere lo relativo a la
acreditación de los delitos de homicidio y robo, y luego (…) concluya que sí se
encuentra acreditada la plena responsabilidad del inculpado en cuanto al delito
de robo”, aseguró el viernes 20 el Consejo de la Judicatura Federal al informar
sobre la decisión del colegiado federal asentado en Xalapa.
El
colegiado federal le pidió a la Séptima Sala de Justicia de Veracruz “agotar su
jurisdicción” por cuanto hace a la responsabilidad de Hernández Silva en el
delito de homicidio, pero anticipó que contrario a lo que esa sala falló en
agosto pasado, “no existe prueba en autos que acredite que el reo sufrió
tortura para autoincriminarse”.
Su
detención fue legal, no se le vulneró el derecho fundamental de adecuada
defensa y su confesión no es inverosímil acorde con las pruebas en su contra,
añadió la resolución del colegiado en sentido contrario a lo resuelto por la
sala.
Dijo
que en la acusación contra El Silva se configuró un “delito emergente”, a pesar
de no haber pruebas directas en su contra. De acuerdo con el artículo 39 del
Código Penal de Veracruz, “si varios individuos toman parte de un delito
determinado y alguno de ellos comete un delito distinto sin previo acuerdo con
los otros, todos serán responsables del nuevo delito, cuando éste sirva de
medio adecuado para cometer el principal, o sea consecuencia necesaria o
natural del mismo o de los medios concertados para cometerlo”.
De
esa manera los magistrados federales resolvieron el amparo interpuesto por
Ángel Alfonso Martínez contra la decisión de la justicia del estado de absolver
de toda responsabilidad a Hernández Silva.
Convalidación
judicial
El
robo como móvil del asesinato aceptado por la justicia federal refuerza la
versión del gobierno de Duarte, que se centró en dos “malvivientes” como los
responsables, con lo que descartó cualquier relación del crimen con la
actividad periodística de Regina Martínez.
En
la versión de la PGJ, El Silva “se declaró confeso” de haber participado en el
robo y asesinato, la noche del 28 de abril de 2012, en el domicilio de la
reportera, en Xalapa. Así lo consignó ante un Juzgado de Primera Instancia.
Apegada a la versión oficial, la entonces juez penal Beatriz Rivera Hernández
lo condenó a 38 años y dos meses de prisión. La procuraduría estatal impugnó la
sentencia en busca de una mayor condena.
De
acuerdo con la versión del gobierno de Duarte, defendida por el hermano de la
periodista, El Silva y su cuñado, José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho,
fueron los responsables del homicidio, cometido por golpes y asfixia. Señalado
como el principal acusado, El Jarocho se encuentra prófugo desde entonces.
Según
la PGJ, ambos eran conocidos de Regina Martínez y fue ella quien les permitió
entrar a su casa, y después de discutir con la periodista, El Jarocho comenzó a
golpearla, con la ayuda del Silva, para exigirle que les dijera dónde tenía
dinero y objetos de valor. En esa versión que el Ministerio Público local le
atribuye a Hernández Silva también dice que sacaron dinero debajo del colchón y
que se llevaron, entre otros objetos, un reloj de pulsera color café.
El
reloj fue clave para la versión de la procuraduría. En una diligencia
ministerial se lo mostró a Ángel Martínez y a otro de sus hermanos, quienes lo
reconocieron como propiedad de la reportera. De acuerdo con la PJG, sus
investigadores dieron con el objeto entre el grupo de amigos de Hernández Silva
y Hernández Domínguez que se dedican a la prostitución en un parque cercano al
domicilio de Regina Martínez.
Convencido
de la versión oficial, Ángel Martínez se inconformó con la decisión de la
Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, que en agosto del
año pasado decretó la libertad por falta de pruebas contra El Silva, quien
había sido sentenciado en noviembre de 2012, siete meses después del asesinato.
La
Séptima Sala acusó a la procuraduría estatal de haber violado el procedimiento
judicial y los derechos humanos de Hernández Silva, al acusarlo sin pruebas
directas. Los dos magistrados de la justicia estatal que votaron por la revocación
de la sentencia sostuvieron que El Silva no tuvo una defensa adecuada, además
de haberse desestimado sus alegatos de que fue torturado para que se inculpara.
Hernández
Silva no sólo evitó ratificar su declaración inicial ante el Ministerio Público,
sino que denunció haber sido detenido semanas antes de ser presentado
públicamente por la PGJ como uno de los responsables del asesinado. El Silva
asegura que durante semanas fue torturado en una casa de seguridad hasta que se
aprendiera lo que debía decir para inculparse. Afirma que ni siquiera sabía
dónde vivía la periodista.
Los
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado también cuestionaron
las pruebas periciales con las que la procuraduría estatal consignó a Hernández
Silva. Su dicho para inculparse resulta “inverosímil” y las pruebas presentadas
por el Ministerio Público fueron “contradictorias” y “manipuladas”, estableció
la justicia local (Proceso 1946).
Aunque
con matices, esa argumentación se echó abajo en el colegiado. “No podemos
sostener por ahora que Jorge Antonio Hernández Silva es el homicida de la
periodista”, pero sí está acreditado el delito de robo calificado, argumentó el
magistrado Jorge Sebastián Martínez García.
El
ponente en el juicio de amparo resuelto por el Tribunal Colegiado federal fue
el magistrado Jorge Toss Capistrán, quien quería conceder el amparo al
considerar a Hernández Silva como responsable de los dos delitos.
Fue
el magistrado Martínez García quien propuso conceder el amparo sólo por robo
calificado, pero no por homicidio. Dijo que la PGJ le atribuyó el crimen con
base en el artículo 39 del Código Penal de Veracruz, más que por pruebas
contundentes.
El
presidente del colegiado, Héctor Riveros Caraza, se sumó a la postura de su
colega Martínez García ante la falta de argumentos de Toss Capistrán para
defender su proyecto.
Según
el amparo, el robo que se le acredita a Hernández Silva fue la sustracción de
tres mil pesos, una computadora portátil y dos celulares.
La
periodista Norma Trujillo Báez publicó en La Jornada de Veracruz las
condiciones en que la prensa dio cobertura a la sesión del Tribunal Colegiado
en la que se resolvió el amparo:
“Tuvimos
que pasar por tres filtros de seguridad: uno para entrar a la sede, en donde la
Policía Federal nos hizo esperar para dejarnos pasar; luego en la sala de
espera de la Secretaría de Acuerdos del Cuarto Tribunal nos condicionaron la
entrada a dejar celulares, cámaras y grabadoras, y al final, ya en la sala de
sesiones, los uniformados nos acompañaron al interior a escuchar el resolutivo
del caso.”
Con
la decisión del colegiado, la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia
del estado tendrá que emitir una nueva sentencia contra Hernández Silva, quien
salió de prisión el 9 de agosto del año pasado. Podría quedar en condición de
prófugo si así lo decide la Séptima Sala. Pero a diferencia de lo avanzado del
proceso contra El Silva, aún está pendiente que la procuraduría estatal
presente a Domínguez Hernández, a quien considera como el principal responsable
del crimen.
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