Otra embestida ultraderechista del PAN: Comisión de la familia

Otra embestida ultraderechista del PAN/JENARO VILLAMIL

Proceso # 1964, 21 de junio de 2014

La Comisión Ordinaria de la Familia y el Desarrollo Humano, creada en lo oscurito del Senado, se le entregó al panista José María Martínez, quien de inmediato advirtió que desde ahí se combatirían los avances que han logrado en el país las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la diversidad sexual y los derechos de las mujeres. Sus declaraciones, además de ofensivas, desataron el escándalo pero nada indica que esto haya cambiado las intenciones de Martínez y del coordinador de la bancada panista, Jorge Luis Preciado.

 El jueves 12, día en que se inauguró el Mundial en Brasil, en el sigilo de un salón del semivacío Senado de la República se formalizó la creación de la Comisión Ordinaria de la Familia y el Desarrollo Humano. Esta medida, acordada desde febrero por la Junta de Coordinación Política, se convirtió en un escándalo público para el grupo parlamentario del PAN por las declaraciones de su presidente, el vicecoordinador panista José María Martínez Martínez, y del coordinador de la bancada, Jorge Luis Preciado.

El mismo día, Martínez Martínez proclamó que la misión de esta instancia legislativa sería “cerrar la puerta ya a algunas entidades o a algunos políticos que están pensando más en modas o en tendencias, o incluso, que nos llevan a pensar en la muerte”.

El político jalisciense, conocido en su fracción por coquetear con corderistas y maderistas, se refería a la aprobación de las uniones de personas del mismo sexo, ya garantizada en varias entidades, entre ellas el Distrito Federal. Advirtió: “Tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan a la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto”.

Por si fuera poco, el senador Preciado, amigo de Martínez Martínez, afirmó ante el asombro de las reporteras que cubrieron el evento, que las mujeres eran “vehículos” para la procreación y que la nueva comisión defenderá “la vida desde la concepción hasta la muerte”.

Las reacciones públicas se multiplicaron rápidamente. En menos de una semana, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenaron las declaraciones de Martínez Martínez, y decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de colectivos feministas y de la diversidad sexual e identidad de género enviaron oficios al Senado.

 La senadora Ninfa Salinas, del PVEM, secretaria de la nueva comisión, renunció a través de su cuenta de Twitter y advirtió que ella estaba a favor de uno y otro modelo de familia. Las legisladoras del PRD protestaron airadamente y en el seno del PRI también se generó un profundo malestar.

 En las redes sociales comenzó a cobrar fuerza el hashtag #NoSomosModa. En el sitio www.change.org comenzó una campaña encabezada por tres familias de la comunidad lésbico gay y transgéneros para que el Senado resuelva la disolución de esta comisión. “No somos moda ni vehículo reproductivo. Las familias homoparentales y las mujeres tenemos derechos”, advierte.

 Activistas de colectivos, como Jóvenes LGBT, el Comité Organizador de la Marcha del Orgullo LGTTB, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Circuito por la Diversidad Sexual, encabezado por Jaime López Vela, convocaron a una protesta el pasado jueves 19 frente al Senado, mientras los legisladores sesionaban en el único día del segundo periodo extraordinario.

 La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, encabezó la protesta formal. El martes 17 le envió un oficio muy crítico al coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Luis Preciado, y convocó a una rueda de prensa el mismo día, a la que acudieron representantes de tres familias diversas: el actor Felipe Nájera, Ángela Alfarache y Olivia Rubio.

 Al cruzar por el patio del Senado, Preciado fue interceptado ese día por las familias cuando realizaban su conferencia de prensa. “¡Venga, senador, aprenda que nosotros también somos familia!”, le gritaron.

Preciado trató de evitar el enfrentamiento y se enredó más. En una improvisada rueda de prensa, se deslindó de las declaraciones de Martínez Martínez: “Yo creo que hay que ser respetuosos de lo que cada persona piense, ¿no? Eso creo que debe ser la base de la sociedad: el respeto. Hay quienes piensan de manera diferente y creo que es válido que se les respete su posición”.

 El escándalo provocó que el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, desmarcara a su partido de las posiciones de Martínez Martínez, abogado de Jalisco, famoso por su militancia en Provida y por su filiación con grupos de la ultraderecha católica: “Vi el sesgo que le dio el senador presidente. Es una posición muy personal, no es una posición del Senado ni de la comisión”, atajó Gamboa Patrón.

 El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa Huerta, también condenó las posiciones de los panistas en la nueva comisión, que al ser ordinaria tendrá un presupuesto anual de 3 millones de pesos. Barbosa advirtió que estas posiciones violentan el Estado laico y el artículo 1 de la Constitución.

 El jueves 19, en un improvisado cónclave en el pleno del Senado, el coordinador del PVEM, Pablo Escudero, regañó a Martínez Martínez: “Te metiste en un gran problema”. El panista acusó a la prensa de tergiversar su discurso y se quejó de que ha recibido “amenazas de muerte” en las redes sociales.

 Gamboa Patrón, quien era testigo de este diálogo entre el verde y el panista, hizo un gesto con las manos para decirle a Escudero: “Está loco”. Y Preciado, al lado del senador jalisciense, no dijo nada.

 Los enredos de Martínez Martínez no son nuevos. En Jalisco se le conoce por sus constantes veleidades políticas: primero apoyó a Josefina Vázquez Mota en la contienda interna por la candidatura presidencial del PAN, en contra de Ernesto Cordero. Luego se sumó a Cordero con la promesa de ser presidente de la Comisión de Justicia del Senado. Esta posición fue para Roberto Gil Zuarth, pero Martínez se convirtió en vicepresidente de la bancada.

 En la contienda interna por la dirigencia, Martínez ofreció su apoyo a los maderistas en Jalisco. Una semana antes de la elección traicionó a Madero porque no apoyó a uno de sus candidatos al Consejo de la Judicatura Federal. Se volvió a acercar a Cordero, pero éste tampoco confía en él.

 Al encontrarse en el Senado con Angélica de la Peña, Cordero le advirtió a la legisladora perredista: “Yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones” (de Martínez).

 Contra leyes y tratados

 En entrevista, la senadora Angélica de la Peña advirtió que actualmente se discute si esta comisión debe ser “ordinaria” o “especial”. Originalmente se había acordado que fuera especial, lo cual le permitiría contar con un presupuesto anual y con capacidad para dictaminar leyes.

 “No es un asunto de dogma de fe, sino de elementos científicos de lo que debe servir para definir a las familias. Las declaraciones de Martínez violan los propios principios de la Conferencia de Yogyakarta, firmados por el Estado mexicano”, indicó.

 En esa conferencia, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se establecieron los derechos a favor de la orientación sexual y de la identidad de género. En el punto quinto se plasmaron los derechos a participar en la vida cultural y familiar.

 Según el texto de Yogyakarta, “los Estados tienen la obligación de no discriminar entre parejas de sexo diferente y parejas del mismo sexo al otorgar los beneficios de la sociedad conyugal”, como son la pensión y el acceso a los servicios de seguridad social.

 “Este señor no se ha dado cuenta de lo que ha dicho el propio Papa Francisco –advirtió De la Peña–; debe estudiar lo que dice el Papa, porque se lo dice no sólo al mundo católico sino al mundo en general.”

 El lunes 16, De la Peña envió un oficio al senador Preciado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopa) del Senado, y a los demás coordinadores de bancada: Emilio Gamboa, del PRI; Luis Miguel Barbosa, del PRD; Jorge Emilio González, del PVEM, y Manuel Bartlett, del PT.

 En ese oficio, del cual Proceso tiene copia, De la Peña calificó de “sorpresivas y realmente preocupantes” tanto las declaraciones de Martínez Martínez como las de Preciado, “como si se tratara de una comisión de la Iglesia católica ultraconservadora y no de una comisión legislativa inscrita en el Estado laico, propio de nuestra nación”.

 Por eso le recordó a Preciado que sus planteamientos violan las legislaciones internacionales firmadas por México en materia de respeto a la orientación sexual y a la identidad de género, pero también las relacionadas con la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

 Sobre la diversidad de las familias, De la Peña le recordó al coordinador del PAN: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) se ha pronunciado respecto al concepto de familia, que no debe reducirse únicamente al vínculo matrimonial ni a un concepto unívoco e inamovible de familia. Este precepto de la Coidh es objetivamente acorde a la realidad de las sociedades.

 “Conviene recordarle, señor presidente de la Jucopa, que la misma Coidh en los casos ‘Atala Riffo’ y ‘Niñas versus Chile’, sentenció, invocando la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, que ‘no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege un modelo tradicional de la misma’. A la vez que rechaza ‘una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base en la convención al no existir un modelo específico de familia (la familia tradicional)”.

 Enfatizó la senadora: “Me indigna, por decir lo menos, que usted nos considere a las mujeres como ‘vehículos,’ cuasi incubadoras, sustantivo cosificado y peyorativo que denota una falta de respeto a nosotras las mujeres; debo recordarle que no somos objetos sino sujetos de derechos”.

 “Es verdaderamente inconcebible que se señale como una ‘moda’ o una ‘tendencia’ los acuerdos y los tratados de derecho internacional de los derechos humanos que son fundamento esencial de los avances que hemos impulsado en nuestra Constitución, en las leyes secundarias y por supuesto su trascendencia en las políticas y acciones gubernamentales para lograr el pleno ejercicio de los derechos, tanto de mujeres como de hombres”, argumentó.

 Hasta ahora, Preciado no ha respondido formalmente al oficio de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

 En otro documento dirigido a la Mesa Directiva de esa Cámara, un colectivo de 40 organizaciones de derechos humanos, encabezado por Católicas por el Derecho a Decidir, acusan al presidente de la Comisión de la Familia de padecer un “gran desconocimiento” porque, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 36% de los hogares son diferentes de las familias tradicionales, ya que 85% de éstos son encabezados por mujeres (madres solteras, abuelas o divorciadas) y ya 1% (229 mil 473) están formados por parejas del mismo sexo.

 En su oficio, las organizaciones cuestionan la responsabilidad del Senado “al crear una comisión ordinaria que no cumplió con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General” y que violenta el artículo 40 constitucional, ya que “utilizará más de 3 millones de pesos anuales para generar políticas públicas con fundamentos religiosos”.

 A estas organizaciones, la mayoría defensoras de los derechos de las mujeres, les preocupa que una comisión de este tipo forme parte de una “serie de contrarreformas” para penalizar y criminalizar el aborto.

 Desde el año pasado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (COCEDAW, por sus siglas en inglés) externó al Estado mexicano su preocupación por que “las enmiendas introducidas en las constituciones locales hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos”.