“The
Panama Papers” en contexto/HÉCTOR
TAJONAR
De
pronto, por arte de magia tecnológica, una porción de la riqueza oculta del
mundo ha quedado al descubierto y sus beneficiarios, exhibidos en su codicia,
casi siempre facinerosa. Los documentos conocidos como The Panama Papers han
puesto a temblar al mundo financiero que ha optado por operar en la clandestinidad,
sacando a la luz los métodos opacos y torcidos para obtener ganancias
multimillonarias a costa de evadir o eludir las obligaciones fiscales en sus
respectivos países (la evasión es delito, la elusión no).
Las
consecuencias de los paraísos fiscales son muy graves. Además de reducir los
ingresos tributarios de los países, esa forma de hurto encubre la riqueza de
las élites corruptas del mundo, aumenta la desigualdad, permite u opera el
lavado de dinero, ligado o no al crimen organizado internacional e incluso
facilita el financiamiento del terrorismo. “The Panama Papers muestran los
profundos vínculos entre las prácticas financieras nocivas y la criminalidad
que existen en el mundo offshore, es el momento de aplicar sanciones concretas
contra las jurisdicciones e instituciones que venden encubrimiento en esos
refugios fiscales”, comentó Zucman al conocer el hallazgo periodístico.
Las
corporaciones multinacionales estadunidenses son beneficiarias privilegiadas de
los paraísos fiscales. La mayoría (72%) de los 500 consorcios más grandes de
Estados Unidos mantienen 2.1 billones (trillions) de dólares de sus utilidades
obtenidas en el extranjero en países como Suiza, Luxemburgo, Bermuda o Islas
Caimán, lo que equivale a más de la mitad (55%) de dichas ganancias. Eso les
permite a 358 compañías –entre ellas Apple, American Express, Nike, PepsiCo,
Pfizer, Morgan Stanley, Citigroup, Walmart, Google, Microsoft– dejar de pagar
90 mil millones de dólares anuales al fisco estadunidense, a través de 7 mil
622 subsidiarias ubicadas en refugios fiscales (Off Shore Games, 2015).
¿Hay
forma de resolver el problema de los paraísos fiscales? Para algunos, el
capitalismo sin esas jurisdicciones encubridoras es una utopía: el dinero
siempre encontrará un refugio seguro. Otros piensan que el asunto sí tiene
solución. En 2009 el G20 decretó “el fin del secreto bancario” y la OCDE
propuso un sistema para que cualquier nación pudiera solicitar información
relevante (on demand) acerca de inversores en bancos extranjeros, pero sólo
ante la sospecha bien fundada de fraude. Ninguna de esas medidas funcionó. En
un lustro, el dinero depositado en Suiza aumentó 18% y el de los paraísos
fiscales se incrementó casi 25%.
A
raíz de The Panama Papers, el presidente estadunidense Barack Obama propuso una
reforma fiscal internacional para acabar con la evasión de impuestos a escala
global. Por su parte, Zucman sugiere un registro internacional para que todos
los gobiernos del mundo puedan saber dónde está depositado el dinero y quién
está evadiendo al fisco en su país. Dicho registro facilitaría la implantación
de un impuesto global a la riqueza, como lo ha formulado Thomas Piketty.
Tampoco esas propuestas parecen tener viabilidad.
Pero
la irritación mundial crece. Las sociedades agraviadas por la corrupción de sus
élites exigirán el castigo a líderes políticos y empresarios coludidos con la
casta gobernante que ocultan y multiplican su mal habida fortuna en paraísos
fiscales como los exhibidos en The Panama Papers. Sin embargo, entre más
autoritario sea el sistema del país al que pertenecen los dirigentes
involucrados, más intrincadas serán las maniobras jurídicas, políticas y
mediáticas para garantizar la impunidad de los presuntos responsables de
evasión fiscal y lavado de dinero, así como de sus allegados en el poder.
En
el caso de México, resurge el tema del conflicto de interés entre el presidente
Peña Nieto y su secretario de Hacienda con el empresario Juan Armando Hinojosa,
dueño del Grupo Higa, pero proyectado con mayor fuerza y oprobio a escala
internacional. A las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación no podrán sacarlas del aire como hicieron con el noticiario de
Carmen Aristegui. Sí, en cambio, podrán recurrir nuevamente a los argumentos
legaloides valiéndose de las ambigüedades y deficiencias de las leyes en
materia fiscal para exonerar tanto a Hinojosa como a sus cómplices o protectores,
sobre todo ante la proximidad de 2018. No se saldrán con la suya, un electorado
cada vez más crítico e indignado repudiará la arbitrariedad del autoritarismo
corrupto. L
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