MARCELA TURATI
Revista Proceso # 2146, 30 de diciembre de 2017...
Miroslava Breach, asesinada en Chihuahua el pasado 23 de marzo, era una periodista comprometida con su labor: investigaba asuntos riesgosos, los que tienen que ver con el crimen organizado, y no le temblaba la mano para publicarlos. La captura del presunto autor intelectual del crimen, realizada el lunes 25 de diciembre, dio pie a un juicio durante el cual se hizo pública la grabación de una conversación telefónica entre la reportera y un funcionario del PAN chihuahuense, lo que confirma lo dicho –y luego desmentido– por el gobierno estatal: en el fondo del caso se encuentra la “narcopolítica”.
Chihuahua, Chih.- “Políticos panistas pusieron a Miroslava”. Así tituló El Diario de Chihuahua su edición del viernes 29 de diciembre, donde reseña la audiencia oral en la que se presentaron pruebas contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, integrante del grupo armado Los Salazares y señalado como orquestador del asesinato de la periodista Miroslava Breach, y donde queda claro también que dos funcionarios panistas están implicados en el crimen.
Sin embargo, la veta narcopolítica que el propio gobernador panista Javier Corral había mencionado como móvil del asesinato, el pasado 23 de marzo, de la corresponsal de La Jornada, es negado ahora por el gobierno estatal y por el PAN, que intentan borrar dicha vertiente en la ejecución de la reportera que denunciaba la colusión entre narcotraficantes y políticos.
Antes de iniciada la audiencia –que se llevó a cabo sin la presencia del detenido–, el secretario estatal de Gobierno, César Jáuregui, ya había declarado a la prensa que “no hay nadie por encima de este personaje”, como si El Larry fuera el último eslabón de la cadena criminal.
El lunes 25 Corral afirmó que el recién capturado era autor intelectual del asesinato de la periodista; horas después, en un mensaje navideño, lo mencionó como “orquestador” del crimen y agregó: “Sabemos qué ocurrió, cómo sucedió y quiénes son los autores”.
Notas periodísticas publicadas simultáneamente en medios locales el día de la captura dieron a conocer que el detenido –además de viajar en avionetas, controlar los municipios limítrofes entre Chihuahua y Sonora y tener un narcocorrido en su honor– habría asesinado a Miroslava como regalo de cumpleaños para Adán Salazar Zamorano, Don Adán, patriarca del clan de Los Salazares, preso desde 2011, operador del Chapo Guzmán y supuestamente nacido un 23 de marzo.
El regalo a Don Adán daría cabida a la teoría del asesino solitario.
Y si bien a mediados de octubre la Fiscalía General de Chihuahua adelantó que Gente Nueva –brazo del Cártel de Sinaloa– era el grupo responsable, el miércoles 27 de diciembre los nombres de dos funcionarios panistas surgieron durante el juicio: fue cuando el Ministerio Público leyó la transcripción de un archivo de audio extraído de una laptop encontrada en la casa de uno de los cómplices del crimen.
El audio registra una llamada en la que el vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera, le preguntó a Breach quién le había pasado la información que publicó el 4 de mayo de 2016 en La Jornada, en la que denunció –al mismo tiempo que Proceso– que candidatos a los ayuntamientos serranos de Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura eran narcos.
Entre ellos mencionaron que en Bachíniva el capo El 80, Carlos Arturo Quintana, del Cártel de Juárez, había hecho a su suegra precandidata del PRI.
Pero Piñera quería saber quién le había dado la información sobre Juan Miguel Salazar Ochoa, el candidato narco del PRI por Chínipas, de donde Miroslava era originaria, y quien fue identificado en la nota como sobrino de Crispín Salazar Zamorano, el heredero de Los Salazares, brazo armado del Cártel de Sinaloa.
“Yo sí tengo ovarios”
En la llamada, Piñera dice que “la raza de la sierra”, “esos güeyes”, los narcos, presionaban: “Nos están acusando de que nosotros fuimos los que soltamos el pitazo, que no fue así, y no encontramos la forma de demostrarlo”.
La reportera respondió: “Muy fácil y muy sencillo, diles que por qué se hacen pendejos. Miroslava Breach es de Chínipas. Nomás diles eso”.
Piñera quería arrancarle una explicación en la que desvinculara al alcalde panista de Chínipas, el profesor Hugo Amed Schultz. Le insistió. Ella dijo: “¡No, no. Que tampoco chinguen! Diles que para qué se hacen tontos: Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información. Así que, por favor, digan quién es y que me la echen a mí. Yo por eso firmé la nota, porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando el novenario por mí, entonces… que no jueguen”.
El interlocutor insistía, quería saber si ella había viajado a la sierra. Un fragmento de la llamada fue como sigue:
Miroslava Breach: “¿Pues qué creen? ¿Que estoy tonta, manca, pendeja o de qué se trata? Así es. Diles: no hay fuentes. Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra, que es de ahí y sabe quién era el personaje (el candidato)”.
Alfredo Piñera: “Ya entiendo. Entonces no es que haya una fuente de que alguien fue y te dijo”.
MB: “¡Claro que no! Cuando yo vi la lista de candidatos y me puse a reportear… por eso revisé Chínipas, Buenaventura y una serie de cosas. Así estuvo la cosa y diles: fue Miroslava Breach. Y que se avienten su boleto si quieren”.
(…) AP: “Entonces, ¿tú nunca te juntaste ahí con la gente ni con el presidente municipal?”
MB: “Con nadie. Absolutamente con nadie. Yo soy de Chínipas y sé de quién se trataba”.
AP: “¡Ah, ya entiendo! Así se la voy a soltar a ellos”.
MB: “Así coméntaselos. Ellos saben… ellos saben lo que pasa. Es que todo mundo anda zurrado. Te digo que mis tíos me han hablado”.
AP: “Pues sí, les han advertido que se los van a chingar”.
MB: “Pues sí les han advertido, pero que les digan: ‘¿Te quieres chingar a alguien?, chíngate a la reportera, ya sabes quién es’. Y que se meta conmigo. Sabe perfectamente. Yo por eso firmé la nota”.
(…) AP: “Lo que pasa es que sí andan preocupados. Sí andan muy preocupados porque allá también tienen la percepción de que fue alguien de ahí… el presidente municipal”.
MB: “No, no. Pues así cántaselas directa. Yo te insisto. A mí mis tíos me han hablado, unas tías me han hablado llorando, porque la presión ha estado de la chingada. Pero les dije que yo por eso firmé la nota, porque sé de qué se trata y saben que soy de Chínipas”.
(…) AP: “No, pues está bueno Miros. Pues muchas gracias. Yo así les comento”.
MB: “Entonces así coméntaselos y diles que lo que ellos no tienen, a mí me sobra”.
AP: “Así se los voy a decir”.
MB: “Así dícelos. (él se ríe). Que porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre”.
Piñera grabó la conversación sin avisarle a la reportera, explicó él, porque su teléfono tiene “una aplicación que graba todo”. Pero sí mandó el audio a Schultz, quien se lo pasó a la gente de Los Salazares.
Schultz explicó que lo hizo para deslindarse de la peligrosa nota, que obligó al PRI y al PAN a retirar de la contienda a los candidatos mencionados.
Breach siguió publicando información sobre las comunidades desplazadas violentamente de la sierra y del control de los cárteles sobre la policía de municipios como Chínipas y Bachíniva.
La Fiscalía adjudicó la clave de Bobby a Schultz, y la de Casio a Piñera, reservando sus nombres al igual que los de los testigos protegidos.
Bobby declaró que cuando se publicó la nota de las narcocandidaturas fue advertido de que le adjudicaban la filtración, por lo que buscó a Moreno Ochoa. “A quien le dicen Larry lo conozco de toda la vida”, declaró, “y le dije que quería platicar con él, le dije que de las notas que hizo Miroslava le llegaron comentarios. Él me dijo que si no tenía nada que ver, que aclarara”.
Schultz viajó a Chihuahua, pidió ayuda al secretario general del PAN estatal, José Luévano –hoy secretario particular de Corral–, quien lo canalizó con Piñera, que a su vez le mandó la conversación con Miroslava. Casio explicó a la Fiscalía que lo hizo sin conocer los nexos del edil.
En la audiencia, Jesús Valencia Díaz, el abogado del Larry, preguntó qué le ofreció la Fiscalía a Bobby y a Casio y si hizo algún pacto con ellos y con otras tres personas que apoyaron a los homicidas en su huida, extrañado de que al tener “cierto grado de participación en los hechos” fueran tratados como testigos protegidos.
“Se quiere politizar”
La captura del Larry en Sonora ocurrió nueve meses después del asesinato de Miroslava. Una semana antes el cuerpo de Ramón Andrés Zavala Corral, el homicida identificado en las grabaciones, fue hallado en una brecha en el mismo estado.
En la audiencia se ventiló que el tercer implicado era Jaciel Vega Villa, medio hermano del Larry, un estudiante universitario que habría escrito el mensaje de la cartulina encontrada en la escena: “Esto le pasará a toda la gente lengua suelta allegadas al gobernador y voy por ti, góber. Atte: El 80”. (Durante su campaña por el gobierno, Corral dijo que había sido amenazado por El 80).
Los tres perpetradores estuvieron escondidos en la capital estatal, en la casa de una policía, con seudónimo Rubí, sobrina de Moreno Ochoa. Ella declaró que no supo que habían cometido el crimen y que se fugaron a Chínipas en una avioneta.
En cuanto se difundió la grabación, la Fiscalía envió un comunicado en el que negó que hubiera elementos jurídicos para señalar que los funcionarios panistas planearon o ejecutaron el crimen. El PAN, además de presumir su inocencia, pidió no politizar el tema y esperar al final de la investigación.
“La grabación (de la laptop) a la que se alude en las notas y que forma parte de las actuaciones reunidas por el MP, contiene entre otras cosas el intento de deslindarse de las notas que publicó Miroslava Breach y demostrar que ellos no eran quienes filtraban información a la periodista. Reiteramos la importancia de evitar la desinformación que trata de colocar el punto de atención en especulaciones sin evidencia o sustento legal”, señaló la Fiscalía.
Proceso contactó a Piñera para pedir su versión, pero éste dijo que quiere esperar a que la Fiscalía termine su trabajo y que las especulaciones lo ponen a él en peligro.
Las grabaciones, sin embargo, no fueron los únicos datos revelados en la audiencia sobre el nexo político con el narcotráfico. Testigos que conocían el trabajo de la corresponsal y colaboradora de El Norte mencionaron amenazas hacia ella.
“Hacía periodismo de investigación sobre contaminación, tala, pozos, narcotráfico; viajaba a la sierra para investigar (…) Era consciente de que podía ser incómoda o afectar intereses, y podía tener represalias”, dijo un testigo. “Era firme de carácter, mujer de ideales, entregada a su profesión (…) Estuvo documentando actividades ilícitas ocurridas en la administración pasada y nexos del narco; ilícitos del gobernador y sus allegados”, expresó otro.
Mensajero de Los Salazares
La testigo protegido Mila declaró que Miroslava había recibido un mensaje que El 80 le hizo llegar por conducto del propio Schultz, prohibiéndole volver a la sierra.
Schultz Alcaraz, mencionado desde las primeras declaraciones, fue coordinador de la zona serrana del Subsistema Estatal de Educación hasta hace tres meses. Actualmente tiene plaza como profesor en Chínipas.
En columnas escritas con el seudónimo de Don Mirone para el periódico El Norte, Breach mencionó a Schultz como protector de narcos y “mensajero de Los Salazares” para amedrentar a periodistas que documentan lo que ocurre en la región. Se refería a ella misma.
El 25 de noviembre de 2016 escribió: “El exalcalde de Chínipas es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del pueblo la designación de su sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a la presidencia municipal. Sólo cuando los medios de comunicación nacionales hicieron público tal despropósito, la dirigencia estatal priista sustituyó esa candidatura, junto con la de Namiquipa.
“(El exalcalde) tuvo como director de la Policía Municipal todo su trienio a Martín Ramírez, también sobrino del capo de la región Crispín Salazar Zamorano. El excomandante de la policía aparentemente estuvo involucrado en múltiples asesinatos y desaparición de personas, mientras el presidente municipal dejaba hacer y dejaba pasar los crímenes.”
Aunque Mila declaró la misma semana del asesinato, no parece que la Fiscalía hubiera interrogado a Schultz sobre dichos señalamientos.
El abogado Valencia Díaz preguntó al Ministerio Público por qué la investigación sólo se había basado en su cliente y no en El 80, quien había amenazado a la víctima. Señaló que faltan pruebas de que el detenido cometió el asesinato –sí las hay de que acompañó a los perpetradores– o que demuestren el motivo por el cual habría decidido matar a la periodista. La pista se pierde a partir de la fuga a Chínipas.
El juez consideró que los elementos presentados alcanzan para mostrar la complicidad de Moreno Ochoa, dictó un año de prisión preventiva, convino en que se mantengan reservados los nombres de los declarantes cuestionados y dio tres meses para investigar.
La familia Breach Velducea, en un comunicado, manifestó optimismo por la captura del Larry, pero pidió ir más allá: “Así como lo explicó el gobernador, sabemos que hay un vínculo entre el poder político y el crimen, mismo que fue expuesto por Miroslava, y que fue lo que la llevó a ser asesinada. Es por ello que esperamos que se dé con quienes forman parte de este grupo y sean llevados a responder por este crimen”.
Como si el juicio hubiera terminado, el gobierno presumió en un video: “(Esta es) la primera vez que en el país se lleva a un asesino cuyo móvil fue coartar el ejercicio de la libertad de expresión de una periodista”.
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Mi amiga Miroslava/PATRICIA MAYORGA
Revista Proceso # 2146, 30 de diciembre de 2017...
Patricia Mayorga, quien se ha desempeñado como corresponsal de Proceso en Chihuahua, compartió fuente e inquietudes profesionales con Miroslava Breach, ejecutada el 23 de marzo presuntamente por informar sobre los políticos locales ligados con el narcotráfico. En este testimonio, Mayorga relata cómo trabajaron las dos reporteras en uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, ya dominado por los capos y en un ambiente político que se pudrió bajo el gobierno de César Duarte.
El día que me pidieron acudir a la Fiscalía Zona Centro a identificar la voz de dos audios en los que Miroslava Breach Velducea y yo, por separado, conversábamos con un hombre, imaginé que se trataba de unas llamadas que nos habían hecho desde el Partido Acción Nacional (PAN) para preguntarnos por las fuentes de un reportaje sobre precandidatos ligados al narcotráfico, pero al enterarme ahí mismo de que encontraron las grabaciones en la computadora de un presunto sicario, pareció que me habían quitado el suelo donde pisaba.
“En lo toral, es lo que señalan esos audios de esas llamadas extraídas de la laptop Sony Vaio que fue asegurada en el domicilio en las calles de Las Torres número 1914 de la colonia Villas del Rey”, informó el agente del Ministerio Público al juez en la audiencia del miércoles 27.
El ambiente en Chihuahua ya era difícil desde la transición en el gobierno estatal. Pasamos por un sexenio peligroso para el periodismo porque las autoridades negaron sistemáticamente las desapariciones y desplazamiento forzados, mientras la corrupción avanzaba hasta los niveles que ahora conocemos.
Llegó al gobierno el panista Javier Corral Jurado, quien se había enfrentado abierta y públicamente con el exgobernador priista César Duarte Jáquez y en la campaña posicionó el tema de los narcocandidatos. Como periodistas no sabíamos dónde estábamos parados, y menos después del homicidio de Miroslava Breach. El control de los medios se ejerció con Duarte a través de convenios de publicidad y Corral los retiró. No sabíamos qué “arma” de control tendrían los grupos delictivos y las autoridades que ya se iban.
Justamente los audios hacían referencia a uno de los precandidatos del PRI que fueron exhibidos como narcos y sustituidos por su partido cuando se hizo pública la situación.
Al siguiente día yo tenía que dejar el estado, por el riesgo que implicaba continuar ahí después del asesinato de mi amiga Miroslava. Si alguna duda quedaba para salir y dejar a mi casa, mi familia y amigos, se dispersó de inmediato. Me fui a la mañana siguiente.
En junio del año pasado, cuando me encontraba en la Sierra Tarahumara, recibí una llamada del portavoz del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera. Puedo decirlo porque se ventilaron su identidad y las declaraciones en la audiencia de vinculación a proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, presunto coautor intelectual y material del homicidio de Miroslava.
Piñera me preguntó en qué fecha habíamos publicado el reportaje mencionado y me explicó que “la raza” de la sierra necesitaban tener la certeza de que las autoridades municipales o quien en ese momento era el alcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, no habían hablado: “Ellos lo que nada más necesitan es tener la certeza de que se sepa que no fueron ellos los que pasaron información a los reporteros”.
Le dije que yo había ido a unos lugares y Miroslava obviamente conocía Chínipas, pues reporteamos los municipios. Después de colgar, recibí la llamada de Miroslava. Estaba enojada con Piñera por atreverse a pedirnos el origen de la información, que no sólo incluía precandidatos de Chínipas sino de otros municipios, aunque nos aseguró que no intentaba que reveláramos las fuentes. Los panistas lograron deslindar al exalcalde de Chínipas y no supimos más por el momento.
Los reportajes publicados sobre ese tema, en marzo de 2016, provocaron una serie de amenazas únicamente desde Chínipas y fueron recibidas a través de Miroslava. Eran presiones para que abandonáramos el asunto del narcotráfico, que estaba provocando desplazamientos, desapariciones y un incremento significativo de violencia. Todo era negado por el gobierno de César Duarte Jáquez. Las amenazas eran sutiles, con mensajeros; tal vez por eso no las dimensionamos.
Aun cuando Miroslava no presentó denuncia formal, mencionó las amenazas en diferentes espacios. Uno de éstos fue una reunión del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas efectuada en la ciudad de Chihuahua. Ahí nosotras dos comentamos dichos mensajes y la situación quedó apenas consignada en un documento.
Miroslava tenía la esperanza de que, con el cambio de gobierno, se pudiera hacer algo contra los delincuentes de la sierra y a favor de las víctimas, que llevan años resistiendo en medio de la crueldad y la violencia.
En una audiencia pública del gobierno estatal, luego de una rueda de prensa del fiscal general César Augusto Peniche Espejel, nos acercamos a él con otros temas de la Sierra Tarahumara. Cuestionamos por qué varios capos, reconocidos en diferentes municipios y a quienes conocen todos los pobladores, no son detenidos a pesar de que algunos están en la lista de los más buscados de la PGR.
Entre ellos figuran el grupo delictivo de Chínipas y Mario Eleno Corral Félix, El Cepillo, quien lideraba la mafia que controla parte del municipio de Guadalupe y Calvo y que fue asesinado semanas después del homicidio de Miroslava.
El Cepillo incluso puso a disposición de todo el pueblo de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo y de El Vergel, municipio de Balleza, una red de WiFi abierta. Peniche Espejel nos explicó que cuando recibieron la administración no había ninguna carpeta de investigación sobre esos casos.
Precandidatos del narco
En marzo del año pasado, en los reportajes de La Jornada y Proceso sobre la infiltración de grupos del narcotráfico en la selección de aspirantes priistas a las presidencias municipales en los comicios del 6 de junio, se dieron a conocer varios nombres, pero dos causaron la sustitución de las planillas: Chínipas y Bachíniva.
Por la alcaldía de Chínipas los priistas postularon a Juan Salazar Ochoa, sobrino de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, y Crispín Salazar, presunto líder del grupo de Los Salazares en Chínipas y parte de Sonora.
Salazar Ochoa es hijo de Joel Salazar Zamorano, hermano de Adán y de Crispín. También es primo de Alfredo Salazar Ramírez, El Indio, quien hasta ese momento estaba detenido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Por Bachíniva contendería Silvia Mariscal Estrada, suegra de Carlos Arturo Quintana, El 80, líder del Cártel de Juárez en parte de la región noroeste de la entidad.
Días después de la publicación de los reportajes, Juan Salazar y Silvia Mariscal fueron sustituidos por otros candidatos del PRI, que ganaron las elecciones.
Antes del cambio de candidatos, el expresidente estatal del PRI Guillermo Dowell Delgado quiso justificarse. Dijo que ellos designaron a candidatos que son aceptados y cercanos a sus comunidades, además de que actuaron de buena fe:
“Se hizo un trabajo de revisión de los perfiles, de revisión en la propia comunidad, de su familia. Estamos en el proceso. En la mayor parte de esos municipios se creó un sistema del partido que estuvo recibiendo las propuestas.”
Silvia Mariscal fue secretaria del ayuntamiento de la administración que en ese momento regía Bachíniva. Una vez traté de contactar al PAN estatal para indagar esa situación, justo en el acto donde Javier Corral recibiría su constancia como candidato en el Instituto Estatal Electoral (IEE). De nuevo el vocero del PAN me reprochó por qué manejábamos esos asuntos, ya que eran muy riesgosos e incluso podríamos poner en peligro a los dirigentes de su partido. Evidentemente estaban preocupados.
Ese día, 22 de marzo de 2016, Corral opinó:
“Nosotros nos hemos deslindado totalmente de ese ayuntamiento (de Bachíniva) porque se relevó en términos reales desde hace tiempo, dejó de tener una soberanía propia y se puso en manos de El 80; por eso desde el principio el PAN no se reconoció en ese gobierno (…) El problema que hay en Chihuahua es mayúsculo porque se actúa con total impunidad, porque la gente sabe que están en la indefensión, porque sabe que la policía del estado y la fiscalía protegen a esos capos en lugar de perseguirlos”.
El acompañamiento
Durante el sexenio pasado, el problema de la violencia en la Sierra Tarahumara era casi tabú. A partir de 2014, cuando se incrementó el desplazamiento forzado, cubrí informativamente el asunto en varios municipios, incluido Chínipas.
Hacer periodismo en ese tiempo y cubrir derechos humanos era trabajar casi en solitario. El gremio vivió una de sus peores épocas, con reporteros silenciados en sus propios medios, que poco a poco los fueron censurando por los convenios de publicidad.
Algunos medios dieron cobertura a víctimas en algunos lugares, como en Juárez, pero no dimensionaron el nivel de corrupción que imperaba en el gobierno, que saqueó el estado.
Miroslava Breach meditó acerca de esa situación y se acercó a mí para analizarla. Hablamos de la Sierra Tarahumara y lo que encontrábamos cada vez que íbamos a reportear. Ella conocía sobre todo la zona de Chínipas y los municipios aledaños, en tanto que yo viajé principalmente a Urique, Uruachi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guachochi y Bocoyna.
Ella era originaria de Chínipas y le preocupaba ese municipio. Conocía a cada víctima obligada a huir, que desaparecía o que era asesinada. Desde entonces compartimos información para acompañarnos y hacer un poco más de fuerza, conseguir más impacto en nuestras denuncias periodísticas.
Nuestros reportajes sobre precandidatos ligados al narcotráfico se publicaron el 4 de marzo. La Jornada tituló el suyo “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, y este semanario anunció: “En el proceso electoral de Chihuahua, el narco infiltra al PRI”.
Tanto Miroslava como yo buscábamos información sobre candidatas en la sierra, porque la ley obligaba a los partidos a postular obligatoriamente al 50% de mujeres. Ella se encontró algunos candidatos cuestionables y yo otros. Me tocó reportear municipios de la Tarahumara y del noroeste, por el proceso electoral y otros temas. Al regresar, nos reunimos para compartir los resultados de nuestra investigación. Cada quien publicó su texto en su medio.
El único municipio del que llegaron amenazas fue Chínipas. La primera fue inmediata, a través de mensajeros de allá. Supe por lo menos de otra en agosto de 2016, cuando Miroslava habló de eso con el entonces gobernador electo Javier Corral, como ella me comentó. La última ocasión que conversamos al respecto fue en febrero pasado. Las amenazas continuaban. Ese día desayunamos juntas. Teníamos otro tema en puerta y compartimos datos sobre jefes de policías municipales relacionados con el narcotráfico. Ella publicó primero su reportaje en La Jornada: “Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua”.
Después del asesinato de Miroslava, Proceso publicó el resultado de mi trabajo de una semana antes en seis municipios que estrenaban mando único de la policía estatal: “La Tarahumara, campo de batalla” y “Policías con historial de infiltración” (Proceso 2108).
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