El Comisionado Nacional de Seguridad analiza la situación del país en el año con más asesinatos del sexenio de Enrique Peña Nieto
JAVIER LAFUENTE
El País, México 13 ENE 2018
Renato Sales, durante la entrevista. DANIEL VILLA
El final del sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente de México está teñido de sangre. El número de asesinatos ha llegado a los límites de 2010 y 2011, los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico iniciada por el entonces presidente, Felipe Calderón. La atomización de los carteles, especialmente tras la detención y posterior extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, ha disparado el número de homicidios dolosos. Un reguero de muertes al que el Gobierno no logra poner freno.
“Hay mucho por hacer, pero no estamos en el peor de los mundos”, trata de paliar Renato Sales (Campeche, 1963), que desde agosto de 2015 dirige la Comisión Nacional de Seguridad, encargada de realizar las principales estrategias de la política de seguridad del Gobierno. Un organismo creado por Peña Nieto, que depende de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Miguel Ángel Osorio Chong, renunció al cargo el miércoles para tratar de llegar al Congreso tras fracasar en sus aspiraciones de ser el candidato presidencial del PRI. La entrevista se celebra un día antes, a última hora del martes, en el despacho de Sales.
Pregunta. A falta de conocerse los datos oficiales, 2017 va a cerrar como el año más violento del sexenio. ¿Cómo explica este aumento?
Respuesta. Es el año que va a cerrar con el número más alto de homicidios dolosos, no necesariamente el más violento. Eso hay que tenerlo claro. Lo digo con apoyo en lo que nos sucedía entre 2010 y 2012. Entonces había un grupo especialmente violento, Los Zetas, que pretendían apoderarse de los municipios por el terror, aterrorizaban a la sociedad civil. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Enfrentamientos entre carteles dispersos, fracturados. Entre el Cartel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación… Peleando por mercados salvajes, particularmente de opiáceos: heroína, fentanilo y también cocaína. ¿Por qué se está dando una demanda de opiáceos como la de ahora? Durante muchos años en Estados Unidos se vendieron libremente. Cuando se dieron cuenta de que los mecanismos para paliar el dolor habían creado una cantidad de adictos, empezaron a tratar de controlar a las clínicas, pero ya había muchos adictos. Si alguien consume una pastilla de oxicodona y necesita más, ¿dónde las encuentra?, ¿dónde las busca? En el mercado negro. Eso ha propiciado que, sobre todo en la sierra de Guerrero, se produjese más amapola. ¿Y qué recibimos nosotros de Estados Unidos? Cada vez más armas.
P. ¿El aumento de los homicidios dolosos solo se explica por la atomización de los carteles? Da la impresión de que el Estado está perdido.
R. Eso es muy maniqueo. Uno de los puntos que tenemos que evitar en estas discusiones son las posturas maniqueas, de si se triunfó o se fracasó. Es un proceso complejo. Con factores internos, de inestabilidad política, cambio en más de 22 administraciones, falta de seguimiento en políticas públicas… Y policías frágiles, muy frágiles. Hay 1.800 policías municipales para más de 2.400 municipios. Hay municipios con 10 policías y dos patrullas, que ganan 5.000 pesos al mes, que nunca dieron un curso para manejar un arma o conducir una patrulla… Tenemos una torre de babel procesal: el juez responsabiliza al fiscal, el fiscal al policía, los policías al fiscal…
P. ¿Qué autocrítica hace?
R. Una de las grandes preguntas es por qué México no ha sabido construir policías locales, ministerios públicos y peritos sólidos, confiables y con perspectiva de futuro. No se ha sabido formar una buena policía porque no se ha sabido reconocer. No la puedes formar si partes del desprecio constitucional. Hay que reconocer que debe modificarse la constitución para dotar de perspectivas de futuro a la carrera policial y conferir, si no más derechos, al menos los mismos a aquellos que son operadores en la justicia penal, fiscales y policías.
P. ¿Por dónde hay que empezar a atajar la violencia?
R. Hay que empezar por los cimientos. ¿Cómo lo hizo Bogotá, con Antanas Mockus o Medellín, con Sergio Fajardo? Es justicia cívica, cultura de legalidad. Ese primer gesto de respeto por la ley que implica ser capaces de vivir en comunidad. Yo no tiro basura enfrente de mi vecino no solo porque hay un policía vigilando, sino porque no es prudente tirar basura en la casa del vecino. No disparo a la luminaria que está en el parque, enfrente del cajero automático, porque sé que es necesaria para que la gente esté medianamente segura. Como dice el refrán, al ladrón lo hace la ocasión. Hay que cerrar las puertas a oportunidades delictivas. A eso se vinculan diferentes puntos, algunos olvidados, como tener controlado el sistema penitenciario. O las faltas administrativas. Un ejemplo correctamente implementado que ha salvado muchísimas vidas es el alcoholímetro. Hay arresto inconmutable, que permite que esa persona no conduzca y se mate o mate a alguien.
P. Pero esto no es comparable con, por ejemplo, el periodista de El Universal que asesinaron la pasada semana cuando le intentaron robar.
R. Sí, son casos distintos. Quizás si hubiese estado la zona suficientemente iluminado, si hubiese cámaras, igual piensan: “Aquí no le disparo”. Después de la justicia cívica, está la seguridad pública. Hablaríamos de seguridad nacional, trafico de armas, lavado de dinero.
P. Si el mayor número de homicidios dolosos responde a esa guerra contra el crimen organizado, a esa atomización de los carteles, ¿qué es lo más complicado de atajar?
R. Lo primero que se abandonó en esta Administración fue esa noción de guerra contra los delincuentes. Los delincuentes no son enemigos, los delincuentes son delincuentes. El enfrentamiento entre grupos es lo que ha generado una incidencia creciente vinculada a la delincuencia organizada. Pero la presencia de armas, provenientes mayormente de Estados Unidos, ha facilitado las conductas violentas. Antes si asaltaban a alguien en un cajero le hacían la llave china, pero no lo mataban. Ahora conseguir un arma de fuego es mucho más sencillo. Creo que lo que tenemos que hacer es una política pública sobre las armas de fuego e insistir a Estados Unidos en que esta tiene que ser compartida.
P. Los municipios culpan a los Estados, los Estados al Gobierno, el Gobierno a los Estados… ¿Por qué no hay una política de Estado a este respecto?
R. Sí la hay. Ha habido muchísima mejor coordinación en esta administración que en otras. Yo no creo que haya fracasado. Las comparaciones son siempre odiosas, pero vayamos a otros países. Colombia, con todo lo que ha hecho, tiene una incidencia mayor de homicidios. No se diga Brasil… Hay mucho por hacer, pero no estamos en el peor de los mundos.
P. En el caso de Colombia, aunque haya más homicidios, la sensación es que el Estado está más presente que en México.
R. Porque hay un manejo mediático diverso. Hubo un gran acuerdo con los medios de comunicación. Una de las condiciones que puso la narcoguerrilla para negociar fue que se dejara de fumigar la planta de coca. Eso implicó una enorme producción de coca. Esa coca que antes llegaba de vía marítima a Florida, ahora llega por México.
P. ¿Cree que entonces la culpa es de los medios de comunicación?
R. No, a la inversa. Lo que se logró en Colombia fue un gran acuerdo con los medios, que habría que emprender en México para que la nota roja regrese a su lugar.
P. ¿Cómo definiría la situación de la violencia en México?
R. Muy compleja. No se ha abordado lo suficiente la ausencia del reconocimiento de la importancia de la vocación policial, de la formación policial y del respeto de los derechos de los policías. Si rodeas de incentivos perversos la acción policial, ministerial, pericial, no puedes pedirles que actúen como lo hacen en el primer mundo. Busque una constitución que trate así a sus fiscales, a sus policías y a sus peritos. Ni la de Corea del Norte.
P. Desde enero, California, fronteriza con México, se ha convertido en el gran mercado legal de marihuana en todo el mundo. ¿Se debe retomar el debate sobre la legalización de las drogas?
R. Yo creo que el debate continúa…
P. Entonces, ¿se debe avanzar?
R. Hay cuestiones que poco se conocen. Los tres tratados internacionales que regulan la materia permiten por ejemplo que los opiáceos puedan cultivarse para usos médicos y científicos. Que pueda cultivarse la planta de cannabis. Hay que entender que es un tema de salud. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Ellos reconocen que tienen un problema epidémico. Yo creo que lo deberían tratar como un tema de salud…
P. Pero vayamos al caso de México.
R. Por supuesto que debe retomarse este debate. Es fundamental. Buena parte de la incidencia delictiva de estos mercados salvajes tiene que ver con la prohibición. No creo que sea un tema que exclusivamente deba tratarse a nivel nacional.
P. ¿Qué le parece la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de otorgar amnistía a implicados en casos de narcotráfico?
R. No vamos a opinar sobre juicios de precandidatos o candidatos. Somos autoridad. Junto con el INE tenemos que generar condiciones para que se pueda emitir el sufragio, así que lo mejor es reservar nuestra opinión
P. ¿Cuál es el mayor riesgo de seguridad en estas elecciones?
R. No hay riesgos desbordados, pero hay que prevenir que no se generen incidentes violentos en algunas zonas del país con presencia de delincuencia organizada.
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