Huachicoleo a escala multimillonaria Dentro de Pemex, toda una "industria paralela”/

Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Huachicoleo a escala multimillonaria Dentro de Pemex, toda una "industria paralela”/
ANA LILIA PÉREZ
El huachicoleo –robo de hidrocarburos– no es un fenómeno nuevo. Fue detectado desde el gobierno federal hace al menos dos décadas y no tiene que ver sólo con las bandas del crimen organizado, tan de moda estos días: es también un delito institucional y de cuello blanco en el que participan trabajadores de todos los niveles de la paraestatal petrolera, sindicalizados o de confianza. Es una “industria” tan bien aceitada y funcional que no es exagerado hablar de un “Pemex paralelo”. La siguiente investigación revela su extensa trama.

El mercado negro de hidrocarburos es una industria paralela dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace más de dos décadas. Empezó como robo hormiga de los trabajadores y luego se robusteció hasta ser una estructura que desde las entrañas de las instalaciones petroleras involucra a empleados sindicalizados y de confianza, contratistas, empresarios gasolineros, industriales, ordeñadores de ductos, transportistas, capitanes y tripulaciones de barcos…
Todos ellos operan en estructuras que hacen posible la sustracción ilegal y venta de hidrocarburos estimada actualmente en más de 9 millones de litros cada 24 horas (600 pipas de 15 mil litros), que significan alrededor de 200 millones de pesos diarios.
En los 25 estados donde hay instalaciones petroleras, así como en aguas del Golfo de México que albergan las principales instalaciones costa afuera, hay tres grandes modalidades de sustracción: de manera directa de refinerías y terminales de almacenamiento y reparto (TAR) se sustraen embarques en las mismas pipas que Pemex contrata para transportar los refinados; vía marítima, en barcos que transportan los refinados de la paraestatal y en embarcaciones vinculadas directamente con el trasiego ilegal de combustible de Tamaulipas a Ciudad del Carmen; y mediante toma clandestina.
Son las dos primeras con las que se sustrae el mayor volumen de refinados. El gobierno federal estima que 80% del robo se hace directamente dentro de la paraestatal.
Para el robo mediante pipas –que se realiza directamente de cada una de las seis refinerías de Pemex y de las TAR– se utilizan la doble o triple facturación y facturas apócrifas o clonadas.
El modo de sustracción es el siguiente: para que los camiones pipa sean cargados con la cantidad precisa que solicita el comprador legal (gasolinero o distribuidor), el chofer debe llevar consigo una factura emitida por el área de venta. Ese documento debe mostrarlo primero al portero checador, luego al operador de las bombas en las que cada camión hace fila para que el despachador llenador surta su embarque.
Pero con una misma factura o con facturas clonadas, el chofer carga y descarga varias veces. Su entrega final ya no es con el comprador “legal” sino con la gasolinera con la que se pactó la entrega. En esta modalidad se puede cargar dos y hasta tres veces con la misma factura, sustrayéndose de 15 mil y hasta 30 mil litros en una sola carga.
Aquí hay complicidad entre el chofer de pipa, el portero checador, el despachador y los compradores. Todos son puestos sindicalizados con una excepción: la autoridad máxima en una TAR es el superintendente, puesto de confianza.
La sustracción directa de refinados involucra el delito de cuello blanco, como la alteración de procesos contables o la aceptación de facturas apócrifas, porque en esta modalidad el robo o fraude se puede iniciar desde las áreas de proceso de producción, es decir desde las refinerías: cada planta tiene un volumen de crudo o materias primas que recibe y que procesará según la capacidad de cada planta. Son cifras que deben cotejarse con lo que se envía por ducto, pipa o carro tanque a las terminales de almacenamiento y producción.
El volumen reportado como recibido debe coincidir con el producido y con el que fluye por los ductos, y debe cuadrar también con el que se suministra a las estaciones de servicio y gasolineras.
Lo que ocurre en realidad es que se maquillan las cifras de materias primas recibidas registrándose siempre cantidades menores, así se puede sustraer refinado sin que quede huella de su existencia, o registrándolo también como “merma”.
Por vía marítima
Esta modalidad de ordeña de cuello blanco, que operaba desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue detectada entonces por auditores internos que desarrollaron el llamado Proyecto Piloto Santa Catarina, precisamente para identificar el robo de combustible y su mercado negro, entonces en ciernes. 
“Cuando expusimos la magnitud del problema y las complicidades, la respuesta fue despedir a los auditores o transferirnos a otras áreas”, recuerda Marco Antonio Díaz Tobías, el responsable de ese proyecto, entrevistado por este semanario.
Así, dice, se dejó crecer el problema, hasta que hoy, explica, “el mayor punto de riesgo son los volúmenes que se reciben, ingresan y movilizan por buque en las terminales marítimas, porque hay muchas deficiencias de control de esos volúmenes y cuando se hacen auditorías contables se maneja como ‘merma’ o tolerancia por medición”.
En efecto, el robo vía marítima es la otra modalidad de sustracción de hidrocarburos, menos conocida pero que en la última etapa de la administración de Peña Nieto cobró auge.
La sustracción se hace tanto de los buques tanque que transportan para Pemex los petrolíferos importados o exportados, como mediante barcos que se utilizan directamente para que de las refinerías o terminales se les abastezca de hidrocarburo ordeñado. 
La modalidad creció tanto que actualmente el área de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) tiene bajo investigación a 90 barcos, “sospechosos de trasiego de combustible”, con la instrucción de que deben ser inspeccionados en el mar, y que particularmente “usan facturas apócrifas”, según un informe de inteligencia clasificado “confidencial”, fechado en agosto pasado, al que tuvo acceso la reportera.
Se trata de barcos que hacen trabajos en la industria petrolera, también de cabotaje e incluso embarcaciones pesqueras.
La instrucción es ubicarlos antes de que zarpen o interceptarlos en altamar para revisar sus documentos, y sobre todo las facturas que podrían ser apócrifas o “clonadas”. 
También está bajo investigación personal de Pemex que labora en la refinería de Ciudad Madero, pues es ésta el punto principal de la paraestatal desde el que se estarían abasteciendo los cargamentos ilegales que se llevan de la terminal marítima de Tamaulipas a Ciudad del Carmen para de allí redistribuirse.
Se habla de volúmenes de sustracción de entre 600 mil y 800 mil litros de refinados por embarque robado.
Todo ello ocurre pese a que las aguas del Golfo de México son consideradas también zonas de seguridad, y que las instalaciones de Pemex tienen un perímetro de restricción de hasta 49 kilómetros para las embarcaciones ajenas a la industria petrolera, y oficialmente solamente tiene acceso a ellas el personal de la paraestatal y de las contratistas, además de la Semar y capitanías de puerto. 
Tomas clandestinas
Según las estimaciones presentadas por el gobierno federal, del combustible que se le roba a Pemex, 20% se sustrae mediante tomas clandestinas.
Este robo detonó a partir del sexenio de Vicente Fox, con una frecuencia de casi una toma clandestina diaria. Pero fue en el de Peña Nieto cuando se desbordó hasta llegar, este año, a más de 40 tomas por día, con mayor incidencia en Puebla, Hidalgo y Guanajuato. 
Sólo que en Pemex no son tan “clandestinas”: el sistema de ductos es monitoreado en tiempo real en el llamado Sistema Scada (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), en el cual se observa el estado de una línea de ducto, el flujo, la presión y temperatura.
Desde las seis refinerías se bombea el flujo de petrolíferos. Cuando en un ducto baja el mismo, un detector envía la señal que indica que hay sustracción mediante toma clandestina. 
Lo que significa que en tiempo real, en toda la red, las tomas clandestinas son detectables.
En esta modalidad de robo hay responsabilidad desde la Gerencia de Ductos; en cada sector hay un jefe, jefe de operaciones, jefe de mantenimiento, ingenieros de línea, supervisor, jefe de estación de bombeo, supervisores de instrumentación y control, todo personal sindicalizado, salvo el gerente.
Un puesto clave en este rubro es el de técnico especialista en perforación (operadores de tapping machine o roscadora); para el que se requiere conocimiento técnico y de los equipos con que cuenta Pemex. También es personal sindicalizado.
Para la instalación de tomas clandestinas se suele recurrir a este personal para que las hagan “profesionales”. Por realizar una de estas tomas, un tapiñero puede cobrar de 50 mil a 150 mil pesos por una instalación que puede desconectarse o conectarse de manera permanente.
En la llamada “conexión en caliente”, un grupo se encarga de la perforación o la instalación de la toma, que puede ser directamente el tapiñero; luego se telefonea a los grupos que llegarán al ducto a “cargar” gasolina. En las zonas rurales los policías municipales suelen cobrar una cuota por dejar entrar a los huachicoleros a cargar de la toma que el tapiñero habría hecho.
Negocio trasnacional 
Desde el sexenio de Felipe Calderón el robo de hidrocarburos se convirtió en negocio trasnacional de grupos como Los Zetas, que en colaboración con empleados de Pemex sustraían condensado de gas en la Cuenca de Burgos para comercializarlo con petroleras de Estados Unidos en embarques transferidos vía marítima a través de Puerto Isabel, Texas, y terrestre, por Nuevo Laredo y Reynosa.
En esta modalidad de ordeña, además de los empleados de ductos y pozos de Pemex se involucraron también los militares encargados de la vigilancia en la zona.
Reportes internos hechos por militares a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, a los cuales tuvo acceso la reportera, describían ofrecimientos de hasta 50 mil pesos que Los Zetas les hacían para dejarlos operar la ordeña en la Cuenca de Burgos.
En Cortes estadunidenses, numerosas empresas se declararon culpables de comprar ese hidrocarburo ordeñado principalmente por Los Zetas.
Hoy Los Zetas siguen en el negocio, que se disputan con grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Gente Nueva.
Robo al consumidor
Gran parte del combustible robado a Pemex suele comercializarse en algunas de las 12 mil 141 gasolineras legales que hay en el país. También usan la gasolina rebajada con otras sustancias, llamada combustible alterno o genérico.
Pero además, en las gasolineras opera la colocación de diablitos en las bombas de suministro, que se programan para que al consumidor se le surtan cantidades menores a las que marca el contador.
La reforma energética de Enrique Peña Nieto, que impulsó la liberalización del mercado de refinados, contribuyó al mercado negro de combustible al liberar el precio y facultar a particulares a importarlo y exportarlo. Avivó el mercado negro de los hidrocarburos.
Lo anterior pese a que el gobierno tenía dos indicadores clave para detectar gasolineras que comercializan combustible robado: que disminuyera sus compras a Pemex o de plano dejara de comprarle, lo que indicaba que lo que vendía era robado.
Sindicalizados
Muchos de los empleados de Pemex que colaboran en la sustracción ilícita de hidrocarburos –desde el chofer de pipa hasta quienes son clave en la logística para el transporte– son personal controlado por el sindicato petrolero. En la presentación de su plan contra el huachicol, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de áreas y zonas controladas sólo por trabajadores sindicalizados.
En las instalaciones de Pemex, de Cadereyta, el Golfo y otras regiones son donde sólo los trabajadores sindicalizados controlaban accesos, y tienen también ductos que durante la última década han registrado alta incidencia en tomas clandestinas.
En la reestructuración de la paraestatal que hizo Emilio Lozoya (director entre 2012 y 2016), la entonces creada Pemex Logística agrupó todo el transporte de hidrocarburos, desde su tratamiento y logística primaria, su transporte por ducto, almacenamiento, el transporte por autos tanque, buques tanque, carros tanque, que incluye transacciones comerciales y servicios portuarios. 
Es decir que se volvió un área clave de la petrolera. Hoy es una de las principales bajo investigación de la coordinación del gobierno federal que indaga la participación de personal en el huachicoleo.
Los trabajadores de Pemex Logística tienen a su cargo 17 mil 364 kilómetros de ductos mediante los cuales se transportan petrolíferos y petroquímicos. Además, nueve estaciones de compresión, 56 de bombeo, 16 buques tanque, 75 embarcaciones que comprenden la flota menor, 3 mil 577 autos tanque y 511 carros tanque.
A su albedrío abrían y cerraban las válvulas permitiendo la sustracción del hidrocarburo. Derivado de ello tres funcionarios fueron removidos de su cargo y la investigación en su contra –y de otros de esa misma área– están en curso, confirman auditores de la petrolera.
* Periodista freelance, autora, entre otros libros, de El cártel negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex.
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Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Complicidad verde olivo/ANA LILIA PÉREZ...
Integrantes de las Fuerzas Armadas –institución que se encargará de la vigilancia de las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, también han participado en el robo de combustible.
No es la primera vez que se involucra a soldados en la vigilancia de Pemex. En el gobierno de Vicente Fox, la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) fue integrada básicamente con militares y exmilitares. Esta gerencia dependía de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, que es a su vez la segunda división más importante en el organigrama directivo, sólo por debajo de la Dirección General. 
Así, durante el sexenio del panista, miembros de las Fuerzas Armadas recibieron la encomienda de vigilar ductos y otras áreas estratégicas de Pemex, como los accesos a las refinerías. Sin embargo, ello no fue garantía de que se combatiera el huachicoleo e incluso, de que no se involucraran en él.
Según informes internos de la GSSF –a los que tuvo acceso la reportera–, militares se vincularon en ofrecimientos económicos de grupos como Los Zetas para permitirles la ordeña directa en refinerías, de tomas clandestinas y de pozos de gas en la Cuenca de Burgos. También querían controlar a los ordeñadores y comenzar a cobrarles derecho de piso.
En 2011 el libro El cártel negro –de esta reportera– documentó que 44 empleados de la GSSF, donde laboraban militares y exmilitares, habían sido despedidos por su vinculación –por acción u omisión– en el robo de hidrocarburos. Por la Ley de Transparencia, Proceso solicitó saber quiénes eran esos empleados, pero Pemex decidió “reservar” sus nombres 12 años, por lo que no será hasta 2023 cuando se puedan conocer sus identidades.
Además, esos ofrecimientos económicos por parte de la delincuencia fueron registrados por los propios militares integrantes de la GSSF en las bitácoras que elaboraron sobre su día a día en las instalaciones de Pemex. 
Una versión pública de esas bitácoras –que abarcan el periodo de 2001 a 2011, es decir, durante los gobiernos de Fox y Felipe Calderón– se obtuvo mediante la Ley de Transparencia. 
Es ilustrativa la que se emitió el 29 de noviembre de 2007: los militares escribieron que un comando armado los interceptó cuando patrullaban San Pedro de las Colonias, en Coahuila. “Nosotros también fuimos gafes y aquí también traemos un kaibil”, les dijeron.
Los militares especiales, como se les denomina en Pemex, narraron que tras ofrecerles un fajo de dinero –que ellos dijeron haber rechazado–, les indicaron que estaban ordenando la plaza y controlando a los tapiñeros.
En ese periodo hubo incidentes similares en toda la Cuenca de Burgos y la región de Veracruz, según documentan las bitácoras.
La estructura original de Los Zetas, formada por exmilitares o militares en reserva, como Heriberto Lazcano Lazcano, se encargaba de coordinar el robo y comercialización de combustible a Pemex mediante lo que llamaron La Compañía, en la que también participaban los hermanos Treviño Morales.
La vigilancia de las instalaciones estratégicas por parte de las Fuerzas Armadas es uno de los dos ejes de la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible e involucra a 4 mil efectivos del Ejército y la Marina desplegados en 58 áreas, que incluyen seis refinerías, 12 estaciones de rebombeo, 39 centros de distribución y un centro de control.
La estrategia contra el huachicoleo –que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el jueves 27– involucra a 15 dependencias del gobierno federal coordinadas por la Secretaría de Gobernación. 
A la Secretaría de Hacienda (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria les tocará combatir el delito en materia fiscal, que resulta un punto clave ya que buena parte del mercado ilegal de hidrocarburos se opera mediante facturas y documentación apócrifas.

Un día después de expuesto el plan, la unidad antilavado de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto, dio a conocer que presentó ante la Procuraduría General de la República la primera denuncia relacionada con operaciones de comercialización de combustible robado y lavado de dinero.
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Intervención militar, eje de la estrategia contra el saqueo/
VERÓNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018

Las cifras son de escándalo: en los últimos tres años fueron robados en Guanajuato 13 millones y medio de litros de combustible de los ductos de Pemex. Además de significar una sangría económica para el país, la “industria” del huachicol es la causa principal de la violencia en el estado, que termina el año en primer lugar de homicidios dolosos, pues la “ordeña” de hidrocarburos enfrenta a los cárteles de Jalisco y de Santa Rosa. La solución propuesta por el gobierno federal consiste en la intervención directa del Ejército contra los huachicoleros.

GUANAJUATO, Gto.- Además de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, la estrategia presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir en este estado el robo de combustible incluye puntos estratégicos en otros tres municipios: León, Irapuato y Celaya.
Aquí será el Ejército el responsable de la intervención planeada por el gobierno federal, como confirmó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tras reunirse el jueves 27 con el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo; el encargado de despacho en la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz; y el titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. 
Este año Guanajuato ocupa el tercer lugar en el número de tomas clandestinas detectadas para la extracción ilegal de combustible.
De 2014 a 2016 el panorama en cuanto a robo de combustible en Guanajuato creció vertiginosamente; pasó de menos de una veintena de tomas para la “ordeña” ilícita a miles de perforaciones, lo que las autoridades estatales achacan principalmente a la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) y entre el personal de instalaciones como la refinería Antonio M. Amor, definida como “emblema” de la paraestatal por el gobierno federal.
A principios de 2017 el entonces comandante de la Decimosexta Zona Militar, general Arturo Velázquez Bravo, en una amplia explicación a la prensa sobre la aparición de las tomas clandestinas en numerosos puntos del estado, se quejaba de que la paraestatal no informaba sobre “cuánto produce, cuánto manda y cuánto se le pierde en el camino”.
En esa ocasión Velázquez Bravo también apuntaba a José Antonio Yepes, El Marro –de la comunidad de Santa Rosa de Lima– como uno de los principales responsables de la “fiebre” de robo de combustible, y refería los antecedentes que desde al menos ocho antes tenía la Procuraduría estatal sobre este personaje, sus propiedades y operaciones en el huachicoleo y otros delitos.
“Jalan una manguera enterrada hasta de 2.6 kilómetros a un bodegón. En dos años hemos hallado más de 20 tomas de este tipo. La mayoría de estas tomas son de un tal José Antonio Yepes de la Cruz, un tal Marro, entre Celaya y Salamanca, donde se mueve este tipo.
“Al mes, 1 millón y medio de litros los lleva con una toma, nada más él; obvio, también las hay, pero menos, para (el rumbo de) Yuriria. La procuraduría dice que tiene como 100 propiedades vinculadas con este tipo. Igualmente la violencia tiene que ver con él”, declaraba Velázquez, quien definía al Marro como el “principal objetivo” en el estado, aunque se deslindaba de la labor para su captura:
“El trabajo del Ejército no es detenerlo, (aunque) si nos lo topamos, pues lo detenemos…”
En 2017, entrevistado sobre este “principal objetivo”, el procurador estatal, Carlos Zamarripa, dijo a Proceso que ya se tenía una orden de aprehensión en su contra. 
“No voy a dar más datos por obvias razones”, declaró a la reportera, aunque negó que la dependencia tuviera conocimiento desde hacía ocho años de las operaciones de Yepes.
Para el gobernador Rodríguez Vallejo “la caída de un cártel y el fortalecimiento de otro” fue otro factor determinante que detonó el huachicoleo a gran escala, además del tema interno de Pemex, que fue planteado desde el sexenio de su antecesor, Miguel Márquez, y que incluso ocasionó reclamos públicos de éste al entonces director de la paraestatal, José Antonio González Anaya.
Rodríguez Vallejo se refería así a la incursión arrasadora del Cártel de Jalisco Nueva Generación que, como señalaron los mandos militares, pelea a sangre y fuego el control delictivo territorial contra el denominado Cártel de Santa Rosa, del Marro.
El gobierno estatal le apuesta a la reducción de la violencia –particularmente de los homicidios dolosos– como resultado de la estrategia anunciada por López Obrador el jueves 27; así lo dijo Rodríguez Vallejo unas horas después del anuncio presidencial, en un mensaje a los medios.
Por lo pronto, el jueves 27 al menos 15 personas fueron asesinadas en el estado, la mayoría en Salamanca e Irapuato, ciudad ésta en la que más tomas clandestinas se registran, según los datos de la Defensa Nacional.
El estado de Guanajuato cierra el año en el primer lugar de homicidios dolosos, así como en asesinato de mujeres y de menores de 18 años.
13 millones y medio de litros
La Policía Federal (PF) refiere en un reporte –que concentra información de 2015 a la fecha– que sólo en ese periodo se multiplicó exponencialmente el aseguramiento, en las carreteras federales que cruzan por el estado y que son vigiladas por la corporación, de vehículos con combustible cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.
Si en 2015 la PF decomisó poco más de 1 millón y medio de litros de combustible en las carreteras de jurisdicción federal en Guanajuato, al año siguiente el número creció a 2 millones 429 mil litros.
En 2017 la cantidad casi se duplicó, al alcanzar 4 millones 518 mil litros. Y de enero a noviembre –mes en el que corta el reporte de la PF– iban decomisados más de 5 millones de litros.
En total, entre 2015 y noviembre de 2018 la PF había asegurado 13 millones y medio de litros de combustible sólo en territorio guanajuatense.
En la revisión mes por mes del reporte de la PF hay picos estratosféricos: los meses con los decomisos más altos fueron noviembre de 2015, con casi 374 mil litros; enero de 2017, con 389 mil litros; septiembre de 2017, con casi 480 mil 700 litros; octubre de 2017, con 713 mil; y noviembre de 2017, con 986 mil litros.
De 2018, enero y febrero fueron los meses con los aseguramientos más abundantes. En el primer mes se reportan 852 mil 500 litros, y en el segundo, casi 1 millón 104 mil litros.
La misma corporación dio a conocer que, en el año que termina, 236 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal por robo de hidrocarburos en el territorio estatal; 44 de ellos sólo en febrero, cuando más litros de combustible se decomisaron en las carreteras de jurisdicción federal en Guanajuato.
El informe también incluye las armas que los policías federales decomisaron: 284 cortas y 84 largas entre 2016 y noviembre de 2018.
Poco antes de dejar la coordinación estatal de la PF –el pasado noviembre–, el comisario Miguel Ángel Simental explicó a la prensa que los huachicoleros modificaban los medios de transporte para trasladar el combustible robado, pues pasaba de usar tráileres, tolvas con tanques hechizos cubiertos de tierra o grava y camiones con remolques, a vehículos de mediano tamaño, como camionetas de redilas y, más recientemente, automóviles compactos y hasta taxis, incluyendo los que operan mediante plataformas digitales. 
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Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Compromiso gubernamental: mano dura, "caiga quien caiga”/EMMANUEL CARRILLO
Ante un tema, el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador este año ha representado pérdidas por al menos 66 mil millones de pesos, el gobierno federal emprendió una política de cero tolerancia ante lo que considera “un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior”.
Al respecto, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero, dice enfático: “Caiga quien caiga”.
“Las indagatorias por colusión en el robo de combustible van dirigidas a todas aquellas personas, sin importar su nivel de mando, que atenten contra el patrimonio de Pemex”, apunta Gertz en entrevista.
Se le abrirá carpeta de investigación “a cualquier persona que realice cualquier acción en contra del patrimonio de Pemex. Este es un caso de muchos, llama la atención por el volumen de combustible que se extrajo durante tanto tiempo”, afirma.
Las investigaciones van “tope a quien tope, siempre y cuando tengamos las pruebas. Las investigaciones tienen que ir sólidas, las consignaciones deben estar bien hechas (…) para que no se pierdan los casos”, sostiene. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente que el robo de combustibles a Pemex representó este año pérdidas por al menos 66 mil millones de pesos, por lo que su gobierno emprendió la aplicación de una política urgente de cero tolerancia ante dicha práctica, teniendo como premisa que el robo se gesta desde el interior de la institución. “Es un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior”, ha dicho el mandatario. 
“Se robaban 600 pipas de 15 mil litros cada una y había días de más de mil pipas. Estamos hablando de otra empresa, de un Pemex pirata, dual”, comentó López Obrador.
Cuestionado por los medios respecto a la responsabilidad que pudieran tener los exdirectores de Pemex, López Obrador dijo no ser partidario de la cacería de chivos expiatorios ya que eso es dar pie a la simulación. 
“(Vamos a ir) empezando desde arriba (…) si no, sigue la simulación. ¿Ustedes creen que un director de Pemex actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país un negocio jugoso, ilícito, siempre lleva el visto bueno del presidente, lo mismo en los estados. ¿Para qué echarle la culpa nada más al de obras públicas?”, añadió.
Monitorear la presión
En entrevista con Proceso, Gertz Manero detalla que para las áreas estratégicas –que incluyen refinerías y están siendo intervenidas por fuerzas federales–, se tiene un plan de acción, uno de cuyos principales objetivos es el monitoreo de la presión de los ductos que transportan hidrocarburos. 
“La estrategia de este proyecto está hecha con el director de Pemex y el gabinete de seguridad. El diseño fundamental es el del director de la empresa”, afirma. 
“Hay un sistema de verificación que dice en un panel dónde se está robando el hidrocarburo. Partiendo de ese principio se determinó trabajar desde adentro, donde se sabe del robo”, abunda. 
Refiere que desde el viernes 21, la actual dirección de Pemex, encabezada por Octavio Romero Oropeza, emprendió una estrategia, que involucra a un grupo de técnicos de confianza de la empresa, para revisar los sistemas de verificación de presión de los ductos a fin de detectar anomalías y, en su caso, omisiones del personal, lo que da paso a la “ordeña”. 
“El día 21 de este mes, el director de Pemex inició una acción coordinada partiendo del principio de que esta extracción del combustible en los ductos no podía llevarse a cabo si no había una complicidad en algunos sectores internos de la institución, sobre todo de las áreas de logística, que son las que manejan el transporte de los combustibles”, explica. 
–¿Qué resultados han arrojado esos peritajes? –se le pregunta.
–Se encontró que personal de verificación de Pemex fue omiso en reportar la baja de presión en un ducto –no especificó cuál– y ello provocó la pérdida de hidrocarburos durante un largo periodo. 
“Los días 21 y 22 de diciembre los técnicos vieron con toda claridad que en un ducto había una fuga que se debió detener por reglamento… no se hizo y dejaron que el ducto se ordeñara durante ocho horas. No era la primera vez que pasaba, pero era la primera vez que se tenía la prueba”, explica. 
“Parece que en esas áreas, en las administraciones anteriores, no se hablaban entre sí o lo que se hablaba se quedaba en el vacío.” 
Por estos hechos la PGR abrió carpetas de investigación contra un grupo de personas por su presunta participación en el huachicoleo.
“En ese momento, los técnicos levantaron las actas administrativas correspondientes y se las hicimos llegar al Ministerio Público; éste actuó de inmediato. Esas son las carpetas de investigación que hemos empezado a integrar ya con todos los datos, los testimonios, credenciales, todos los elementos que se van teniendo que presentar en una carpeta de investigación en las que ya hay un grupo de presuntos responsables”, añade Gertz Manero. 
El funcionario indica que sólo se esperan las conclusiones de los estudios para proceder contra los presuntos responsables y fincarles responsabilidades penales. 
“En este caso lo único que estamos esperando son todos los dictámenes técnicos, todas las diligencias internas y externas, y una vez que tengamos eso (vamos a) convocar y citar a los presuntos y declararlos.”
Gertz abunda: dentro de las acciones que realiza la PGR está la de mandar a agentes del Ministerio Público especializados en dichos delitos a los puntos estratégicos determinados para el combate al robo de hidrocarburos y no demorar en las pesquisas. Además, dice, se tiene un control acerca de las pipas que salen de dichas áreas y se revisa si cuentan con las facturas que comprueben la legitima procedencia de su carga. 
“(Estamos en) todas las refinerías haciendo la verificación de los ductos, deteniendo las pipas que no llevan las facturas y los documentos que acrediten la legítima procedencia de esos bienes. Estamos trabajando en muchas áreas.” 
“Lo que estamos haciendo es generando también dentro de la institución del Ministerio Público, grupos de agentes que ya conocen de esos casos, que tienen experiencia, que cuando les llegan estos casos los entienden perfectamente para que no se nos retrasen”, señala. 
Gertz Manero refiere que es tarea de todo el gobierno detener el saqueo a Pemex, que a diario genera pérdidas millonarias a las arcas del país. 
En su momento, López Obrador convocó a los trabajadores de Pemex, los concesionarios de gasolineras, compradores, transportistas y a los gobiernos municipales y estatales a no participar en el robo, pues les advirtió que el delito implicará penas de cárcel sin derecho a fianza.
En el plan conjunto para combatir el huachicoleo participan 15 dependencias, entre las que destacan la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad Pública, la de la Función Pública, la del Trabajo, la de Hacienda y la de Energía, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la PGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, ha indicado que junto a la Secretaría de Marina se coordina con Pemex para establecer sistemas de seguridad en 73 instalaciones petroleras.
Destacan instalaciones prioritarias: seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el centro de control México, así como 15 sistemas de distribución.