PALABRA DE LECTOR
Señor director:
En relación con la nota publicada el domingo 21 de abril de este año, titulada “Las deportaciones masivas, buen negocio para un amigo de Peña Nieto” (Proceso 2216), firmada por el reportero Mathieu Tourliere, me permito ampliar los datos relacionados con la licitación que el Instituto Nacional de Migración (INM) hizo sobre el servicio de transporte:
1. A diferencia de años anteriores, en los que la contratación era realizada por adjudicación directa, a partir de este año se han licitado los servicios de contratación, incluyendo el de transportación terrestre.
2. La publicación de la convocatoria para la licitación del transporte terrestre se realizó a través de CompraNet el 19 de marzo de 2019. De manera inicial, se presentaron siete empresas a la Licitación Pública Nacional, resultando ganadora ETN Turistar Lujo SA de CV.
3. La designación de 2018 estableció un monto mínimo de 157 millones 424 mil 656 pesos y un monto máximo de 393 millones 561 mil 641 pesos. En tanto, la designación de 2019 estableció un monto mínimo de 118 millones 68 mil 492 pesos y un monto máximo de 295 millones 171 mil 231 pesos, resultando evidente el ahorro presupuestario logrado este año.
4. El procedimiento anterior permitió ahorrar al Instituto Nacional de Migración entre 40 millones y 100 millones de pesos.
El Instituto Nacional de Migración agradece la difusión de la información adicional.
Atentamente:
Edith Natalia Gómez Quintero
Directora de Comunicación Social
del Instituto Nacional de Migración
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Respuesta del reportero
Señor director:
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el Instituto Nacional de Migración (INM) no sólo otorgó de manera directa y discrecional los contratos para deportar a las personas migrantes: también reservó su contenido, bajo el pretexto –cuestionable– de que se trataba de un asunto de seguridad nacional.
Este año, el INM hizo público el proceso de licitación y el contrato, lo cual muestra una mayor apertura a la transparencia y marca un contraste con la opacidad en la que operó esa dependencia a lo largo del sexenio pasado.
Ahora bien, los puntos que el INM señala en la carta precedente ya se encuentran incluidos en el reportaje que se publicó el domingo 21 de abril en Proceso y respaldan el contenido del trabajo sin desmentir ninguno de sus elementos.
El INM ofrece a nuestros lectores un dato novedoso: informa que el año pasado el gobierno de Peña Nieto gastó hasta 393 millones 561 mil pesos para el retorno de personas centroamericanas a sus países. Ello confirma que, para algunos empresarios, la deportación es un buen negocio.
Atentamente:
Mathieu Tourliere
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