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The New York Times, Sábado, 14/Sep/2019
El miedo que existe en algunos círculos hacia las políticas económicas del gobierno de México es injustificado. En buena medida se debe a temores construidos a partir del discurso radicalizado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no a sus acciones concretas.
En su rol político, AMLO habla de un Estado fuerte y progresivo. Dice que por primera vez en 36 años su plan de desarrollo “no se ajusta a los dictados de los organismos financieros internacionales” y que su gobierno será un mandato popular y social de transformación. Habla de redistribuir la riqueza y critica duramente a la “élite neoliberal [que] se empeñó en reducir el Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones”.
Como gobernante, sin embargo, AMLO tiene un Estado cada vez más pequeño. El paquete económico espera ingresos públicos menores que los de 2019 y, por primera vez desde 2013, presenta reducciones reales en las aportaciones federales a los gobiernos de los estados. El gasto destinado a proveer bienes y servicios a la población será del 16,7 por ciento del PIB, menor que durante 2018, último año del “gobierno neoliberal” (de acuerdo con la clasificación del propio López Obrador).
El AMLO-político habla del “desastre del sistema de salud pública […] resultado de los afanes privatizadores y de los lineamientos emitidos por organismos internacionales copados por la ideología neoliberal”. En los hechos, sin embargo, el AMLO-gobernante solo aumentó el presupuesto en salud en 0,43 por ciento para la población que no tiene un trabajo formal. De hecho, si el AMLO-gobernante quisiera atender el desastre del que habla el AMLO-político, se requeriría un incremento de por lo menos un 66 por ciento.
La más importante y verdadera prioridad de López Obrador es ser económicamente responsable. A fin de preservar los equilibrios macroeconómicos, el gobierno plantea ahorrar 0,7 por ciento del PIB. Esto implica reducir el presupuesto de 16 de los 27 ramos administrativos y cortar la inversión pública en 5,2 por ciento. No hay señal objetiva de un dispendio populista.
Apenas hace cuatro meses, el político aseguraba que su proyecto alternativo económico generaría un crecimiento del 4 por ciento. Pero en documentos oficiales, es distinto: su gobierno ha dejado en claro que el mayor crecimiento que se logrará durante todo su sexenio será del 2,7 por ciento, exactamente lo mismo que estima el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y para este año, pese a las declaraciones del AMLO-político, tanto el gobierno como el FMI estiman un crecimiento del 0,9 por ciento.
Aunque López Obrador sigue asignando recursos a sus proyectos y programas más controversiales, también es cierto que, de manera silenciosa, son recortados cuando no operan bien. A la refinería de Dos Bocas se le redujo el presupuesto un 16 por ciento y el Tren Maya tuvo una reducción del 51 por ciento, pues ahora se planea construirlo con inversión privada. Uno de los programas sociales insignia de AMLO, Jóvenes Construyendo el Futuro, tuvo un recorte del 38 por ciento este año. Y no es el único caso: de los 18 programas prioritarios para el AMLO-político, once presentan reducciones. AMLO-gobernante está, por lo bajo, echando para atrás políticas que han sido difíciles de implementar y está concentrando todo su esfuerzo en dar becas y otorgar complementos al ingreso a personas adultas y con discapacidad. Estas últimas estrategias han probado ser de las partidas más redistributivas del gasto público de México.
Además, el plan del AMLO-gobernante implica que no se cobrarán más impuestos. Su gobierno se limitará a hacer cambios marginales en la fiscalización, como dificultar la evasión. Las medidas fiscales más interesantes e innovadoras —como su propuesta de gravar plataformas digitales como Uber y Airbnb— no serán ni cercanamente draconianas en su implementación. Esto puede inferirse del hecho de que el gobierno mexicano estima aumentar su recaudación en solo 2 por ciento, y que las ganancias por concepto de IVA sean menores que en 2019.
Es inminente que la élite económica y los inversionistas nacionales hagan las pases con la realidad: AMLO tiene una retórica política antiélite pero no sigue políticas macroeconómicamente irresponsables. El AMLO-gobernante reprobaría en la categoría de los populistas clásicos latinoamericanos porque no aumenta el gasto público de forma imprudente ni la recaudación de forma agresiva.
Hay quien teme que el AMLO-gobernante comience a responderle al AMLO-político cuando falle la apuesta que el gobierno mexicano ha hecho en la petrolera estatal, Pemex, como motor de desarrollo económico. Pero esta apreciación tampoco parece estar fundamentada en un análisis de la realidad.
Es verdad que AMLO piensa que Pemex puede volverse más productiva si se invierte dinero público en ello. Es por eso que, en su presupuesto, plantea una reducción en la carga tributaria de la petrolera y contiene estimados disparatados de producción de petróleo. Esto es un error que en algún momento tendrá que enfrentar cuando la realidad le demuestre el fracaso de sus estimaciones.
Hasta ahora, no existe evidencia de que ante el fracaso del AMLO-político, el AMLO-gobernante reaccione siendo un irresponsable. Un ejemplo sucedió hace apenas unos meses: tan solo unos días después de que dijera que el crecimiento no le importaba tanto, López Obrador anunció acciones contracíclicas importantes para fomentar el crecimiento.
El mayor peligro con AMLO es la continuidad, no la destrucción. Entre más pronto los inversionistas y capitales entiendan esta realidad sobre el presidente mexicano, más rápido podrán apostarle a beneficiarse de los aspectos fundamentales de la economía de México y no a escuchar sus fantasmas.
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