Esa conducta no sólo causa un empobrecimiento del debate público de asuntos trascendentes, sino también convierte a la máxima autoridad en materia electoral en una suerte de colegiado sastre,
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TEPJF, ¿sastre de sentencias?/Eduardo R. Huchim
Reforma, 25 Sep. 2019
En mayo de 2019, días antes de la elección de gobernador de Baja California, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocieron, para su estudio, de un proyecto de sentencia que confirmaba la ampliación de dos a seis años del periodo del próximo gobernador de ese estado. Esta ampliación había sido determinada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, al resolver un recurso de inconformidad del entonces candidato de la coalición encabezada por Morena, Jaime Bonilla.
El proyecto del TEPJF, de la autoría del presidente de la Sala Superior, Felipe Fuentes, pretendía hacer lo que posteriormente hizo el Congreso de Baja California: ampliar el periodo del gobernador, si bien la acción legislativa tuvo el agravante de que ocurrió cuando la elección ya se había celebrado.
La propuesta de Fuentes no tuvo el aval suficiente entre los magistrados, por lo cual el ponente no insistió y elaboró otro proyecto exactamente en sentido contrario al original, y ya en el Pleno de la Sala Superior, por unanimidad, la resolución del tribunal bajacaliforniano fue revocada y el periodo del nuevo gobernador quedó en dos años, en contra de lo que pretendían Bonilla y Morena.
No voy a extenderme en el caso de Baja California, que como se sabe es atípico porque la reforma aprobada es jurídicamente inexistente al no estar publicada, pero sí ha levantado una tormenta política de rango nacional. Cito el caso para ejemplificar el singular comportamiento de la mayoría de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
Elaborar un proyecto de sentencia en un sentido y luego proponer otro exactamente en sentido contrario si el ponente no halla mayoría entre los magistrados, se ha convertido en una malsana práctica común en el TEPJF. Así aconteció también en el caso del Partido Encuentro Social (PES), cuando el magistrado Felipe de la Mata Pizaña elaboró primero un proyecto que mantenía el registro de ese partido y luego presentó en el Pleno otro que se lo negaba. Hay en la mayoría de los integrantes de la Sala Superior un temor -en algunos casos cerval- a quedarse solos, a que sus proyectos sean rechazados en el Pleno y no reciban ningún voto aparte del ponente.
Esa conducta no sólo causa un empobrecimiento del debate público de asuntos trascendentes, sino también convierte a la máxima autoridad en materia electoral en una suerte de colegiado sastre, que confecciona trajes a la medida de quien tiene más influencia para presionar y obtener sentencias a modo.
En este aspecto, los magistrados deberían mirar a la Corte, donde ha ocurrido que el mismo presidente se quede en solitario o en minoría, sin que esto implique desdoro alguno para él. Esta semana, el lunes 23 de septiembre, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, se quedó en minoría, junto con la ponente Yasmín Esquivel, cuyo proyecto postulaba validar la reducción del número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, pero la mayoría la invalidó (Reforma.com, 23/09/19).
Hay quienes ven en la conducta del TEPJF un sesgo creciente a favor del partido en el poder. Yo no lo veo así y el citado caso de Baja california -y no es el único- va en sentido contrario a los intereses de Morena. Tampoco lo cree, al parecer, un grupo de senadores morenistas que, por razones fundadas pero que pueden generar inconstitucionalidades (Reforma, 10/09/19), quieren devolver a sus periodos originales a cuatro magistrados cuyos encargos fueron ampliados con gran desaseo jurídico-político imputable a una legislatura anterior. Sin embargo, es innegable que si el TEPJF no corrige conductas (incluso las pugnas internas) y se blinda contra las presiones, pronto será un tribunal totalmente a modo.
Sobre todas las salas del TEPJF gravitan presiones procedentes de los tres poderes federales y de muchos estatales para que resuelvan conforme a los intereses de quienes los presionan. Se trata de procederes inapropiados e ilegales, desde luego, pero esto no exime de responsabilidad a los magistrados de la Sala Superior y, en lo general, a ningún juzgador. Las presiones y las amenazas llegan hasta donde los presionados y amenazados lo permiten. Las influencias, las intromisiones y las presiones terminan ahí donde las autonomías se ejercen a plenitud.
@EduardoRHuchim
Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
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