Las columnas políticas hoy, domingo 18 de abril de 2021

 No transitará ampliación de presidencia en la Corte, dice el diputado Pablo Gómez de Morena en San Lázaro..Aseguró que la ampliación de dos años del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, no podrá transitar ni aunque fuera aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el presidente López Obrador.

En un mensaje a través de su cuenta en Twitter, Pablo Gómez dijo que es mejor decir desde ahora que no transitará.

@PabloGomez1968

Ese artículo transitorio para prolongar por dos años adicionales la presidencia del ministro Zaldívar en la Suprema Corte no podría transitar ni aun cuando fuera aprobado y promulgado. Mejor decirlo desde ahora.

5:23 p. m. · 17 abr. 2021·

¡El quid es que él No manda...! Manda AMLO desde Palacio

Marko Cortés (PAN), dirigente nacional del PAN, pidió al presidente de la Corte Arturo Saldívar, que con claridad y sin titubeos rechace “la manzana envenenada” que representa la aprobación legislativa para ampliar dos años su mandato, porque es “aberrante”, vulnera el Estado de derecho y el orden constitucional.

El panista alertó que la prolongación en el cargo del presidente de la SCJN podría ser “un gravísimo precedente”, porque ya después “van a solicitar, por qué no, que se le amplíe el periodo de mandato al Presidente”.

Insistió en que “si esta atrocidad legislativa” pasa por la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría absoluta con sus aliados, acudirán a la acción de inconstitucionalidad, en espera de congruencia.

José Antonio Crespo publica en su Twitter...

@JACrespo1

Varios obradoristas señalan que haber ampliado el periodo de algunos magistrados del TEPJF sentó precedente para que se apruebe ahora  la 'Ley Zaldivar’. Pero hay una pequeña gran diferencia: en ese caso la ampliación no rebasó el límite fijado por la Constitución. Ahora sí.

Pero lo más interesante es el tuit de Leti RoblesdelaRosa, reportera de Excelsior y versada en el tema nos da un notición....

@letroblesrosa

El comentario d @ivonnemelgar  me llevó a leer el artículo (de Ricardo Raphal en Milenio), cuyo autor ignora q se instaló una mesa d trabajo con el presidente de la Corte ( Arturo Saldívar(. Se excluyó a MC y PT

Ahí nació un Adenda. Un priísta y un Perredista conocieron el transitorio. Al PAN no le dijeron nada, pa q no reventara...

ivonne melgar, reportera de Excelsior revira...

@ivonnemelgar

En respuesta a  @letroblesrosa Qué buena información mi queridísima 

@letroblesrosa de cómo se diseño el artículo transitorio de la vergüenza en  @senadomexicano

Grave... De comprobarse que el presidente de la Corte consistió esa aberración jurídica estaríamos ante una muy grave situación....

Y lo más raro es el silencio del Ministro Presidente..

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Las columnas políticas hoy, domingo 18 de abril de 2021

Templo Mayor/ REFORMA, 18 Abr. 2021

CUENTAN que varios morenistas en Guerrero andan nerviosos ante el escenario de quedarse sin candidato a la gubernatura si el Trife no repone a Félix Salgado Macedonio.

DE AHÍ que andan flotando la idea de seguir las enseñanzas del fundador de su movimiento y apoyar al aspirante de Fuerza por México, el exfutbolista Manuel Negrete.

PERO la idea no es solo que gane el hoy alcalde con licencia de Coyoacán y ya. El plan sería recordarle los "pendientitos" que dejó en la CDMX y prometerle que naaadie se metería a revisar sus cuentas si él decidiera renunciar para que el Congreso local nombrara como interino... ¡a Salgado Macedonio!

ES DECIR, repetir la estrategia del 2009 cuando "Juanito" ganó Iztapalapa como candidato del PT y luego renunció para dejarle el lugar a Clara Brugada, la entonces perredista que perdió la candidatura por decisión del Tribunal Electoral.

¿SERÁ que Negrete, autor de uno de los goles más bellos en la historia de los mundiales, sería capaz de meter ese autogol y convertirse en "Manuelito"? Es pregunta sin amaño.

QUIEN pronto estrenará libro es el titular del Centro Nacional de Información, David Pérez Esparza, quien en mayo pasado primero causó revuelo al darse a conocer una dura carta de renuncia con su nombre en la que se leía que ya no podía "seguir simulando" y luego salió con que tras "una intensa reflexión" no había renunciado.

Y 11 MESES después parece muy contento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde tiene suficiente tiempo libre para coordinar la edición de un volumen en inglés cuyo título se traduce como "Tráfico de armas y violencia" que será publicado en mayo.

LA DUDA es si a casi un año de que hiciera olas con su fallida dimisión ya no tiene que seguir simulando... o si ya aprendió cómo hacerlo.

¿CÓMO estará el miedo a que llegue a la Presidencia de Perú el radical de izquierda Pedro Castillo que Mario Vargas Llosa pidió a sus compatriotas votar en la segunda vuelta electoral por Keiko, la hija y heredera política de su archirrival Alberto Fujimori?

EL LÍDER magisterial que puso en huelga a su país en 2017 y que logró juntar el agua y el aceite quiere implantar un Estado fuerte, desaparecer los monopolios privados y define su plan de gobierno como un documento "contestatario al neoliberalismo".

Y ESAS políticas, como lo pueden constatar ciudadanos de varios países latinoamericanos, nomás no han servido para mejorar la economía, la salud o la educación en las naciones en las que se aplican... por más que sus presidentes digan lo contrario.

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Inconstitucional/Carlos Elizondo Mayer-Serra

en REFORMA, 18 Abr. 2021

El gobierno está decidido a aprobar leyes inconstitucionales. El modelo es sencillo: aprovechar la mayoría en ambas Cámaras para sacar cualquier ley. Gobernar con esas leyes mientras se resuelve cualquier recurso de inconstitucionalidad.

Esta semana salieron apresuradamente dos leyes claramente inconstitucionales. La primera fue aprobada de manera sorpresiva el jueves por el Senado. Se incluyó un artículo transitorio en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para ampliar por casi dos años la presidencia de Arturo Zaldívar tanto en la Suprema Corte (SCJN) como en el Consejo de la Judicatura, y dos años el periodo de los otros 6 miembros de la Judicatura, órgano que administra al Poder Judicial y que estará a cargo de nombrar, con la nueva ley, cientos de nuevos jueces y magistrados.

La Constitución es clara. El cargo de presidente de la SCJN es por cuatro años sin posibilidad de reelección. AMLO defendió el atraco legal: argumenta un bien superior, según él, mejorar el Poder Judicial. Ante ese objetivo, violar la Constitución es peccata minuta.

Cuando se discuta en el pleno su inconstitucionalidad, bastarán cuatro ministros leales a Morena (seguramente los tendrá al sustituir al ministro Franco a fines de año) para frenarla, aunque en un evento similar, el intento de Jaime Bonilla de ampliar su mandato, la Corte votó, por unanimidad, en contra. Hoy la reputación de Zaldívar está en juego. La legitimidad de la SCJN, en suspenso.

La segunda fue la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obligará a los usuarios de teléfonos celulares a dar sus datos biométricos a la compañía telefónica. La débil justificación es el combate al crimen organizado, y en particular el uso de celulares en las prisiones. Bastaría con tener funcionando bloqueadores de señal, pero la corrupción lo ha impedido.

Esa corrupción pone en riesgo que nuestros datos personales terminen en manos de cualquiera, amén de darle al gobierno una información que puede usar de manera discrecional o ilegal. Ningún gobierno democrático tiene esa información. Peor aún: un criminal encontrará cómo tener celulares sin dar sus datos biométricos.

Habrá una avalancha de amparos. Un sinnúmero de jueces otorgará suspensiones a la ley. Como dijo AMLO respecto al registro de Félix Salgado, se deben priorizar los derechos de los mexicanos, en este caso el de la privacidad.

Es probable que la Primera Sala de la Corte valide los amparos que le lleguen. Pero si hay una controversia, con cuatro ministros leales que voten en contra, la ley será declarada constitucional. Qué pase con esos amparos dependerá de cómo se construyan los argumentos en estos recursos jurídicos.

En todo caso, una controversia constitucional toma tiempo. Según datos de la SCJN, hasta el 15 de abril había 21 reformas, leyes, acuerdos o decretos que han sido controvertidos por su presunta inconstitucionalidad. La Corte ha guardado silencio. Mientras, son ley vigente, salvo para quien tenga un amparo.

El gobierno tiene hasta fin de mes para seguir legislando sin restricciones. La oposición no cuenta con los votos ni la fuerza (con mítines, plantones...) para impedir que el gobierno y sus aliados hagan su voluntad. La andanada seguirá.

Es inevitable sospechar que la ampliación del mandato del presidente de la SCJN es un ensayo para hacer en el futuro algo similar con el del presidente de la República. En ambos casos, la Constitución marca claramente la duración del cargo. Si logran darle más años al presidente de la Corte, ¿por qué no al de la República?

Que nos quede claro a todos qué está en juego el 6 de junio. Para que Morena y sus aliados puedan seguir legislando así les basta tener mayoría absoluta. No es suficiente que pierdan la mayoría constitucional. Con una Corte leal, pueden sacar leyes inconstitucionales y esperar que ésta las valide.

@carloselizondom

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Condescendencia humillante/Enrique Krauze

en REFORMA, 18 Abr. 2021;

Cuando Plutarco Elías Calles era el "Jefe Máximo de la Revolución", hubo un ministro de la Suprema Corte de Justicia que lo enfrentó con la ley en la mano. Se llamaba Alberto Vásquez del Mercado (1893-1980). Era uno de los "Siete Sabios de México", élite de la "Generación de 1915" formada por los grandes maestros del Ateneo de la Juventud.

El joven abogado admiraba la devoción por la ley que había caracterizado a los liberales de la Reforma como Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, ministros que mantuvieron su independencia del presidente Juárez y aun lo criticaron con dureza.

A principios de 1929, Calles consideró fácil "nombrar" a un licenciado amigo suyo como juez en el distrito de La Laguna. A los pocos días, por iniciativa de Vásquez del Mercado, la Corte instó al presidente Portes Gil a reponer al juez original. Portes Gil persuadió a su jefe Calles, corrigió el error y ofreció personalmente disculpas a la Corte.

A principio de 1931, Luis Cabrera, ideólogo del carrancismo, impartió en la Biblioteca Nacional unas polémicas conferencias tituladas "El balance de la Revolución". Calles enfureció y, violando un amparo, ordenó la deportación de Cabrera a Guatemala. En su intervención en la Corte, Vásquez del Mercado responsabilizó de los hechos al presidente Ortiz Rubio. El 13 de mayo, en un acto sin precedentes, don Alberto presentó su dimisión:

Señor Presidente: La reciente aprehensión y expulsión del país del licenciado don Luis Cabrera, llevada a cabo por autoridades dependientes del poder ejecutivo, desobedeciendo, al ejecutar el último acto, expresa orden de las autoridades judiciales federales, me ha traído el pleno convencimiento, por la frecuencia de hechos semejantes o idénticos, de la imposibilidad de lograr que la administración actual deje de cometer violaciones a los derechos y garantías que asegura a las personas la Constitución de la República.

Esos actos rompen el equilibrio de los poderes que la misma Carta establece y nulifican y hacen desaparecer de hecho el poder judicial en su más importante y trascendental función, como es la de amparar y proteger a los individuos contra los abusos del poder.

Los hechos anotados constituyen violación a las instituciones del país por cuya respetabilidad estoy obligado a velar, como lo he hecho invariable y reiteradamente al sostener en el seno de la Suprema Corte de Justicia que se adopten las medidas conducentes y que nuestro derecho reconoce y establece.

Desgraciadamente los esfuerzos individuales desplegados han sido estériles para obtener el fin propuesto, y como juzgo que el puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia no puede desempeñarse íntegramente cuando no se logra que las resoluciones de los tribunales federales sean acatadas y obedecidas, vengo a renunciar el cargo que desempeño y a suplicar atentamente me sea aceptada la renuncia que formulo, y una vez admitida, se dé cuenta con ella para su aprobación al Senado, o, en su defecto, a la Comisión Permanente.

La renuncia fue aceptada. Los mismos ministros que lo habían hostilizado dentro de la Corte el día de su ponencia, le estrechaban la mano y lo felicitaban en el restaurante Prendes. Luis Cabrera le envió desde su exilio una carta de agradecimiento y felicitación por negarse a sufrir "los diarios e incontables actos de condescendencia humillante".

La renuncia de Vásquez del Mercado a una Corte que no se respetaba a sí misma fue el comienzo del fin. A los pocos años, Cárdenas disolvió la Corte y nombró una nueva, no solo obsecuente sino sexenal. Era la subordinación total del poder judicial al ejecutivo, que por aquel entonces ya había removido bloques incómodos de la Cámara, reinstaurando la "monarquía con ropajes republicanos", como Justo Sierra (que también luchó por la independencia del poder judicial en 1892) había llamado al régimen porfiriano. Ávila Camacho corrigió un tanto la situación, devolviendo a los magistrados su inamovilidad, pero para todos los efectos prácticos, hasta la década final del siglo XX, la Suprema Corte de Justicia fue una pieza más en el sistema político.

Por cerca de veinticinco años hemos tenido una Suprema Corte de la Nación autónoma. Hoy, como en tiempos de Calles, esa autonomía está en vilo. Ojalá prevalezca el ejemplo de Alberto Vásquez del Mercado. Ahora no se trata de una renuncia. Se trata de cumplir al pie de la letra la Constitución: un presidente de la Corte dura en su puesto cuatro años, ni un día más.

www.enriquekrauze.com.mx

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 La hora Zaldívar/Eduardo Caccia

en REFORMA; 18 Abr. 2021

En la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se consigna que su "responsabilidad fundamental es la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". En ese mismo sitio aparece una foto del ministro presidente, en la que don Arturo Zaldívar Lelo de Larrea usa una toga negra, instrumento que nos recuerda su investidura superior; su mirada está en la lejanía, tal vez imaginando su paso por la historia, mientras su puño izquierdo sostiene la barbilla en actitud de reflexión. En segundo plano, el corte circular de la imagen apenas deja ver el blanco y el rojo de una bandera, sin duda la mexicana, en la que el verde se manifiesta, aunque no lo veamos. Cruzando dos colores, leemos una palabra desenfocada y en mayúsculas, quizá bordada en hilo de oro: Justicia.

Ignoro qué está pasando por la cabeza del ministro Arturo Zaldívar. Supongo que atraviesa un dilema ético: debe hacer "x", debe hacer "y", y no puede hacer "x" y "y" al mismo tiempo. Todo dilema ético es una paradoja que debe ser resuelta con una acción moralmente correcta. El punto es que ambos caminos pueden parecer certeros. Otro criterio de decisión es elegir el bien mayor y el mal menor. Aun así, es debatible qué es el bien y el mal bajo cierta óptica. Como sea, me parece que el ministro tiene, si lo quiere ver, un ángulo para decidir si va a aceptar o rechazar la prórroga de dos años a su cargo, iniciativa que atenta contra nuestra Constitución pero cuenta con el beneplácito del presidente de la República, para quien aquello de "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie" son palabras que se lleva el viento.

No soy experto en leyes ni constitucionalista, como muchas y notables personas que han forjado su reputación defendiendo las palabras que pretenden darnos orden, certeza, justicia, civilidad, lo contrario a la barbarie. Las leyes, como dice Yuval Noah Harari, son constructos humanos para facilitar la colaboración. La civilidad consiste en que un grupo decide respetar sus mandamientos, buenos, malos, perfectibles, ordenamientos al fin.

Entiendo que un jurista de la talla del ministro Zaldívar debe su primera lealtad a la Constitución. ¿Qué debe hacer cuando se le ofrece ofender la Carta Magna que ha jurado salvaguardar, pero puede quedar bien con el hombre que ostenta el Poder Ejecutivo?

De poco nos sirve argumentar "¿de qué se escandalizan?, otros partidos hicieron cosas similares antes". Como quiera verse, la maniobra impulsada por el partido de Andrés Manuel López Obrador comete, con su venia, un atentado contra el Estado de derecho. Lo que corrompe el orden es corrupción. Quien promueve corromper el orden jurídico es corruptor. Borrar de forma tan grotesca la separación de poderes en México es un atentando contra la elemental certeza jurídica que requiere un país para su desarrollo.

Otras naciones veneran su Carta Magna y, aunque no están exentas de ilegalidades y son sociedades perfectibles, han construido un blindaje real y simbólico para defender su Constitución. Entre la lealtad a los hombres y la lealtad a la Constitución, no tienen duda en actuar para preservar el orden constitucional. En esta tesitura debería estar el aparente dilema del ministro Zaldívar.

México requiere acciones representativas del respeto a la ley y apego al Estado de derecho. Desde simples acciones como respetar la luz roja del semáforo (que para muchos es una sugerencia, no una orden), como la respectiva multa para quien comete una infracción. Celebro que hace unos días un par de individuos fueron encarcelados por hacerse pasar como adultos mayores en aras de obtener una vacuna contra el Covid-19. Necesitamos ver que quien rompe el orden (quien corrompe) la paga. Necesitamos ejemplos donde se observa la aplicación de la ley. Lo contrario a eso se llama impunidad.

El momento de escribir estas líneas no he leído algún pronunciamiento del ministro Zaldívar. Entiendo que espera, con prudencia, el cauce del proceso legislativo. A todo hombre lo alcanza su destino, ese momento en que debe tomar una decisión trascendental, vestirse de gloria para unos u honrar su juramento y escribir con dignidad su nombre en el paso de la historia. Ese momento es decisivo para México, es la hora Zaldívar.

@eduardo_caccia

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Votos y gobierno/Luis Rubio

en REFORMA, 18 Abr. 2021;

La ciudadanía lleva muchos años desilusionada con la política. Se suponía que, primero, las reformas restaurarían la capacidad de crecimiento económico y, después, que la democracia reduciría la corrupción y acercaría a los políticos -los supuestos representantes de los votantes- con los electores. Ninguna de estas dos cosas ocurrió, al menos no de manera cabal. Primero iban a "sacar al PRI de los Pinos"; luego vino el sexenio de "mover a México", y ahora estamos en el periodo de la "honestidad valiente". Cambios, muchos cambios, pero la realidad sigue igual para la abrumadora mayoría de la población.

El fenómeno no es nuevo ni especialmente mexicano en naturaleza. En un ensayo sobre el escepticismo político de los ciudadanos en las democracias* Bertrand Russell especula sobre las motivaciones cada vez que un votante asiste a las urnas. "La mayoría de los [ciudadanos] está convencida que todos los males que sufre se remedian de llegar al poder un determinado partido. Por eso se mueve el péndulo. Un hombre que vota por un partido y sigue siendo desgraciado deduce que el otro partido es el que lo iba a hacer exitoso. Cuando se ha desilusionado de todos los partidos, es ya viejo y la muerte le acecha; sus hijos conservan su fe de juventud y el sube y baja continúa". ¿Estaremos condenados a ese péndulo de mediocridad?

La elección de 2018 fue correctamente definida como resultado del hartazgo que experimentaba la ciudadanía: muchas promesas y grandes discursos habían agotado y agobiado a la población. Aunque mayoritario, el voto por AMLO fue también, en una parte significativa, un voto en contra de los gobiernos que le precedieron. Ganó luego de tres intentos no porque le hayan robado la elección, sino porque su proyecto (o sus promesas, porque más allá de desmantelar todo, no hay mucho proyecto) era repulsivo para la mayoría de la ciudadanía. Fueron los yerros, corruptelas y fracasos de sus predecesores los que decidieron la elección.

La facilidad con que López Obrador ha venido desmantelando el statu quo obliga a meditar sobre lo que se había construido y cómo. Más allá de unas cuantas quejas por parte de especialistas y opinadores, el presidente ha podido eliminar, desintegrar o hacer irrelevantes a diversas entidades y organismos que consideraba estorbosos a su propósito centralizador. El mensaje es claro: esas instituciones podían ser importantes (y, en algunos casos, clave) para ciertas funciones o mercados, pero no gozaban de reconocimiento social. Esperar eso quizá hubiera sido excesivo en el caso de instituciones muy técnicas o especializadas, pero todas han sido igualmente victimadas. Es sintomático que el propio gobierno ha sido cuidadoso con las dos instituciones que son más conocidas para la población en general, la Suprema Corte y el INE, reconociendo implícitamente que sería costoso erosionarlas aún más.

La lección que yo leo de esta experiencia es doble: por un lado, para tener vigencia, relevancia y trascendencia, las instituciones deben gozar de amplio reconocimiento público. Muchas veces, sobre todo cuando se trataba de técnicos en el gobierno, la percepción de que sería gravoso pero, sobre todo, innecesario ir por la vía legislativa para encumbrar alguna institución, llevó a que se crearan organismos por decreto, lo cual lo hizo expedito pero también políticamente vulnerable. Desde luego, la embestida lopezobradorista ha sido igual contra los organismos constitucionales, así que esta apreciación es sólo parcialmente válida. El punto más amplio es que las instituciones no son para técnicos o especialistas sino para la ciudadanía y los consumidores que son, o deberían ser, a final de cuentas, la razón de ser del gobierno, y es a estos a los que hay que convencer para lograr los objetivos de la política.

La otra lección es que a la población claramente le importan menos las etiquetas que los resultados. Lo importante para el ciudadano promedio no es si la economía es de mercado o estatizada, sino que haya crecimiento, buenos empleos y mayores beneficios para la colectividad. La discusión respecto a la mejor manera de lograr esos objetivos es materia de disputa -yo no tengo duda de que requerimos mercados muy competidos para lograrlo- pero es claro que lo trascendente para el consumidor es que el desempeño sea óptimo. Lo mismo es cierto del sistema político: nuestra democracia no sólo es frágil, sino también enclenque y muy limitada. Elección tras elección y encuesta tras encuesta, la ciudadanía ha sido cada vez menos optimista respecto a la democracia y más deseosa de un sistema de gobierno que funcione y que haga posibles resultados encomiables.

A la luz del coronavirus, en el mundo se discute mucho la mejor manera de lograr el desarrollo. China ha sido vehemente en su defensa a ultranza, inequívoca y sin rubor del autoritarismo como un mejor sistema de gobierno, superior a la democracia. Lo que me queda claro es que lo único que le importa a la ciudadanía mexicana es la calidad de la gobernanza, es decir, la capacidad del gobierno para crear condiciones para el progreso y la prosperidad: todo el resto es demagogia pura.

El presidente ganó en 2018 porque prometió un gobierno limpio y efectivo. Ambos brillan por su ausencia.

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La otra turbiedad/ Ernesto Hernández Norzagaray

Noroeste,18/04/2021;

‘Si las instituciones públicas no reaccionan oportunamente para que el ambiente no se siga cargando de malas noticias, que las cosas no se compliquen, podría suceder lo que ya está ocurriendo en otros estados, donde la violencia se ha metido a los procesos electorales alcanzado la vida de candidatos a cargos de elección popular’Algo se está pudriendo y puede ir a peor.

La renuncia de Acela Zataráin Ruiz, candidata a Alcaldesa para Concordia por el PRI ha provocado rumores de que fue amenazada con su familia si mantenía su ambición de gobernar este municipio que está entre los que provocan más desplazamientos forzados en el estado. También se habla en medios periodístico de que lo mismo sucedió con otras aspiraciones en Guasave y San Ignacio.

Y en este contexto turbio apareció la segunda parte de la investigación periodística de Proceso-Ríodoce sobre los vasos comunicantes del grupo empresarial ARHE y publican nuevos hallazgos de la Unidad de Investigación Financiera de la SHCP y, como parte de esta dinámica escandalosa, Noroeste da a conocer que el Alcalde de Mazatlán con licencia que busca la reelección contrató una facturera con domicilio fiscal en Chiapas durante dos años erogando alrededor de 31.4 millones de pesos y lo curioso, es que la empresa “multifuncional”, pues lo mismo proporciona asistencia fiscal que servicios de pintura a inmuebles, estaría ligada al mismo grupo bajo sospecha y sujeto hoy a investigación por las autoridades hacendarias.

A propósito, no podemos dejar de recordar entonces el caso Nafta, que para algunos observadores existe un hilo comunicante entre el Alcalde con licencia y la empresa ARHE que se ha reforzado con el pago millonario insólito que hizo el Secretario de Gobierno sin haber mediado un convenio por el tema de la gasolinera frustrada.

La periodista Anabel Hernández, por su parte, publica un artículo en Dutche Welle en español, el prestigiado medio de noticias alemán para América Latina, sobre una de sus obsesiones que es la narcopolítica y donde señala el rol que está jugando el Cártel de Sinaloa en el presente proceso electoral sinaloense, incluso señala que “según fuentes de Morena... “El Mayo” ya dio el visto bueno del candidato a Gobernador, y que incluso ya se reunió con él”.

Y, por si fuera poco, la Fiscalía General de la República, detuvo en altamar un barco camaronero mazatleco con mil quinientos kilos de cocaína, lo que si bien no es un asunto político, sino de narcotráfico, no está exento de contaminar el ambiente de la elección.

O sea, Sinaloa nuevamente está en el ojo del huracán internacional, luego de una semana de iniciadas las campañas constitucionales, y el pronóstico es que puede empeorar, si se deja a la inercia y esto tome su propio curso.

Si las instituciones públicas no reaccionan oportunamente para que el ambiente no se siga cargando de malas noticias, que las cosas no se compliquen, podría suceder lo que ya está ocurriendo en otros estados, donde la violencia se ha metido a los procesos electorales alcanzado la vida de candidatos a cargos de elección popular.

La atmósfera de crispación y polarización que existe en el país, además no favorece para atemperar ánimos sino por el contrario, atiza el ambiente. Y al atizar debilita, genera vacíos, que son ocupados frecuentemente por actores criminales, mientras la conversación pública gira sorprendentemente alrededor de si Loret de Mola fue parte activa del montaje del affaire Cassez o si Félix Salgado Macedonio merece ser candidato a Gobernador de Guerrero.

Y localmente no hacemos malos quesos. Los candidatos y candidatas a Gobernador hasta ahora están haciendo unas campañas autistas de lo que ocurre y no está claro el diagnóstico y lo que ofrecen a los ciudadanos sinaloenses. Apostando todo a la imagen, a tocar las emociones con un juego de beisbol o abrazando a la Gilbertona, la interlocución está vacía y hasta existen concentraciones públicas sin considerar que sigue la pandemia con sus contagios y muertes.

Así, si se asume que lo sucedido la semana pasada es solo contexto y no merece mayor atención, habría que recordar que es parte de lo mismo, de una realidad transfigurada, unas veces violenta y otras edulcorada, y que con otro tipo de políticos, llamaría a una reflexión colectiva sobre lo que está sucediendo en el estado.

Animaría a prefigurar un plan de gobierno realista de emergencia. Acorde con los grandes problemas estatales. Cierto, así suelen ser todas las campañas, destinadas a estimular la parte del cerebro donde radican las emociones dejando de lado los diagnósticos y las soluciones.

Ya veremos lo que sucederá en el primer debate entre los ocho candidatos a Gobernador que no me imagino operativamente cómo se llevará a cabo en el periodo convencional de dos horas, o sea, 15 minutos para cada uno de los candidatos, nada, por lo que habrá que esperar estrategias que busquen colocar una piedra en el camino del candidato puntero o esa frase oportuna, por ocurrente, que se registra en el imaginario de quienes habrán de seguir este ejercicio que dista mucho de ser de formación ciudadana.

En definitiva, los acontecimientos ocurridos la semana pasada corresponden a la Sinaloa profunda, dura, la ausente de las campañas electorales y si es así, el futuro se presenta poco esperanzador, para quienes todavía leen los procesos electorales en clave de proyectos políticos transexenales y no logran ver nada a través de las alianzas heterodoxas de las que hemos sido testigos en estas últimas semanas y que serán, las que determinen los próximos seis años de gobierno.

¡Al tiempo!