El día de ayer se dio a conocer en Nueva York, EE UU, el informe anual "ATAQUES A LA PRENSA EN EL 2005" del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) (Attacks on the Press in 2005 A Worldwide Survey of the Committee to Protect Journalists).
Para la CPJ son 47 el número de periodistas muertos 22 de ellos en Irak, pero la cifra no cuadra con la de Reporteros sin Fronteras que afirma que murieron 63 periodistas de los cuales 24 fueron asesinados en Irak.
Regresando al informe de CPJ.
La parte dedicada a México es de tres cuartillas, y se habla de tres casos: Alfredo Jiménez Mota de El Imparcial; Guadalupe García Escamilla, de la emisora Stéreo 91 XHNOE en Nuevo Laredo y el caso de Raúl Gibb Guerrero, dueño y director del diario La Opinión, de Veracruz.
El informe se presenta a unas horas de que en México se de a conocer el nombre del Fiscal especial encargado del ataque a periodistas.
La autocensura esta presente: "La autocensura está también generalizada en el norte de México, donde el narcotráfico y el crimen organizado han convertido a la región en uno de los lugares más peligrosos para los periodistas en América Latina.", dice en la introducción Carlos Lauría.
Attacks on the Press in 2005 A Worldwide Survey of the Committee to Protect Journalists
ATAQUES A LA PRENSA EN EL 2005
Programa de las Américas, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
MÉXICO
Los periodistas que trabajan a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos fueron blanco del crimen organizado por su labor informativa sobre el narcotráfico. Una periodista cayó en cumplimiento de su labor y otro desapareció, convirtiendo a la región del norte de México en uno de los lugares más peligrosos para los periodistas en América Latina. Al enfrentar intimidaciones y ataques, muchos periodistas de los estados norteños se autocensuraron por temor a represalias.
Guadalupe García Escamilla, periodista que cubría la fuente policial para la emisora Stéreo 91 XHNOE en Nuevo Laredo, murió el 16 de abril por las heridas que sufriera durante un tiroteo frente a la radio. Alfredo Jiménez Mota, periodista especializado en crimen organizado del diario El Imparcial de Hermosillo, desapareció el 2 de abril y se teme que esté muerto. El CPJ también está investigando el asesinato en abril de Raúl Gibb Guerrero, dueño y director del diario La Opinión, en el estado oriental de Veracruz, para determinar si su muerte tiene relación con su labor periodística.
Como resultado de esta ola creciente de violencia, el Presidente mexicano Vicente Fox se reunió con una delegación del CPJ en Manhattan, sede de la organización, el 15 de septiembre. En respuesta a la violencia, Fox anunció que le pediría al Procurador General de la República la designación de un fiscal especial para investigar delitos contra la libertad de expresión. Fox también prometió considerar la creación un panel nacional de expertos para evaluar una mayor participación de las autoridades federales en la investigación de los delitos contra la prensa.
Antes de reunirse con Fox, el CPJ puso a consideración del presidente una propuesta instando a que hubiese una mayor y más permanente participación por parte de las autoridades federales en las investigaciones de los crímenes contra la libertad de expresión. La protección de la libertad de expresión es especialmente urgente, destacaron los representantes del CPJ, a la luz de la proximidad de las elecciones presidenciales de julio del 2006. Fox, cuyo mandato finaliza en el 2006, reconoció el problema de la violencia contra los periodistas que trabajan en la frontera y aseguró que su gobierno estaba comprometido en la protección de la prensa.
La reunión con el presidente mexicano fue la culminación de meses de intensa campaña e investigaciones por parte del CPJ. Cuatro periodistas mexicanos cayeron en cumplimiento de su labor informativa durante los últimos cinco años, y el CPJ investiga las muertes de otros cinco reporteros durante el mismo período para decidir si esos asesinatos estuvieron o no vinculados con su labor periodística. Autoridades estatales y locales, normalmente responsables de investigar los asesinatos, han fracasado, una y otra vez, en resolver los crímenes en contra de la prensa, según el CPJ.
La investigación del CPJ demuestra que autoridades estatales y locales son más proclives a ser corrompidas; cuentan con menos recursos, y están sujetas a menor escrutinio. Los fracasos en las investigaciones, a su vez, han creado un clima de impunidad que deja a los medios vulnerables a continuos ataques.
Preocupados por el ritmo lento de las investigaciones, representantes del CPJ viajaron a Ciudad de México en junio para reunirse con José Luis Vasconcelos, Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR). Las autoridades federales se habían hecho cargo de tres investigaciones por asesinatos, entre ellas el crimen del editor de Tijuana, Francisco Ortiz Franco.
Vasconcelos indicó al CPJ que el cartel de los Arellano Félix eran responsables de la muerte de Ortiz Franco, quien trabajaba para el semanario Zeta. Las autoridades federales, agregó, detuvieron a más de 100 sospechosos como parte de un amplio operativo contra operadores del cartel. Vasconcelos indicó que uno de los sospechos de haber disparado contra el periodista, Jorge Eduardo Ronquillo Delgado (conocido como “El Niño”), fue ejecutado por camaradas del cartel Arellano Félix en octubre del 2004.
Siguen prófugos, apuntó Vasconcelos, los dos supuestos autores intelectuales del crimen: Arturo Villarreal Albarrán (conocido como “El Nalgón”) y Jorge Briceño (conocido como “El Cholo”). Las autoridades tenían órdenes de arresto por acusaciones de narcotraficantes, comentó.
El gobierno federal tomó otras medidas en respuesta a la violencia. En julio, la PGR habilitó una línea telefónica directa para periodistas que amenazados o intimidados. Esta línea directa, que recibió docenas de llamados en sus semanas iniciales, solicitaba que se dejaran pistas para la investigación, y brindaba asesoramiento sobre cómo responder a las amenazas.
Programa de las Américas, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
MÉXICO
Los periodistas que trabajan a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos fueron blanco del crimen organizado por su labor informativa sobre el narcotráfico. Una periodista cayó en cumplimiento de su labor y otro desapareció, convirtiendo a la región del norte de México en uno de los lugares más peligrosos para los periodistas en América Latina. Al enfrentar intimidaciones y ataques, muchos periodistas de los estados norteños se autocensuraron por temor a represalias.
Guadalupe García Escamilla, periodista que cubría la fuente policial para la emisora Stéreo 91 XHNOE en Nuevo Laredo, murió el 16 de abril por las heridas que sufriera durante un tiroteo frente a la radio. Alfredo Jiménez Mota, periodista especializado en crimen organizado del diario El Imparcial de Hermosillo, desapareció el 2 de abril y se teme que esté muerto. El CPJ también está investigando el asesinato en abril de Raúl Gibb Guerrero, dueño y director del diario La Opinión, en el estado oriental de Veracruz, para determinar si su muerte tiene relación con su labor periodística.
Como resultado de esta ola creciente de violencia, el Presidente mexicano Vicente Fox se reunió con una delegación del CPJ en Manhattan, sede de la organización, el 15 de septiembre. En respuesta a la violencia, Fox anunció que le pediría al Procurador General de la República la designación de un fiscal especial para investigar delitos contra la libertad de expresión. Fox también prometió considerar la creación un panel nacional de expertos para evaluar una mayor participación de las autoridades federales en la investigación de los delitos contra la prensa.
Antes de reunirse con Fox, el CPJ puso a consideración del presidente una propuesta instando a que hubiese una mayor y más permanente participación por parte de las autoridades federales en las investigaciones de los crímenes contra la libertad de expresión. La protección de la libertad de expresión es especialmente urgente, destacaron los representantes del CPJ, a la luz de la proximidad de las elecciones presidenciales de julio del 2006. Fox, cuyo mandato finaliza en el 2006, reconoció el problema de la violencia contra los periodistas que trabajan en la frontera y aseguró que su gobierno estaba comprometido en la protección de la prensa.
La reunión con el presidente mexicano fue la culminación de meses de intensa campaña e investigaciones por parte del CPJ. Cuatro periodistas mexicanos cayeron en cumplimiento de su labor informativa durante los últimos cinco años, y el CPJ investiga las muertes de otros cinco reporteros durante el mismo período para decidir si esos asesinatos estuvieron o no vinculados con su labor periodística. Autoridades estatales y locales, normalmente responsables de investigar los asesinatos, han fracasado, una y otra vez, en resolver los crímenes en contra de la prensa, según el CPJ.
La investigación del CPJ demuestra que autoridades estatales y locales son más proclives a ser corrompidas; cuentan con menos recursos, y están sujetas a menor escrutinio. Los fracasos en las investigaciones, a su vez, han creado un clima de impunidad que deja a los medios vulnerables a continuos ataques.
Preocupados por el ritmo lento de las investigaciones, representantes del CPJ viajaron a Ciudad de México en junio para reunirse con José Luis Vasconcelos, Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR). Las autoridades federales se habían hecho cargo de tres investigaciones por asesinatos, entre ellas el crimen del editor de Tijuana, Francisco Ortiz Franco.
Vasconcelos indicó al CPJ que el cartel de los Arellano Félix eran responsables de la muerte de Ortiz Franco, quien trabajaba para el semanario Zeta. Las autoridades federales, agregó, detuvieron a más de 100 sospechosos como parte de un amplio operativo contra operadores del cartel. Vasconcelos indicó que uno de los sospechos de haber disparado contra el periodista, Jorge Eduardo Ronquillo Delgado (conocido como “El Niño”), fue ejecutado por camaradas del cartel Arellano Félix en octubre del 2004.
Siguen prófugos, apuntó Vasconcelos, los dos supuestos autores intelectuales del crimen: Arturo Villarreal Albarrán (conocido como “El Nalgón”) y Jorge Briceño (conocido como “El Cholo”). Las autoridades tenían órdenes de arresto por acusaciones de narcotraficantes, comentó.
El gobierno federal tomó otras medidas en respuesta a la violencia. En julio, la PGR habilitó una línea telefónica directa para periodistas que amenazados o intimidados. Esta línea directa, que recibió docenas de llamados en sus semanas iniciales, solicitaba que se dejaran pistas para la investigación, y brindaba asesoramiento sobre cómo responder a las amenazas.
Comenzando en agosto, la PGR designó a sus propios delegados en varios estados- incluyendo la Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, y Oaxaca – para que supervisen las investigaciones en casos de agresiones y amenazas contra periodistas.
Los periodistas en Ciudad de México siguieron informando libremente sobre el crimen y la corrupción política. Pero a medida que se intensificó la guerra entre los poderosos carteles de México en el norte del país, algunos diarios locales pusieron un alto a sus investigaciones sobre el crimen organizado para evitar el peligro. El Mañana de Nuevo Laredo, por ejemplo, decidió restringir su cobertura informativa después de la muerte a puñaladas de su editor Roberto Javier Mora García en marzo del 2004. Heriberto Cantú, director editorial, afirmó que la información que brinda el periódico excluye contexto y análisis de cuestiones delicadas.
Después de la desaparición del periodista Jiménez en el estado norteño de Sonora, El Imparcial anunció que no investigaría más narcotráfico ni crimen organizado. Jorge Morales, editor de El Imparcial, sostuvo que la decisión llegó después de una reunión con los reporteros del periódico. “No hay garantías para los periodistas que informan sobre cuestiones vinculadas al crimen y a las drogas”, aseguró Morales al CPJ. “Decidimos detener nuestras propias investigaciones después de que desapareciera Alfredo. Es un trabajo muy peligroso”.
Los periodistas en Ciudad de México siguieron informando libremente sobre el crimen y la corrupción política. Pero a medida que se intensificó la guerra entre los poderosos carteles de México en el norte del país, algunos diarios locales pusieron un alto a sus investigaciones sobre el crimen organizado para evitar el peligro. El Mañana de Nuevo Laredo, por ejemplo, decidió restringir su cobertura informativa después de la muerte a puñaladas de su editor Roberto Javier Mora García en marzo del 2004. Heriberto Cantú, director editorial, afirmó que la información que brinda el periódico excluye contexto y análisis de cuestiones delicadas.
Después de la desaparición del periodista Jiménez en el estado norteño de Sonora, El Imparcial anunció que no investigaría más narcotráfico ni crimen organizado. Jorge Morales, editor de El Imparcial, sostuvo que la decisión llegó después de una reunión con los reporteros del periódico. “No hay garantías para los periodistas que informan sobre cuestiones vinculadas al crimen y a las drogas”, aseguró Morales al CPJ. “Decidimos detener nuestras propias investigaciones después de que desapareciera Alfredo. Es un trabajo muy peligroso”.
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