Contrainsurgencia Ciega
Pese a que las explosiones en los ductos de Pemex en el Bajío –cuya autoría se atribuyó el grupo guerrillero EPR– provocaron grandes pérdidas económicas, el gobierno federal parece más ocupado en sacarle raja política al asunto que en solucionar las fallas de sus aparatos de inteligencia. Por su parte, defensores de derechos humanos y exguerrilleros denuncian que también se está criminalizando toda clase de activismo social, lo que en vez de detener esos brotes de violencia podría enconarlos.
En sus 13 años de existencia, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) no había emprendido acciones de tanta magnitud como los sabotajes a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato y Querétaro, entidades gobernadas por el PAN.A raíz de esos actos que los guerrilleros denominaron de “hostigamiento quirúrgico”, más de 100 empresas se declararon en paro técnico y padecieron pérdidas millonarias, según reportes de organizaciones empresariales del Bajío, zona donde no se conocía la presencia del grupo armado. Al mismo tiempo que se adjudicó los atentados, el EPR reclamó que fueran presentados con vida dos de sus compañeros detenidos el 25 de mayo pasado por la policía en Oaxaca.
Los ataques provocaron que el gobierno de Felipe Calderón recurriera a 5 mil soldados del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado hace un año por órdenes de Vicente Fox y que al parecer está capacitado en contrainsurgencia. Además, se implantó un operativo de seguridad adicional en todas las instalaciones estratégicas federales. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) negaron que tuvieran en su poder a los eperristas reclamados por la organización guerrillera. Como grave error califica a esta negativa Felipe Edgardo Canseco Ruiz, exintegrante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP), creado hace 43 años y antecesor directo del EPR. Afirma que, tras un análisis de los comunicados del grupo guerrillero, su ofensiva va a aumentar hasta que sean presentados sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Bravo y Edmundo Reyes Amaya.
Canseco, quien es abogado y perteneció al comité de propaganda del PROCUP, estuvo ocho años en la cárcel, uno de ellos en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, bajo el cargo de asociación delictuosa. Entrevistado con otros exintegrantes del PROCUP que ahora forman la organización Izquierda Democrática Popular (IDP), sostiene:“Ellos no van a quedarse pasivos cuando han detenido a Alberto Cruz Sánchez, que llevaba por lo menos 35 años en la clandestinidad. Sólo por la edad de los dos detenidos, se presume que es gente con bastante experiencia dentro de la estructura del EPR, y lo que nos sorprendió fue la reacción tardía de sus compañeros para tratar de proteger la vida de los desaparecidos. Cuando a nosotros nos detuvieron, a David Cabañas y Ana María Vera Smith, en 1990, al tercer día (nuestros compañeros) ya estaban actuando en varios estados”.
Sin embargo, dice que posiblemente los altos mandos del EPR primero replegaron sus unidades y establecieron medidas especiales de seguridad, porque sabían que sus acciones desatarían la persecución, y luego planearon los ataques más importantes desde la creación del grupo en 1994.“Hay una diferencia cualitativa en el accionar político militar del EPR, algo que no se había visto en toda su historia, como el sabotaje a los ductos de Pemex. Es una situación preocupante.”
Según datos extraoficiales, el EPR ha realizado medio centenar de ataques, entre ellos las explosiones de 1994 en Plaza Universidad y en las torres eléctricas de Topilejo y Veracruz, en solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para los organismos de seguridad del Estado, el EPR es la guerrilla más peligrosa por su conocimiento de los explosivos.
De acuerdo con fuentes de la PGR (citadas por el diario Reforma en su edición del viernes 13), en esta ocasión los guerrilleros podrían haber utilizado “ciclonita o exógeno”, empleados por grupos separatistas de Europa del Este.
Historia de familia
Desde el 2 de junio pasado, el EPR emitió un comunicado en el que denunciaba que sus compañeros Raymundo Rivera Bravo, de 55 años, y Edmundo Reyes Amaya, de 50, fueron detenidos el 25 de mayo entre las 20 y 22 horas en la ciudad de Oaxaca “en una acción fortuita de la policía” y estaban siendo torturados en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) por militares y miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como por “agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército”.
El EPR responsabilizó de los hechos a Felipe Calderón y al gobernador Ulises Ruiz, y pidieron que sus compañeros fueran presentados con vida. Ni el gobierno federal ni el estatal respondieron.
El 20 de junio, en otro comunicado, los guerrilleros dieron a conocer las fotos de los detenidos. Para entonces ya se había filtrado la información de que “Raymundo Rivera” en realidad se llama Gabriel Alberto Cruz Sánchez y es uno de los fundadores del PROCUP y del EPR.
Gabriel es hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, padre de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, a quienes el gobierno de Vicente Fox culpó de haber perpetrado explosiones en sucursales bancarias en 2001 y los envió al penal de alta seguridad entonces denominado La Palma. Alejandro fue liberado el 28 de febrero, pero sus dos hermanos siguen presos.Tiburcio Cruz se hacía llamar Francisco Cerezo Quiroz y, según declaraciones de sus hijos, daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así mismo, la madre de los hermanos Cerezo supuestamente se llama Emilia Contreras Rodríguez, pero su nombre verdadero es Florencia Canseco Ruiz y es hermana de Felipe Edgardo Canseco. Ella fue maestra en Oaxaca y en el Distrito Federal. Al ser detenida seguía dando clases en Xochimilco. El 13 de agosto de 2001 la policía y el Ejército detuvieron a los hermanos Cerezo en su casa, pero en realidad iban por sus padres, considerados como fundadores del EPR. Desde entonces los equipos de inteligencia federales reactivaron el seguimiento de todos sus parientes. La familia Cruz está integrada por nueve miembros, que han sufrido hostigamiento, detenciones y represión desde la década de los setenta. Tiburcio y Gabriel fueron los únicos que se vincularon con las organizaciones armadas, principalmente con el PROCUP, aunque antes formaron parte de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca, creada en 1968.
Uno de sus hermanos, Castro Eugenio Cruz Sánchez, artista y exdirector de teatro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), fue detenido en 1977 con su esposa. Fueron torturados e interrogados durante seis días para que revelaran dónde estaban Tiburcio y Gabriel. Lo mismo ocurrió en 1975 con Francisco Cruz, que tenía 13 años y cursaba la secundaria. La detención de Gabriel es relevante porque se trata de un guerrillero histórico del PROCUP-EPR. Estudió en la Preparatoria 1 de la UABJO, fue líder estudiantil en 1970 y al año siguiente pasó a la clandestinidad. “En esa década, cada vez que ocurría una acción del PROCUP, la foto de Gabriel, Tiburcio y su esposa Florencia Canseco aparecían en los periódicos como los autores, aunque no lo fueran”, recuerda Felipe Edgardo Canseco.
Hoy esta persecución se mantiene como política de Estado, añade. Como ejemplo cita las recientes amenazas contra el Comité de los Hermanos Cerezo, dirigido por sus sobrinos Emiliana, Alejandro y Antonio. La noche del 26 de junio, Alejandro Cerezo abrió un mensaje de correo electrónico en el cual se aludía a su tío Gabriel Alberto Cruz: Como están? calientitos? que pedos con los desaparecidos? familia? adorado tío? fabuloso padre? Asi son las cosas de la vida otra vez en pedos la family, ni modos los tenemos bien cercas a ustedes tres, a los de la palma y a tu querida familia, y a tu tiito cara de culito y a su amiguito habladorcito que no para y el otro también habla y habla, pero a lo mejor ya no hablan ya se quedan calladitos o ya les cargo la verga. Dile a papito y a mamita que no sean cobardes, que hagan sus mamaditas para que vean como los vamos a poner a ustedes desnuditos y bien cojiditos. Pobre de tio y zapatito se creían muy chingoncitos y cayeron como palomitas del sur.
Hasta luego amorcitos.
Desde la sierra del sur.
Sus verdaderos padres.
En la lectura de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), este mensaje fue elaborado por personas presumiblemente vinculadas con órganos de inteligencia del Estado, que implícitamente se atribuyen la detención de los dos eperristas. El presidente de la liga, Adrián Ramírez López, dice que el mensaje forma parte de una campaña para vincular a organizaciones civiles y de derechos humanos con los grupos insurgentes. “La Limeddh recuerda que en el pasado reciente, de l994 a 2000, ocurrieron decenas de detenciones y desapariciones en las que por varios días, semanas y meses fueron torturadas personas tratando de vincularlas con los movimientos insurgentes”, advierte.
Sigue la guerra sucia
La Limeddh también ha documentado al menos 26 detenciones, desapariciones y presentaciones de supuestos guerrilleros durante las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. David Cabañas, hermano del jefe guerrillero Lucio Cabañas, recuerda que en las últimas cuatro décadas la guerra sucia provocó mil 250 desapariciones; 650 en Guerrero. Aún peor: de éstas, 400 fueron en el municipio de Atoyac y 126 las padeció la familia Cabañas.“El gobierno hoy habla del estado de derecho pero no es cierto, por eso ocurrieron las explosiones: porque desaparecieron a los dos militantes del EPR... El llamado del gobierno del cambio en realidad no ha cambiado nada, al contrario, ahora actúa de manera más cruel y brutal, superando en muchos aspectos a los gobiernos anteriores”, señala David Cabañas.También Pablo Torres Hernández y Hermenegildo Torres Cruz, exmiembros del PROCUP y quienes estuvieron presos durante siete años cuando los acusaron de atentar contra bancos y otros negocios en 1991, advierten que el Estado nunca ha dejado de perseguir a quienes alguna vez participaron en la lucha armada. Incluso, dice Pablo Torres, en el diario Milenio se publicó que una organización en Chicolapan, formada para buscar una vivienda digna, tiene vínculos con la guerrilla.
“Dadas las características del actual régimen de derecha, que criminaliza y reprime toda protesta social, es probable que quieran inmiscuirnos ahora que comenzó a actuar el EPR. Pero estamos ajenos a la actividad de los grupos armados insurgentes”, aclara Hermenegildo Torres.
Al impulsar su iniciativa de reformas a los códigos penales que propone la detención arbitraria y cateos a domicilio sin orden judicial, Calderón comete el error de optar por la represión, opina Felipe Edgardo Canseco; “lo único que está haciendo es aumentar el encono y alentar las contradicciones sociales.“Estamos seguros de que si el gobierno hubiera sido sensible a la demanda reiterada de distintos sectores sociales de que presentaran con vida a los dos militantes eperristas, de ninguna manera estaríamos viviendo el escenario de nuevas formas de hacer actividades político-militares de la guerrilla mexicana.”
Déficit de inteligencia
Después de que el EPR se adjudicó en un comunicado la autoría del sabotaje a los ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro el 5 y el 10 de julio, el gobierno de Calderón tuvo que reconocer que no fueron accidentes. Esa declaración fue considerada por el PRD y Andrés Manuel López Obrador como artimaña para desviar la atención del escándalo de la supuesta extorsión de panistas y gente del expresidente Fox al empresario Zhenli Ye Gon. A su vez, los panistas acusaron al EPR de ser un grupo terrorista vinculado al PRD y a la organización vasca ETA.
Felipe Edgardo Canseco rebate: es absurdo considerar que la actuación del EPR es una cortina de humo, porque no oculta los graves problemas que enfrenta Calderón, como el narcotráfico, las ejecuciones, la oposición a la ley del ISSSTE, la inestabilidad de Oaxaca, las dificultades para consumar la reforma hacendaria y las propias acusaciones del empresario chino. Y acerca de que son terroristas, señala que es un intento de justificar la política represiva del Estado, que además ya demostró su fracaso porque hoy existen más grupos guerrilleros que hace 30 años y están presentes en 22 estados, incluyendo Querétaro y Guanajuato.
Erubiel Tirado, investigador especializado en seguridad nacional, señala que las actuaciones del EPR descubrieron el déficit, el desmantelamiento y colapso de los aparatos de inteligencia del Estado, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que se ha convertido en una agencia al servicio de intereses particulares del grupo que gobierna al país, “en un trampolín o en una instancia de investigación política, pero no de seguridad nacional”.
Destaca que el Cisen está en manos de Guillermo Valdés, exdirector de la empresa Grupo de Economistas y Asociados-Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA-ISA), la encuestadora que siempre favoreció al PAN y que formó parte del cuarto de guerra de Calderón durante la campaña presidencial. “No esta ahí porque tenga una visión de Estado para resguardar o manejar los trabajos de seguridad nacional”, advierte Tirado, y recuerda el ridículo caso del año pasado, cuando se robaron un cajero automático de las instalaciones del Cisen.
En su opinión, el EPR “ya demostró que tiene la capacidad de afectar el suministro de gas en cuatro estados y ocasionar un daño económico, afectando al gobierno y a la sociedad civil. Se trata de una acción guerrillera inédita, de gran magnitud, y por eso hacen mal el Cisen y la Secretaría de Gobernación al tratar de distraer la atención acusando de complicidades a ciertos grupos políticos con el EPR, sin tomar en cuenta las fallas internas, que son más graves y serias”.
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