Publicado en La Jornada, 14 y 15 de julio de 2007;
Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel, las políticas que imponen los grupos de poder, indica el investigador Carlos Montemayor.
La guerrilla es siempre un fenómeno social. Es una parte destacada y álgida de ciertos procesos regionales o supraregionales. Sin embargo, por su estructura clandestina, por su capacidad de fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o ejércitos populares, la opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad injustificable.
Al eliminar como uno de los rasgos esenciales su naturaleza social, se aleja la actitud oficial o gubernamental de la obligación de emprender un análisis social y político más a fondo y reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada.
Esta visión reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política. Por lo tanto, los gobiernos buscan aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político. Y tal decisión de aniquilarlos aparece como la única solución posible y al mismo tiempo como justificación de arbitrariedades sin límite.
Por ello he venido explicando durante muchos años que las fallas de Seguridad Nacional no pueden reducirse a la lenta o fallida detección militar o policiaca de focos guerrilleros. Porque hay una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad. El riesgo que corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas de poder político y económico que han generado la corrupción en México. Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; la guerrilla es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel y letal, las políticas que imponen los grupos de poder.
Para que desaparezcan organizaciones como el EPR no bastan medidas militares. Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México ni la pobreza y la corrupción que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz social y estabilidad social.
Los atentados del EPR en instalaciones de Pemex y la campaña de hostigamiento que expresa el comunicado del día 10 de julio es resultado precisamente de la visión reducida de considerar los movimientos guerrilleros desde una perspectiva policial y no a partir de un análisis político y social. Esta visión restringida facilita el resurgimiento de algunos rasgos dominantes de la guerra sucia: la desaparición forzada de personas. El comunicado del EPR pide que se presenten con vida dos miembros de esa organización: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, este último llamado también Raymundo Rivera Bravo. El comunicado los considera "detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca". Las autoridades oaxaqueñas y federales negaron de inmediato que esas personas se encuentren entre los detenidos del fuero común o del fuero federal. Pero precisamente no se trata de detenidos, sino de desaparecidos. De ahí el reclamo de que sean presentados con vida.
En su Indicador Político, del día 11 de julio, Carlos Ramírez recordó que el columnista oaxaqueño Pedro Ansótegui informó de un operativo policiaco y militar realizado el 24 del pasado mes de mayo en la ciudad de Oaxaca. Releamos algunos párrafos de la columna de Carlos Ramírez. Dice así: "alrededor del mediodía de ese día (el 24 de mayo) la Unidad policiaca de Operaciones Especiales del estado arribó al hotel del Arbol por la presunta presencia de un 'grupo armado'. Un poco después llegó una unidad del Ejército. Un boletín informó la aprehensión de cuatro personas, oficialmente reveladas como policías ministeriales de Chiapas que no habían entregado su oficio de comisión a la procuraduría estatal. Sin embargo, datos de organizaciones políticas concluyeron que se trató no de policías sino de una célula guerrillera armada. Ahí detuvieron a Gabriel Cruz Sánchez, jefe del EPR, y hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, mejor conocido como Tiburcio Cerezo, también jefe guerrillero, asesor militar del EZLN y vinculado al Comité pro Liberación de los Hermanos Cerezo, presos bajo cargos de acciones guerrilleras con bombas. Si las autoridades locales hablaron de una confusión con policías ministeriales, el comunicado del EPR señala que Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez están desaparecidos desde el 25 de mayo. Es decir, desde el operativo del 24."
Observemos que Carlos Ramírez recalca: "es decir, desde el operativo del 24". Pero el comunicado señala, en cambio: "desde el 25 de mayo en Oaxaca", no desde el día 24. En efecto, en Oaxaca las paredes no sólo oyen, sino también miran. Las filtraciones de información en esa entidad y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como es el de nuestro país. Pues bien, se filtró en ciertos círculos policiales de Oaxaca que el día 25 se encontraban en las mazmorras de la Procuraduría oaxaqueña, detenidos y en muy malas condiciones, dos miembros del EPR. La entrada y salida de médicos fue un indicador del estado de gravedad de los detenidos. Ese mismo día ambos fueron sacados de las mazmorras en camillas y transportados a la ciudad de México, presumiblemente al Campo Militar número uno, dada la presencia en ese momento de miembros del Ejército.
El comunicado del EPR habla por ello de "detenidos-desaparecidos" el día 25, no el 24, pues el 25 fue el último día en que se les vio a los dos. El reclamo de que sean presentados con vida tiene una lógica precisa: intentan que el gobierno demuestre que no está resurgiendo la guerra sucia, cuyo dato relevante, aunque ya no exista la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, es precisamente el de la desaparición forzada de personas.
Es curioso que un día antes del operativo mencionado por Carlos Ramírez y Pedro Ansótegui, el día 23 de mayo del año 2007, Amnistía Internacional, sección México, encabezada por Liliana Velásquez, presentara el capítulo dedicado a nuestro país de su informe 2007, donde se enumeró lo siguiente: "continuaron tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en los estados: asimismo, fracasaron las acciones para esclarecer las violaciones del pasado y procesar a los responsables". También Liliana Velásquez observó que las "operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos". En relación con el conflicto de Oaxaca, el informe refirió que "se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para apoyar a los docentes y exigir la renuncia del mandatario estatal, y ocuparon edificios oficiales, emisoras de radio y de televisión. Informes dan cuenta que policías vestidos de civil dispararon contra partidarios de la APPO, causando la muerte de al menos dos personas. Durante la crisis hubo tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación a maestros y partidarios de esa organización civil. En octubre, policías atacaron varias barricadas, con saldo de tres civiles muertos y muchos heridos; 4 mil 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva entraron a la ciudad. En noviembre se detuvo a 140 personas; muchas no habían participado en los hechos que se les imputaban".
En cuanto al operativo policiaco efectuado el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el informe señalaba que "la policía utilizó gas lacrimógeno y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión".
Apuntó que de las 47 mujeres que fueron detenidas y trasladadas a la cárcel, "al menos 26 de ellas denunciaron ante la CND que fueron objeto de agresión sexual o violación por parte de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores".
Es significativo que Amnistía Internacional expresara que el presidente Felipe Calderón "no ha mostrado voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones" en derechos humanos y que "lo más importante es demostrar con hechos que no tolerará otro Atenco o Oaxaca".
Pues bien, el origen del comunicado del EPR y de los atentados a Pemex derivan todavía, como lo veremos en la próxima entrega, del caso Oaxaca.
En 1990 el general Mario Arturo Acosta Chaparro publicó su informe Movimientos subversivos en México, con análisis sucintos de la guerrilla mexicana durante algo más de tres décadas. En ese informe el general apuntó lo siguiente: "En lo que respecta al PROCUP, se puede decir que es, quizás, la organización más peligrosa en México, sobre todo por el tipo de actividades que lleva a cabo en la clandestinidad, así como por la línea violenta que lo caracteriza con el manejo de explosivos. Sus antecedentes así lo manifiestan: actos de terrorismo y sabotaje contra instalaciones militares, así como de oficinas y dependencias de los gobiernos estatales y federal, incluyendo también a empresas particulares en varios estados del país. Son ocho años que no se tiene información fidedigna de los miembros componentes de esta organización ni de sus actividades".
A pesar de esa falta de información fidedigna de 1983 a 1990, el general sabía, sin embargo, que el PROCUP había auxiliado al Partido de los Pobres (PDLP) y se había relacionado con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), la Asamblea Nacional Obrera, Campesina y Popular (ANOCP), las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP); también, que el partido hacía circular folletos en centros de estudios sobre la guerra popular prolongada.
En efecto, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) fue una de las organizaciones guerrilleras más sobresalientes y constantes. Desde su inicio contó con la participación del militante guatemalteco José María Ortiz Vides, fundador de la Unión del Pueblo, organización activa en el estado de México, Puebla, Oaxaca, Jalisco, entre otras zonas, durante la década de los 70. El rasgo distintivo de Chema Ortiz Vides y de la Unión del Pueblo fue precisamente el manejo de explosivos, rasgo que caracterizó después, como lo señaló el general Acosta Chaparro, al PROCUP. Este rasgo debemos destacarlo no sólo como un dato episódico, sino como una señal de identidad y continuidad en la ulterior alianza del PROCUP con el Partido de los Pobres (PDLP) y en la posterior conversión del PROCUP-PDLP en el Ejército Popular Revolucionario, EPR, que constituyó el primer gran ensayo de coordinación nacional guerrillera en México.
Los recientes atentados con explosivos en instalaciones de Pemex representan, pues, una demostración de la continuidad histórica de los elementos iniciales de la Unión del Pueblo y tienen como antecedente el atentado de 1994 con explosivos al oleoducto de Petróleos Mexicanos en Tula, Hidalgo. Revelan, por otra parte, objetivos precisos del EPR: primero, no provocar muertes de seres humanos; segundo, afectar solamente instalaciones estratégicas; tercero, afectar tales instalaciones porque Pemex constituye ya, desde hace al menos cuatro administraciones federales, un coto de interés "oligárquico" sometido a la extorsión fiscal, la corrupción y la privatización quizás irreversible.
Los atentados revelan otro dato adicional. Independientemente de que las acciones fueron realizadas en Querétaro y Guanajuato, actuales territorios panistas, tuvieron que realizarse con una asesoría técnica relevante para sólo dañar instalaciones en puntos estratégicos y no provocar daños en vidas humanas. A este asesoramiento técnico quizás se refiere el párrafo del comunicado del EPR "contando con el apoyo de milicias populares de todo el estado".
Difícil saber en qué consistirán o cuál magnitud tendrán a futuro las acciones de hostigamiento "a los intereses de la oligarquía y del gobierno ilegítimo". Pero el comunicado es claro sobre la causa de tales acciones: la desaparición forzada en Oaxaca de dos de sus elementos. A este respecto debemos señalar que fue tema de dominio público la participación del EPR en el proceso de confrontación social oaxaqueño protagonizado por la APPO en 2006. Pero es necesario destacar que, en caso de que verdaderamente hubiera intervenido el EPR en las barricadas de la APPO, no intervino como fuerza armada, como organización con capacidad de fuego, como grupo insurgente que amenazara, atacara o se dispusiera a actuar con armas o con su capacidad en el manejo de explosivos demostrada ahora. En todo caso, la presunta intervención del EPR en el conflicto oaxaqueño se circunscribió a la aportación de cuadros civiles o de bases sociales, no de comandos armados. Fue, si esta participación se comprobara, una especie de diplomado, de curso intensivo de organización política y de acción de masas para los cuadros posibles eperristas y para organizaciones independientes indígenas, femeniles o magisteriales. En este sentido, podemos considerar, pues, como un episodio adicional del conflicto en Oaxaca el operativo policiaco y militar del pasado 24 de mayo en el hotel del Arbol en la capital oaxaqueña.
La investigación y el análisis del periodista oaxaqueño Pedro Ansótegui durante la última semana de mayo y los primeros días de junio le permitieron identificar que el operativo consistió en la captura de dos eperristas, uno de ellos Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a quien identificó por fotografías como hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, llamado también Tiburcio Cerezo por su defensa de los hermanos Cerezo.
Gabriel Alberto empleaba además otro nombre: Raymundo Rivera Bravo; en otros círculos se le llamaba, igualmente, El Gordo. Se trata de un militante de larga trayectoria: participó en el movimiento estudiantil del 68 en la UABJO, después se integró en la Unión del Pueblo, posteriormente en la formación del PROCUP-PDLP y finalmente en el EPR. Se le atribuye haber sido asesor militar de la Comandancia General del EZLN en 1994. La desaparición forzada de él y de Edmundo Reyes Amaya es una clara operación de guerra sucia.
Por otra parte, y por último, debemos señalar que uno de los efectos más sobresalientes de los atentados del EPR fue la inesperada reconversión de Pemex en un "patrimonio de todos los mexicanos". A lo largo de las pasadas cuatro administraciones presidenciales Pemex se ha visto sometido a un proceso de desgaste, extorsión, privatización y endeudamiento que tiende a su desaparición total como empresa pública. Suficientes indicadores fiscales, financieros y comerciales hacen parecer inminente la privatización total de Petróleos. Su empleo como fondo revolvente para el gasto del gobierno federal, su aprovechamiento partidista, su constante cesión a consorcios privados y la corrupción constante están convirtiendo a esta empresa en algo ajeno al desarrollo industrial y tecnológico del país. En este contexto, no carece de sentido la advertencia del comunicado del EPR: "la campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía". Es decir, desde la perspectiva del EPR, Pemex ha dejado de ser hace tiempo un "patrimonio de todos los mexicanos" y se ha convertido en uno de los "intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo".
Un efecto más de los atentados no es tan visible: los socios, coinversionistas o compradores presentes, inmediatos o potenciales, verán con otros ojos las condiciones de seguridad de Pemex. La experiencia de las transnacionales petroleras en los sistemas de seguridad es amplia, particularmente a partir de ciertos sectores de la industria de la guerra que cuentan con ejércitos privados o con asistencia tecnológica y de seguridad en diversas regiones de Asia central, Medio Oriente y Africa. Esto facilitaría un mayor doblegamiento a los criterios estadunidenses de seguridad hemisférica que transforma a los ejércitos nacionales en fuerzas de complemento y con funciones policiales regionales. Tal industria de ejércitos privados que pueden asumir, con el carácter de apoyo técnico especializado, la seguridad de ductos, oleoductos, distribuidores e instalaciones diversas del sector petrolero, podría abaratar la privatización de Pemex o favorecer una coordinación binacional en los planes de seguridad "antiterrorista" que ahora importa tanto al gobierno de Estados Unidos.
En ese caso, se trataría de la seguridad de bienes que formalmente desean considerarse negocios privados o trasnacionales y no "patrimonio de todos los mexicanos". ¿Sería un paso más en la modernización de México?
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