Plantea Azuela 'condena light' para Ruiz
Los Ministros de la Corte discutirán a partir del 13 de octubre el proyecto de dictamen que elaboró Mariano Azuela sobre el caso Oaxaca
Nota de Víctor Fuentes
Reforma, on line, 5 octubre 2009; El Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, es participante de la grave violación de garantías individuales durante el conflicto de 2006 con la APPO, pero de manera atenuada y sólo porque no contó con una fuerza pública capaz de sofocar el movimiento desde sus inicios.
Lo anterior se afirma en el proyecto de dictamen que el Ministro Mariano Azuela Güitrón repartió este lunes a sus colegas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la investigación que ordenó sobre los hechos que cimbraron al Estado hace 3 años.
Azuela sólo propone señalar como directa y plenamente involucrados en grave violación a 55 mandos policiacos federales, estatales y locales que encabezaron diversos operativos contra la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) entre junio de 2006 y julio de 2007.
El documento de 923 cuartillas enfatiza que tanto el Gobierno federal como el estatal hicieron todo lo posible por atender las peticiones de la Sección 22, por lo que no fueron omisos en su actuación.
De hecho, salvo los mandos de la Policía Federal Preventiva, ningún funcionario federal es mencionado.
"Aun cuando los mencionados niveles de gobierno no son responsables de la violación generalizada de garantías, lo que sí resulta reprochable al Gobernador del Estado de Oaxaca es el hecho de no contar con una fuerza pública eficiente y capaz de disuadir, por sí misma, el surgimiento de conflictos sociales", se lee en el proyecto.
Por tanto, se concluye que el Gobernador Ruiz sí es autoridad participante en la violación de garantías.
"Sin embargo, tal participación debe estimarse atenuada atentas las circunstancias históricas y presupuestales antes mencionadas, sobre todo en una entidad que presenta rezagos que, por su propia naturaleza, deben atenderse de manera prioritaria, lo que reclama la erogación ineludible de recursos públicos", matiza.
El mando policiaco de mayor rango señalado en el dictamen es Ardelio Vargas Fosado, actual diputado federal por el PRI, que en esa época era jefe del Estado Mayor de la PFP.
Según el Ministro, las tres principales acciones policiacas durante el conflicto estuvieron mal planeadas y ejecutadas: el intento de desalojo de la Sección 22 del Zócalo de Oaxaca, el 14 de junio de 2006; el Operativo Juárez de la PFP para retomar el control de la ciudad, entre octubre de 2006 y enero de 2007, y un operativo del 14 de julio de 2007 durante la celebración de la Guelaguetza.
Azuela también hace fuertes críticas a la APPO, por su actitud violenta y de rechazo a todo acuerdo con el Gobierno federal o local.
"Respecto de las características propias del movimiento social no debe olvidarse su beligerancia, incluso con matices de rebelión no únicamente en contra del Gobierno del Estado de Oaxaca, sino del Gobierno Federal, pues no debe pasarse por alto la intención de los inconformes por constituir una Asamblea Popular de los Pueblos de México con la finalidad de extender el movimiento por todo el territorio nacional y de crear una nueva Constitución".
El proyecto de Azuela es un documento de trabajo que será discutido por el Pleno de la Corte a partir del martes 13 de octubre, y cualquiera que sea el dictamen final, no tendrá efectos jurídicos ni genera responsabilidades concretas para funcionarios.
Hora de publicación: 16:17 hrs
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Los Ministros de la Corte discutirán a partir del 13 de octubre el proyecto de dictamen que elaboró Mariano Azuela sobre el caso Oaxaca
Nota de Víctor Fuentes
Reforma, on line, 5 octubre 2009; El Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, es participante de la grave violación de garantías individuales durante el conflicto de 2006 con la APPO, pero de manera atenuada y sólo porque no contó con una fuerza pública capaz de sofocar el movimiento desde sus inicios.
Lo anterior se afirma en el proyecto de dictamen que el Ministro Mariano Azuela Güitrón repartió este lunes a sus colegas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la investigación que ordenó sobre los hechos que cimbraron al Estado hace 3 años.
Azuela sólo propone señalar como directa y plenamente involucrados en grave violación a 55 mandos policiacos federales, estatales y locales que encabezaron diversos operativos contra la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) entre junio de 2006 y julio de 2007.
El documento de 923 cuartillas enfatiza que tanto el Gobierno federal como el estatal hicieron todo lo posible por atender las peticiones de la Sección 22, por lo que no fueron omisos en su actuación.
De hecho, salvo los mandos de la Policía Federal Preventiva, ningún funcionario federal es mencionado.
"Aun cuando los mencionados niveles de gobierno no son responsables de la violación generalizada de garantías, lo que sí resulta reprochable al Gobernador del Estado de Oaxaca es el hecho de no contar con una fuerza pública eficiente y capaz de disuadir, por sí misma, el surgimiento de conflictos sociales", se lee en el proyecto.
Por tanto, se concluye que el Gobernador Ruiz sí es autoridad participante en la violación de garantías.
"Sin embargo, tal participación debe estimarse atenuada atentas las circunstancias históricas y presupuestales antes mencionadas, sobre todo en una entidad que presenta rezagos que, por su propia naturaleza, deben atenderse de manera prioritaria, lo que reclama la erogación ineludible de recursos públicos", matiza.
El mando policiaco de mayor rango señalado en el dictamen es Ardelio Vargas Fosado, actual diputado federal por el PRI, que en esa época era jefe del Estado Mayor de la PFP.
Según el Ministro, las tres principales acciones policiacas durante el conflicto estuvieron mal planeadas y ejecutadas: el intento de desalojo de la Sección 22 del Zócalo de Oaxaca, el 14 de junio de 2006; el Operativo Juárez de la PFP para retomar el control de la ciudad, entre octubre de 2006 y enero de 2007, y un operativo del 14 de julio de 2007 durante la celebración de la Guelaguetza.
Azuela también hace fuertes críticas a la APPO, por su actitud violenta y de rechazo a todo acuerdo con el Gobierno federal o local.
"Respecto de las características propias del movimiento social no debe olvidarse su beligerancia, incluso con matices de rebelión no únicamente en contra del Gobierno del Estado de Oaxaca, sino del Gobierno Federal, pues no debe pasarse por alto la intención de los inconformes por constituir una Asamblea Popular de los Pueblos de México con la finalidad de extender el movimiento por todo el territorio nacional y de crear una nueva Constitución".
El proyecto de Azuela es un documento de trabajo que será discutido por el Pleno de la Corte a partir del martes 13 de octubre, y cualquiera que sea el dictamen final, no tendrá efectos jurídicos ni genera responsabilidades concretas para funcionarios.
Hora de publicación: 16:17 hrs
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Corte deslinda a Ruiz y Fox de violencia en caso Oaxaca
Nota de Carlos Avilés
Nota de Carlos Avilés
El Universal on line Ciudad de México Lunes 05 de octubre de 2009;
El ministro Mariano Azuela llega a la conclusión de que en las violaciones de las garantías sólo participaron mandos y elementos de las policías Federal y Estatal
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzaron a revisar, en privado, un dictamen en el que se propone declarar que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en Oaxaca, durante los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se registraron en dicha entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.En dicho dictamen, elaborado por el ministro Mariano Azuela, se concluye que las administraciones del entonces presidente Vicente Fox y del actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, llevaron a cabo las acciones idóneas para solucionar el conflicto, por lo que no se les puede responsabilizar de los "resultados indeseados".
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzaron a revisar, en privado, un dictamen en el que se propone declarar que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en Oaxaca, durante los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se registraron en dicha entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.En dicho dictamen, elaborado por el ministro Mariano Azuela, se concluye que las administraciones del entonces presidente Vicente Fox y del actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, llevaron a cabo las acciones idóneas para solucionar el conflicto, por lo que no se les puede responsabilizar de los "resultados indeseados".
En el caso de Ulises Ruiz, el ministro Azuela sólo propuso, de manera adicional, que se le hiciera un reproche por "el hecho de no contar con una fuerza pública eficiente y capaz de disuadir, por sí misma, el surgimiento de conflictos sociales como el que tuvo verificativo en el Municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada".
Derivado de las investigaciones que llevó a cabo una comisión integrada por dos magistrados, Azuela llegó a la conclusión de que en las violaciones de las garantías sólo participaron mandos y elementos de las policías Federal y Estatal, quienes incurrieron en abusos durante los diversos operativos que implementaron, entre los que destacan tratos crueles e inhumanos durante la detención y traslado de los manifestantes.
Entre los mandos policiacos que se mencionan destaca el caso del ahora diputado Ardelio Vargas Fosado, quien preside la Comisión de Defensa Nacional y quien en el momento de los hechos era jefe del Estado Mayor de la Policía Federal.
El dictamen elaborado por el ministro Azuela será revisado hasta el martes próximo.
Durante esta semana los ministros se dedicaran a revisar el documento de más de 900 páginas que se difundió en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia.
Durante esta semana los ministros se dedicaran a revisar el documento de más de 900 páginas que se difundió en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia.
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