Testigos protegidos

Columna PLAZA PÚBLICA

Delatores, informantes o testigos falsos

Miguel Ángel Granados Chapa

Reforma, 6 Dic. 09

Ejemplo de las contrahechuras de la procuración federal de justicia es el hecho de que la SIEDO tendrá que investigarse a sí misma en dos casos en que informantes colaboradores terminaron perdiendo la vida

Inspirado más en el cine y la televisión que en la práctica jurídica norteamericana, el uso de testigos protegidos (llamados eufemísticamente colaboradores) reveló no sólo su fracaso el martes pasado, sino también los recovecos de un mecanismo que ha servido para inculpar a inocentes aunque quizá también para llevar a la cárcel a delincuentes con los que riñeron quienes los señalan.

Ese día fue asesinado en una cafetería muy concurrida en la colonia Del Valle Édgar Enrique Bayardo del Villar, un peculiar funcionario policiaco de alto nivel en el momento de su detención, hace 13 meses, acusado por sus nexos con bandas de narcotraficantes. En vez de que se le fincara proceso, se le convirtió en informante del Ministerio Público. Ingresó al programa de testigos colaboradores y siguió con el tren de vida de sus años recientes, en que simultáneamente era miembro de la autoridad y presumiblemente cómplice de delincuentes.

En su breve carrera como perseguidor del delito, Bayardo del Villar fue miembro de la Policía Judicial Federal, después subprocurador de Justicia en Tlaxcala y en julio de 2007 fue recibido en la Policía Federal Preventiva, ya bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Sea porque los controles que regulan el ingreso son muy laxos, sea porque se trata de reclutar precisamente a ese tipo de personas, a nadie pareció extrañar que un hombre acaudalado como Bayardo del Villar aceptara una paga de 26 mil pesos mensuales. En sus declaraciones patrimoniales como miembro de la PFP dijo contar con bienes por 28 millones de pesos, consistentes, entre otros, en residencias con valor de 4 millones una, y 5 millones y medio otra, así como vehículos de lujo: un BMW de 700 mil pesos, un Mercedes Benz de 800 mil y una camioneta Jeep Cherokee, blindada, que valoró en un millón de pesos. Bayardo del Villar declaró también poseer obras de arte y joyas por 5 millones de pesos.

Se le detuvo a fines de octubre del año pasado, cuando Jesús Zambada Reyes, hijo de El Rey Zambada, fue capturado en la colonia Lindavista y solicitó su auxilio. Es que Bayardo era su protector o por lo menos informaba a la banda de su padre de movimientos policiacos. Bayardo fue arraigado pero no se le inició proceso, no obstante que había poderosas razones para iniciar una averiguación previa en su contra, al menos por sus signos exteriores de riqueza. Bayardo se salvó de ir a la prisión quizá porque propuso o aceptó un canje: informaría de malos manejos que conocía de cerca a cambio de que se le condonaran los presuntos delitos que hubiera cometido. Una información relevante proporcionada por él condujo a la detención de su jefe Víctor Gerardo Garay Cadena, a la sazón comisionado (es decir, jefe principal) de la Policía Federal Preventiva.

Hacía poco que Garay Cadena había decidido al fin ir tras un maleante de nacionalidad colombiana, Harold Mauricio Poveda, apodado El Conejo. Según el testimonio de Bayardo, su jefe se había mostrado ridículamente reticente a realizar operaciones ya planeadas contra El Conejo. Cuando finalmente accedió a hacerlo, no la pasó mal: llegó personalmente a la casa de Poveda, una mansión en el Camino al Desierto de los Leones, que entre sus muchas extravagancias contenía un zoológico. Contaba también con un jacuzzi que Garay aprovechó para bañarse junto con muchachas contratadas para una fiesta que la incursión policiaca interrumpió. Garay habría tomado para sí droga que se repartía en la juerga. Hoy está sometido a proceso, después de la delación de Bayardo.

Bayardo, en cambio, no sólo quedó en libertad formal sino que le fueron devueltos los cuantiosos bienes que habían sido asegurados en el momento de su detención. Se le pagaba además un estipendio de hasta 50 mil pesos por mes. Y podía ir y venir según su voluntad, como lo hizo el 1o. de diciembre, en que sin avisar a sus custodios salió de la casa de seguridad en Santa Úrsula, mansión que fue propiedad de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, y ahora es utilizada por la Procuraduría General de la República, quién sabe si con autorización del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) o sin ella, para alojar a sus colaboradores.

El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, puso particular énfasis en recordar que se trata de testigos colaboradores, no de testigos protegidos, como suele llamársele en los medios, en confusión que hasta ese momento la autoridad no había tenido interés en diluir. Pero cuando quedó claro que los protegidos no lo estaban, se recordó su estatus verdadero: no estando sometidos a juicio alguno, tienen libertad para ir y venir. Y aun para suicidarse: el 20 de noviembre pasado, Jesús Zambada, el muchacho que llamó a Bayardo para que lo rescatara, se privó de la vida en la misma casa donde se alojaba el ex policía asesinado el martes pasado. ¿A quién se le habrá ocurrido permitirles tal vecindad, no obstante que había sido clara en el momento de la captura de ambos la turbia relación que los hacía conocidos? ¿Cuál es el objeto de ofrecer habitación a los colaboradores si no son al mismo tiempo protegidos, es decir, si no tienen escoltas? Zambada pudo suicidarse -si es que en efecto él mismo atentó contra su vida- porque no había ningún género de cuidado dentro de la casa. Y si Bayardo fue asesinado ello se debió a una conjunción de circunstancias: no dio aviso a sus escoltas, que ahora nos dicen que no estaba obligado a hacerlo porque nada lo retiene, y porque alguien en la casa dio aviso a quienes lo asesinaron de que estaba en la calle. Probablemente alguien lo siguió y puso su paradero en conocimiento de quienes lo ultimaron.

Todas esas suposiciones implican a personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, que ahora tiene la responsabilidad de encontrar a los asesinos de Bayardo, a quien desprotegió, lo mismo que determinar procesalmente si Zambada se suicidó efectivamente. Tal contrasentido -investigadores que se investigan a sí mismos- es una de las contrahechuras de la procuración federal de justicia, que no son menores que las de la Secretaría de Seguridad Pública. En una y otra dependencias, encargadas de garantizar la tranquilidad de los mexicanos impidiendo la comisión de delitos y persiguiendo a quienes los perpetran, gira una rueda de la fortuna que un día tiene en la cúspide a los mandos y al siguiente los tiene en la cárcel.

Están presos un subprocurador, Noé Ramírez Mandujano, y Garay Cadena, comisionado de la PFP. Pero un antecesor de este último, José Luis Figueroa, ha vuelo a alzar cabeza después de que fue depuesto de la jefatura de la PFP por la abulia con que su personal reaccionó ante el linchamiento de agentes de esa policía en Tláhuac, hace cinco años. Ahora dirigirá el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Ése fue también el puerto de llegada en la PGR de Ardelio Vargas Fosado, igualmente mando principal de la policía preventiva que ahora es diputado federal.

Esa designación corresponde a la mudanza de mandos emprendida en la Procuraduría de la República por su discutido titular, Arturo Chávez Chávez, ante el cual renunció, el 17 de noviembre, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Juan Miguel Alcántara. Dada su trayectoria como legislador panista, su inclusión en la segunda línea de la PGR, apenas ocurrida en agosto del año pasado, se explicaba sólo por un alto sentido del deber que lo obligara a aceptar una posición a la que no aspiraba, ni siquiera con el eventual ofrecimiento de que en su momento reemplazaría a Eduardo Medina Mora. Si hubo tal promesa, no fue cumplida y eso explicaría las desavenencias que muy pronto afloraron entre el nuevo procurador y Alcántara, quien se retiró inconforme con la reestructuración emprendida por Chávez Chávez. Son los peores, ha llegado a decir, refiriéndose a los recién designados altos mandos. Si eso es verdad, y ante lo sucedido a Bayardo, pronto sabremos mucho acerca de los testigos colaboradores, protegidos y desprotegidos, usados a veces como única pieza acusatoria en expedientes delicados como los de los alcaldes de Michoacán, algunos de ellos manifiestamente inocentes, pues han sido imputados a partir de señalamientos de desconfiables delatores.

miguelangel@granadoschapa.com