Gloria Leticia Díaz
Pese a que el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, dice ser respetuoso de los derechos humanos, durante su gestión en Baja California –donde fue secretario general de Gobierno– dos activistas se vieron obligadas a huir de Tijuana ante el riesgo de ser asesinadas.
Colaboradoras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevárez vieron trastocadas sus vidas tras emprender la defensa de 42 torturados por militares destacados en Tijuana.
Ambas están amenazadas desde que, el 5 de noviembre de 2009, los casos de tortura a 36 policías municipales, dos agentes ministeriales y cuatro civiles fueron presentados en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esas víctimas, 25 policías y los civiles aún están presos en el Cefereso de Nayarit (Proceso 1701 y 1722).
Mesina es hija de Miguel Ángel Mesina, expolicía municipal que ha denunciado al secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, como uno de los torturadores.
Acoso y amenazas
De mensajes intimidatorios a través de familiares de detenidos, el hostigamiento pasó a llamadas amenazantes –una a los padres de Silvia Vázquez el 2 de febrero de este año y varias a Blanca Mesina el siguiente 28 de febrero–, el incendio de una camioneta de Silvia el 2 de febrero y la amenaza directa de un encapuchado contra Blanca el pasado 18 de mayo.
Raúl Ramírez Baena, presidente de la CCDH, dice a Proceso que Blake es responsable del destierro de Mesina y Vázquez: “El tema de derechos humanos es obligado de cualquier titular de Gobernación, federal o estatal (...) en el caso de Silvia y Blanca, no hubo interlocución ni resolución del conflicto que se le planteaba”, apunta.
El 4 de marzo de 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de José Guadalupe Osuna Millán medidas de protección para las activistas, responsabilidad que recayó en la Secretaría General de Gobierno, es decir, en Blake Mora.
Tres meses más tarde, el 4 de junio, ante “las demoras en la implementación de un esquema de seguridad”, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las activistas.
De acuerdo con la notificación, la CIDH solicitó al Estado mexicano “que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Blanca Mesina Nevárez y Silvia Vázquez Camacho y sus familias; que concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, y que informe a la CIDH sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.
Antes, el 18 de mayo, en el centro de Tijuana Blanca Mesina fue perseguida y amenazada por un encapuchado.
Desde su refugio –las dos mujeres están fuera de la entidad– Blanca narra a Proceso que mientras circulaba en calles de esa ciudad su auto fue embestido dos veces por una pick up sin placas y con los vidrios polarizados.
Al sentir el segundo golpe: “Aceleré, vi un Oxxo y me metí al estacionamiento (...) me alcanzó la pick up y me estaba bajando de mi carro cuando se me acercó un (...) encapuchado. El hombre me dijo: ‘¿Qué pasó Blanquita? ¿No entendiste que ya no debes estar denunciando? Si no te mato ahorita es por las elecciones (del 4 de julio), no queremos hacer pedos y sabemos que lo tuyo es internacional. Deja de estar chingando’. Me dio un beso en la mejilla y se fue”.
Silvia Vázquez apunta: “La situación era insostenible porque mientras el acoso contra nosotras era cada vez más cercano, no veíamos una coordinación en las tareas de resguardo por parte de las autoridades. En las reuniones en la Unidad de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, de la Segob, lo que advertimos es que los representantes de Baja California y del gobierno federal se pasaban la bolita para evadir la responsabilidad de garantizar nuestra seguridad”.
El pasado 3 de junio, cuenta Vázquez, los peticionarios de las medidas cautelares se levantaron de la mesa de negociaciones en la Segob por la falta de definición de la dependencia. Hasta el jueves 15, las dos mujeres no habían sido convocadas para aplicar esas medidas.
Además no hay avance en las indagatorias por el acoso y amenazas a las activistas en la PGR ni en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, pese a que, sostienen las dos, los agentes investigadores de ambas dependencias saben que detrás de los actos de intimidación está el teniente coronel Leyzaola Pérez.
“Esperamos que toda vez que el nuevo secretario (Blake) conoce nuestra situación, actúe consecuentemente con sus manifestaciones rendidas el día de ayer (miércoles 14 de junio) al mencionar que cree en la defensa de los derechos humanos, y realice acciones concretas para que podamos regresar a Tijuana”, puntualiza Vázquez.
Ramírez Baena advierte que el destierro de las activistas es consecuencia de la “ausencia de una política de derechos humanos en Baja California, de lo que era responsable Blake hasta el martes 13 de julio”.
El caso de los pescadores
Como ejemplo de “la línea de Blake”, Ramírez Baena trae a colación el caso de los pescadores indígenas Emilio Hurtado y José Antonio Guerra, detenidos por militares el 19 de mayo acusados de atrapar una totoaba, pez en peligro de extinción.
“Después de semanas de mantener un plantón, Blake Mora se dignó atender a las organizaciones indígenas y a nosotros como defensores; ofreció abogados, pero como lo que se le pedía era que usara sus buenos oficios para interceder a favor de los detenidos ante el gobierno federal, rompió el diálogo. Esa es la línea de Blake.”
Otras activistas, como Alma Díaz, coordinadora de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, y la defensora de derechos de la mujer María del Carmen Rioseco, apuntalan la información sobre Blake Mora.
Díaz afirma que Blake al frente de la Secretaría General de Gobierno, “nunca movió un dedo para crear la fiscalía especial para atender” los casos de mil 700 desaparecidos en la entidad en los últimos 15 años.
Representante de la asociación Alaíde Foppa, María del Carmen Rioseco, consultora también del Instituto Nacional de las Mujeres, sostiene que el actual secretario de Gobernación no fue “un buen vínculo” entre el gobierno estatal y los grupos de mujeres enfocados a los casos de violencia intrafamiliar.
“Desde 2008 pedimos su intervención para instalar el consejo consultivo del Instituto de la Mujer de Baja California, pues la entonces titular, Mayté Aguilar de Ferreiro, no quiso hacerlo.
“Blake Mora jamás nos atendió ni dio respuesta a nuestras peticiones; ni siquiera le hizo caso a la presidenta del Inmujeres, Rocío García Gaytán.”
Tras recordar que durante la gestión de Blake se reformó la Constitución local para decretar el derecho a la vida desde la concepción y que se le acusó de “bloquear iniciativas a favor de los derechos humanos”, Ramírez Baena afirma que Blake “pertenece a sectores conservadores que tiene como línea proteger al grupo gobernante y al partido en el poder. Durante su gestión en Baja California, nunca hubo una política de derechos humanos.” l
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