El rancho o la vida

El rancho o la vidaRicardo Ravelo, reportero 
Revista Proceso # 1788, 6 de febrero de 2011;
El avance de la delincuencia organizada contradice la actitud triunfalista del gobierno de Felipe Calderón, que insiste en publicitar cada “golpe” que asesta a los criminales. Lo cierto es que los narcotraficantes han optado por ampliar sus operaciones y encontraron una rica veta en el secuestro y el despojo. En estados como Veracruz, Durango, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas “legalizan” sus atracos mediante notarios públicos. Ya son muchas las familias que han sido despojadas de su patrimonio, sin que las autoridades de un Estado ineficaz y rebasado por los grupos delictivos hagan algo para impedirlo.


El combate al crimen organizado no sólo ha diseminado a los grupos criminales a lo largo y ancho del país provocando matanzas y tensión, sino que también detonó el secuestro de pequeños y medianos empresarios, quienes tras pagar sus rescates se ven obligados a entregar su patrimonio ante amenazas de muerte.
Esta nueva modalidad del crimen organizado se inscribe en la llamada “diversificación de actividades” con la que los cárteles de la droga obtienen grandes ganancias. De esta manera, aunque el narcotráfico es un negocio boyante, ya no es su única fuente de ingresos.
Los primeros en realizar secuestros y arrebatar bienes a las víctimas fueron Los Zetas, otrora brazo armado del cártel del Golfo y ahora reconocidos dentro y fuera de México como un cártel independiente. Le siguieron otras organizaciones delictivas como La Familia michoacana, el cártel de Juárez y todas las ramificaciones que conforman el de Sinaloa, el más poderoso que opera en México.
Para consumar el despojo de las propiedades y hacerlo pasar como compras o cesiones, los narcotraficantes suelen presentarse ante sus víctimas acompañados de notarios. Amenazados o no, estos fedatarios formalizan las operaciones de “compraventa” de propiedades. De esta manera se garantiza el pago para que los delincuentes respeten la vida del secuestrado.
Varias historias dan cuenta de estos atracos que evidencian un hecho: el Estado mexicano no sólo quedó rebasado por la delincuencia, sino que es incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
Un relato
Uno de los casos más recientes de despojo realizado por narcotraficantes fue el de Teodoro Apolinar Rodríguez, un empresario de la construcción. Esta es la historia:
La tarde del 21 de diciembre de 2010 circulaba en su vehículo por la carretera federal Alvarado-Tlacotalpan. Regresaba de supervisar unas obras y se dirigía a su casa. Una camioneta negra le echó las luces insistentemente y en un tramo solitario se le emparejó. Vio que varios sujetos le apuntaban con rifles de alto poder. Desde la ventanilla salieron los gritos: “¡Párate, hijo de puta, o te carga la madre!”, le gritó un encapuchado.
Se orilló en el acotamiento y descendió del vehículo. De inmediato cinco hombres lo sometieron, lo ataron de pies y manos y le vendaron los ojos. “¡No grites, cabrón, porque te perforo la cabeza a plomazos!”. A empellones lo subieron a la camioneta.
En entrevista con Proceso, el empresario comenta que ya se había enfrentado a una experiencia similar, pero que en esta ocasión lo primero que pensó es que lo iban a matar: “Yo sentí que ya no la contaba, que hasta ahí había llegado mi vida”.
Después de tres horas el vehículo se detuvo. “Me bajaron a empujones. Me quitaron mi celular y me bolsearon. Luego escuché que abrieron una puerta y unos brazos me tomaron y me aventaron al piso. ‘Aquí te quedas calladito; si gritas te mueres’, me advirtieron”.
Recuerda que en el cuarto contiguo escuchó varias voces e incluso oyó que preguntaban si iban a pagar el rescate. Fue en ese momento, dice, cuando estuvo consciente de que se trataba de un secuestro. “Las horas que habían transcurrido se me hicieron eternas. Como estaba vendado y encapuchado, no sabía si era de día o de noche”.
Al día siguiente, refiere, uno de los secuestradores entró al cuarto para llevarle comida. “No tenía hambre. Lo que sentía era mucha sed y estaba muy nervioso. Escuché que el tipo ese cortó cartucho y me metió el cañón de la pistola en la boca. Me dijo que no iba a salir vivo de ahí si no pagaba y que me daban 24 horas para liberarme o matarme. Añadió que me iban a enterrar vivo”.
–¿Cuánto pidieron? –se le pregunta.
–25 millones de pesos.
“Yo les dije que no tenía esa suma en efectivo, pero que podía completarla con maquinaria y algunos coches. Fue entonces cuando me golpearon en la espalda y me lastimaron las costillas a culatazos. Me daban patadas y a cada rato me encañonaban con las armas. Yo escuchaba cuando jalaban del gatillo y nada más se oía el clic de la pistola. Fue horrible.
“No pasó ni una hora cuando otra vez me golpearon y me metieron la pistola hasta el cielo de la boca. Insistían en que querían los 25 millones en efectivo. Les aclaré que no tenía esa suma; que lo que podía pagarles eran 5 millones y esos sí los podía tener en efectivo, pero que me tenían que dar tiempo a que yo le hablara a mi esposa para que los pagara.
“Transcurrió un tiempo, no sé cuánto, y me dijeron que aceptaban los 5 millones. Me preguntaron qué más tenía y les dije que cuatro coches. Dijeron que querían las facturas endosadas. Me pidieron el nombre de mi mujer y su teléfono y hablaron con ella para decirle que tenía que pagar esa suma y entregar los carros. Ella aceptó negociar y pagarles.”
El 23 de diciembre, los plagiarios recibieron el pago y los vehículos con las facturas endosadas. Pero no todo terminó ahí. Una vez cerrada la operación, los secuestradores hablaron con su víctima; en esta ocasión le exigieron que entregara las armas que, según ellos, guardaba en su casa.
Con los ojos llorosos y la voz temblorosa, Teodoro Apolinar prosigue su relato:
“Entraron al cuarto donde estaba y me dijeron que ya habían recibido el pago y los coches, pero que ahora querían que les entregara las armas. Yo les dije que no tenía armas, que no sabía ni disparar una pistola.
“Me gritaron que no me hiciera pendejo, que ellos sabían que yo tenía armas. La verdad es que no tenía armas; sólo guardaba en mi rancho una pistola vieja que ya ni servía. Les comenté que sólo tenía esa pistola y quisieron que se las diera. Le hablaron a mi mujer y ella les comentó que se las iba a entregar. Cuando fueron a buscar la pistola, mi mujer fue al rancho, sacó el arma y les entregó hasta los cinco tiros que tenía. Ahí constataron que era una pistola vieja.”
A pesar de que pagó la suma acordada e incluso entregó el arma, la pesadilla no concluyó para el empresario. Los delincuentes le dijeron que les había gustado su rancho y que se iban a quedar con él. De inmediato ordenaron que toda la gente que trabajaba en el predio se saliera, pues ellos ocuparían la casa.
“No me quedó otra alternativa más que cederles el rancho”, dice resignado Apolinar Rodríguez, quien reconoce haber cometido el error de decirles a sus secuestradores que sí tenía una pistola, “pues ya me iban a liberar, pero todo se retrasó por la pistola.”
–¿Es tan fastuoso su rancho como para que les haya atraído a sus secuestradores?
–Se trata de un predio de dos hectáreas con una casa de descanso que utilizo para­ estar con mi familia los fines de semana y tengo unas cuantas cabezas de ganado. Eso es todo. No es gran cosa, pero vale algo de dinero.
–¿Y qué pasó después?
–Me liberaron el 24 de diciembre y me fui a mi casa a beber. Ya no quería saber nada de esa pesadilla. No tenía paz. Me despertaba sobresaltado en las noches. Pensaba que aún estaba encerrado y que me iban a matar.
“Esos tipos se fueron a vivir al rancho y desde ahí operaban. Yo no hice nada por temor a que me mataran o a que mataran a mi familia. Lo peor de todo eso vino cuando otra banda se enfrentó con la que me secuestró y se desató un tiroteo en mi rancho. Murieron como 10 personas y mi propiedad fue asegurada por la PGR.”
A poco más de un mes de esos hechos, Apolinar Rodríguez dice que no ha podido recuperar su rancho y explica por qué:
“Las autoridades ahora piensan que yo soy parte de la banda y todo el mundo me pide dinero. Los fiscales de la PGR y los soldados me exigen dinero dizque para ayudarme, pero al paso que va esto, pienso que recuperar mi rancho va a ser tan caro como comprarlo de nuevo.”
“Conservó su rancho, perdió la vida”
Historias como ésta se multiplican sobre todo en Veracruz, Durango, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, entidades donde abundan las propiedades abandonadas por sus dueños, quienes después de ser liberados tras un secuestro tuvieron que irse del país o cambiar su lugar de residencia.
En ocasiones los dueños de los ranchos o casas han tomado la decisión de enfrentarse a balazos con los narcotraficantes y secuestradores para defender su patrimonio, pues ninguna autoridad quiere ocuparse de estos casos.
El 21 de noviembre de 2010 el empresario tamaulipeco Alejo Garza Tamez recibió una llamada telefónica, presuntamente de Los Zetas, para exigirle que cediera una propiedad. Se trataba del rancho San José, localizado a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
“Queremos tu rancho. Prepara todos los papeles, vamos a tratar contigo ese asunto”, le dijeron. Supuestamente, los representantes de ese cártel ya habían hablado con un notario público, quien formalizaría la operación fraudulenta.
De 77 años, don Alejo, como le decían sus conocidos, preparó todo: le pidió a la servidumbre que el día de su entrevista no estuviera e hizo lo mismo con los trabajadores del rancho. Después preparó sus armas y se acuarteló en su casa a la espera de los expoliadores.
Cuando el comando armado llegó al rancho, Alejo Garza lo recibió a balazos. En el tiroteo murieron cuatro presuntos narcotraficantes, dos resultaron heridos y don Alejo falleció al recibir varios impactos de bala.
Cuando los elementos de la Marina llegaron al rancho San José, el escenario era impactante: la austera casona principal estaba destrozada por las balas y explosiones de granadas. En la parte exterior de la finca había cuatro cuerpos. Los marinos exploraron los alrededores y encontraron a dos sujetos más heridos e inconscientes.
En el interior de la casa yacía un solo cuerpo: el de don Alejo, dueño de la finca y empresario maderero, con dos armas a su lado y perforado por los tiros. En todas las puertas y ventanas había armas y casquillos.
Tras reconstruir los hechos, los marinos concluyeron que Alejo Garza había diseñado toda una estrategia para defender sus bienes. Por eso colocó armas en todos los frentes de la casa… Salvó su propiedad, pero perdió la vida. Por su actitud, fue inmortalizado en un corrido:
Hombre bragado y valiente /No le importó su dolor /Nació norteño hasta el tope /Como tal defendió su honor… /Salvó primero a sus hombres /Por los matones guardó /Llegaron a amedrentarlo /A balazos les contestó /Desde su noble trinchera / cuatro adelante se echó / Era su vida y su rancho /Era cuestión de su honor /Por eso murió a balazos /Por eso nunca se hincó /En la gloria está don Alejo /Él solito a su rancho salvó /Y los guachos (soldados) están sorprendidos / Pues a ninguno necesitó.
Estado impotente
En Durango –uno de los territorios del cártel de Sinaloa– las bandas de secuestradores han llegado al extremo de recibir los pagos por los rescates en abonos.
Según Ramiro Ortiz Aguirre, fiscal general del estado, optaron por esta modalidad debido a que eligen a sus víctimas al azar. Y pone un ejemplo: “Una banda le preguntó a una de sus víctimas con qué contaba y ésta respondió: ‘pues nomás tengo una vaca’, y la misma vaca fue entregada a cambio de la libertad de esa persona”.
En otros casos, según Ortiz Aguirre, los secuestradores otorgan crédito a los afectados, a quienes liberan para permitirles que consigan la suma acordada. En algunos casos ésta puede ser de 5 mil pesos.
Y explica: “En una ocasión los delincuentes secuestraron a una persona a quien le exigieron una cantidad inalcanzable. Cuando se dieron cuenta de ello decidieron concederle la libertad para que consiguiera el dinero. Hubo un convenio entre secuestrador y víctima. Ésta fue liberada, consiguió el dinero y pagó. Estos casos nunca son denunciados porque la gente tiene temor a ser asesinada”.
Eso no es todo. Existen otras bandas que obligan a sus víctimas a pagar parte de su rescate con un anticipo y el resto mediante pagarés que luego los plagiarios van cobrando de acuerdo con los plazos establecidos.
En muchos casos las extorsiones se realizan con el apoyo de notarios que, bajo amenaza, dan fe de operaciones de compraventa fraudulentas. Por ello, el año pasado el Senado de la República discutió una iniciativa que analizó la posibilidad de incorporar en la Ley Antisecuestros el tema de las narcoextorsiones validadas por notarios.
La idea entonces era que todas las operaciones en las que la delincuencia utilizara a notarios públicos bajo amenazas –o bien que tuvieran vínculos con el narcotráfico– quedarían nulificadas. Sin embargo, la práctica de las extorsiones se propaga en todo el país y frente a este flagelo ninguna autoridad responde