En Jalisco: disputa por la plaza

Violenta disputa por la plaza
Tras los granadazos y narcobloqueos del martes 1 en Guadalajara y los municipios conurbados, el gobernador Emilio González y sus jefes policiacos siguen el guión del gobierno federal: minimizan los daños y se ufanan de sus golpes a la delincuencia organizada. En cambio, el consulado de Estados Unidos emitió alerta de seguridad para sus funcionarios y ciudadanos en la ciudad; la población, a la que pidieron calma, protesta contra la violencia y explora nuevas formas de comunicarse oportunamente cuando hay peligro… 
Revista Proceso # 1788, 6 de febrero de 2011;GUADALAJARA, JAL.- Una serie de narcobloqueos, granadazos y balaceras sacudieron la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) la noche del martes 1, fecha del cuarto informe de actividades del gobernador Emilio González Márquez, y provocaron que el viernes 4 el consulado general de Estados Unidos en la ciudad emitiera una alerta a sus ciudadanos para extremar sus precauciones.

Se trata de la segunda jornada de ataques coordinados en la zona metropolitana en el año que empieza.
Los atentados comenzaron antes de las 21:00 horas. Una granada de fragmentación estalló en instalaciones de la Policía de Tonalá y lesionó a un agente. Ya en agosto pasado se había reportado otro atentado de esa naturaleza contra el edificio, ubicado en la colonia Arroyo de en Medio, sobre la carretera libre a Zapotlanejo.
Casi al mismo tiempo se reportó un bloqueo de la carretera Guadalajara-Chapala, a la altura del kilómetro 9. Según testigos, hombres armados obligaron al conductor de un tráiler a bajarse y después rociaron de gasolina el vehículo. Luego lo incendiaron, pero cuando los delincuentes huyeron el chofer volvió y consiguió controlar el fuego. 
Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguraron ahí 20 casquillos de rifles de asalto AR-15 y AK-47. Cerca del lugar se realizó el 16 de enero el primer narcobloqueo en la entidad, también atribuido a La Resistencia.
El mismo martes 1, en Periférico y 8 de Julio, en Tlaquepaque, un tráiler y una grúa fueron quemados. Las autoridades del municipio sólo reportaron daños materiales y afectación a la vialidad.
Minutos más tarde, a un costado del nuevo puente atirantado Jorge Matute Remus, sobre el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Lorenzana, un camión de la ruta 646 fue abordado por sujetos armados, quienes bajaron a los pasajeros e incendiaron el vehículo.
En avenida Colón y Ahuehuetes, en el sur de la ciudad, otro grupo trató de bloquear la vía del Tren Ligero con un camión de transporte urbano. El chofer de la unidad resultó lesionado con arma de fuego al resistirse. 
A la estación Tetlán del Sistema del Tren Eléctrico Urbano llegó una unidad militar a inspeccionar las instalaciones, con el fin de evitar ataques a esa vía de comunicación y proteger a los pasajeros. Lo mismo ocurrió en diversos puentes peatonales en las rutas donde se realizaron los bloqueos.
Por su parte, la Policía de Zapopan confirmó que dos automóviles recibieron el impacto de una granada, en el cruce de las avenidas Vallarta y Central, en Ciudad Granja, afuera de una distribuidora Nissan.
Otro minibús de la ruta 625 estuvo a punto de calcinarse en López Mateos y avenida Las Fuentes, ya que los delincuentes lo rociaron de gasolina y lo prendieron, pero el chofer controló el fuego. Cerca de ahí, en la calle de Cancún y la privada Caoba, la policía estatal localizó una pistola calibre .9 milímetros tirada en el suelo. 
La serie de ataques provocó que la mañana del miércoles 2 el gobernador González Márquez suspendiera el viaje que tenía programado a Campeche, donde supuestamente promovería los Juegos Panamericanos de Guadalajara, que se llevarán a cabo en octubre próximo. 
El mandatario convocó urgentemente en la Casa Jalisco a su gabinete de seguridad, a los cinco alcaldes de la ZMG (Jorge Aristóteles Sandoval, de Guadalajara; Héctor Vielma, de Zapopan; Miguel Castro, de Tlaquepaque; Antonio Mateo, de Tonalá, y Enrique Alfaro, de Tlajomulco), así como a los coordinadores de las cuatro fracciones parlamentarias del Congreso local. Se les unieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para definir estrategias de combate a la delincuencia. 
Después de la reunión, que duró cerca de cinco horas, en rueda de prensa Emilio González dijo que las autoridades se abstendrán de informar sobre su estrategia para combatir el crimen organizado, pero adelantó que se acordó adquirir un sistema de monitoreo con cámaras de video para instalarlo en las principales avenidas de la ZMG, así como establecer el seguimiento por internet de los procesos legales de sujetos ligados a la delincuencia organizada, de modo que la ciudadanía pueda vigilarlos.
Añadió el gobernador que urge sacar de la “congeladora” en el Poder Legislativo el proyecto de reforma para que se seleccione a jueces difíciles de corromper y así evitar que liberen a peligrosos narcotraficantes. 
Aprovechó para cuestionar las fallas en el sistema de administración de justicia: “No será la primera ocasión que alguien fuese dejado en libertad por un juez corrupto y acobardado”, soltó. Finalizó su intervención: “Estamos trabajando del lado de la ley. No nos hemos acobardado ni lo haremos; no nos hemos vendido con el narco ni lo haremos”.
Ahí mismo el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán, rechazó que se vayan a suspender los XVI Juegos Panamericanos e informó que tras los bloqueos y atentados se detuvo a cinco personas –tres menores de edad y dos adultos–, quienes todavía eran investigados para conocer con certeza si están involucrados. 
A su vez, los coordinadores de las cuatro fracciones parlamentarias del Congreso local se comprometieron a respaldar al gobernador para la contratación de un crédito por mil millones de pesos destinado a comprar equipo de seguridad, incluido un helicóptero blindado. Además, dijeron que acelerarán la aprobación de varias reformas al sistema de justicia, como la Ley de Extinción de Dominio y la de Control de Confianza. 
La prensa local registró posturas encontradas: mientras el dirigente estatal del PRD, Antonio Magallanes, exigió que Emilio González pida licencia para dedicarse de tiempo completo a promover su precandidatura presidencial, el Consejo de Cámaras Industriales y 36 organizaciones del sector privado ofrecieron apoyo a los tres niveles de gobierno para acabar con la violencia y llamaron a la ciudadanía a mantener la calma.
A la reunión también acudieron directivos de medios de comunicación, a quienes Emilio González pidió “no abonar en la espectacularidad de la información para no generar alarma” entre la población.
Advertencias ignoradas
 En otra conferencia de prensa en las instalaciones de la SSP, el titular de la dependencia, Luis Carlos Nájera, dijo que a las 16:00 horas del martes 1 sus agentes capturaron a Julio César Cervantes Hernández o Javier Pérez Hernández, de 28 años de edad, con domicilio en Ecatepec, Estado de México, y Bernardo Arroyo Moreno, vecino de Peribán, Michoacán, ambos identificados como miembros de La Resistencia. 
Narró que agentes estatales patrullaban sobre las avenidas Vallarta y Juan Palomar cuando se dieron cuenta de que unos individuos pretendían huir a bordo de un Jetta blanco, modelo 2008 y con placas JGX 8806. Al interceptarlos se les aseguró una pistola calibre .38 súper y otra .45, así como una granada de fragmentación que uno de ellos portaba en una bolsa tipo cangurera. 
El titular de la SSP apuntó que Cervantes Hernández recibía órdenes directas de Víctor Mauricio Torres García, El Papirrín, y Ramiro Pozos González, El Molca, dos operadores de La Resistencia. Aseguró que tras la captura de ambos sujetos, el Ejecutivo estatal recibió amenazas para que dejara en libertad a los sospechosos. Según Nájera, los narcobloqueos fueron una respuesta a esa detención.
La SSP detalló que a Julio César Cervantes se le aseguró un teléfono celular que contenía un video de cerca de dos minutos, con escenas de entrenamiento de varios presuntos miembros de La Resistencia. El material circula en YouTube desde el jueves 3 y registra miles de visitas.
En una de las imágenes se ve a tres hombres armados que avanzan en fila. Posteriormente se ve a uno de los sujetos pecho a tierra, con vestimenta táctica y disparando un rifle de asalto.
En una entrevista concedida durante su presentación por la SSP, uno de los detenidos reconoció que recibía 10 mil pesos semanales por sus servicios y dijo que lo detuvieron en la calle Guadalupe, lo que difiere de la versión del secretario de Seguridad Pública, en el sentido de que la detención fue en Vallarta y Juan Palomar.
Desde el 28 de enero los miembros del cártel del Milenio y la alianza MFG (Milenio, Familia, Golfo) advirtieron, mediante seis mantas colocadas en distintos puntos de la ZMG, que el gobernador debía “poner orden” en la SSP, ya que su titular, Luis Carlos Nájera, su director operativo, Alejandro Solorio, así como el inspector Carlos Alejandro Cárdenas, El Charly, sólo persiguen a los miembros de su organización y brindan protección a Los Torcidos o Nuevo Cártel de Jalisco. De no atender el aviso, Jalisco “ardería en llamas”, amenazaron.
Sin embargo, el gobernador y los mencionados mandos de la SSP minimizaron la advertencia. Dijeron que sólo querían llamar la atención de los medios y desprestigiar a las autoridades porque éstas habían detenido a 12 integrantes de La Resistencia en menos de 15 días.
Eso mismo sostuvo horas antes de los narcobloqueos el director operativo de la SSP, Alejandro Solorio Aréchiga, en entrevista con Proceso sobre los narcomensajes del 28 de enero. Según él, éstos respondían a dos acciones policiacas: la frustración del atentado contra el director de la Policía de Chapala, Reinold Contreras Muñoz, y la captura de una decena de sicarios el 16 de enero. 
“Es parte de una campaña de desacreditación porque esto ocurre cuando les acabamos de pegar. Hace unos días detuvimos a varias personas con armamento, inclusive un lanzacohetes, que es el segundo que logramos asegurar”, dijo Solorio. 
Recordó que el año pasado se les incautó un artefacto similar a miembros del cártel de Sinaloa en Ocotlán, y mencionó operativos entre 2008 y 2010 en los cuales la SSP y fuerzas federales han detenido a integrantes del cártel de Juárez, además de la captura de 18 presuntos integrantes de Los Torcidos en San Cristóbal de la Barranca el año pasado. 
Dijo que apenas el fin de semana anterior a la entrevista, en Colinas de San Javier –donde el Ejército abatió a Nacho Coronel en julio de 2010–, agentes de la SSP detuvieron a seis sospechosos que llevaban armas con silenciador. “Entre los capturados hay dos exmilitares de Colombia que presuntamente pertenecen al cártel de Jalisco”, añadió Solorio. 
Sobre este tema, el procurador Tomás Coronado Olmos dijo que por un video se supo que la colocación de una lona demoró al menos cinco minutos, pero en ese lapso no pasó ninguna patrulla municipal. El director de la corporación tapatía, Servando Enríquez Sepúlveda, se negó a declarar sobre el tema. 
Dos semanas antes, Luis Carlos Nájera ya había declarado a este semanario que el primer narcobloqueo de la carretera a Chapala y el intento de matar al director de la policía de ese municipio eran acciones de La Resistencia. Aclaró que esa organización surgió tras la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, El Lobo, líder del cártel del Milenio, que fue detenido el 28 de octubre de 2009 en el municipio de Tlajomulco después de enfrentarse con militares.
Dos semanas después del primer narcobloqueo, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que El Lobo fue entregado a Estados Unidos en extradición el 27 de enero, para enfrentar cargos por narcotráfico y asociación delictuosa en la Corte Federal de Distrito Sur, en Texas. El Lobo operaba en Jalisco, Colima y Nayarit para Nacho Coronel y El Chapo Guzmán, cabecillas del cártel de Sinaloa. 
Después de la segunda jornada de narcobloqueos, la delegación Jalisco de la PGR dijo en su boletín 099/11, del 2 de febrero, que atraería la investigación. El documento dice que el Ministerio Público federal abrió la averiguación previa AP/PGR/JAL/AG2M3/587/2011) contra “quienes resulten responsables por los delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, terrorismo –un término que el gobierno federal se ha negado a utilizar anteriormente– y los que resulten”. 
Mientras la SSP estatal destinó más efectivos y mejor equipo para proteger sus propias instalaciones, la población de la ZMG encontró en las redes sociales en internet una forma de informar casi de inmediato sobre los lugares que estaban siendo atacados, más oportunamente que la información oficial, como reconoció el gobernador.
También a través de internet, estudiantes de universidades privadas y organizaciones sociales convocaron a manifestarse contra la violencia. La tarde del miércoles 2, alrededor de 200 personas marcharon de la Zona Rosa a la Plaza de Armas en el Centro Histórico de Guadalajara con el lema: “¡Más allá del miedo! ¡No más sangre en Guadalajara!”.
De todas formas estos ataques, que coin­cidieron con otros similares en Nuevo León y Zacatecas, cobraron relevancia internacional cuando el gobierno de Estados Unidos, a través de su consulado general en Guadalajara, emitió una alerta en la que prohíbe a sus funcionarios salir por las noches y realizar viajes entre ciudades, a la vez que recomienda a sus ciudadanos extremar sus precauciones en el estado.
“Debido a una marcada escalada de la actividad delictiva en la zona metropolitana de Guadalajara”, el consulado aconseja no viajar por la noche entre esta ciudad y su aeropuerto, y “hacer todo lo posible por viajar de día por carreteras principales, sobre todo de cuota”. 
La reacción del gobierno jalisciense fue la previsible: “Es una alerta que (Estados Unidos) emite para sus ciudadanos y está en su perspectiva; sin embargo, Jalisco y la ZMG no se encuentran ubicadas dentro de las 50 ciudades más importantes del mundo por el Índice de Homicidios Intencionales, como sí están varias ciudades de Estados Unidos”, dijo a la prensa el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán. l