Reforma, 5
diciembre 2012.- El Ejecutivo federal desistió de la
controversia constitucional presentada en julio para impugnar una orden que le
dirigió el Congreso para publicar la Ley General de Víctimas.Fuentes de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmaron que la Consejería
Jurídica del Ejecutivo presentó el escrito de desistimiento, que fue turnado al
Ministro ponente de la controversia, Sergio Valls, quien mañana notificará un
acuerdo con el que dará fin al litigio.
La controversia mantenía
congelada la publicación de la ley, pero el Presidente Enrique Peña Nieto
ofreció el sábado desistir del juicio y publicar la norma, que fue impulsada por
organismos defensores de víctimas de la delincuencia, pero fue severamente
criticada por el equipo jurídico del ex Presidente Felipe Calderón.
En
esta controversia, la Corte no analizaba el contenido de la Ley General de
Víctimas, que según el Gobierno anterior, carece de fundamento Constitucional
porque el Congreso federal no está habilitado para emitir una norma en esta
materia que sea obligatoria para estados y municipios.
Lo único que se
tenía que resolver es si Calderón había formulado sus observaciones a la ley
dentro del término de 30 días que marca el artículo 72 de la Constitución, lo
que hubiera obligado al Congreso a procesar el veto, es decir, a aceptar las
modificaciones sugeridas por el entonces Presidente o a superarlas mediante
votación calificada de ambas Cámaras.
Una vez que Peña Nieto publique la
ley, los estados y municipios estarán en posibilidades de impugnarla mediante
una controversia constitucional ante la propia Corte, aunque políticamente
parece poco probable que alguno lo haga.Entre los problemas que
especialistas han mencionado respecto de esta ley destacan el diseño poco claro
del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y su Comisión Ejecutiva; las
indefiniciones sobre el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sobre
el cual ni siquiera está claro si será uno solo o uno para cada entidad del País
y funciona con base en un complejo procedimiento de acceso; y el Registro
Nacional de Víctimas, cuya operación tampoco está correctamente
detallada.
La Corte todavía tiene pendiente resolver otra controversia
que se refiere a una orden de publicación dirigida por el Congreso a Calderón,
en este caso para el llamado Fondo de Sequías, que reformaba el Presupuesto de
Egresos 2012 para destinar 15 mil millones de pesos al combate de fenómenos
climáticos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario