Ratificación
de Monte Alejandro Rubido.
La
Comisión de Seguridad Pública del Senado ratificó por unanimidad la mañana de este martes 19
de marzo a Monte Alejandro Rubido García como secretario ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
El servidor público compareció por espacio de una hora ante comisiones legislativas.
En la sesión del miércoles se presentará al pleno senatorial.
En
su intervención, destacó la necesidad de mejorar la coordinación con estados y
municipios; crear un instrumento que regule el uso legítimo de la fuerza;
incentivar un esquema de beneficios para policías e impulsar el Mando Único
Policial.
Asimismo,
reconoció que será difícil que para octubre de este año estén certificados la
totalidad de los policías del País, como lo mandata la Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
"Es
complicado llegar hasta a finales de mes de octubre (…) con la evaluación de
todos los policías, tengo que ser muy objetivo en ese sentido, pero sí
aspiraríamos a que al menos aquellos que tienen mando sean plenamente
evaluados", manifestó ante legisladores.
"Yo
no podemos en esta lógica soslayar que la propia Ley (del SNSP) establece un
título de sanciones a los servidores públicos que incumplan con las tareas que
mandata la misma ley, y una ce esas tareas es no contratar policías que no
cuenten con la certificación".
Rubido
planteó a los senadores la posibilidad de revisar la viabilidad de la
aplicación este capítulo de sanciones, ya que las autoridades locales,
reconoció, llegarán a octubre en una situación que puede resultar compleja.
Debido
a una reforma al artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, se amplió 10 meses el plazo para certificar al
100 por ciento de los policías del País, meta que debe concluir a finales de
octubre próximo..
"En
materia federal no tengo ninguna duda de que el 100 por ciento del personal
será evaluado", agregó.
El
ex subsecretario de Seguridad Pública planteó como alternativa que más empresas
privadas apliquen exámenes de control de confianza, tarea que hoy realizan
esencialmente los centros de certificación estatales y federales.
Tras
reconocer la importancia de los exámenes integrales de confianza, Rubido dejó
al Senado la decisión de, eventualmente, impulsar una nueva ampliación del plazo
para certificar a los elementos de seguridad y justicia de corporaciones, con
base en datos del propio SNSP.
"La
ampliación de los plazos (de certificación) es potestad de esta soberanía, ya
lo hicieron en una ocasión, insisto, en esta comisión se modificaron los
términos del tercero transitorio de la ley; veamos qué tanto avanzamos en los
meses por venir y dentro de ese diálogo franco que ofrezco en caso de ser
ratificado por el Senado, venir a dialogar con ustedes.
A
pregunta del senador Alejandro Encinas, garantizó que los destinos del SNSP
estarán separados de las tareas de inteligencia que desarrolle el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional, del que ha sido titular, pues los enfoques
son absolutamente diferenciados.
Planteó
que desde el SNSP coadyuvará para impulsar el modelo de Mando Único Policial e
incrementará los trabajos de certificación para que todos los miembros de las
corporaciones sean sometidos a pruebas de confianza. Asimismo, adelantó que
incentivará el servicio profesional de carrera policial y un esquema de
beneficios económicos y sociales que mejore la calidad de vida de los efectivos
y sus familias.
Previo
a ello y a pregunta expresa de los senadores, el funcionario reconoció que será
“complicado” cumplir con la evaluación de todos los policías en octubre de este
año, como se definió en el artículo Tercero Transitorio de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Respecto
al mecanismo para elevar la confianza de los policías, expresó que “no hemos
coincidido mucho en que el eje de la certificación sean los exámenes
poligráficos”.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez (ÂN) señaló que se reformó
la ley para otorgar 10 meses para culminar con el proceso de certificación
policial en todo el país y se estableció un plazo de seis meses para que el
Secretariado Ejecutivo presente un informe ante el Senado de la República. Expresó
que “ha sido imposible poder acceder” a una cifra oficial de personas
ejecutadas en los primeros 100 días de la presente administración y preguntó
qué acciones se tiene contempladas para abordar esta problemática.
A
su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez destacó que uno de los retos que
tiene la nueva Secretaría de Gobernación es saber diferenciar con plena
claridad las tareas de seguridad interior, seguridad pública y de seguridad
nacional, por lo que cuestionó al funcionario sobre los mecanismos para evitar
que se “mezclen” estas atribuciones. ¿Cómo,
en ese riesgo de mezclar competencias, las funciones de la Gendarmería Nacional
van a diferenciarse de la Policía Federal Preventiva? cuestionó.
En
respuesta, Rubido García se comprometió a que “haya un mayor número de empresas
particulares que tengan las capacidades y la confiabilidad para certificar a
nuestros policías”.
Sobre
el número de ejecutados, afirmó que éste un problema serio y “no podemos pensar
que tenga resolución total en el corto plazo”, pero las cifras que se
presentaron a finales de febrero permiten corroborar que este fue el mes con
menor número de ejecutados de los 40 meses anteriores.
Dijo
que la Gendarmería, a diferencia de la Policía Federal, tiene la función
fundamental de establecer una presencia fija en ciudades y municipios con mayor
incidencia delictiva.
Además,
precisó que en el gobierno federal hay plena claridad de las diferencias entre
las tareas de seguridad pública y de seguridad nacional, pero “no se puede
soslayar que dentro de la agenda de seguridad nacional el tema de combate a la
inseguridad juega un papel importante.
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