Sobre El legado de Nazar Haro
a Peña Nieto
Revista Proceso
No 1925, 21 de septiembre de 2013
PALABRA
DE LECTOR
Señor
director:
Por este
medio queremos solicitar la publicación de esta breve carta aclaratoria en
relación con la información titulada El legado de Nazar Haro a Peña Nieto
(Proceso 1924, del 15 de septiembre), bajo la firma de su reportera Gloria
Leticia Díaz. Se trata de precisar algunos datos que fueron publicados con
imprecisiones. A continuación los consignamos puntualmente.
En la
página 32 se dice: “El abogado Adrián Díaz Fernández, del Centro de Derechos
Humanos Agustín Pro”, cuando en realidad se trata de Andrés Díaz Fernández,
coordinador del Área de Defensa Integral del Centro Prodh. En el resto del
texto su nombre es citado adecuadamente.
De igual
manera, queremos precisar que por la carga de casos en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (conformado por distintos organismos, que
incluyen a la Comisión IDH y a la Corte IDH), no es posible determinar el
tiempo en que se emitirá una sentencia. Por ello el dato (tres años) es una
estimación que no debe leerse como un dato duro, e inclusive Andrés Díaz en
realidad aventuraba el tiempo que tal vez tardaría el caso en el Sistema
Interamericano, incluyendo a la Corte y a la Comisión. Por lo que se refiere a
los correspondientes a Alicia de los Ríos y David Jiménez Fragoso, cabe
puntualizar que se encuentran en la Comisión.
Finalmente,
en el penúltimo párrafo se consigna erróneamente el interés de Abdallán Guzmán
Cruz por alcanzar un acuerdo amistoso, lo cual es incorrecto. En el mismo
texto, un poco antes se asienta que “desde que se inició la demanda a nivel
local en la Femospp, la familia Guzmán Cruz dejó en claro que no hay
posibilidad de solución amistosa por las cinco desapariciones”.
Es
pertinente precisar por este medio que en opinión de la familia Guzmán Cruz y
las organizaciones que los acompañan no existen condiciones para que se acceda
a su demanda de justicia, verdad y reparación a través de un acuerdo amistoso
con el Estado mexicano, por lo cual éste nunca será un posicionamiento de la
familia en torno a la solución, que deberá llegar a sus máximas consecuencias:
una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Atentamente
Blanca
Hernández, Fundación Diego Lucero, y Quetzalcóatl G. Fontanot,
coordinador
del Área de Comunicación y Análisis del Centro Prodh
**
Respuesta de la reportera
Señor
director:
En
respuesta a la carta enviada por representantes del Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro Juárez y de la Fundación Diego Lucero, aclaro lo siguiente:
En primer
lugar, ofrezco una disculpa al abogado Andrés Díaz Fernández por haber
modificado su nombre en un primer momento.
La
estimación de “alrededor de tres años”
(no se publicó “tres años”) para que se resuelva el caso de la desaparición
forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz fue calculada por el
abogado Díaz Fernández, declaración que está debidamente grabada y que de
ninguna manera implica un “dato duro”.
En cuanto
a los otros dos señalamientos, fueron errores de edición.
Atentamente
Gloria
Leticia Díaz
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