Medina despachó a las
Fuerzas Armadas y Nuevo León se alborota de nuevo/LUCIANO
CAMPOS GARZA
Revista
Proceso No 1939, 27 de octubre de
2013
Cuando
llegaron a Nuevo León, en 2007, nadie quería a los marinos y soldados. Y ahora
que Rodrigo Medina presuntamente solicitó el regreso de las Fuerzas Armadas a
sus cuarteles, algunos sectores políticos y sociales piden que los militares se
mantengan en la entidad. El gobernador sigue empeñado en hacer creer que la
delincuencia está bajo control, al grado de ufanarse de que su policía estatal
–Fuerza Civil– puede hacerse cargo de la seguridad pública. Lo cierto es que
los homicidios, las extorsiones y los cobros por “derecho de piso”, entre otros
delitos, están repuntando.
MONTERREY,
NL.- Apenas Rodrigo Medina proclamó la victoria de su gobierno sobre las bandas
criminales y presuntamente pidió al gobierno federal el regreso de las tropas
de la Marina y del Ejército a sus cuarteles, resurgieron los homicidios,
secuestros, extorsiones y cobros de piso, delitos que presuntamente habían sido
erradicados por la policía estatal Fuerza Civil (FC).
El
ayuntamiento regiomontano, administrado por el PAN, y el Congreso local
pidieron hace dos semanas al presidente Enrique Peña Nieto que regresen a las
calles los marinos y soldados para controlar a las organizaciones
delincuenciales.
La
versión difundida por Medina presuntamente en julio pasado en un encuentro de
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), según la cual FC acabó con la
criminalidad en Nuevo León, resultó falsa. En realidad, eran las fuerzas
federales las que daban la cara por la ciudadanía en todo el territorio, asegura
el diputado panista Juan Carlos Ruiz García.
Y
mientras los priistas insisten en que los índices criminales en la entidad se
mantienen estables y los señalamientos del repunte delictivo son una argucia
política del PAN para afectar la credibilidad de la administración, Medina
guarda silencio.
En
octubre de 2012, cuando Margarita Arellanes Cervantes tomó posesión en el
ayuntamiento regiomontano, la panista entregó la seguridad pública del
municipio a la Armada; incluso nombró como secretario de Seguridad Pública al
contralmirante Augusto Cruz Morales, quien a su vez contrató a 90 marinos para
cumplir su cometido.
La
estrategia dio resultado. Ante la disminución de la violencia se reactivó
incluso la actividad nocturna en esta capital, pero ahora que se retiraron los
efectivos de la Marina la sociedad manifiesta su temor por el incierto futuro.
Consultados
respecto de las declaraciones del gobernador Medina, algunos diputados
sostienen que, en ese encuentro con sus pares de la Conago, Medina mostró
cifras optimistas sobre seguridad y pidió el retiro de las Fuerzas Armadas de
las calles.
Según
los entrevistados, Medina aseguró que su gobierno podía cumplir la tarea de
pacificar Nuevo León, que desde 2009 era escenario de los embates de Los Zetas
y los sicarios del Cártel del Golfo en su lucha por controlar la venta de droga
en la entidad.
Incluso
mostró estadísticas para exponer que en este año los homicidios violentos se
redujeron 50%. Sin embargo, en agosto, apenas se fueron marinos y soldados, retornaron
las ejecuciones y el índice criminal se disparó.
El
gobierno estatal optó por ocultar los crímenes de alto impacto. La Cruz Verde,
por su parte, se encargó de recoger los cadáveres, tarea en la que fue relevada
por personal del Servicio Médico Forense. Hoy los reporteros casi nunca logran
llegar a la escena del crimen para informar de primera mano sobre la
inseguridad (Proceso 1927).
De
acuerdo con la diputada panista Imelda Guadalupe Alejandro de la Garza –oriunda
del municipio de Anáhuac, que colinda al norte con Texas, al oriente con
Coahuila y al poniente con Tamaulipas–, el personal de la Armada regresó la
seguridad a la zona norte del estado.
Pero
a partir de agosto, dice, los delincuentes salieron de nuevo a las calle y se
apoderaron de la ciudad, con ejecuciones y cobros de “derechos de piso”, así
como el abigeato. Hoy, dice, sus familiares y amigos viven intranquilos;
Anáhuac se queja de la ausencia de los marinos, quienes se trasladaron a su
base de operaciones en el municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila.
Pero
es en las áreas rurales donde se percibe más el miedo. Ejidatarios, rancheros y
ganaderos ya no saben de quién cuidarse porque, comenta, desconocen “quién
tiene el control y poder en la zona rural en el norte”. Los delincuentes regresaron
a los municipios con todo y sus familias.
Además
de moverse con libertad, comenta, a veces se desplazan a la zona metropolitana
de Monterrey a cometer sus tropelías y luego regresan al campo. “Necesitamos
mayor concientización del gobierno de Nuevo León para que los municipios
rurales sean considerados una prioridad de seguridad en la entidad”, dice la
diputada Alejandro de la Garza.
“Los
que roban ganado no transitan por las carreteras, sino por brechas. No es
posible que no haya suficiente vigilancia ahí para ver el tránsito del ganado,
y que no es en poca cantidad. Esto ocurre en todo el estado, también en el
sur”, dice.
Y
retornó la violencia
El
domingo 20, horas después del llamado del Congreso local al Ejecutivo federal
para solicitar el regreso de las Fuerzas Armadas a Nuevo León, la Secretaría de
Gobernación emitió un comunicado en el cual informó:
“Tanto
el Ejército como la Marina Armada de México mantienen su presencia trabajando
conjuntamente con el gobierno de la entidad para mejorar permanentemente las
condiciones de seguridad.”
Seis
días antes, durante su visita al estado, el titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, garantizó la permanencia
de sus tropas.
“Los
soldados de tierra, mar y aire estamos aquí, con ustedes –dijo–, y seguiremos
el tiempo que sea necesario y que la sociedad nos indique. En este esfuerzo,
nuevamente juntos, constituimos un bloque sólido para enfrentar el flagelo. Esa
es la fórmula para obtener resultados por demás satisfactorios, como los que se
han logrado en esta entidad.”
La
diputada Alejandro de la Garza pregunta: “¿Dónde están los marinos que el
secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) dice que aún permanecen
en la entidad? No sabemos a qué obedeció el retiro ni si fue a solicitud del
gobierno del estado”.
Las
Fuerzas Armadas estaban en Nuevo León desde enero de 2007, al mes siguiente de
que Felipe Calderón asumió la Presidencia.
Se
colocaron retenes militares en San Pedro y las tropas empezaron a realizar el
trabajo que la vieja Secretaría de Seguridad Pública estatal dejó de hacer,
pues las bandas criminales habían cooptado a muchos policías.
El
gobernador de esa época, el priista Natividad González Parás, andaba de gira en
el extranjero cuando las Fuerzas Armadas acamparon en Nuevo León. Eso le
molestó porque, dijo, no quería que la presencia de soldados empañara la imagen
del estado durante el Fórum Universal de las Culturas 2007.
Seis
años después, Medina presume en el extranjero el triunfo de la nueva policía
estatal, pero sectores de la sociedad y diputados locales se quejan por la
ausencia de soldados y marinos. Eso contrasta con las declaraciones de la
Sedena y Gobernación, cuyos directivos insisten en que las tropas se queden en
Nuevo León.
El
contralmirante Augusto Cruz provocó la confusión, el domingo 20, cuando habló
en el municipio de Benito Juárez de una “reestructuración” de elementos de la
Marina según la cual “se moverán bases y elementos”.
La
alcaldesa Margarita Arellanes, por su parte, pidió la semana antepasada que no
se fueran los elementos federales de la zona metropolitana; incluso solicitó
duplicar el número de tropas. De manera similar se pronunció el Congreso local
días después.
Y
el lunes 21, desde la tribuna, el panista Juan Carlos Ruiz García expuso:
“Diariamente vemos cómo los delitos que están ligados a la delincuencia
organizada, como las extorsiones, hoy comúnmente llamados cobros de piso, y las
ejecuciones están teniendo un repunte considerable en Nuevo León, sin que esto
represente una adecuada aplicación de estrategias y acciones del gobierno
(estatal) que permitan combatir el flagelo de la inseguridad”.
En
días recientes se han registrado 480 homicidios, que confirman el repunte
criminal, expuso el legislador. En entrevista con Proceso, Ruiz García señala
que los marinos y los soldados son los que más confianza proyectan en la
ciudadanía y quienes han dado fortaleza a los gobiernos municipales.
Secretario
del ayuntamiento regiomontano en la administración de su correligionario
Fernando Larrazabal, Ruiz García trabajó en coordinación con las fuerzas
federales para prevenir delitos en Monterrey.
Hoy
el diputado panista responsabiliza a Medina de promover, en una reunión de la
Conago, la salida de marinos y soldados de las calles, que deja en la
indefensión a la ciudadanía.
Según
Ruiz García, Medina “propuso que a las Fuerzas Armadas las regresaran a los
cuarteles. Por lo menos es lo que los medios de comunicación nos compartieron”.
A
ello se debe, dice, que en las últimas dos semanas no haya marinos apoyando a
la alcaldesa de Monterrey, además de que todo parece indicar que el centro de
comando de la Marina en Nuevo León está ahora en Coahuila.
FC,
un mito
El
pasado 17 de julio, la fracción panista en el Congreso nuevoleonés pidió al
presidente Enrique Peña Nieto que instruyera al titular de la Secretaría de la
Marina Armada de México (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, mantener de
forma permanente en Nuevo León al personal naval.
La
“súplica” de los legisladores del PAN fue en respuesta a la supuesta
baladronada de Medina en el encuentro de la Conago, dice Ruiz García. Según él,
por “una cuestión aritmética”, es imposible que FC –actualmente cuenta con mil
500 de los 14 mil elementos que tendrá al término de la administración de
Medina– cubra las necesidades de la ciudadanía en los 51 municipios de la
entidad.
E
insiste: “Medina miente cuando dice que FC fue la que regresó la seguridad a
Nuevo León; eso es un mito”.
“Cuando
estaba yo en la secretaría del ayuntamiento –cuenta–, los operativos nocturnos
en Monterrey eran siempre comandados por la Semar y la Sedena. Ellos citaban y
coordinaban puntos y horas, así como llegadas y salidas. La inseguridad de
entonces no permitía que un par de inspectores con carpeta y pluma hicieran
actuaciones de noche.”
El
legislador refiere que el gobierno estatal pretende asumir el control de la
seguridad en la capital del estado, toda vez que la policía regiomontana vigila
únicamente una tercera parte del territorio municipal, mientras los elementos
de FC están desplegados en toda la entidad.
Si
el gobierno estatal se encarga de la vigilancia en Monterrey, existe el riesgo
de que florezcan los negocios ilícitos en la ciudad, donde hay muchos
problemas, advierte.
“Históricamente,
Nuevo León es un estado empresarial y de mucho flujo de mexicanos de diferentes
latitudes. Es un estado de paso de migrantes. ¿Se imagina toda la gama de
negocios regulares e irregulares que cruzan por aquí? –dice al reportero– Un
gobierno a la usanza del PRI va a querer tener control total sobre la materia
delictiva.”
El
coordinador de la bancada priista, Édgar Romo, rechaza que exista el alegado
incremento delictivo en la entidad, como sostienen los diputados locales
panistas.
Hay
casos aislados que Acción Nacional quiere magnificar con fines electorales.
Ellos siempre le apuestan al fracaso de Nuevo León. Esto se viene consolidando.
Las estadísticas dicen que la inseguridad ha permanecido en estándares
normales”, dice Romo.
Ahora,
insiste, la ciudadanía ha retomado su vida “normal”. La tranquilidad ha
regresado: la gente sale a los restaurantes, lo que ya no hacía; las matrículas
foráneas de universidades retoman su curso normal; la inversión directa
extranjera ha roto récord y los inversionistas dejan su capital.
Romo
considera “un despropósito” el interés de la fracción panista de pedir que
regresen las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando, dice, se sabe que no han
dejado la entidad.
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