JESUSA
CERVANTES, reportera.
Proceso # 1942, 18 de enero de 2014;
Proceso # 1942, 18 de enero de 2014;
Con
el nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la
seguridad en Michoacán Enrique Peña Nieto violó la Constitución y el sistema
federal mexicano, y si nadie lo obliga a desandar sus pasos corremos el riesgo
de entrar a una dictadura, sostiene el constitucionalista Elisur Arteaga.
Y
enlista los artículos que, dice, fueron conculcados: 115, 116, 124 y el 89. “El
115 y el 116, en cuanto a la autonomía estatal se refiere; el 124, porque viola
el sistema federal mexicano, y el 89 porque el presidente se excede en las
facultades que la Constitución le otorga para ejercer el poder”.
El
senador panista Juan Carlos Romero Hicks también criticó al mandatario por
asumir “mecanismos metaconstitucionales” y aclaró que el “comisionado”
Cervantes Castillo no tiene atribuciones sobre las autoridades municipales o
estatales en Michoacán.
El
martes 14, 10 días después de que las autodefensas se instalaron en Parácuaro,
en la zona de Tierra Caliente, y de que sus integrantes desarmaron a los
policías municipales y un grupo de “antiautodefensas” bloqueó carreteras y
quemó vehículos, Peña Nieto determinó “por decreto” la creación de la Comisión
para la Seguridad y el Desarrollo Integral y al día siguiente nombró a Castillo
Cervantes titular del organismo.
Con
excepción de Romero Hicks, ningún dirigente de partido, funcionario, gobernador
o legislador federal cuestionó la decisión de Peña Nieto. El maestro Elisur
Arteaga, de la Universidad Autónoma Metropolitana, insiste en “el exceso” del
presidente y alerta sobre sus posibles consecuencias. Y aclara: el nombramiento
de Castillo Cervantes “no es una acción metajurídica, es violatoria de la
Constitución”.
Es
curioso, dice, que Peña Nieto haya evocado el artículo 89, fracción I de la
Constitución, relativo a las facultades y obligaciones del presidente para
“promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo
en la esfera administrativa a su exacta observancia” con el propósito de
justificar el nombramiento.
El
citado párrafo no tiene nada que ver con lo realizado por Peña Nieto, reitera
el constitucionalista, pues es un decreto presidencial de reciente creación y
no es respuesta a una ley expedida por el Congreso o producto de una petición
suya.
“Hay
que detener a Peña Nieto”
Si
se le permite a Peña Nieto abusar de sus funciones como presidente y sigue
violando la Constitución, dice Arteaga, en cualquier momento dirá: “La
situación lo exige y voy a violentar la Constitución y ahora voy a quitar a tal
gobernador, voy a hacerlo en otro estado; voy a hacerlo en lugar del Congreso”.
Si
eso sucede, Peña Nieto se estaría convirtiendo en un dictador, en alguien que
actúa al margen de la Constitución. “Esto es malo para el país, para el estado
de derecho y para todos los ciudadanos”, reitera.
–Si
no da marcha atrás Peña Nieto, ¿quién tendría que hacerlo?
–El
Congreso de la Unión, una vez que inicie su periodo ordinario de sesiones el 1
de febrero. El Congreso tiene que tomar las medidas correspondientes para
revocar lo actuado ilegalmente y para fincar responsabilidades. Bueno, esto es
en teoría; en la práctica, sabemos que el presidente cuenta con el Congreso de
la Unión.
Según
el entrevistado, el nombramiento del comisionado es violatorio de la
Constitución porque asume “las funciones que corresponden al gobernador (de
Michoacán, Fausto Vallejo) y a los poderes del estado. Por otra parte, el
presidente de la República no puede violar lo que se conoce como la autonomía
de la entidad y es una flagrante violación de la Constitución”.
Se
le recuerda que el miércoles 15 –11 días después de la toma de Parácuaro por
las autodefensas, en el punto más candente de la crisis estatal– la Comisión
Permanente avaló un punto de acuerdo para pedir información sobre el
enfrentamiento entre militares y civiles ocurrido la noche del lunes 13 y
permitir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigara.
La
Permanente se rige por el artículo 78, responde, pero éste no le confiere
ninguna atribución o facultad. “La Comisión Permanente se excedió en solicitar
información. Lo que sí pudo haber hecho es convocar al Congreso de la Unión
dada la gravedad de la situación e informarle de las circunstancias. Era el
Congreso el que podía haber asumido la idea de exigir aclaraciones al
presidente de la República.
“En
función del informe que le dieran el Ejecutivo federal y los secretarios al
Congreso de la Unión, añade Arteaga, pudo haber tomado las medidas o apuntar
las soluciones que le corresponden como Congreso.”
Sin
embargo, una vez nombrado el comisionado “inconstitucionalmente”, lo que puede
hacerse si Peña Nieto se niega a dar marcha atrás y aceptar que violó la Carta
Magna es revertir su decreto mediante un juicio de amparo promovido por un
particular afectado por las medidas; el Congreso michoacano también puede
promover una controversia constitucional, dice Arteaga.
Servando
Gómez, La Tuta, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios, por ejemplo,
podría interponer un amparo por los actos del comisionado. “Cualquier ciudadano
que sienta que sus garantías son violadas puede hacerlo porque hay autoridades
ilegítimas que le imponen un mandato no previsto en la Constitución”.
Congreso
ausente
Aunque
el Congreso de la Unión puede frenar las “actitudes dictatoriales de Peña
Nieto” –si promueve un juicio político para nulificar la violación a la ley–,
es difícil que lo haga, pues desde que salieron a la luz las autodefensas o
desde que se intensificaron los enfrentamientos en Michoacán no ha intervenido
ni se ha pronunciado, con excepción del miércoles 15, cuando se limitó a “pedir
información” sobre los problemas en esa entidad.
El
punto de acuerdo, abordado por vez primera en la Comisión Permanente, lo
presentó el PRD a través del diputado José Luis Esquivel Zalpa, quien pedía que
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informara sobre su presunta participación
en la muerte de dos autodefensas y porque sus tropas hirieron a una niña de 11
años cuando intentaron desarmar a los grupos en Nueva Italia.
Sin
embargo, el PRI matizó “el exhorto” para que se pidieran datos “al gobierno
federal” y no se tocara a la Sedena. El senador del PRI Alejandro Tello
Cristerna propuso el cambio, pues, dijo, sólo de esta manera el punto de
acuerdo sería respaldado por su partido. El tema fue aprobado.
Ese
miércoles 15 los priistas operaron para bloquear la petición de Movimiento
Ciudadano, cuyos legisladores proponían la creación de una comisión plural,
“como la formada por el Congreso de la Unión en 1994 para el caso Chiapas –que
dio vida a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa)– para coadyuvar en
la solución del conflicto: ir a la entidad y hablar con todos los involucrados
y no quedarnos sólo con la versión unilateral del gobierno federal”, detalló el
diputado de MC Ricardo Mejía Berdeja.
“Los
priistas me dijeron que crear una comisión plural sólo metería más ruido al
tema y bloquearon (la propuesta)”, comentó Mejía.
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