A
la caza de tigres en China/Minxin Pei is Professor of Government at Claremont McKenna College and a non-resident senior fellow at the German Marshall Fund of the United States.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
Project
Syndicate | 7 de agosto de 2014
En
la medida más osada desde que el Presidente Xi Jinping lanzara su campaña
anticorrupción, China ha anunciado el inicio de una investigación formal sobre
“violaciones disciplinarias graves” a Zhou Yongkang, uno de los más altos funcionarios
del Partido Comunista Chino. Si bien desde cerca de un año habían circulado
rumores sobre su caída en desgracia, cualquiera que estuviese familiarizado con
las intrigas políticas chinas sabía que hasta el anuncio del PPC, los muchos
protectores y protegidos de Zhou todavía podían salvarlo. Ahora es oficial: han
derribado a un pez de los gordos (o un “tigre grande”, para usar el término
local). Pero, ¿es eso lo que China necesita realmente?
Desde
2012, cuando Xi comenzara a “cazar tigres”, han caído más de treinta ministros
de gobierno, gobernadores provinciales y otros funcionarios de alto nivel. Pero
Zhou no es un tigre cualquiera: como ex miembro del Comité Permanente del
Politburó, el máximo órgano de toma de decisiones del PCC, era visto como un
intocable.
Desde
el fin de la Revolución Cultural, el PCC había seguido la regla no escrita de
que los miembros del Comité Permanente del Politburó, en ejercicio o retirados,
gozaban de inmunidad ante posibles investigaciones judiciales. Por supuesto,
algunos han sido objeto de purgas en luchas de poder, como la que condujo a la
caída de Hua Guofeng, el sucesor inmediato de Mao, a principios de los 80. Pero
por lo general los derrotados han salido de escena en silencio y sin enfrentar
nunca cargos de corrupción formales.
Considerando
este historial, el juicio a Zhou es un caso que cambia las reglas del juego,
mucho más significativo que el fascinante proceso del año pasado contra Bo
Xilai, ex Secretario General caído en desgracia del Partido Comunista de
Chongqing. Muestra sin ambages la autoridad personal y la decisión política de
Xi, pero sigue en el aire la pregunta: ¿qué es lo que quiere obtener realmente
con la campaña anticorrupción más impresionante en más de tres décadas?
Parece
ser que la amenaza de un proceso judicial sirve a Xi para consolidar su poder y
obligar a la burocracia a implementar reformas económicas que van en dirección
contraria a sus intereses. Así, los dos pilares de la estrategia política de XI
(limpiar al Partido y revigorizar la economía china) son complementarios e
interdependientes.
Esta
estrategia tiene un mérito importante, pero incluso la máxima maquiavélica de
que un gobernante debe alimentar el temor de sus ciudadanos en lugar de su
afecto tiene ciertos límites. Los líderes políticos más exitosos son consumados
expertos en la formación de coaliciones.
Un
ejemplo es Deng Xiaoping, el más exitoso reformador de China (a pesar de la
masacre de la Plaza de Tiananment de 1989). La gran coalición que, contra todas
las probabilidades, forjó tras su regreso al poder en 1979 fue esencial para
que se produjera la transformación económica de los años siguientes.
La
pregunta no es si Xi ha reunido suficiente autoridad para dar impulso al cambio
en China (algo que ya ha logrado), sino si ha creado una coalición capaz de
avanzar su objetivo declarado de reimpulsar las reformas en pro de los
mercados. Hasta ahora la respuesta parece ser que no.
Desde
que asumiera la presidencia, las medidas de Xi han sido al mismo tiempo
resueltas y contradictorias. Por una parte, ha perseguido con decisión a
“tigres” y “moscas” (funcionarios de menor nivel) y limitado, al menos
temporalmente, los privilegios de los dirigentes chinos. Por otra parte, ha
lanzado una campaña igual de enérgica para reprimir la liberalización política,
arrestando y encarcelando a prominentes activistas de los derechos humanos y
aplicando estrictas limitaciones a los medios sociales chinos, otrora llenos de
actividad.
Son
evidentes los riesgos de librar una guerra en ambos frentes. Si la lucha de Xi
contra la corrupción es genuina, va a generar temor y resentimiento en las
filas de la burocracia china. Aunque manifiesten cumplir los planes de reforma
económica, los funcionarios buscarán cualquier oportunidad de obstaculizarlos. La
falta de avances significativos reales desde que Xi anunciara su plan económico
maestro en noviembre sugiere que esto ya está ocurriendo.
Al
mismo tiempo, la actitud de mano dura de Xi frente a las reformas políticas
está desesperanzando a los liberales. Es claro que este grupo, que comprende
intelectuales, activistas sociales, periodistas y empresarios privados
progresistas, tiene escaso poder institucional. Lo que sí posee es la capacidad
de influir sobre los ciudadanos chinos comunes y corrientes, convirtiéndolo en
un valioso aporte a una potencial coalición pro-reformista. Deng reconoció este
potencial en los 80: a menos que Xi le imite, le será cada vez más difícil
concitar el apoyo público para su visión del futuro de China.
No
quiero decir con esto que no haya sido un buen paso encarcelar a Zhou, pero
ahora Xi debe buscar aliados nuevos y quizás inesperados en lugar de
enfrentarse a más oponentes. Su éxito en el largo plazo, y el de China, depende
de ello.
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