El escándalo Pujol enloda a México/ALEJANDRO GUTIÉRREZ
Revista Proceso # 2103, 19 de febrero de 2017..
En el entramado internacional que construyó Jordi Pujol Ferrusola para blanquear millones de euros producto del sistema de corrupción en la Generalitat de Cataluña durante el mandato de su padre, Jordi Pujol Soley, México se convirtió en una pieza clave, según el informe que analiza el juez de la Audiencia Nacional española. El documento menciona a Ana Cristina Fox de la Concha, hija del expresidente Vicente Fox, al magnate casinero Carlos Riva Palacio y a Benjamín Buzali, director de Relaciones Públicas de TV Azteca, entre los socios de Pujol. Según se desprende de la causa judicial correspondiente, Buzali tiene vínculos con sociedades implicadas en el caso Monex.
MADRID.- El primogénito de la familia catalana Pujol incurrió en actos de “corrupción política” que incluyen sospechosas operaciones con empresarios y con políticos del PRI, e incluso con Ana Cristina Fox de la Concha, hija del expresidente panista Vicente Fox.
La anterior aseveración se desprende de un informe que los investigadores de la Brigada 24 de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional española remitieron el 26 de mayo de 2016 al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien instruye la causa judicial por el caso Pujol.
Gran parte de las operaciones de esa trama de corrupción se efectuaron desde paraísos fiscales o países con opaca fiscalidad, como Andorra. Desde ahí, por ejemplo, Pujol Ferrusola intercambió transferencias millonarias con su amigo íntimo y socio Carlos Riva Palacio Magaña, magnate de los casinos en México, uno de los negocios en los que incursionó el catalán.
Con base en el informe de 128 páginas entregado al juez De la Mata y comisiones rogatorias (de asistencia jurídica internacional) a una docena de países, entre ellos México, Estados Unidos, Reino Unido, Andorra y Malta, se pueden reconstruir algunas de las operaciones de Pujol en México.
El 22 de diciembre de 2010, Pujol Ferrusola y su exesposa Mercé Gironés transfirieron 1 millón de euros de una cuenta de su sociedad Iniciatives Marketing i Inversions a una cuenta de Caixa Galicia, cuyo beneficiario era el mexicano Benjamín Buzali Aguilar, director de Relaciones Públicas de TV Azteca y vicepresidente del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria.
El 2 de febrero de 2011 se produjo otra transferencia, por 105 mil 118 euros, desde una cuenta de Active Traslation a la misma cuenta de Buzali.
El informe de la UDEF cita la edición del 5 de agosto de 2012 de Proceso (No. 1866) para señalar la vinculación de Buzali con sociedades implicadas en el Caso Monex, que permitió el “financiamiento irregular del PRI en la campaña electoral de ese año, a través de miles de tarjetas de prepago Monex que habrían servido para financiar la campaña electoral”.
De esa información se desprende que Importadora y Comercializadora Efra, nombre formado con el acrónimo del propietario de la empresa, Emilio Fraga, compró tarjetas Monex por 110 millones de pesos que se repartieron entre los seguidores de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
El empresario Mario Alberti Fiaschi Toschischigue aparecía como comisario de Efra. Sin embargo, él se defendió. Y aun cuando admitió conocer a Fraga, declaró que no fue consultado ni firmó el acta constitutiva de esa compañía.
Fiaschi –quien tiene una empresa de tortillas en Estados Unidos– también dijo que tenía una sociedad con Buzali. Ambos aparecen como socios en la empresa de comida y accesorios de limpieza para el hogar Bvfg Foods LLS, con sede en San Antonio, Texas.
La policía española advierte que Buzali tiene un documento de identidad española para desarrollar actividades mercantiles o financieras, pero al consultar en la base de datos de la Agencia Tributaria española descubrió que no había realizado ninguna actividad económica aquí.
Producto de un examen más detallado de las transferencias, las autoridades descubrieron que 1 millón 150 mil euros proceden de la cuenta de Iniciatives Marketing i Inversions, si bien uno de los depósitos pasó por Active Traslation.
Más transacciones con el directivo
de TV Azteca
Con base en la información que Pujol Ferrusola proporcionó por requerimiento judicial, los investigadores detectaron un contrato privado supuestamente firmado el 14 de diciembre de 2010 que confirma el préstamo de Active Traslation a Buzali, avalado “por Carlos Riva Palacio Magaña, dejando en prenda 15% de las acciones de la sociedad mexicana AHIS, S. A. de C. V., que es una de las adjudicatarias de la concesión de explotación de negocios del juego en México”, según se lee en el documento.
“Este empresario mexicano ha aflorado en la investigación en varias ocasiones, por ser destinatario de cuantiosos capitales remitidos desde Andorra, que, se infiere, tuvieron como destino inversiones en casinos en México”, abundan los investigadores.
Buzali no resarció el préstamo ni los intereses del 8% que figuran en dicho contrato, cuya fecha de vencimiento fijaba el 14 de diciembre de 2014. Y consideran sospechoso un asiento contable que aparece al cierre de este ejercicio de Active Traslation, cuya explicación “no es plausible para esta instrucción policial”, ya que anota, contra otra cuenta del mismo grupo, tanto la deuda acumulada por Buzali como los intereses, que ascienden a 248 mil 816 euros.
“Es decir, a tenor de la información disponible se infiere que Buzali Aguilar no habría devuelto los préstamos suscritos, dado lo cual se ejecutó el aval como se supone sería el interés de Active Traslation, por ello esta (empresa) mercantil sería ahora titular de 15% de AHIS, S. A. de C. V.”
La policía concluye que se trata de “una operación más dentro de la progresiva descapitalización que Jordi Pujol Ferrusola ha tenido en España, utilizando diferentes técnicas para deshacerse de sus activos, evitando que la justicia los interviniera”.
No son las únicas operaciones de Buzali. Con información del Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, la policía encontró las pólizas de dos préstamos que el mexicano recibió de Novacaixa Galicia Banco, S. A., de la sucursal Avión (Ourense, Galicia): el primero por 55 mil pesos (11 de marzo de 2010) y otro por 100 mil pesos; sin embargo, en ninguna de las dos operaciones estuvo presente Buzali para su gestión y firma; lo hizo por poder con terceras personas.
La policía sospecha que éstas son “operaciones de blanqueo de capitales” relacionadas con el préstamo, pero busca desentrañar “si habrían sido ejecutadas una vez que el procedimiento judicial contra Pujol Ferrusola estaba incoado, aminorando en España su patrimonio de forma premeditada o pudiera estar conectado con la desviación de fondos para actividades políticas en México”.
El “avalista” y amigo íntimo de Pujol recibió otras transferencias, según se desprende de la investigación y de las comisiones rogatorias que el juez De la Mata envió a Estados Unidos para que le proporcionaran el detalle de una cuenta de JP Morgan Chase Bank en la que se depositaron 300 mil dólares a favor de Avanti Alliance LLC, sociedad que recibía ingentes recursos desde cuentas de Andorra.
Se describe la relación de un complejo entramado donde las cuentas se cruzan entre esta sociedad, como otra llamada CJJJ Corporation (con domicilio en Delaware) y Grupo HAKLAAB, que gestiona Riva Palacio.
La sombra de Monex
En una solicitud de cooperación judicial remitida a México, se desprende que el juez tiene conocimiento sobre la remisión de grandes cantidades de dinero a la entidad financiera Casa de Cambio Monex y a las cuentas de Grupo HAKLAAB, “que puede ligarse a la inversión en el negocio de los casinos con su socio Carlos Riva Palacio Magaña, que además tenía cuentas en Andorra, intercambiando traspasos con Jordi Pujol Ferrusola”.
En la misma solicitud de la autoridad española ésta menciona, por ejemplo, cuatro transferencias a una cuenta que dicho grupo tiene en Banorte, por más de 2 millones de dólares entre el 27 de julio de 2009 y el 23 de marzo de 2010.
Los investigadores de la Brigada 24 de la UDEF advierten al juez De la Mata que en los distintos informes quedan de manifiesto “los múltiples intereses que Pujol tiene en México, que van desde la realización de inversiones en el territorio, efectuadas con capitales de dudosa procedencia, como eran aquellos individualizados con origen en Andorra, a otros amparados en la realización de supuestas ‘consultorías y asesoramientos’ a distintas empresas en ese territorio, cobrados en España”.
Precisamente derivado de la información que Andorra aportó en otra solicitud de colaboración, se documentó que Pujol transfirió 1 millón 765 mil euros en marzo de 1997 desde una cuenta en el banco andorrano Mediolanum –que luego se transfirió a JP Morgan– a una cuenta con la referencia Minsa.
Gracias a la declaración judicial de Pujol Ferrusola se conoció que Minsa en realidad es “una empresa mexicana de harinas y tortillas de la que es propietario el senador mexicano Raymundo Gómez Flores”, del PRI, partido que “gobernaba en todo el país en el momento que se produjo esa inversión, manteniéndose la situación hasta el 2000”.
Los agentes de la UDEF califican esta transacción como un “mero operativo de blanqueo de capitales, al implicar un pago no justificado a un político mexicano”, sin que se confirmara “la reversión del mismo (monto) al investigado, con las plusvalías de la inversión”.
El informe advierte de la “vinculación de Raymundo Gómez Flores” con diversos presidentes mexicanos. Indica que incluso en sus instalaciones de Minsa en Guadalajara, México, “tuvo lugar un acto de campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto”.
A eso se suma otro hallazgo: una serie de transferencias ordenadas desde dos cuentas de Iniciatives Marketing i Inversions a México. Dichas partidas, según consta en la documentación, están dirigidas a dos beneficiarios: Erick Rodrigo Taracena Oliveras y Ana Cristina Fox de la Concha –hija del expresidente Vicente Fox– por el pago mensual del alquiler de un inmueble en la Ciudad de México, como adelantó la agencia Apro el miércoles 8.
La Policía Nacional investiga estos supuestos pagos ilegales, que se hicieron al poco tiempo de que fueran otorgadas licencias de apuestas. “Tenemos la certeza de la existencia de al menos una resolución favorable a los intereses de Jordi Pujol Ferrusola decretada por la administración dirigida por Vicente Fox”, que fue el otorgamiento de 106 licencias de apuestas, apunta el informe.
Entre diciembre de 2009 y julio de 2011 Iniciatives Marketing i Inversions realizó pagos mensuales a Fox de la Concha y Taracena Oliveras por un total de 45 mil 717 euros por el arrendamiento de un inmueble en la Ciudad de México, cuya dirección no se identifica, a Ecrem, S. A., la misma sociedad que Pujol utilizó para la construcción y el desarrollo del hotel El Encanto, en Acapulco, Guerrero, que Proceso dio a conocer en julio de 2013 (edición 1913).
Los pagos se hicieron a dos entidades bancarias: primero a BBVA Bancomer a nombre de Fox de la Concha y otra a Banamex en beneficio de Taracenas Oliveras.
El primer pago se registró en diciembre de 2009 para la fianza del alquiler del inmueble, según concluyó la policía. Durante 2010 se transfirieron 38 mil 730 euros y otros 14 mil 603 en 2011.
Los investigadores precisan que en las declaraciones y en la documentación incautada al acusado y a sus empresas no aparece ningún documento que ampare el alquiler de dicho inmueble, pese a ser una operación que le permitiría deducir impuestos.
También presumen la realización de “un presunto soborno”, debido a que en sus visitas a México Pujol se hospedaba en hoteles.
La expareja de Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, cuya declaración sirvió de punto de partida para la instrucción contra los Pujol, aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional que en sus viajes a México se hospedaban en el hotel Marriot de la Ciudad de México y que el investigado le había asegurado que tenía inmuebles en Polanco (Proceso 1913).
Movimientos sospechosos
En octubre de 2014 el juez Pablo Ruz –antecesor de De la Mata– realizó diligencias para pedir a México información sobre Pujol Ferrasola, y a Andorra le solicitó bloquear las cuentas bancarias del hijo del expresidente de la Generalitat al descubrir que en agosto de ese año, a sólo seis días de tomarle declaración, ya como acusado, transfirió 2 millones 435 mil euros desde Andorra a una sociedad afincada en México llamada Anzuelos Soluciones, cuyos ramos son tan dispares como el editorial o el forestal.
Del seguimiento de esta operación con base en dos comisiones rogatorias de 2016 se desprende que Pujol mintió en su declaración, pues negó tener cuentas en otros países; se demostró que realizó una “clara operación de blanqueo para alzar bienes del alcalde de la justicia, comprando una en Panamá (Kopeland Foundation), para luego transferirlos a México”.
Pujol justificó esta operación como la devolución de un préstamo que le hizo el mexicano Bernardo Domínguez Moreno para financiar el proyecto del hotel El Encanto, en Acapulco, pero no está acreditado que esa suma se haya invertido en esa obra.
Los documentos y las explicaciones de Pujol, señala la policía, están desfasados, porque no son 2 millones 300 mil dólares los que recibió de ese préstamo, sino 6 millones. Tampoco fue en 2005, sino el 10 de octubre de 2007 y, por último, no se hizo a su sociedad Ecrem, sino que fue un préstamo personal.
El juez De la Mata, cuando tomó el relevo del caso, pidió la comparecencia como testigo de Domínguez Moreno.
En el auto del juez del 12 de julio pasado, se acreditó la existencia de la empresa Anzuelos Soluciones –antes denominada DSC IFI, S. A. de C. V.–, con domicilio en Donceles 88, en la Ciudad de México. La cuenta bancaria de la firma acredita que ahora se denomina Q Travel, S. A. de C. V. “Su gerente es Enrique Fernández Adalid, quien está vinculado a Jordi Pujol Ferrusola”, asienta el informe.
De acuerdo con una fuente conocedora de los pormenores de la investigación, DSC IFI, S. A. de C. V., es el consorcio Desarrollo Servicios de Construcción, un grupo de empresas dedicadas a la construcción en el sector público y privado en México, propiedad de Bernardo Domínguez Cereceres, hijo de Bernardo Domínguez Moreno, el prestamista de Pujol.
Domínguez Moreno trabajó como contador público en la industria forestal de Chihuahua, su estado natal, de acuerdo con un perfil de su hijo que figura en el sitio. A su vez, Domínguez Cereceres es un exitoso empresario dueño de la editorial Malpaso y de la librería del mismo nombre, asentada desde hace cuatro años en Barcelona.
Los investigadores también acreditaron que Ecrem, la sociedad con la que Pujol participó en el proyecto del hotel El Encanto, otorgó un préstamo a la mercantil mexicana Promotora Hotelera de Vallarta. La empresa se lo devolvió mediante la emisión de poco más de 300 mil acciones a favor de dicha promotora, lo cual conllevó la modificación del cargo de administrador de Ecrem, siendo nombrado el ya citado Enrique Fernández Adalid, coincidentemente el gerente de lo que fue Anzuelos Soluciones.
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