La coalición Por México al Frente insistió en acusar a AMLO de incurrir en conflicto de interés y tráfico de influencias, al beneficiar al empresario José María Riobóo cuando fue Jefe de Gobierno del DF.
El diputado Jorge Triana detalló que los contratos otorgados a Riobóo durante aquella gestión (2000-2006) suman al menos 171 millones de pesos; aseguró que éstos fueron adjudicados de manera directa, por compadrazgo y amiguismo.
Además, acusó a Ebrard, de continuar beneficiando a Riobóo pues nombró a la esposa del empresario, Yasmín Esquivel Mossa, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia Administrativa local.Reacción
El grupo encabezado por el Ingeniero José María Rioboó Martín negó que haya sido favorecido durante la administración de AMLO: “Cualquier afirmación en contrario es falsa, malintencionada que, de reiterarse, tendrá que acreditarse y probarse en juicio”, aseguró.
En una nota aclaratoria Grupo Rioboo aseguró que durante los años 2000 al 2005, sus empresas participaron en diversos procesos de asignación de contratos públicos, ya fueran licitaciones o asignaciones directas, en los que se participó dentro de las reglas y normas establecidos por quienes solicitaron los servicios de las empresas del grupo, en igualdad de circunstancias y dentro del marco de la ley. “Nuestro actuar siempre ha sido legal”.
De acuerdo con documentación oficial del Gobierno de la Ciudad de México, la compañía Rioboo SA de CV sí recibió, entre 2002 y 2005, cuatro adjudicaciones directas por un monto de 171 millones de pesos, todas para la construcción del Segundo Piso del Periférico, dos de ellas cuando López Obrador ya había dejado el cargo de jefe de Gobierno capitalino.
De acuerdo con Grupo Riobbo, el proyecto del Segundo Piso se otorgó vía asignación directa por parte del gobierno, debido a que resultaba la solución más económica y conveniente al interés público; y esta sólo podía ser otorgada al Grupo debido a que los modelos prefabricados están protegidos por patentes y modelos de utilidad regulados por la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual.
“Por lo anterior, podemos concluir que la asignación realizada por el entonces Gobierno del Distrito Federal fue legal”, destacó.
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