Estrictamente Personal
¿Campañas negativas? ¿Campañas sucias?/Raymundo Riva Palacio
EL Financiero,
La virulencia desatada contra Jorge Castañeda por expresar que el componente que falta en la lucha de Xóchitl Gálvez por la Presidencia es una campaña negativa, no es necesariamente desproporcionada. Castañeda pudo haber abusado del lenguaje e incurrido en ligerezas por la manera como lo planteó durante el programa La Hora de Opinar en Foro TV, al mencionar “chismes” y “guerra sucia” como parte de esa estrategia que lo dejaron en medio del torbellino de la polarización, pero lo que explica su linchamiento es que su argumento es correcto y desde hace mucho tiempo, ‘chismes’ y ‘guerras sucias’ han sido utilizadas por los políticos en el mundo para obtener ventajas.
Puede gustar el recurso o no, pero sólo los hipócritas, los ingenuos o quienes temen a esa estrategia, pueden sorprenderse del planteamiento, empezando por López Obrador, quien durante casi 30 años la ha utilizado como una de sus herramientas políticas más efectivas. La reacción contra Castañeda no es exagerada, ante la posibilidad de que su grito resuene donde deba y provoque una avalancha.
López Obrador movilizó sus fuerzas para sepultarlo políticamente, y se puede argumentar que no fue una reacción circunscrita al ámbito personal, sino a lo que planteó una voz que es escuchada. El Presidente debe temer una campaña negativa, no sólo porque lo sufrió –”es un peligro para México”, fue la etiqueta que le grabó el PAN en la piel en las elecciones de 2006–, sino porque conoce, porque lo hicieron él y su maquinaria de propaganda en el pasado, los alcances que puede tener si se conectan realidades, verosimilitudes, ‘chismes’ y ‘guerras sucias’ con el electorado.
Las campañas negativas, una forma políticamente aceptable que sintetiza las caracterizaciones de Castañeda sin generar las turbulencias que provocó, son muy populares en la política moderna, aunque no son nada nuevas. Hace casi 180 años, el entonces candidato presidencial en Estados Unidos James Polk fue acusado de marcar a sus esclavos, lo que era una mentira. En el último cuarto del siglo pasado, el equipo del candidato republicano George H.W. Bush inventó que el candidato demócrata Michael Dukakis, cuando era gobernador de Massachusetts, perdonó a un criminal, mostrándolo como un político suave con el crimen, imagen que no pudo sacudirse el resto de la campaña.
Al candidato demócrata a la Casa Blanca, Gary Hart, le buscaron sus secretos, y uno, una relación amorosa con una guapa washingtoniana, terminó en la portada del semanario sensacionalista National Enquirer, que lo obligó a retirarse de la contienda. Buscaron hacer lo mismo con Hillary Clinton en 2016, con el llamado pizzagate, que tomó vida en las redes sociales como una red de pedofilia ligada a la demócrata. En esa campaña, el republicano Donald Trump utilizó a Cambridge Analítica, que administró ilegalmente información de 50 millones de usuarios de Facebook para llenarlos de noticias falsas sobre candidatos, diseminar mentiras y buscar desalentar la participación electoral.
Las campañas negativas son estrategias arriesgadas y, como se vio con las palabras de Castañeda, altamente controversiales. Pero son empleadas de manera amplia porque de lo que se trata es de ganar elecciones. López Obrador, que ha dicho que el fin no justifica los medios, utilizó, a través de sus propagandistas, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa para decir que fue un crimen de Estado y llevar a juicio a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no se ha probado. A la candidata del régimen, Claudia Sheinbaum, le montaron una campaña sucia para decir que había nacido en Bulgaria. A Felipe Calderón le colocó la etiqueta de ‘borracho’ un colaborador de López Obrador, un chisme que se le quedó para siempre, pese a que quien lo hizo se disculpó públicamente tras reconocer que había mentido.
Las campañas incluyen el contraste, donde se enfatizan los errores o deficiencias del adversario. López Obrador podría enfrentar una campaña negativa a partir del análisis contrafactual derivado de la pregunta ¿estamos mejor hoy que en 2018? Sheinbaum, muy probablemente, se verá forzada a responder sobre los colapsos de la escuela Enrique Rébsamen, cuando era delegada en Tlalpan, y de la trabe de la Línea 12 del Metro, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Los propagandistas de López Obrador tienen desde hace varias semanas una línea de ataque contra Gálvez para sembrar en el imaginario colectivo que es la candidata del PRI, para que chupe los negativos de ese partido.
Apostar por una estrategia de esta naturaleza tiene riesgos, como el rechazo del electorado, aunque esto sucede más en democracias maduras, no incipientes como la mexicana. Aquí, como lo vivió López Obrador en anteriores elecciones, es un incentivo para la movilización y la cohesión de sus clientelas electorales que se traduce en votos. Pero sobre la base de su propia experiencia, sabe que puede haber un punto de inflexión para él y para su candidata Sheinbaum. ¿Será esta la motivación para linchar a Castañeda e inhibir esfuerzos y recursos que puedan inyectarse a las campañas negativas? A saber.
La campaña presidencial apenas inició y, muy probablemente, habrá materiales en las redes sociales que dañen la imagen de una candidata y modifique la narrativa. Esto, en el fondo, es de lo que trata una campaña, del control de la narrativa, por el potencial para cambiar el curso de una elección. Castañeda decía la verdad cuando observaba la falta de una campaña negativa de Gálvez, una idea que López Obrador está tratando de matar porque si la oposición encuentra el formato adecuado que penetre el cerebro del electorado, que reacciona ante lo negativo, no lo positivo, puede convertir el día de campo que piensa el Presidente será esta elección, en una pesadilla.
Nota: Tatiana Clouthier, actualmente en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, afirmó que es “imprecisa y sin fundamento” la información publicada en esta columna el 6 de marzo sobre su participación en la recaudación de recursos para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018, y que las propuestas de aportaciones privadas que recibió las canalizó al partido
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Estrictamente Personal
Preocupación en Palacio/Raymundo Riva Palacio
ElFinanciero, marzo 06, 2024 | 9
Las investigaciones que realizó el Departamento de Justicia sobre presuntos financiamientos del Cártel de Sinaloa en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2018, han generado una preocupación real del Presidente porque no sabe si existen realmente videos donde están sus hijos recibiendo dinero del narco, como lo apuntaron varios testigos en expedientes que se cerraron por razones políticas y diplomáticas.
Desde que aparecieron los primeros reportes periodísticos, hace casi un mes, el Presidente ha sostenido reuniones regulares con Alejandro Esquer, su secretario particular, para que le informe, aclare o confirme si existen videos, fotografías o audios que involucren a alguno de sus hijos o a su círculo cercano recibiendo dinero para las campañas. No se ha discutido, según ha trascendido, que sea dinero del narcotráfico, limitándose la petición a recursos en efectivo que pudieron llegar a la campaña irregularmente.
López Obrador ha negado vehementemente cualquier ilícito, pero le ha impactado en el ánimo la etiqueta de ‘narcopresidente’ en las redes sociales, que lo enerva crecientemente ante su uso cada vez más amplio en la opinión pública. Para tratar de neutralizarlo se ha desarrollado una estrategia –fallida– en la oficina de propaganda que dirige el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, pero la parte más crítica, la posibilidad de que videos de su gente más cercana recibiendo dinero en efectivo aparezcan, es la que tendría un efecto potencialmente devastador.
Financiamientos irregulares de las campañas presidenciales han sido motivo de discusión pública desde hace al menos tres años. Recientemente Jesús Ortega, que fue el coordinador de la campaña presidencial de López Obrador en 2006, dijo en una entrevista de prensa que quienes manejaban los recursos de la campaña eran Octavio Romero, actual director de Pemex y quien por lustros ha sido quien se encarga de la economía de los hijos mayores del Presidente; el hijo de Julio Scherer, cuyo padre fue poderoso consejero jurídico de la Presidencia en la primera parte del sexenio; Leonel Cota, que manejaba los dineros del PRD –cuando aún no se partía y nacía Morena–; el articulista al servicio del poder en turno Federico Arreola –actualmente en el cuarto de guerra de la candidata Claudia Sheinbaum– y el propio Esquer.
Ortega no precisó el origen de los recursos, aunque una de las investigaciones del Departamento de Justicia encontró testigos que le dijeron a agentes de la DEA que al menos 2 millones de dólares habían sido aportados por el Cártel de Sinaloa. La respuesta de López Obrador fue acusar de calumniadores a los tres periodistas que publicaron detalles de las investigaciones que se refieran a la campaña presidencial de 2006.
Informaciones sobre financiamientos opacos en la campaña de 2018 involucran directamente a Esquer. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a finales de 2020, encontró que el entonces secretario de Finanzas de Morena contrató proveedoras fantasma con una empresa que estaba listada como simuladora de operaciones comerciales con fines de evasión fiscal. Un año después, en diciembre, la misma organización reveló que Esquer y Denis Zaharula Vasto, actual coordinadora general de Administración de la Oficina de la Presidencia, realizaron una operación de depósitos hormiga en diciembre de 2017 a un fideicomiso que supuestamente era para los damnificados del sismo en ese año, de donde supuestamente retiraron 44 millones y medio de pesos que terminaron en campañas políticas.
Ninguna de esas revelaciones vincularon los recursos al crimen organizado, como ha sido hasta recientemente con el detalle de varias investigaciones de las agencias que dependen del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son las que han detonado la preocupación del Presidente, en particular de su hijo Gonzalo, que, de acuerdo con un libro del sociólogo Hernán Gómez Bruera, Traición en Palacio: el negocio de la justicia de la 4T, enfocado en el exconsejero jurídico Scherer, es quien estaba involucrado en el financiamiento de la campaña presidencial de su padre.
No era el único involucrado en la recaudación de recursos. De acuerdo con la información obtenida, también participaron el exconsejero Scherer, Tatiana Clouthier, que fue la coordinadora de campaña de López Obrador en 2018 y posterior secretaria de Economía, y Alejandra Fraustro, a quien nombró titular de Cultura. Hubo otras personas que contribuyeron en la recaudación de recursos, pero la preocupación central en Palacio Nacional se encuentra en el grupo más íntimo que recibió el dinero.
La posibilidad de que existan pruebas documentales de haber recibido dinero en efectivo es un tema que viene rondando en la Presidencia desde hace más de dos años, cuando detectaron la existencia de videos que, temían, podrían ser dados a conocer. Hasta ahora no han logrado averiguar quién o quiénes podrían tener esos videos, que tampoco han salido a la luz pública. No está claro si la preocupación actual del Presidente está relacionada con aquellos videos, o si hay temor de que sea un paquete diferente.
López Obrador ha estado pidiendo a Esquer detalles de su agenda durante la campaña presidencial de 2018, y toda la información de las personas con las que se reunieron él y los otros responsables de recaudar recursos, que le reportaban al actual secretario particular. Extrañamente, la identificación de donadores y los montos es un tema que no ha salido del control de Palacio Nacional, y no se ha involucrado, hasta el momento, al Centro Nacional de Inteligencia, que podría contribuir a determinar si los donantes tenían o no relaciones sospechosas con el crimen organizado.
El tema del financiamiento irregular o ilegal de sus campañas ha golpeado a López Obrador en la opinión pública de manera efímera, por lo cual no ha habido consecuencias en su imagen y popularidad, que es lo que más le importa. Pero el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa y Los Zetas, investigado por el Departamento de Justicia hasta que cerró las pesquisas para no confrontarse con el gobierno mexicano y tener un diferendo político, es otra cosa, y pone la lupa de la preocupación presidencial en su campaña de 2018 y eventuales problemas legales internacionales para el entorno de López Obrador.
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