Global Air: Cuando el desprecio se vuelve sentencia

Global Air: Cuando el desprecio se vuelve sentencia

El 18 de mayo de 2018 no solo cayó un avión en La Habana; se desplomó la fachada de una aerolínea que volaba más cerca de la negligencia criminal que del servicio civil. Hoy, ocho años después, la sentencia de la Jueza Federal Thaybelli Ivette Sánchez no es un simple fallo jurídico; es la radiografía de una indolencia programada.

La justicia ha bautizado esta tragedia con un término devastador: "Accidente Institucional". Es la confirmación de que la muerte de 113 personas no fue un error humano fortuito sobre la pista, sino un evento gestado en despachos, en talleres sin herramientas y en bitácoras vacías. Global Air no sufrió un accidente; construyó una tragedia. Cuando una empresa sabe que su flota no es apta y aun así la lanza al aire, deja de ser una aerolínea para convertirse en una ruleta rusa financiada por la avaricia.

Lo más revelador de este fallo es la proporción de la condena: 26.3 millones de pesos por daño moral frente a 4.7 millones por daño patrimonial. Esa diferencia de cinco a uno es el lenguaje del derecho gritando que la vida de la tripulación —María Daniela, Abigail, Guadalupe Beatriz y Marco Antonio— no se mide con recibos de nómina, sino por el vacío absoluto que deja la negligencia. Es un castigo a la conciencia corporativa: a mayor desprecio por la seguridad, mayor debe ser el costo de la reparación.

Aunque la empresa aún puede buscar refugio en tribunales colegiados, la lucha de las víctimas ha tomado un vuelo internacional. Un bloque de abogados expertos de España y México ha decidido que los pesos y centavos no bastan. Han interpuesto una denuncia penal colectiva por homicidio ante la FGR; porque la justicia a medias no es justicia. Mientras que en 2018 la autoridad aeronáutica impuso una multa de 1.7 millones de pesos —una cifra que suena a burla frente a 113 ataúdes—, las familias exigen que la responsabilidad deje de ser un trámite administrativo y se convierta en una cuenta pendiente con la libertad de los culpables.

Reparar el patrimonio es contabilidad; reconocer el daño moral es un acto de humanidad. Hoy, el derecho mexicano -en este c aso-, le advierte a las empresas de alto riesgo que la vida humana no es un costo de operación deducible. Tras ocho años de silencio, las familias de la tripulación tienen finalmente una verdad jurídica que nadie les podrá arrebatar: sus seres queridos no murieron por azar, fueron víctimas de un sistema que prefirió el ahorro sobre la vida.