Debate por Pemex

Agentes de trasnacionales, los que avalan la propuesta calderonista
Jenaro Villamil, reportero.

Publicado en la revista Proceso, 1652, 29 de junio de 2008;
Aun cuando el presidente Felipe Calderón se queja porque, dice, en los 13 foros organizados por el Senado para discutir la iniciativa de reforma petrolera no ha habido debate y predominan las controversias ideológicas y los políticos sobre los técnicos, lo cierto es que estos últimos han llevado la batuta y avalan la propuesta calderonista. Los opositores, a su vez, señalan que técnicos como Adrián Lajous y Francisco Barnés, entre otros, son personeros de trasnacionales como Dupont y Schlumberger.
Ni técnicos ni ajenos a posiciones ideológicas, la mayoría de los 46 defensores de las seis iniciativas de reforma a Pemex en los 13 foros efectuados en el Senado responden a los intereses de trasnacionales como Dupont, Halliburton, Schlumberger, Shell, Repsol o a consultorías como McKinsey.
Durante todo este mes, el presidente Felipe Calderón se quejó en tres ocasiones de que en los debates parlamentarios predominaron las controversias políticas o ideológicas, lo que impidió que hubiera polémica “en los planos técnicos y de los hechos”.
El martes 24, durante su gira por Escárcega, Campeche, insistió en que “son los técnicos y no los políticos los que decidirán qué se necesita y cómo se necesita en Pemex”. Veinte días antes, durante su gira por España, presumió ante representantes de corporativos como Repsol e Iberdrola que su reforma no ha sido desacreditada en sus “contenidos y orientaciones técnicas”.
Sin embargo, un balance de los 13 foros realizados hasta el jueves 26 revela que los defensores de la iniciativa calderonista no son técnicos sin intereses corporativos, sino representantes de poderosas trasnacionales que están interesadas en obtener contratos de exploración en aguas profundas o en los pozos de Chicontepec.
De los 46 defensores, sólo nueve no están vinculados a consultoras o corporaciones trasnacionales, pero cinco sí son funcionarios de Pemex, dos trabajan en la Comisión Reguladora de Energía y otros tantos en la Secretaría de Hacienda, incluyendo al subsecretario Alejandro Werner, quien participó en el duodécimo foro, y el propio titular de Hacienda, Agustín Carstens, quien intervendrá en el debate de este martes 1 de julio, en el que discutirá sobre la Situación Financiera y Presupuestal de Petróleos Mexicanos.
La denuncia contra Lajous
En el quinto y séptimo foros, donde se discutió sobre Transición y Seguridad Energética y Exploración, y Explotación y Restitución de Reservas Petroleras, respectivamente, la mayoría de los defensores de los “aspectos técnicos” de la reforma calderonista fueron personajes vinculados a trasnacionales petroleras o a consultorías que trabajan para éstas.
Uno de los más destacados es Adrián Lajous, director de Pemex de 1994 a 1999, quien en el séptimo foro abogó en favor de que la iniciativa privada participe en los trabajos de exploración y explotación de reservas petroleras. Según su currículum, Lajous es miembro del equipo de directores del corporativo Schlumberger, así como “asesor senior” de la consultora McKinsey, empresa que de 2001 a la fecha ha recibido 15 contratos de asesoría en Pemex, según informes de la Cámara de Diputados, y presidente de Petrométrica, compañía consultora de energía.
En el quinto foro, sobre Transición y Seguridad Energéticas, el 27 de mayo el exrector de la UNAM Francisco Barnés de Castro dijo que es necesario “abrir el negocio de la refinación a la competencia y permitir la participación de capital privado”. Exfuncionario de la Secretaría de Energía e integrante de la Comisión Reguladora de Energía, Barnés también fue asesor de Dupont, poderosa trasnacional dedicada a la manufactura de productos químicos y derivados de la petroquímica.
Tan sólo el 19 de diciembre de 2005, Dupont recibió contratos por 2 mil 635 millones de pesos de Pemex Refinación, de acuerdo con los informes difundidos a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Otros fueron Gerardo Gil Valdivia, exdirector de Mexpetrol y vinculado a empresas petroleras que adquirió Repsol en Argentina; Gustavo Bonilla Pérez, expresidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros y asesor y consultor de Schlumberger y Shell; Adán Ernesto Oviedo Pérez, creador de la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), actualmente vinculada a Schlumberger en las exploraciones de Chicontepec, y Ernesto Marcos Giacoman, consultor independiente y miembro del Consejo de Administración de la española Repsol, quien participó en el duodécimo foro que discutió el destino de la renta petrolera.
Así mismo otros defensores de las iniciativas calderonistas trabajan para consultorías, bancos o cámaras empresariales interesadas en la apertura a la inversión privada. Son los casos de José Luis Aburto Ávila, director de Petrelec y “consultor de varias empresas de energía”, según su currículum; de Eduardo Andrade Iturribarría, expresidente de la Asociación Mexicana de Energía y vinculado al Grupo Techint, cuya subsidiaria Tecpetrol tiene proyectos de exploración y producción de petróleo y gas en varios países de América Latina; de Othón Canales Treviño, integrante de Consultores Indica, que ha trabajado para Dupont; del empresario Jorge Padilla Acevedo, dirigente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar); del fiscalista José Suárez Coppel, vicepresidente de Administración y Finanzas del Grupo Modelo y director de Finanzas de Televisa, quien defendió un régimen fiscal favorable a aquellas empresas que participen en exploraciones de riesgo en Chicontepec o en aguas profundas; de Juan Antonio Bargés Mestre, exconsejero de Pemex, Nacional Financiera y Bancomext, quien además ha trabajado para Kimberly-Clark, Grupo Alfa, Banamex y Dupont.
Durante el séptimo foro, realizado el martes 3, el ingeniero petrolero Ricardo Prian Caletti, presidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros en México, y María Fernanda Campa, ingeniera jubilada de Pemex e hija del legendario dirigente ferrocarrilero Valentín Campa, coincidieron en denunciar a Adrián Lajous, presente en el debate, por sus vínculos con Schlumberger y Halliburton, así como por beneficiar a la compañía Netherland Sewell Internacional, a la que se le encargó la inyección de nitrógeno en lugar de gas natural en los yacimientos de Cantarell.
“Pemex ha perdido casi 614 millones de dólares en cuatro años por recurrir a trasnacionales que no tienen o no desean compartir su tecnología para hacer rentable la explotación de las reservas posibles contenidas en los campos de Chicontepec que ascienden, según los datos oficiales de Pemex, a más de 18 mil millones de barriles”, afirmó Prian Caletti.
El también fundador del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 27 insistió en que “Chicontepec es un claro ejemplo de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias”; incluso le reprochó a Lajous que durante su época como director de la paraestatal desoyó las protestas de este grupo. “El señor Lajous nos dijo que lo que pasa es que nosotros somos una bola de viejitos enamorados de sus fierros”, recordó Prian Caletti.
María Fernanda Campa habló sobre los vínculos de Francisco Barnés y de Adrián Lajous con empresas trasnacionales: “Adrián Lajous es funcionario y accionista de Schlumberger y Barnés es asesor de la bien conocida trasnacional Dupont. A través de Comesa, que es una empresa exploratoria filial de Pemex con 60% de capital de Pemex y 40% del consorcio Schlumberger, se otorgan contratos a esta última sin la licitación pública de ley, como la perforación de los pozos en Chicontepec, sin éxito y con grandes pérdidas para la paraestatal”, señaló Campa. Los asistentes al foro permanecieron en silencio.
Lajous trató de evadir las acusaciones y se concentró en defender la existencia de los llamados “contratos incentivados” para inversionistas privados porque “alienta la eficacia de la actividad, su eficiencia o el éxito de la obra o servicio contratado”.
Fue hasta la tercera y última ronda cuando quien fue director de Pemex durante el sexenio de Ernesto Zedillo señaló que “difería” de las opiniones de Campa y Prian Caletti, pero no desmintió sus vínculos con las trasnacionales.
“No responderé desde luego a sus comentarios que sólo buscan descalificarme en lo personal; creo que no es el sitio para descender a este tipo de acusaciones”, concluyó Lajous.
La defensa de la apertura a particulares en petroquímica, refinación, en materia de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos se repitió en los foros del 10, 12 y 17 de junio por parte de los “técnicos” propuestos por el PAN y el gobierno federal.
En el debate del martes 24, sobre el destino de la renta petrolera, Ernesto Marcos Giacoman, funcionario de Pemex durante el salinismo y “consultor independiente”; Alejandro Reynosa del Valle, economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Alejandro Hernández Delgado expusieron que se debe permitir la inversión privada en los sectores de petroquímica y refinación “que no generan renta petrolera”.
En el foro del jueves 26, sobre el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, cuatro de los ocho participantes demandaron mayores “facilidades fiscales” para las empresas privadas que inviertan en labores de exploración y producción de hidrocarburos: Herbert Bettinger Barrios, socio del despacho Mancera; Roberto Newell, exconsultor de McKinsey y actual presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad; Juan José Suárez Coppel, vicepresidente del Grupo Modelo, y José Antonio Meade Kurbeño.
“Yo no puedo dejar de señalar las similitudes entre este esquema propuesto para Chicontepec y las Aguas Profundas con los famosos convenios operativos que propiciaron litigios entre el gobierno venezolano y las trasnacionales”, les respondió Fluvio Alarcón, del Observatorio Ciudadano de Energía, una organización civil que desde la década pasada se opone a la privatización del sector.
En el mismo sentido, Mario Di Costanzo destacó que la reforma fiscal propuesta por Calderón como parte del paquete energético, “es para los inversionistas privados”, no para Pemex.
Priistas y opositores
Durante los 13 foros realizados hasta ahora, 36 de los ponentes, quienes fueron invitados por integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), se opusieron abiertamente a la reforma de Calderón. Entre ellos destacan Cuauhtémoc Cárdenas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Lorenzo Meyer, Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriú, Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Cárdenas, Juventino Castro y Castro, Arnaldo Córdova, Raúl Carrancá, Sergio García Ramírez y Luis Javier Garrido.
Todos ellos participaron en los primeros cuatro foros sobre los principios y el análisis innstitucional de la reforma energética.
En el sexto foro, en el que participaron los gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, propuso el 29 de mayo que se realizara una consulta ciudadana, programada para el próximo 27 de julio, y borró la propuesta de la “tercera vía” presentada por el gobernador priista Fidel Herrera, mediante la cual se proponía que los estados crearan empresas que pudieran asociarse con Pemex.
De 3 al 26 de junio, los opositores propuestos por el FAP se han enfrentado a quienes el gobierno federal y el PAN consideran “técnicos desideologizados”. La confrontación con datos, números y políticas fue más clara en el debate del martes 24 sobre el destino de la renta petrolera. La profesora Ifigenia Martínez y los economistas Rolando Cordera y Arturo Huerta se confrontaron con la visión de los otros participantes, incluyendo el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner.
Los ponentes explícitamente vinculados al PRI se han desdibujado, salvo en los casos de su dirigente nacional, Beatriz Paredes, quien participó en el primer debate del 13 de mayo; de Francisco Rojas, exdirector de Pemex, opositor a la reforma y presidente de la Fundación Colosio, quien participó el 27 de mayo.
Fuentes internas del PRI se quejaron ante Proceso por el hecho de que los responsables de definir a los integrantes del debate son los tres miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Energía: Francisco Labastida, el panista Rubén Camarillo y el perredista Graco Ramírez. Al PRD le garantizan “tres opositores”, pero Labastida y Camarillo benefician la posición gubernamental.
En su balance de los 13 foros realizados hasta ahora, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que como resultado de un “análisis detallado” de lo expuesto hasta ahora, los aspectos clave para mejorar la gestión de Pemex son, entre otros, los siguientes:
“Garantizar a Pemex recursos propios suficientes para reinvertir en la propia industria; utilizar parte de los excedentes para reconfigurar y construir nuevas refinerías; asignar mayores recursos al Instituto Mexicano del Petróleo; establecer programas de simplificación administrativa, y resolver el problema de la excesiva deuda de Pemex”.
Beltrones no mencionó ninguna de las líneas fundamentales de la “reforma de Pemex” calderonista: apertura a capital privado en refinerías, petroquímico, transporte, almacenamiento y ductos; ni los contratos incentivados para aguas profundas.

De la denuncia, a la amistad
Carlos Acosta Córdova, reportero.
Publicado en la revista Proceso, No 1652, 29 de junio de 2008,

El gobierno de Felipe Calderón y el sindicato que encabeza Carlos Romero Deschamps afianzan el pacto que establecieron desde marzo pasado, por medio del cual el gobierno mantiene intocados los privilegios de esa organización, en tanto que ésta apoya la reforma petrolera calderonista.
Pero este apapacho al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) era impensable hace unos años, cuando Felipe Calderón era coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y promovía con denuedo el desafuero de Romero Deschamps y Ricardo Aldana para juzgarlos por el desvío de recursos a la campaña presidencial del PRI en el 2000.
Su argumento entonces era: con el Pemexgate, la dirigencia de los petroleros coronaba décadas de corrupción, privilegios, delincuencia, y ahora –corría el año 2002–, con el apoyo del PRI pretenden tener al Congreso, al gobierno, como rehenes de la impunidad, pues amenazan con paralizar al país no sólo para impedir las reformas estructurales que plantea el gobierno, sino para evitar el castigo a sus ilícitos.

Eso decía Calderón al inicio del gobierno de Vicente Fox.
Pero ahora, cuando clama por apoyo a su reforma energética, resulta que su gobierno es el principal defensor del sindicato petrolero. Y le tocó nada menos que a Jesús Reyes Heroles González-Garza, el director general de Pemex, ser el conducto para poner al sindicato y a los trabajadores de la paraestatal como ejemplo de responsabilidad, respetabilidad, eficiencia y entrega.
El miércoles 4 de junio, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, convocó a conferencia de prensa conjunta con Reyes Heroles –uno de tantos esfuerzos infructuosos de convencimiento– para hablar de la reforma y replicar a algunas de las críticas planteadas en los foros senatoriales. Un reportero se dirigió a Kessel para preguntarle si el gobierno aceptaría una iniciativa de reforma energética que elimine los privilegios del sindicato y sus líderes, disminuya la excesiva y onerosa plantilla laboral –que suma más de 140 mil trabajadores, entre sindicalizados y de confianza–, y evite que el sindicato, como lo dijo en el foro del día anterior Adrián Lajous, exdirector de Pemex, se lleve parte de la renta petrolera.
La secretaria se aprestaba a contestar, pero Reyes Heroles se le adelantó rápido, nervioso: “Ya sé que no es para mí la pregunta, pero si me dan chance doy mi opinión”. Y, sin esperar el “chance”, apuró: Antes que criticarlos o señalar los privilegios que tienen los trabajadores petroleros, hay que “hacerles un reconocimiento por su gran calidad”, pues “producen del orden de 3 millones de barriles de petróleo todos los días, que producen 6 mil 500 millones de pies cúbicos diarios de gas, que producen 1 millón 300 mil barriles diarios de productos refinados y los distribuyen, y que producen gas y petroquímicos básicos”.
También dijo que son erróneas las comparaciones “fáciles” sobre el desempeño de los trabajadores de Pemex frente al que registran los de otras empresas petroleras internacionales en términos de productividad y eficiencia. Que tampoco es correcto decir que los trabajadores petroleros tienen remuneraciones mucho mejores a las que perciben trabajadores de otras ramas industriales. Casi grita: “No es inédito ni exclusivo de México (que ganen mucho los petroleros), porque trabajan en una industria de riesgo, porque trabajan en condiciones rudas”.

Criticó también al exdirector de Pemex, Adrián Lajous, quien el día anterior –en el marco del séptimo foro senatorial sobre el debate de la reforma energética– había dicho que por los altos sueldos y el exceso de personal, el sindicato se lleva parte de la renta petrolera.
Lajous, director de Pemex de diciembre de 1994 a 1998, fue al grano: “El sindicato petrolero ha logrado apropiarse, directamente, de una parte de la renta económica del petróleo a través de remuneraciones y prestaciones generosas y altos niveles de sobreempleo; también ha contribuido a disipar la renta económica al exigir e imponer prácticas laborales que afectan la eficiencia operativa de la empresa.”

Pero Reyes Heroles, tras año y medio en el cargo, cree lo contrario. Dijo que la nómina de Pemex “está en línea con la de otras petroleras”, y exigió “hacer una serie de ajustes antes de brincar a conclusiones sobre la idea de que el trabajador petrolero mexicano está sobrepagado”.
“Pesada carga” o capital político
A juzgar por esas palabras, Reyes Heroles descreyó también de su antecesor en la dirección general de Pemex, Luis Ramírez Corzo. A finales de 2005, éste reconoció que la plantilla de la paraestatal estaba excedida en por lo menos 30 mil trabajadores; que de igual número de plazas podría prescindirse. Sólo el sindicato cuenta con 101 mil trabajadores.
Igual la nómina, tan alta como irracional –gracias a los ventajosos contratos colectivos y a los acuerdos, muchas veces subrepticios, entre empresa y líderes–: datos de Pemex, de marzo de este año, señalan que se destinan 61 mil 911 millones de pesos (de un total de 81 mil 140 millones de gasto corriente; es decir, 76%) para el pago de salarios y prestaciones a cerca de 145 mil trabajadores y empleados (sindicalizados y de confianza).
El gobierno de Vicente Fox fue particularmente generoso con el sindicato. No sólo se le dio carpetazo a la investigación del millonario desvío de recursos a la campaña de Francisco Labastida en 2000, el célebre Pemexgate, sino que las revisiones contractuales y los convenios respectivos le redituaron al sindicato millonadas de escándalo, como la de 2005-2007, por casi 8 mil millones de pesos.
En el gobierno actual no han sido distintas las cosas. La revisión 2007-2009 y los convenios correspondientes sumaron casi 3 mil millones. Reyes Heroles autorizó, además de mil 700 millones, otros 200 millones para mantener campos deportivos del sindicato; 459 millones para ayudas reclamadas de 2001 a 2004; 114 millones 814 mil pesos para cubrir la cláusula 251 bis de 2005; 49 millones para construir un deportivo en Ciudad del Carmen; mil 65 millones 518 mil pesos del programa de préstamos al STPRM y 800 millones para préstamos de vivienda.

La propia administración de Calderón ha dado cuenta de la pesada carga que son los trabajadores en las finanzas de la paraestatal: los activos totales de Pemex, al cierre de 2007, eran de 1 billón 247 mil 200 millones de pesos; sus pasivos totales (la deuda total, pues), de 1 billón 134 mil 500 millones de pesos, y de éstos, 528 mil millones de pesos, casi la mitad, eran pasivos laborales, es decir, dinero que se le debe a los trabajadores.
Reconocimiento a la dirigencia
El día de la conferencia con Kessel, Reyes Heroles no sólo obvió la capacidad desestabilizadora del STPRM, sino que hizo a un lado los datos oficiales que dan cuenta del lastre que ha sido para la industria y para las finanzas públicas. Peor aún, habló en los mismos términos y el mismo tono en que lo hace Romero Deschamps para defenderse a sí mismo y a sus dirigidos.
“Somos quienes pasan 14 días en confinamiento y atención permanente a bordo de las plataformas marinas; somos los que pasan hoy cuatro meses, y antes más, a bordo de los buquetanques petroleros. Somos los que viven condiciones extremas en un remoto campamento en el desierto como escenario de las recortadas brigadas de exploración. Somos, a fin de cuentas, los que trabajan de manera cotidiana en las plantas de proceso y demás instalaciones con altísimas temperaturas y presiones.
“Somos a los que se nos señala como trabajadores de excepción porque tenemos un servicio médico exclusivo, cierto. Pero somos quienes hemos ayudado a construir unidades médicas y hospitales a lo largo y a lo ancho del país, lo mismo que escuelas, carreteras, puentes y caminos”, manifestó el dirigente el pasado 18 de marzo, en Tabasco, durante la conmemoración del 70 aniversario de la expropiación petrolera, ante el presidente Calderón, Reyes Heroles y Kessel.
Semanas después, el periódico Reforma daba cuenta de algunas de las propiedades y gustos personales de Romero Deschamps: un departamento de lujo y un yate en Cancún; viajes frecuentes a Las Vegas –el último, el 1 de mayo, Día del Trabajo– y relojes Rolex comprados con las cuotas sindicales.
El cobijo que dio el director de Pemex al sindicato y sus líderes corona una serie de hechos que dan cuenta del pacto que acordaron desde principios de año el gobierno y Romero Deschamps.
Los últimos días de febrero y los primeros de marzo –es decir, semanas antes de que la Secretaría de Energía diera a conocer el diagnóstico sobre Pemex, con el que justificaba la necesidad de la reforma–, Romero tuvo días febriles, de encuentros prolongados con los principales funcionarios del gabinete: compartió el pan y la sal con el secretario del Trabajo, Javier Lozano; con el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y con el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, entre otros.
Para el 18 de marzo quedó claro que entre gobierno y sindicato habría un trato terso, de no agresión, de apoyo mutuo.
“Señor presidente: los trabajadores petroleros (le) expresamos nuestro más amplio aprecio y reconocimiento, por su permanente interés en la industria petrolera… Donde haya un trabajador petrolero, encontrará, señor presidente, la mano franca y amiga dispuesta a respaldarlo”, le dijo Romero a Calderón, durante la ceremonia de la expropiación petrolera.
Y hasta le echó la mano contra Andrés Manuel López Obrador, que días antes había anunciado todo el relajo que luego hizo: “A 70 años de actividad laboral, los trabajadores petroleros no necesitamos, por supuesto, ni redentores de ocasión ni nostálgicos del poder y de los reflectores”.
“Gracias por sus palabras”, respondió Calderón, quien expresó su “más sincero reconocimiento a los obreros, a los técnicos, a los ingenieros, mujeres y hombres aquí presentes, y a todos, a todas y todos los que laboran a lo largo y a lo ancho del país, porque se han esforzado para elevar la competitividad y la rentabilidad de esta empresa orgullosamente mexicana”.