El poder soy yo( Alvaro Uribe)
Al proponer un referendo para repetir las elecciones, Uribe pone en jaque la institucionalidad del país.
Al proponer un referendo para repetir las elecciones, Uribe pone en jaque la institucionalidad del país.
Publicado en la revista SEMANA, no 1365, 28/06/2008;
La feroz pelea entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia puede terminar haciéndoles más daño a las instituciones que los embates de la guerrilla o las garras del paramilitarismo. La yidis-política, un episodio burocrático que para muchos no es más que un trueque tradicional de la política clientelista, se convirtió en un detonante que está resquebrajando el Estado desde su propia cúspide.
El último episodio del pulso de poder entre el gobierno y la Corte está acercando al abismo la estabilidad institucional del país. La Corte Suprema, en el fallo que condenó a la congresista Yidis Medina a 47 meses de prisión, advirtió que la compra de su voto por parte de funcionarios del alto gobierno fue una "clara desviación de poder" que afecta la legalidad del acto legislativo que aprobó la reelección. Y, teniendo en cuenta que el voto de Yidis fue decisivo para ello, remitió el fallo para revisión de la Corte Constitucional, órgano encargado de pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto.
El Presidente, desafiado en su dignidad, sintió que la Corte Suprema estaba cuestionando la legitimidad de su reelección y, en una decisión precipitada y con sabor a revanchismo, amenazó con pedir un referendo para apelar al pueblo y repetir los comicios de 2006.
Acto seguido, el alto gobierno mandó a dos de sus mosqueteros para que demandaran a la Corte Suprema ante la Comisión de Acusación. El ministro de Protección, Diego Palacio, interpuso una demanda penal porque, según él, los magistrados mintieron en el fallo. Y el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, solicitó que se investigue la supuesta penetración del paramilitarismo en la Corte Suprema.
En este cruce de cables se mezcla lo jurídico con lo político. Una cosa es cuestionar la legalidad del trámite en el Congreso que aprobó la reelección, y otra, muy distinta, es cuestionar la voluntad popular que le dio la legitimidad a la elección del presidente Uribe. El fallo jurídico de la Corte se ciñe a lo primero y la reacción del gobierno se centra en lo segundo. El Presidente dio una respuesta política a un problema jurídico. Lo que está en tela de juicio no es la mayoría que respaldó al Presidente en las urnas, sino si tenía o no el derecho de presentarse a ellas. Mientras estas dos ramas del poder se dan garrote, la tercera -el Congreso- está arrinconada y débil luego de que el huracán de la para-política le dio un golpe de gracia a su credibilidad. Y la Corte Constitucional espera la 'papa caliente' de la reelección en medio de cuestionamientos sobre su independencia y de críticas sobre su cercanía al gobierno.
Un panorama poco alentador y originado, en últimas, por el espinoso episodio de la reelección. Por algo, desde tiempos del libertador Simón Bolívar, este país ha sido poco fértil en cuestión de repetir períodos presidenciales.
En esta borrasca institucional no hay colombiano que no se pregunte qué va a pasar. Con estos vicios que tiene la reelección, ¿el Presidente puede terminar su segundo período? ¿La convocatoria a referendo que pidió el Presidente para celebrar nuevas elecciones perpetuará a Uribe en el poder? ¿Qué va a pasar con la 'Comisión de Notables' para reformar la política? ¿Y la recolección de firmas? ¿Hasta dónde llegará este choque de trenes? ¿Se va a descuadernar el país?
Es difícil prever todavía si el país está ante un susto o una hecatombe. Lo cierto es que el camino que abrió el Presidente con su propuesta de referendo puede poner en peligro los pilares de la democracia.
En primer lugar, porque el Presidente, al convocar un referendo, utiliza la majestad de su cargo para litigar en causa propia. En lugar de respetar la separación de poderes y esperar que se surtan los trámites diseñados por la ley -y darle tiempo a la Corte Constitucional de que resuelva el lío de la reelección-, se brinca las instituciones para acudir al pueblo. El mensaje tiene un fuerte tufillo caudillista: la rama judicial puede decir todo lo que quiera, pero, en últimas, él hará lo que clamen las masas.
En segundo lugar, quizás el efecto más perverso del referendo es que torpedea innecesariamente las instituciones encargadas de hacerles frente a peligrosa tenaza de la guerrilla, las bandas emergentes y el narcotráfico, flagelos que aún amenazan la libertad y la seguridad de los colombianos.
Además del Congreso, que vive el peor desprestigio de su historia por la para-política, van a quedar en entredicho el poder ejecutivo y el poder judicial. La Corte Suprema de Justicia, cuyas investigaciones trataban de acabar con la penetración de la mafia en la política, puede terminar investigada por un debilitado Congreso. Un Congreso que, a su vez, es investigado por la Corte Suprema. La justicia, que resplandecía en medio de un país cuya clase política regional estaba capturada por los grupos armados, y era vista como demostración de fortaleza institucional, puede terminar ahora contra las cuerdas.
Y, como si no bastara con lo anterior, el propio gobierno queda cuestionado. La propuesta del presidente Uribe de convocar un referendo para repetir las elecciones de 2006 es interpretada dentro y fuera de Colombia como el comienzo de una estrategia del mandatario para perpetuarse en el poder al mejor estilo de vecinos de ingrata recordación como Fujimori, Menem o el mismo Chávez.
Con la fórmula de 'repetir' las elecciones de 2006, Uribe puede terminar adelantando las elecciones de 2010. Y así transforma el referendo para la segunda reelección -que si bien ya está recogiendo firmas, no es fácil de vender- en una ratificación de la primera reelección.
Si el Presidente mantiene su propuesta de convocar al Congreso para un referendo, cambiaría por completo la percepción internacional y el ajedrez político nacional.
En la comunidad internacional la noticia no puede ser más negativa. Sobre todo cuando en Estados Unidos, el primer socio comercial y aliado militar de Colombia, Barak Obama se perfila como el más opcionado para ganar la presidencia, lo que le devolvería el carácter demócrata a la Casa Blanca. Obama no es precisamente un político cercano ideológicamente a Uribe. Ya lo ha dejado claro en temas como los derechos humanos y el TLC. Y estas insólitas jugadas de política interna dejan a Colombia más como una república bananera que como un país serio.
La inversión extranjera, que ha sido el principal motor de la economía en los últimos dos años, sería otra gran damnificada. Esa inversión, tan crucial para generar riqueza y que ha sido siempre un caballito de batalla del presidente Uribe para frenar iniciativas como la de la 'silla vacía', se podría ver muy afectada con el famoso referendo. Ya lo dijo Richard Francis, encargado de analizar a Colombia para Standard & Poor's en Nueva York: "Un tercer mandato debilitará los balances y eso no sería del mejor interés a más largo plazo".
En el ámbito interno también hay muchas inquietudes. La Comisión de Notables que el primer mandatario convocó para hacer un ajuste institucional queda ante una encrucijada. Si la propuesta del referendo persiste, es muy difícil que haya una comisión seria que se le mida a hacer una propuesta de reforma política estructural. No en vano el ex vicepresidente Humberto de la Calle, la cabeza visible del grupo de notables, ya dijo que no haría parte de la comisión si estaba de por medio la tercera elección del presidente Uribe.
Finalmente, la propuesta de reforma a la Justicia que hizo el recién estrenado ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, queda en el limbo. Mientras siga la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, cualquier intento de reforma a la justicia por parte del gobierno será interpretado como un acto de venganza que no tendrá viabilidad política.
Por todo lo anterior, lo más razonable es que el Presidente desista de su idea de convocar un referendo para demostrar que su segunda elección fue legítima. Por estas mismas razones, para muchas personas que conocen el pragmatismo y el olfato político del Presidente, esta pelea está más relacionada con su bronca con la Corte Suprema que con un artilugio para hacerse reelegir.
Si de oficio la Corte Suprema le compulsó copias a la Corte Constitucional para que revise el acto legislativo que aprobó la reelección, ésta tiene dos posibilidades. La primera, argumentar que ya caducaron los términos para revisar vicios de trámite, o que ya se trata de una cosa juzgada sin lugar a revisión. Y la segunda, admitir que por la existencia de hechos nuevos -la compra de un voto-, se podría revisar su legalidad. Pero sería la legalidad del acto legislativo y no la de la elección de Uribe.
Aun en este escenario es muy remoto que la Corte 'tumbe' la reelección, pues frente a este tema ya se pronunció sobre la forma y el fondo. Entonces existe una probabilidad muy alta de que no pase nada allí y de que el referendo sea completamente innecesario, y lo único que se lograría, si el Presidente insiste en él, es agudizar una peligrosa pugna entre dos ramas del poder público.
Los esfuerzos del gobierno se deberían concentrar en buscarle caminos a una reforma política que permita recobrar la legitimidad y la dignidad en el ejercicio de la política. Fortalecer los partidos, recuperar la credibilidad del Congreso, blindar a los candidatos de los tentáculos de la mafia y los grupos armados ilegales o perfeccionar el acceso al poder. Es imperioso que el Presidente estimule la sana controversia entre los poderes públicos y no propicie un ambiente de estigmatización y maniqueísmo. La vida pública colombiana necesita un nuevo aire para enfrentar los verdaderos problemas del país: el conflicto con la guerrilla, el posconflicto con los paramilitares, mejorar la competitividad, combatir la desigualdad, entre otros.
Colombia ha entrado en un camino peligroso. De un pulso de poder se ha pasado a poner en juego a las instituciones que han evitado que naufrague a pesar de la guerra, el narcotráfico y la corrupción.
Un país con estos flagelos, y con las tragedias que padecen a diario miles de colombianos, no puede darse el lujo de llevarse por delante la seriedad institucional que tantos años, sudor y lágrimas le ha costado construir dentro y fuera de sus fronteras.
El último episodio del pulso de poder entre el gobierno y la Corte está acercando al abismo la estabilidad institucional del país. La Corte Suprema, en el fallo que condenó a la congresista Yidis Medina a 47 meses de prisión, advirtió que la compra de su voto por parte de funcionarios del alto gobierno fue una "clara desviación de poder" que afecta la legalidad del acto legislativo que aprobó la reelección. Y, teniendo en cuenta que el voto de Yidis fue decisivo para ello, remitió el fallo para revisión de la Corte Constitucional, órgano encargado de pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto.
El Presidente, desafiado en su dignidad, sintió que la Corte Suprema estaba cuestionando la legitimidad de su reelección y, en una decisión precipitada y con sabor a revanchismo, amenazó con pedir un referendo para apelar al pueblo y repetir los comicios de 2006.
Acto seguido, el alto gobierno mandó a dos de sus mosqueteros para que demandaran a la Corte Suprema ante la Comisión de Acusación. El ministro de Protección, Diego Palacio, interpuso una demanda penal porque, según él, los magistrados mintieron en el fallo. Y el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, solicitó que se investigue la supuesta penetración del paramilitarismo en la Corte Suprema.
En este cruce de cables se mezcla lo jurídico con lo político. Una cosa es cuestionar la legalidad del trámite en el Congreso que aprobó la reelección, y otra, muy distinta, es cuestionar la voluntad popular que le dio la legitimidad a la elección del presidente Uribe. El fallo jurídico de la Corte se ciñe a lo primero y la reacción del gobierno se centra en lo segundo. El Presidente dio una respuesta política a un problema jurídico. Lo que está en tela de juicio no es la mayoría que respaldó al Presidente en las urnas, sino si tenía o no el derecho de presentarse a ellas. Mientras estas dos ramas del poder se dan garrote, la tercera -el Congreso- está arrinconada y débil luego de que el huracán de la para-política le dio un golpe de gracia a su credibilidad. Y la Corte Constitucional espera la 'papa caliente' de la reelección en medio de cuestionamientos sobre su independencia y de críticas sobre su cercanía al gobierno.
Un panorama poco alentador y originado, en últimas, por el espinoso episodio de la reelección. Por algo, desde tiempos del libertador Simón Bolívar, este país ha sido poco fértil en cuestión de repetir períodos presidenciales.
En esta borrasca institucional no hay colombiano que no se pregunte qué va a pasar. Con estos vicios que tiene la reelección, ¿el Presidente puede terminar su segundo período? ¿La convocatoria a referendo que pidió el Presidente para celebrar nuevas elecciones perpetuará a Uribe en el poder? ¿Qué va a pasar con la 'Comisión de Notables' para reformar la política? ¿Y la recolección de firmas? ¿Hasta dónde llegará este choque de trenes? ¿Se va a descuadernar el país?
Es difícil prever todavía si el país está ante un susto o una hecatombe. Lo cierto es que el camino que abrió el Presidente con su propuesta de referendo puede poner en peligro los pilares de la democracia.
En primer lugar, porque el Presidente, al convocar un referendo, utiliza la majestad de su cargo para litigar en causa propia. En lugar de respetar la separación de poderes y esperar que se surtan los trámites diseñados por la ley -y darle tiempo a la Corte Constitucional de que resuelva el lío de la reelección-, se brinca las instituciones para acudir al pueblo. El mensaje tiene un fuerte tufillo caudillista: la rama judicial puede decir todo lo que quiera, pero, en últimas, él hará lo que clamen las masas.
En segundo lugar, quizás el efecto más perverso del referendo es que torpedea innecesariamente las instituciones encargadas de hacerles frente a peligrosa tenaza de la guerrilla, las bandas emergentes y el narcotráfico, flagelos que aún amenazan la libertad y la seguridad de los colombianos.
Además del Congreso, que vive el peor desprestigio de su historia por la para-política, van a quedar en entredicho el poder ejecutivo y el poder judicial. La Corte Suprema de Justicia, cuyas investigaciones trataban de acabar con la penetración de la mafia en la política, puede terminar investigada por un debilitado Congreso. Un Congreso que, a su vez, es investigado por la Corte Suprema. La justicia, que resplandecía en medio de un país cuya clase política regional estaba capturada por los grupos armados, y era vista como demostración de fortaleza institucional, puede terminar ahora contra las cuerdas.
Y, como si no bastara con lo anterior, el propio gobierno queda cuestionado. La propuesta del presidente Uribe de convocar un referendo para repetir las elecciones de 2006 es interpretada dentro y fuera de Colombia como el comienzo de una estrategia del mandatario para perpetuarse en el poder al mejor estilo de vecinos de ingrata recordación como Fujimori, Menem o el mismo Chávez.
Con la fórmula de 'repetir' las elecciones de 2006, Uribe puede terminar adelantando las elecciones de 2010. Y así transforma el referendo para la segunda reelección -que si bien ya está recogiendo firmas, no es fácil de vender- en una ratificación de la primera reelección.
Si el Presidente mantiene su propuesta de convocar al Congreso para un referendo, cambiaría por completo la percepción internacional y el ajedrez político nacional.
En la comunidad internacional la noticia no puede ser más negativa. Sobre todo cuando en Estados Unidos, el primer socio comercial y aliado militar de Colombia, Barak Obama se perfila como el más opcionado para ganar la presidencia, lo que le devolvería el carácter demócrata a la Casa Blanca. Obama no es precisamente un político cercano ideológicamente a Uribe. Ya lo ha dejado claro en temas como los derechos humanos y el TLC. Y estas insólitas jugadas de política interna dejan a Colombia más como una república bananera que como un país serio.
La inversión extranjera, que ha sido el principal motor de la economía en los últimos dos años, sería otra gran damnificada. Esa inversión, tan crucial para generar riqueza y que ha sido siempre un caballito de batalla del presidente Uribe para frenar iniciativas como la de la 'silla vacía', se podría ver muy afectada con el famoso referendo. Ya lo dijo Richard Francis, encargado de analizar a Colombia para Standard & Poor's en Nueva York: "Un tercer mandato debilitará los balances y eso no sería del mejor interés a más largo plazo".
En el ámbito interno también hay muchas inquietudes. La Comisión de Notables que el primer mandatario convocó para hacer un ajuste institucional queda ante una encrucijada. Si la propuesta del referendo persiste, es muy difícil que haya una comisión seria que se le mida a hacer una propuesta de reforma política estructural. No en vano el ex vicepresidente Humberto de la Calle, la cabeza visible del grupo de notables, ya dijo que no haría parte de la comisión si estaba de por medio la tercera elección del presidente Uribe.
Finalmente, la propuesta de reforma a la Justicia que hizo el recién estrenado ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, queda en el limbo. Mientras siga la pelea entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, cualquier intento de reforma a la justicia por parte del gobierno será interpretado como un acto de venganza que no tendrá viabilidad política.
Por todo lo anterior, lo más razonable es que el Presidente desista de su idea de convocar un referendo para demostrar que su segunda elección fue legítima. Por estas mismas razones, para muchas personas que conocen el pragmatismo y el olfato político del Presidente, esta pelea está más relacionada con su bronca con la Corte Suprema que con un artilugio para hacerse reelegir.
Si de oficio la Corte Suprema le compulsó copias a la Corte Constitucional para que revise el acto legislativo que aprobó la reelección, ésta tiene dos posibilidades. La primera, argumentar que ya caducaron los términos para revisar vicios de trámite, o que ya se trata de una cosa juzgada sin lugar a revisión. Y la segunda, admitir que por la existencia de hechos nuevos -la compra de un voto-, se podría revisar su legalidad. Pero sería la legalidad del acto legislativo y no la de la elección de Uribe.
Aun en este escenario es muy remoto que la Corte 'tumbe' la reelección, pues frente a este tema ya se pronunció sobre la forma y el fondo. Entonces existe una probabilidad muy alta de que no pase nada allí y de que el referendo sea completamente innecesario, y lo único que se lograría, si el Presidente insiste en él, es agudizar una peligrosa pugna entre dos ramas del poder público.
Los esfuerzos del gobierno se deberían concentrar en buscarle caminos a una reforma política que permita recobrar la legitimidad y la dignidad en el ejercicio de la política. Fortalecer los partidos, recuperar la credibilidad del Congreso, blindar a los candidatos de los tentáculos de la mafia y los grupos armados ilegales o perfeccionar el acceso al poder. Es imperioso que el Presidente estimule la sana controversia entre los poderes públicos y no propicie un ambiente de estigmatización y maniqueísmo. La vida pública colombiana necesita un nuevo aire para enfrentar los verdaderos problemas del país: el conflicto con la guerrilla, el posconflicto con los paramilitares, mejorar la competitividad, combatir la desigualdad, entre otros.
Colombia ha entrado en un camino peligroso. De un pulso de poder se ha pasado a poner en juego a las instituciones que han evitado que naufrague a pesar de la guerra, el narcotráfico y la corrupción.
Un país con estos flagelos, y con las tragedias que padecen a diario miles de colombianos, no puede darse el lujo de llevarse por delante la seriedad institucional que tantos años, sudor y lágrimas le ha costado construir dentro y fuera de sus fronteras.
¿Es posible el referendo que propone Uribe?
1. Algunos constitucionalistas consultados consideran que 'repetir' unas elecciones, como propone hacer Uribe con las de 2006, no se debe hacer a través de un referendo, que es una figura que se utiliza para aprobar normas jurídicas, sino a través de un plebiscito en el cual el pueblo le exprese la confianza al mandatario. La diferencia entre uno y otro es que el plebiscito necesita más votos: que diga sí un tercio del censo electoral. Mientras tanto, el referendo requiere que salga a votar una cuarta parte del censo, es decir, menos gente, y de estos, que más de la mitad lo apruebe.
1. Algunos constitucionalistas consultados consideran que 'repetir' unas elecciones, como propone hacer Uribe con las de 2006, no se debe hacer a través de un referendo, que es una figura que se utiliza para aprobar normas jurídicas, sino a través de un plebiscito en el cual el pueblo le exprese la confianza al mandatario. La diferencia entre uno y otro es que el plebiscito necesita más votos: que diga sí un tercio del censo electoral. Mientras tanto, el referendo requiere que salga a votar una cuarta parte del censo, es decir, menos gente, y de estos, que más de la mitad lo apruebe.
2. Si de todas maneras prospera la idea del referendo, habría que ver cómo se concilia con las firmas que ya se están recogiendo. En principio se tendría que comenzar de nuevo todo el proceso. Porque la propuesta con la cual se han recogido las firmas es: "Quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período". La cual no coincide con ninguna de las dos propuestas que ha hecho el gobierno para el referendo: la del Presidente, que pide repetir las elecciones de 2006, y la del ministro Fabio Valencia Cossio, que dice que serían una elecciones con todos los candidatos nuevos.
3. Los pasos que se necesitan para aprobar un referendo son los siguientes: primero, conseguir 140.000 firmas para inscribir el referendo ante la Registraduría. Después, recoger 1.403.069 firmas (el equivalente al 5 por ciento del censo electoral) para radicar el proyecto de referendo en el Congreso. Y luego, si logra ser aprobado en el Parlamento, debe ser aprobado en las urnas por 7,5 millones de votos. Ese ese número de votos nunca se ha visto en el país. En 2002, para la presidencia, Uribe obtuvo 5,8 millones de votos, y en las elecciones de 2006 casi 7,4 millones. De por medio, además, está la experiencia amarga del referendo de 2003, que si bien no es comparable por la dificultad de los temas y el número de preguntas, es un referente: esa vez fueron 5,8 millones de votos.
4. El términos de tiempo, si las firmas se recogen al ritmo que lo están haciendo hoy para el referendo de la segunda reelección, en menos de un mes se podría obtener todas las necesarias para radicar el proyecto en el Congreso. Y como el referendo es una ley, podría estar aprobada antes de diciembre para ir a votaciones en el primer semestre del año entrante.
5. De todas maneras, el referendo también tendría que pasar por revisión de la Corte Constitucional, y el hecho de que vuelva a estar en competencia el presidente Álvaro Uribe podría ser complicado desde el punto de vista constitucional. Cabe recordar que en el fallo de la primera reelección, la Corte le dio su aval, con la advertencia de que se podía reelegir una sola vez, una segunda ya rompería el equilibrio de poderes mínimo necesario en una democracia.
Y faltaba la Procuraduría...
Uno de los principales argumentos de defensa que ha esgrimido el gobierno en el caso de la Yidis-política, que ha puesto en tela de juicio la reforma que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe, es que hasta ahora sólo se trata de una "autoincriminación" de la ex congresista y que ninguna autoridad ha demostrado la culpabilidad de los altos funcionarios investigados.Por eso, la decisión de la Procuraduría de abrir pliego de cargos contra los funcionarios acusados de ofrecer contratos y notarías a Yidis para lograr su voto favorable a la reelección en 2004 cayó como sal en la herida. La Procuraduría no sólo se alinea con la Corte Suprema y su duro fallo de esta semana que provocó una aun más violenta reacción del gobierno, sino también con la Fiscalía, que encontró indicios tan graves que decidió vincular al ex ministro Sabas Pretelt con indagatoria. Los afectados con la medida de la Procuraduría son el hoy embajador en Italia, Sabas Pretelt; el ministro de Protección Social, Diego Palacio; el ex superintendente de notariado y registro José Félix Lafaurie, y el ex director del DAS Jorge Noguera. La Procuraduría considera que estos funcionarios se habrían extralimitado en sus funciones
Uno de los principales argumentos de defensa que ha esgrimido el gobierno en el caso de la Yidis-política, que ha puesto en tela de juicio la reforma que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe, es que hasta ahora sólo se trata de una "autoincriminación" de la ex congresista y que ninguna autoridad ha demostrado la culpabilidad de los altos funcionarios investigados.Por eso, la decisión de la Procuraduría de abrir pliego de cargos contra los funcionarios acusados de ofrecer contratos y notarías a Yidis para lograr su voto favorable a la reelección en 2004 cayó como sal en la herida. La Procuraduría no sólo se alinea con la Corte Suprema y su duro fallo de esta semana que provocó una aun más violenta reacción del gobierno, sino también con la Fiscalía, que encontró indicios tan graves que decidió vincular al ex ministro Sabas Pretelt con indagatoria. Los afectados con la medida de la Procuraduría son el hoy embajador en Italia, Sabas Pretelt; el ministro de Protección Social, Diego Palacio; el ex superintendente de notariado y registro José Félix Lafaurie, y el ex director del DAS Jorge Noguera. La Procuraduría considera que estos funcionarios se habrían extralimitado en sus funciones
No hay comentarios.:
Publicar un comentario