CNDH impugna Ley de la Policía Federal
En juicio ante la SCJN objeta también prohibición a mexicanos naturalizados de ocupar puestos clave
Carlos Avilés
El Universal, Viernes 03 de julio de 2009
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que anule y declare inconstitucionales las facultades que se le otorgaron a la Policía Federal para que pueda realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir y combatir delitos.
En el mismo caso, registrado como el juicio de acción de inconstitucionalidad 48/2008, la Comisión también impugnó las modificaciones que se le hicieron a tres leyes para prohibir que los mexicanos naturalizados o con doble nacionalidad puedan ocupar puestos claves en la Policía Federal, en la Procuraduría General de la República y en la Auditoría Superior de la Federación.
Esto último porque al no permitirse que puedan ocupar cargos como el de Comisionado General de la Policía, subprocurador de la PGR o el de auditor Superior de la Federación, se violan los derechos a la no discriminación por origen nacional, al trabajo y a acceder a cargos públicos.
La demanda promovida por el presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, en contra del Congreso de la Unión y del presidente Felipe Calderón, por haber aprobado y publicado, respectivamente, las reformas cuestionadas, fue admitida a tramite por el ministro Sergio Valls.
Como primera medida el ministro Valls emplazó a los legisladores y al Ejecutivo para que respondan a los cuestionamientos hechos por la CNDH.
Durante el tiempo que tarde en resolverse el caso ante la Corte —y que puede ser más de un año—, la Policía Federal podrá realizar las operaciones encubiertas y de usuarios simulados.
Pero se corre el riesgo de que los juicios de delincuentes que se sustenten en dichas operaciones se vengan a bajo si la Corte declara inconstitucional la ley.
En su demanda la CNDH aclara que no está en contra de la implementación de operaciones encubiertas. Pero considera que la forma en que se implementó es violatoria de la Constitución.
Alegato de la Comisión
La CNDH asegura que se violó la Constitución Política porque en la Ley de la Policía Federal no se fijaron los lineamientos mínimos bajo los cuales se podrán llevar a cabo estas actividades; y porque se dejó abierta la posibilidad de que dichas figuras puedan ser utilizadas para cualquier tipo de delito y no sólo para casos de delincuencia organizada.
Y esto último, afirma, representa, un alto riesgo, en especial porque se trata de actividades que pueden llegar a tener una injerencia grave en los derechos fundamentales.
En opinión del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, los legisladores violaron el artículo 14 de la Constitución —que protege los principios de certeza y seguridad jurídica— al dejar que sea el presidente de la República el que, mediante un reglamento, establezca las reglas que deben seguir y respetar los policías en las operaciones encubiertas y de usuarios simulados.
Este tipo de operaciones, explicó la CNDH, deben aplicarse únicamente a casos de delitos graves o en casos de delincuencia organizada, pues resultaría desproporcionado que una medida tan extrema se utilizara para la prevención de todos los delitos.
Y el problema con la actual ley, explica, es que se dejó abierta la posibilidad de que la Policía Federal realice operaciones de este tipo en cualquier delito.
En juicio ante la SCJN objeta también prohibición a mexicanos naturalizados de ocupar puestos clave
Carlos Avilés
El Universal, Viernes 03 de julio de 2009
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que anule y declare inconstitucionales las facultades que se le otorgaron a la Policía Federal para que pueda realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir y combatir delitos.
En el mismo caso, registrado como el juicio de acción de inconstitucionalidad 48/2008, la Comisión también impugnó las modificaciones que se le hicieron a tres leyes para prohibir que los mexicanos naturalizados o con doble nacionalidad puedan ocupar puestos claves en la Policía Federal, en la Procuraduría General de la República y en la Auditoría Superior de la Federación.
Esto último porque al no permitirse que puedan ocupar cargos como el de Comisionado General de la Policía, subprocurador de la PGR o el de auditor Superior de la Federación, se violan los derechos a la no discriminación por origen nacional, al trabajo y a acceder a cargos públicos.
La demanda promovida por el presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, en contra del Congreso de la Unión y del presidente Felipe Calderón, por haber aprobado y publicado, respectivamente, las reformas cuestionadas, fue admitida a tramite por el ministro Sergio Valls.
Como primera medida el ministro Valls emplazó a los legisladores y al Ejecutivo para que respondan a los cuestionamientos hechos por la CNDH.
Durante el tiempo que tarde en resolverse el caso ante la Corte —y que puede ser más de un año—, la Policía Federal podrá realizar las operaciones encubiertas y de usuarios simulados.
Pero se corre el riesgo de que los juicios de delincuentes que se sustenten en dichas operaciones se vengan a bajo si la Corte declara inconstitucional la ley.
En su demanda la CNDH aclara que no está en contra de la implementación de operaciones encubiertas. Pero considera que la forma en que se implementó es violatoria de la Constitución.
Alegato de la Comisión
La CNDH asegura que se violó la Constitución Política porque en la Ley de la Policía Federal no se fijaron los lineamientos mínimos bajo los cuales se podrán llevar a cabo estas actividades; y porque se dejó abierta la posibilidad de que dichas figuras puedan ser utilizadas para cualquier tipo de delito y no sólo para casos de delincuencia organizada.
Y esto último, afirma, representa, un alto riesgo, en especial porque se trata de actividades que pueden llegar a tener una injerencia grave en los derechos fundamentales.
En opinión del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, los legisladores violaron el artículo 14 de la Constitución —que protege los principios de certeza y seguridad jurídica— al dejar que sea el presidente de la República el que, mediante un reglamento, establezca las reglas que deben seguir y respetar los policías en las operaciones encubiertas y de usuarios simulados.
Este tipo de operaciones, explicó la CNDH, deben aplicarse únicamente a casos de delitos graves o en casos de delincuencia organizada, pues resultaría desproporcionado que una medida tan extrema se utilizara para la prevención de todos los delitos.
Y el problema con la actual ley, explica, es que se dejó abierta la posibilidad de que la Policía Federal realice operaciones de este tipo en cualquier delito.
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