Responsabilidad y tiempo

Responsabilidad y tiempo/Jesús Silva-Herzog Márquez

Reforma, 7 Dic. 09
El Presidente ha trazado un bosquejo de reforma institucional. No se trata de un cambio de régimen constitucional pero, de aprobarse, podría transformar profundamente la dinámica política del país. El Presidente busca legar una democracia que funcione, una representación eficaz y cercana a la gente. La reforma está apenas en boceto. No se ha presentado una iniciativa concreta pero se han delineado sus elementos centrales: reelegibilidad de legisladores y alcaldes; iniciativa preferente recorte del Congreso, mecanismos de participación directa de los ciudadanos, candidaturas sin partidos. No alcanzo a entender las razones que sugieren el recorte del Congreso, pero encuentro en la silueta básica de estas reformas un dibujo razonable de innovación institucional.

Detrás de esta propuesta veo un diagnóstico certero: nuestra democracia ha logrado contar votos e instaurar contrapesos pero no ha sido capaz de ensamblar las distintas piezas de la maquinaria gubernativa para darnos decisión. Los cambios de los que habla la administración suben el peldaño. No son ya transformaciones en el ámbito electoral sino cambios en la conformación de los poderes. Se busca alentar la colaboración política, profesionalizar los cuadros representativos, darle al Presidente un instrumento directivo adicional en su trato con el Congreso. Si entiendo bien, puede entenderse que los cambios pretenden dos objetivos centrales: fortalecer la responsabilidad de los agentes políticos y abrir el tiempo de la democracia.

Hemos construido una democracia irresponsable. Nuestro régimen político tiene elecciones, competencia y un complejo tejido de restricciones. Sin embargo, no hemos arraigado un sentido de responsabilidad política que implique un compromiso auténtico del poder con la sociedad. La dispersión del poder ha diluido la autoría de las decisiones y la paternidad de la inacción. Un cerrado régimen de partidos políticos dificulta la aplicación certera de sanciones. Un terreno crucial de la irresponsabilidad es, sin duda, el Congreso. El marco institucional provoca que los legisladores entiendan la lealtad a su partido como su principal compromiso. No es ruindad: es la lógica de su encargo. En los partidos altamente centralizados está su futuro. El hecho es particularmente dañino en la pista de mayoría porque desactiva y nulifica la dinámica local que debe colorear la asamblea nacional. A pesar de ser electos en la pequeña comunidad, los legisladores de mayoría no se sienten vinculados contractualmente con sus electores. La reelección transformaría de manera automática las cadenas de la responsabilidad. La actividad legislativa encontraría así un imán distinto: el imán de ciudadanos equipados con un auténtico poder condenatorio.

La reelección puede transformar el magnetismo de nuestra vida parlamentaria. Si hoy prevalece un solo eje de lealtad que es el acatamiento de la línea partidista, la reelección puede abrir una dinámica distinta que, sin olvidar la necesaria coordinación de los partidos, ponga atención también en la opinión local. No es absurdo anticipar que, bajo tal influjo, la colaboración entre legisladores pudiera empezar a desbordar los estrictos contornos de los partidos políticos. Vale apuntar, sin embargo, que para que esta reforma surta los efectos esperados, es necesario complementarla con dispositivos que aseguren competencias limpias y abiertas dentro de los partidos.

La iniciativa preferente que ha propuesto el Presidente es otra medida sensata. En la superficie es un instrumento de presión para que el Congreso analice y a dictamine las iniciativas del Ejecutivo. En el fondo, el proyecto es una exigencia de definición. Una de las expresiones de la irresponsabilidad política es flotar sin definirse. La propuesta presidencial no presionaría a la clase política más que a la definición pública sobre temas relevantes. Al hacerlo prestaría a la democracia un servicio importante: permitiría conocer con claridad las posturas de los partidos y aplicar en consecuencia premios o sanciones.

El apunte del Presidente aborda otro tema crucial de nuestra democracia: la cárcel temporal que nos encierra. Si bien tenemos un larguísimo sexenio, los cálculos de la representación y de la administración local son extremadamente cortos. El caso de las presidencias municipales es particularmente grave por la naturaleza de su gestión: imposible proyectar obra pública relevante bajo ese apremio del tiempo. Nuestra democracia, en efecto, necesita abrirse al tiempo, ensanchar el marco de la planeación para imaginar y construir futuro.

Veo por eso, dos aciertos relevantes en el planteamiento de reforma institucional: arraigar la responsabilidad y abrir el horizonte temporal de nuestras decisiones. Lo digo reconociendo que no todo está en las instituciones, que toda reforma tiene inconvenientes y costos.