Reforma penal; reto de cambio cultural

Reforma penal; reto de cambio cultural/Óscar Vázquez Marín, magistrado, titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal.
Reforma 15 de junio de 23012

Junio representa un mes memorable para la reforma de la justicia en México. El 6 y 10 de junio se
cumplió un año de la publicación de las reformas de Juicio de Amparo y Derechos Humanos; mientras que el 18 de junio se cumplen cuatro de los ocho años establecidos para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.

Las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos marcan un antes y un después en la justicia en México, dada la trascendencia de sus contenidos y el impacto que estas tienen en el sistema jurídico. Aprobadas estas tres grandes reformas, el reto consiste en hacer realidad los derechos humanos de las personas reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.

En el caso de la Reforma Penal, el reto de su implementación es tan grande como la demanda que actualmente exige la sociedad de una mejor seguridad pública y una mayor justicia.
Para hacer realidad el funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a nivel federal, es necesario realizar diversas acciones en los cuatro años que restan:
La aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, por parte del Poder Legislativo; la capacitación de las policías, peritos, agentes del Ministerio Público, defensores públicos, litigantes, juzgadores, docentes y estudiantes, por parte de los institutos de Capacitación, así como facultades y escuelas de derecho.
La construcción y adecuación de salas de juicio oral por el Consejo de la Judicatura Federal; el diseño y operación de los sistemas informáticos de gestión; la reorganización de las instituciones públicas; la planeación y evaluación de los programas; y, desde luego, la autorización de mayores recursos presupuestales por la Cámara de Diputados.
En relación con todos estos cambios, en la opinión pública se ha expresado la preocupación por la falta de aprobación de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Indudablemente que la expedición del Código de Procedimientos Penales es un aspecto importante de la Reforma Penal que a la fecha se encuentra pendiente, ya que la entrada en vigor del nuevo proceso depende de esta nueva ley.
Sin embargo, por los problemas históricos de malas prácticas que registra la justicia penal en México, considero que la sola aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales no garantiza que el proceso penal acusatorio funcione con éxito.
Al respecto vale la pena preguntarse: ¿si el día de mañana se aprobara el Código Federal de Procedimientos Penales, se cuenta con los policías, peritos, fiscales, defensores públicos, juzgadores y custodios que requiere el nuevo sistema de justicia penal?
¿Los litigantes, estudiantes y ciudadanos están preparados para participar en el nuevo proceso penal?
La respuesta creo que es evidente. De muy poco servirá el contar con un nuevo código procesal penal, con nuevas salas de juicio oral y sistemas informáticos de punta si los actores jurídicos no desarrollamos los conocimientos, habilidades, valores y conductas éticas que exige el proceso penal acusatorio.
El principal reto de la Reforma Penal consiste en superar el cambio cultural, para que los policías realicen la investigación de los delitos de manera científica y confiable; que los agentes del Ministerio Público integren adecuadamente las investigaciones y sustenten sus acusaciones, con apego a derecho; que los defensores públicos y privados litiguen de manera estratégica, con base en la teoría del caso, acorde con la ética.
Que los juzgadores dirijamos las audiencias conforme los principios de inmediación, contradicción, publicidad, concentración y continuidad, con pleno respeto de los derechos fundamentales tanto de los acusados, como de las víctimas; que las autoridades penitenciarias respeten los derechos humanos de los internos.
La implementación de la Reforma Penal en México va más allá de cambiar leyes, implica pasar de una cultura penal inquisitoria, a una cultura penal acusatoria, más garantista, transparente y confiable.
La aprobación de una ley es un cambio legal; la transformación de un sistema de justicia requiere de un cambio cultural.