Excélsior, 14 de enero de 2013
He vivido la semana más difícil de mi vida política. Se me ha acusado, sin pruebas, de haber recibido dinero para hacer gestiones relacionadas con casinos. Desde primera hora negué los hechos y di la cara para responder a cada uno de los falsos señalamientos. No me he escondido ni me esconderé. He llevado el caso ante los tribunales para que mi acusadora pruebe sus imputaciones. He acudido a espacios informativos para dar cuenta de las inconsistencias y absurdos de la versión que me incrimina. He explicado que durante mi gestión como subsecretario de Gobernación (marzo a octubre de 2010) no se otorgó ningún permiso para la operación de casinos y que, por el contrario, ejecuté tres mil 779 acciones de combate al juego ilegal, incluida la clausura de 54 establecimientos que funcionaban de manera irregular. He acreditado que los hechos que se me atribuyen supuestamente se realizaron cuando no era funcionario de la Secretaría de
Gobernación e, incluso, cuando ya había abandonado cualquier cargo público en el gobierno federal. Otras personas que fueron señaladas como los destinatarios de mis supuestas gestiones a favor de casinos, han prestado testimonio público de que jamás intervine, de manera directa o indirecta, en dichos negocios. He reiterado que nunca antes se me había vinculado a algún trato u operación de casinos sino hasta ahora, justo cuando está por iniciar la renovación en la dirigencia de mi partido y precisamente después de que se ha ventilado públicamente que al final de la anterior administración ciertos intereses en casinos fueron seriamente afectados. He exigido que se presenten las pruebas de esas graves imputaciones. Ni una sola prueba ha acompañado a los dichos de mi acusadora. Ni una sola prueba me involucra.
Desconozco las motivaciones de mi acusadora. Sus relaciones con los casinos pueden explicar en buena medida su intención. En una columna publicada el 26 de septiembre de 2011 en este diario, Jorge Fernández Meléndez revelaba que la señora Talía Vázquez, quien falsamente me ha acusado de recibir dinero a cambio de gestiones para casinos, y su hermana Selene, diputada local perredista en Michoacán, son propietarias de establecimientos de juego en Guanajuato y Michoacán. También desconozco a cuenta de quién está actuando. Y ésa es la pregunta central: ¿qué intereses están detrás de esta trama de mentiras? ¿Son intereses de casinos que pretenden involucrar a ex funcionarios del gobierno federal porque fueron afectados en sus negocios y hoy quieren cobrar revancha? ¿Hay un propósito político de señalar a un grupo político dentro del PAN de cara a la renovación de la dirigencia nacional para debilitar sus posibilidades internas? ¿Responden estas acusaciones a la pretensión de mermar a quienes hemos sido críticos con la forma en la que se está desenvolviendo la relación del PAN con el nuevo gobierno? No lo sé. Lo cierto es que esta trama está articulada con un propósito mayor, precisamente por los personajes que acusan y por la selección del blanco de sus imputaciones. Y justamente a ese propósito mayor debe enfocarse la lucha por la verdad de quienes hemos sido calumniados y difamados.
Militantes del PAN, de una época para acá, hemos sido señalados por supuestos vínculos con intereses del juego. Por el bien del partido, cada uno debe dar la cara y afrontar con seriedad cada acusación. Yo lo estoy haciendo y no cejaré en el empeño hasta limpiar mi nombre. No tengo deuda alguna ni motivo para avergonzarme. Jamás he tocado un peso que no me hubiere ganado con mi trabajo. Estoy en política porque creo que es una profesión digna y honrosa. No vine a la política a enriquecerme ni por propósito de poder. Pero también el partido debe hacer una reflexión interna y preguntarse por qué razón pesan sobre nosotros estas acusaciones. Debemos disolver esa imagen que se nos pretende crear, o bien, deslindar claramente las responsabilidades individuales. De eso dependerá nuestra credibilidad. De eso dependerá nuestro futuro.
roberto.gil@senado.gob.mx
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