- “El estado de Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los profesionales del periodismo”,
Veracruz,
trampa mortal para periodistas/GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista
Proceso
No. 1903, 21 de abril de 2013;
En
el informe que dieron a conocer este mes los delegados de la Asociación Mundial
de Periódicos y Editores de Noticias y el Instituto Internacional de Prensa que
visitaron México en febrero pasado señalaron las alarmantes presiones contra la
libertad de prensa que se viven en el país. Además, tras entrevistarse con
gente del gremio, legisladores y políticos, la misión internacional advierte
que, digan lo que digan los funcionarios de Javier Duarte, Veracruz está
convertido en una trampa mortal para periodistas, ya que ahí convergen el crimen
organizado y la impunidad institucionalizada.
“El
estado de Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los
profesionales del periodismo”, es la frase con que abre el informe La situación
de la libertad de prensa en México, elaborado por la Asociación Mundial de
Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés) y el
Instituto Internacional de Prensa (IPI).
El
documento refiere que con nueve asesinatos en los últimos años –entre ellos el
de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en el estado– y con 20
comunicadores desplazados, ser periodista en Veracruz “puede tener
consecuencias mortales”.
En
el texto, de 31 páginas, se refleja la experiencia que obtuvieron tras un viaje
a México en febrero pasado los integrantes de las organizaciones mencionadas,
con oficinas en París, Francia; Damstadt, Alemania, y Viena, Austria.
La
delegación incluyó a Roger Parkinson, expresidente de WAN-IFRA, exeditor,
director general y presidente del grupo canadiense Globe&Mail y miembro del
IPI; Larry Kilman, director general adjunto de WAN-IFRA; Bárbara Trionfi,
responsable de Libertad de Prensa del IPI; Rodrigo Bonilla Hastings,
responsable de misiones de Libertad de Prensa de WAN-IFRA, y Scott Griffen,
asesor de Libertad de Prensa para América Latina y el Caribe del IPI.
Tras
entrevistarse con periodistas, editores, miembros de la sociedad civil,
representantes del cuerpo diplomático, legisladores y funcionarios federales,
así como integrantes del gobierno estatal que encabeza el priista Javier
Duarte, la misión internacional llegó a la conclusión de que la Secretaría
General de Gobierno, a cargo de Gerardo Buganza Calderón, “ejerce un firme
control sobre todos los canales de información, poniendo al descubierto un
estilo de gobierno preocupantemente autoritario”.
En
ese estado, los periodistas “no sólo se enfrentan al riesgo que conlleva cubrir
(informativamente) al crimen organizado, sino también al de ejercer su
profesión bajo un régimen de hostil intolerancia”, y peor aún, “se sabe que, en
muchos casos, el crimen organizado actúa bajo los dictados del gobierno local”.
Las
agrupaciones defensoras de la libertad de prensa consideran como operadora de
la “hostil intolerancia” hacia la prensa y los periodistas a la coordinadora
general de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, a quien –dice el informe–
llaman “vicegobernadora”, “un apodo que revela su inmensa influencia política
en el estado”.
También
se narra el encuentro que la misión de WAN-IFRA y el IPI tuvieron con Buganza
Salmerón, Domínguez Colío, la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para
la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, Namiko Matsumoto, y la
directora de Investigaciones Ministeriales de la procuraduría veracruzana,
María del Consuelo Lagunas.
En
esa ocasión, se indica, “las autoridades de Veracruz insistieron en que los
periodistas no eran asesinados por su profesión, sino por comportamientos
dudosos en sus vidas privadas –incluyendo la complicidad con el crimen
organizado– o por falta de profesionalismo”.
La
misión internacional da cuenta asimismo de la desconfianza que muestran los
informadores hacia la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de
Periodistas, entre otras razones porque de los 15 millones de pesos de su
presupuesto sólo destina 747 mil 755 al apoyo del gremio y el resto se reparte
entre los altos salarios de sus funcionarios y los gastos de oficina.
Como
los miembros del gobierno veracruzano se resistieron a admitir que los
periodistas enfrentan un ambiente hostil en la entidad y no quisieron hablar de
las irregularidades en la investigación del asesinato de Regina Martínez, Larry
Kilman los interrumpió:
“Han
confirmado nuestro profundo escepticismo. No reconocer la magnitud del problema
de la libertad de prensa en su estado y pretender que tienen una respuesta a
todas las cuestiones que les hemos planteado hoy sólo aumenta nuestras reservas
sobre su versión de los hechos”, dijo al final de la reunión el director
general adjunto de WAN-IFRA, según el informe.
En
entrevista telefónica Rodrigo Bonilla Hastings detalla que en la junta
realizada el 13 de febrero en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México,
Domínguez Colío “empezó afirmando que en Veracruz hay 100% libertad de
expresión garantizada; después seguimos con detalles, entre ellos el caso de
Regina, y nos bombardearon con citas de la investigación, que el folio tal y no
sé cuánto, y que aquí está clara la confesión del supuesto asesino (Jorge
Antonio Hernández Silva) y que podían conseguir sin problema el certificado
médico de cuando hizo la confesión para probar que no hubo ningún tipo de
tortura… Tuvimos que pararlos, era un diálogo de sordos”.
Veracruz
es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo,
acota Bonilla Hastings. Y después de oír a los funcionarios de Duarte “se
fortalece la hipótesis de que está conscientemente queriendo borrar una parte
de la realidad y mostrar otra. Es gravísimo”, más aún cuando hay muchos casos
de violencia contra periodistas que no se están reportando:
“Me
habló el dueño de un medio. Me comentó cómo habían levantado a uno de sus
editores, lo habían golpeado. Amenazaron que si se iba del estado iban a ir por
el resto del equipo del periódico. El tipo se tiene que quedar muerto de miedo
y a la cabeza de la redacción, también atemorizada. Todo esto no salió a la
luz. Si lo que se sabe es terrible, ¿cuántas cosas hay que no se saben?”
Bonilla
Hastings recuerda que al reunirse la delegación internacional con los
subsecretarios de Derechos Humanos y de Normatividad de Medios de la Secretaría
de Gobernación, Lía Limón García y Eduardo Sánchez Hernández, respectivamente,
se les planteó el tema de Veracruz. Sánchez respondió que “el gobierno federal
va a usar los instrumentos legales que tiene a su disposición para no permitir
que los gobiernos estatales cometan un abuso, sean del partido que sean”.
Por
ello, dice el activista, “estamos por enviar una carta al presidente Enrique
Peña Nieto para exigir garantías de seguridad para (el periodista) Jorge Carrasco,
así como esclarecimiento de las denuncias presentadas por Proceso, y vamos a
recordar lo que dijo Sánchez, que fue publicado en un comunicado que emitimos
el 15 de febrero. Si es verdad lo que dicen, que no importa qué partido
gobierne en los estados donde hay abusos, que empiecen por Veracruz”.
Impunidad
que mata
El
informe de WAN-IFRA y el IPI considera que las principales amenazas contra la
prensa mexicana son “la impunidad institucionalizada” y el crimen
organizado.Sostienen en su informe que el punto crítico de la grave situación
fue “el comienzo de una ofensiva militar contra los cárteles de la droga, que
estuvo acompañada de un recrudecimiento de la violencia contra la población
civil en general, y contra de los periodistas en particular”.
Según
datos del programa de observación Death Watch del IPI, de enero de 1997 a
noviembre de 2006 fueron asesinados 24 periodistas en el país, mientras que de
2006 a 2012 han sido “más del doble, exactamente 49”.
Tras
consultar a expertos, los defensores de la libertad de expresión establecen que
uno de los saldos de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que
dejó entre 60 mil y 100 mil muertos, es que “los cárteles se han transformado
en una fuerza parapolítica que apunta al control territorial: varios estados de
la República, como Tamaulipas y Nuevo León, se encontrarían hoy prácticamente
gobernados por los carteles del narco”.
En
el informe se citan reportes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) sobre la forma en que los
cárteles del narco utilizan a los medios, ya que “persiguen el monopolio de la
información y la propagación del miedo y la obediencia entre los ciudadanos”.
De acuerdo con la UNODC, los cárteles obtienen “el control informativo” a
través de “un conjunto de amenazas y actos de coerción”.
No
obstante, el informe de las organizaciones internacionales resalta que la
principal amenaza contra la libertad de expresión son “las prácticas
autoritarias desarrolladas durante 71 años de dominio del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) mexicano que siguen estando vigentes” y se
reflejan en la “imposición de contenidos a los medios de comunicación, mediante
dictado o soborno, dando lugar a un entorno hostil para los periodistas que se
atreven a criticar la línea oficial”.
Esta
adversidad fue reconocida por la fiscal especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Laura Borbolla, quien dijo
a la misión de WAN-IFRA y el IPI que “los funcionarios públicos son el
principal agresor en 70% de los casos que llegan a esta dependencia”.
Sobre
la actuación de la FEADLE, que “ha logrado imponer una sola condena hasta la
fecha”, el informe señala que la fiscal Borbolla informó a la misión que había
“tramitado” 40 expedientes de investigación, tres de ellos relacionados con
homicidios. En esos casos, “según Borbolla, la fiscalía había recabado
suficiente información para justificar el arresto de un sospechoso, pero que
cada vez que se presentaban pruebas ante el juez federal, el caso era
desestimado por falta de jurisdicción”.
La
fiscal dijo a la delegación internacional que “alrededor de la cuarta parte de
los 40 expedientes fueron procesados por la justicia local, sin llegar a una
conclusión en ninguno de los casos”.
En
el momento de la visita, se indica en el informe, la FEADLE tenía 326 casos que
“estaban siendo investigados o estaban paralizados”, y en muchos de ellos “las
autoridades estatales se rehusaron a ofrecer información a los fiscales
federales”.
Mecanismos
de protección
En
el documento también se analiza el Mecanismo de Protección para Periodistas y
Defensores de Derechos Humanos, y enumera graves deficiencias señaladas por
periodistas y organizaciones civiles: “sólo incluye medidas reactivas”, “es
demasiado lento para reaccionar a los ataques contra los profesionales de los
medios” y “presupone un grado de confianza en autoridades estatales” pese a que
“los grupos del crimen organizado se han infiltrado en numerosos departamentos
de la policía local y estatal” .
Se
menciona también que la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, y el
responsable de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Juan
Carlos Gutiérrez, “reconocieron que la situación era crítica y requería de una
acción urgente por parte del gobierno”. También informaron a la delegación
internacional que el mencionado mecanismo de protección cuenta con 171 millones
de pesos y que “se está trabajando” en “un sistema efectivo de contacto para periodistas
lo antes posible, con una línea de atención gratuita las 24 horas”, además de
que se promoverá la creación de mecanismos de protección a nivel estatal.
No
obstante, en las reuniones con editores y periodistas “se constata un
sentimiento arraigado de desconfianza y falta de credibilidad”, aunque también
hay quien toma en cuenta que los responsables del mecanismo de protección
“antes trabajaban en organizaciones de sociedad civil o empresas de medios, son
respetados por su compromiso y dedicación”.
Citando
información oficial, el documento de WAN-IFRA e IPI señala que hasta el 21 de
marzo la administración priista había recibido nueve solicitudes de adhesión al
mecanismo, de las cuales se otorgó asistencia a tres.
El
informe también analiza la situación de la prensa en Chihuahua, donde los
niveles de violencia “se habían estabilizado”, según los informes consultados
previamente por los integrantes de WAN-IFRA y el IPI. Sin embargo, éstos
encontraron una realidad diferente:
“La
impunidad y la autocensura siguen siendo problemas enormes”, dijo a los
miembros de la misión el representante en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia. Esta
situación provoca que muchos periodistas se vean forzados a desplazarse a
Estados Unidos o al Distrito Federal.
En
cuanto a los medios, los integrantes de la misión señalan que “los editores de
noticias todavía no han conseguido desarrollar protocolos de seguridad
esperados, por lo que la ola de violencia los ha agarrado desprevenidos”.
En
el caso de Proceso, dice el documento, “hasta el asesinato de la corresponsal
Regina Martínez, en abril de 2012, el semanario creía que podía garantizar la
seguridad de sus periodistas al reaccionar con rapidez a cualquier amenaza o
señal de violencia, generalmente con la relocalización del profesional a otras
zonas”.
“En
el caso de Regina Martínez –cita al director Rafael Rodríguez Castañeda–,
‘pensamos que no pasaría nada si reaccionábamos con suficiente rapidez’, lamentó.
‘Su muerte ha sido un duro golpe para Proceso. Nos sentimos vulnerables’.”
Por
estos motivos las organizaciones recomiendan al gobierno federal que promueva
“una actividad más tolerante por parte de los gobiernos estatales frente a los
medios críticos”, exigiendo “públicamente a las autoridades que lleven a cabo
investigaciones más exhaustivas sobre los ataques contra los profesionales de
los medios de comunicación” y “denunciar a los estados que no colaboren en tal
labor”.
De
igual forma, conminan a los gobiernos estatales a “acabar con la
criminalización de los medios críticos y de sus colaboradores”, además de
“cesar las presiones directas e indirectas sobre los medios”.
Al
Congreso de la Unión WAN-IFRA e IPI le recomiendan que apruebe las leyes
secundarias que permitan al gobierno federal investigar los delitos contra
periodistas.
En
cuanto a los medios de comunicación –indican las organizaciones defensoras de
la libertad de expresión– deben crear, divulgar y adoptar protocolos de
seguridad para todos los periodistas, así como “exponer, siempre que sea
posible, los resultados de investigaciones sobre delitos cometidos contra
periodistas”, además de “favorecer la solidaridad y cooperación entre medios en
temas de seguridad de los periodistas”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario