Revista Proceso No. 1903, 21 de abril de 2013;
La elección presidencial del domingo 14 en Venezuela, que dio el triunfo a Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez, está muy lejos de ser tersa y transparente. El candidato opositor, Henrique Capriles, y su equipo de campaña han denunciado un abrumador cúmulo de irregularidades. Pero las instancias oficiales encargadas de revisarlas forman parte del entramado estatal forjado por el propio presidente Chávez.
CARACAS.- Ni en 1968 –cuando el socialcristiano Rafael Caldera le ganó por escasos 30 mil votos a Gonzalo Barrios, el socialdemócrata del entonces en el poder Acción Democrática– se había presentado una crisis como la que vive hoy Venezuela en torno a la elección del jefe de Estado.
Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Henrique Capriles Radonski quedó 273 mil votos debajo de Nicolás Maduro, el heredero político de Hugo Chávez, en los comicios del domingo 14 en los que participaron 14.9 millones de venezolanos, 79% del padrón.
Al filo de la medianoche del domingo 14, luego de conocerse los resultados del CNE, Capriles dijo que él y su equipo de campaña dudaban que los datos oficiales reflejaran la realidad electoral del país.
Al día siguiente, en un mensaje en el que invitó a la población a movilizarse “para exigir su derecho a la revisión de los resultados”, Capriles aseveró que sólo reconocería a Maduro como presidente una vez que se hiciese una revisión “voto a voto” y “acta por acta” en la totalidad de mesas de votación. Se trata de 39 mil 376 actas electorales.
El opositor comando de campaña Simón Bolívar sostiene que hubo más de 3 mil hechos irregulares que pudieron afectar el resultado de los comicios. La noche del jueves 18, después de una sesión de más de ocho horas, el CNE anunció que se revisaría –con la presencia de los técnicos de la oposición– 46% de los votos y actas electorales, en “aras de preservar la tranquilidad ciudadana”.
Carro completo
En un poblado rural del montañoso estado de Trujillo, la anciana María X (su familia pidió resguardar su identidad) apareció como votante en su casilla, pese a que esta mujer murió en 2010.
María Gabriela Aguilar, habitante de un pueblo del estado de Lara, cuenta a Proceso cómo el sábado 13, militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pasaron por diversas viviendas y entregaron bolsas de comida a cambio de las cédulas de identidad (documento que debe presentarse para votar) de los campesinos; las identificaciones les fueron devueltas 24 horas después, cuando ya había acabado la jornada electoral.
En la zona urbana de Valencia una funcionaria municipal que pide el anonimato narra a Proceso que les pagaron 200 bolívares (unos 400 pesos) a los electores jóvenes que pudieran demostrar con una fotografía tomada con su teléfono celular que su voto fue para Maduro.
En la populosa zona de Caricuao, oeste de Caracas, uno de los reporteros intentó ser testigo en la auditoría ciudadana (una figura establecida legalmente) del recuento de votos y firma del acta, pero un grupo de personas visiblemente identificadas con el chavismo y en actitud violenta obligó a que los presentes en las afueras del centro de votación se dispersaran.
La iniciativa Elección Ciudadana, integrada por organizaciones civiles, presentó el martes 16 un documento formal ante el CNE para denunciar las irregularidades que recogió esa red. La directora local de Transparency International, Mercedes de Freitas, quien actuó como vocero de la red, dice a Proceso que “se solicitó que se investiguen los hechos, se señale a los responsables y se determine el impacto en los resultados de las elecciones. Además, se solicitó una audiencia para presentar las evidencias de las denuncias con el informe completo”.
Estas organizaciones no gubernamentales introducirán el lunes 22 una demanda formal ante la Fiscalía General para denunciar lo que consideran un abuso de poder.
Por ejemplo Transparency International, capítulo Venezuela, recogió 288 denuncias de uso de recursos del Estado a favor de Maduro, como el traslado de votantes en vehículos oficiales de la estatal Petróleos de Venezuela o la instalación de carpas con propaganda política a pocos metros de los centros de votación, con equipos e instalaciones de dependencias públicas, entre otros casos.
“No sólo nos tocó enfrentar a un candidato, nos tocó enfrentar al Estado”, dijo Capriles.
Según el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y ahora líder nacional de la oposición, en 286 centros de votación los testigos opositores debieron abandonar las instalaciones ante presiones o amenazas de funcionarios y militantes oficialistas. En esos centros se emitieron más de 700 mil votos.
En líneas generales Maduro tuvo menos votos que los que ganó Chávez en los comicios del 7 de octubre de 2012; sin embargo, el equipo de campaña de la oposición detectó que en más de mil centros los votos oficialistas fueron extremadamente abultados.
“Cómo puede explicarse racionalmente que en el Guayabo, estado de Yaracuy, en un centro de votación aislado Maduro haya obtenido 900% más de votos que Chávez”, dice a Proceso Carlos Vecchio, representante de la MUD ante el CNE.
Posiciones cambiantes
La noche del domingo 14 dijo estar dispuesto “a que se abran todas las cajas y se revise cada voto, no tenemos duda de nuestra victoria”. El lunes 15 cerró filas contra cualquier revisión porque “se trata de una campaña golpista de la derecha; nuestro triunfo es legítimo y mayoritario”. El miércoles 17 sostuvo que “si el CNE decide abrir las cajas nosotros acataremos”. Al mismo tiempo aseguró que su gobierno se “radicalizará”, con lo cual cerró la puerta a cualquier posibilidad de diálogo con la oposición, a la que acusa de “fascista”.
La posición de Maduro se aleja de las recomendaciones dadas por el exvicepresidente José Vicente Rangel, periodista y exparlamentario cercano a Chávez.
“Existe una realidad insoslayable, redonda, contundente, que sería necio negar: La sociedad venezolana está dividida en dos mitades”, dijo Rangel, para quien la nueva realidad amerita capacidad política para el diálogo, como apuntó el martes 16 en su columna del diario Últimas Noticias.
Tras la muerte de Chávez el 5 de marzo y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, Maduro tenía una diferencia de al menos 15 puntos sobre Capriles, según diversas encuestas.
En relación con los resultados de los comicios del 7 de octubre de 2012, el chavismo perdió 685 mil votos. Es una cifra importante si se considera la masiva y costosa campaña propagandística que tuvo lugar este año.
De acuerdo con la ONG Monitoreo Ciudadano, durante la campaña del martes 2 al viernes 12, la estatal Venezolana de Televisión transmitió 4 mil 226 minutos de alocuciones e intervenciones del candidato oficial y escasamente le dedicó 23 minutos al aspirante de la MUD. En promedio Maduro habló seis horas y 24 minutos cada día de la campaña a través de la señal oficial.
Comparado con su caudal electoral del 7 de octubre de 2012 (cuando enfrentó a Hugo Chávez), el domingo 14 Capriles vio crecer en 679 mil votos su capital político. Analistas recordaron que el crecimiento del voto opositor en Venezuela era paulatino pero sin hacer mella –al menos claramente– en la base de votos del chavismo.
“Por primera vez parece haber ocurrido una migración de votos del chavismo a la oposición”, alerta al gobierno el estudioso de la opinión pública Germán Campos, director de la firma encuestadora 30-11 y duro crítico de Capriles, de quien admite, sin embargo, el logro electoral del domingo 14.
“A Maduro le tocó ser el candidato que puso al oficialismo al borde de perder Miraflores (sede del Poder Ejecutivo) e, insisto, lo hizo desde una posición de obscena ventaja sobre su contrincante”, explica a su vez el crítico del gobierno Rafael Osío Cabrises, en un análisis en el portal www.prodavinci.com.
Candado institucional
Chávez le dio en herencia a Maduro la candidatura del PSUV y un aparato institucional que cierra filas en favor del Ejecutivo. Una seguidilla de declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales; de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, entre el lunes 15 y el jueves 18, dejan pocas dudas de hacia dónde se inclinarán las instituciones que podrían resolver la actual crisis venezolana. Las tres expresaron su rechazo a la solicitud de Capriles.
El vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fue más lejos: Dejó sin derecho de palabra en el Legislativo a los diputados opositores “hasta que reconozcan en público que el presidente legítimo es Nicolás Maduro”. Esto ocurrió en la plenaria del martes 16.
Un día después dictó una orden para destituir de las presidencias de comisiones parlamentarias a todos los legisladores de la MUD.
Una abogada experta en temas electorales, funcionaria del CNE que pidió el anonimato, dice a Proceso que dado que el ente electoral ya proclamó presidente a Maduro el lunes 15, en caso de que se encuentren irregularidades que pongan en entredicho su triunfo el siguiente paso de la oposición sería acudir ante el TSJ para pedir la nulidad de esta proclamación, “pero en el seno del Tribunal dudo que pueda prosperar una causa que sea desfavorable al gobierno”.
Hace un par de años el abogado constitucionalista Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, levantó la siguiente estadística del máximo tribunal del país: En 6 mil causas llevadas ante el TSJ en las que estaba involucrado el gobierno de Chávez, sólo en 1% de los casos se falló en favor de los demandantes.
El abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera señala a Proceso que la decisión del CNE –que da un plazo de un mes para auditar 46% de las actas y votos– en realidad termina favoreciendo al gobierno. “Se trata de un plazo muy amplio en el cual se desmotivará la movilización en la calle de los opositores”.
Por otro lado si bien el CNE accedió a la demanda opositora, no lo hizo del todo, pues descartó abrir 100% de las urnas.
En el CNE es pública la inclinación de cuatro rectoras (de un total de cinco) a favor del gobierno. En los recientes funerales de Chávez estas cuatro mujeres mostraron sin tapujos los distintivos que expresaban su luto, similares a los que les dio el PSUV a sus militantes.
De acuerdo con un periodista experto en la cobertura electoral, que habló con Proceso a condición de que no se revelara su identidad, en privado la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, pese a simpatizar con el gobierno jugó a favor de revisar los votos y las actas electorales.
En similar posición estuvo el único hombre de esta directiva, Vicente Díaz, quien fue el primero en poner sobre el tapete la necesidad de revisar la jornada debido “al abuso de uno de los actores”, como aseveró la noche del domingo 14. Aunque Díaz no milita en ningún partido se le considera la “ficha” de la oposición en la directiva del CNE.
Las otras tres rectoras, Sandra Oblitas, Tania D’Amelio y Socorro Hernández, han tenido vínculos públicos con el gobernante PSUV. A la primera, sin militar en el partido, se le conoce como persona de confianza del jefe de la campaña oficialista, Jorge Rodríguez. Pese a que la ley prohíbe que actores de partidos sean rectores, D’Amelio y Hernández renunciaron a su militancia partidista un mes antes de ser escogidas por el Parlamento para integrar la rectoría del CNE en 2009. D’Amelio era diputada del PSUV y Hernández, ministra de Chávez. Estas tres rectoras son una suerte de candado institucional a favor del chavismo. Capriles presentó la decisión del CNE como “una victoria del pueblo que exigió su derecho a saber la verdad”.
Aunque esta decisión del CNE hará bajar la crispación política en lo inmediato, las elecciones del domingo 14 aún están lejos de ser un caso cerrado.
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