La
violencia alcanza al Grupo Reforma/ALBERTO OSORIO ALBERTO OSORIO
Revista
Proceso
No. 1903, 21 de abril de 2013;
Guadalajara,
Jal.- En el séptimo ataque a instalaciones del Grupo Reforma (las anteriores
contra el periódico El Norte de Monterrey), el miércoles 17 el diario Mural de
Guadalajara fue atacado con explosivos.
Según
la Fiscalía General de Jalisco, que encabeza Luis Carlos Nájera Gutiérrez, al
filo de las 6:00 horas la Policía Estatal recibió el reporte de dos explosiones
en el rotativo: la primera, a las 3:24 de la madrugada, en el acceso del
estacionamiento, ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, y la segunda,
minutos después, en el acceso principal al rotativo, en Mariano Otero 4047.
Los
peritos de la institución confirmaron que se utilizaron dos artefactos: uno
artesanal y una granada de fragmentación calibre 40. “El periódico tiene una
cámara en el ingreso del estacionamiento, esperamos que ésta nos pueda dar
alguna información de quién pudo haber hecho las detonaciones”, declaró el
subinspector Horacio Sánchez.
En
dicho video, que se difundió en la página de internet de Mural, se observa que
un hombre lanza la granada y corre hacia el lado opuesto a la avenida Mariano
Otero. También se percibe un flashazo. El estallido causó daños a un auto Tsuru
que se encontraba en el estacionamiento y pertenece a uno de los trabajadores,
pero no hubo heridos. En su sitio electrónico y en su edición impresa del
jueves 18, Mural informó que el vehículo limitó el alcance de las esquirlas y
la onda expansiva.
Al
escuchar las detonaciones, personal de seguridad de la empresa hizo un
recorrido y detectó daños menores en el portón principal.
Hasta
el cierre de edición, no se habían difundido hipótesis ni datos sobre los
posibles autores del ataque; sin embargo, éste puso en alerta a los medios de comunicación
jaliscienses, y las autoridades estatales reforzaron la vigilancia en los
alrededores de las principales empresas periodísticas.
El
fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, incluso habló de la
necesidad de establecer un código de alerta para el resguardo de los medios de
comunicación y la protección de los periodistas ante agresiones como esa.
Confusión
A
pesar de la violencia desatada durante la “guerra” contra el narco en el
gobierno de Felipe Calderón, en Jalisco no había claros antecedentes de
agresiones armadas contra medios de comunicación y reporteros en años
recientes.
En
octubre de 2010, en internet se difundió una amenaza del Cártel de la
Resistencia contra periodistas locales y se mencionó una lista de reporteros
supuestamente ligados al narco. Las autoridades no le dieron seguimiento a ese
mensaje.
En
esa ocasión Telecable de Zapopan, propiedad del exalcalde Héctor Vielma Ordóñez
y su familia, sacó del aire sin previo aviso un programa de información
policiaca que transmitía en el Canal 8. Después se supo que colaboradores de
ese espacio televisivo habían recibido amenazas.
Fue
el propio fiscal Nájera quien el miércoles 17 precisó que no se habían
registrado ataques contra medios de comunicación en la entidad desde los años
setenta, con las acciones guerrilleras. El 17 de noviembre de 1974 miembros de
la llamada Unión del Pueblo (UP) detonaron una bomba en la marquesina del
periódico El Occidental.
Por
lo pronto, Nájera evitó hablar sobre los avances de la investigación del
atentado contra Mural, perteneciente al Grupo Reforma, que también distribuye
en Guadalajara su rotativo Metro, especializado en información policiaca y
sensacionalista.
Reporteros
de la fuente policiaca no descartan que el ataque esté relacionado con las
informaciones publicadas en Metro y en Mural sobre el asesinato de la modelo
venezolana Daysi Yeniree Ferrer Arenas, cuyo cadáver fue localizado junto a un
canal de aguas negras del oriente de Guadalajara el 17 de diciembre de 2012.
El
pasado jueves 18, la Fiscalía General informó de la consignación ante el
Juzgado Décimo Tercero de lo Penal de Juan Manuel Martínez y Julio Andrés
Vázquez, acusados de ese homicidio.
La
dependencia agregó que un tercer implicado, José Antonio Rodríguez, admitió que
actuaba en complicidad con Martínez y Vázquez, quienes presuntamente pertenecen
a un grupo criminal que no se especificó.
La
tarde del mismo miércoles 17 unos sujetos arrojaron un objeto contra una
camioneta Chevrolet Cheyenne blanca estacionada en el centro de Guadalajara,
muy cerca del edificio de El Informador, entre las calles Juan Manuel y Liceo.
El vehículo se incendió y cundió la alarma.
No
obstante, las autoridades descartaron que se tratara de una agresión contra el
diario mencionado. El alcalde tapatío, Ramiro Hernández, declaró que se trató
de vándalos que rociaron gasolina para quemar la camioneta y que ahí no se
localizaron indicios del uso de explosivos.
Condena
En
los pasillos de Mural algunos trabajadores admiten que en los últimos meses
algunos editores y colaboradores han recibido amenazas e incluso presentaron las denuncias correspondientes.
Sin embargo, los directivos no quieren hablar del asunto.
En
la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación condenó el ataque a las
instalaciones de Mural y, tras indicar que mantiene su compromiso con la
libertad de expresión, expresó en un comunicado que “estará atenta a la investigación y sanción”
del atentado.
Por
su parte, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz condenó el atentado en
su cuenta de Twitter; escribió que en Jalisco no se tolerará la intimidación a
los medios de comunicación y ofreció su apoyo para esclarecer el atentado:
“Lamento
profundamente los hechos y he dado instrucciones desde muy temprano (para) que
el fiscal general y el fiscal central (Rafael Castellanos) revisaran y llegaran
a fondo” del asunto.
La
organización Amnistía Internacional también hizo un llamado a las autoridades
mexicanas autoridades “a que se aseguren de que las investigaciones que se
conduzcan sean eficaces e imparciales, que los resultados de estas
investigaciones sean hechos públicos y que las personas responsables de esta
agresión rindan cuentas ante la justicia”.
Agregó:
“El pasado 6 de marzo las instalaciones del Diario de Juárez y de Canal 44,
ubicadas en Chihuahua, fueron también atacadas. En los últimos años otros
medios de comunicación y periodistas en diferentes estados han sido objeto de
ataques de esta naturaleza (…) estos ataques tienen como objetivo intimidar a los
medios de comunicación e influir sobre la cobertura que realizan. Por lo tanto,
deben considerarse como un intento de limitar el ejercicio de la libertad de
expresión”.
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