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Ya nadie le cree a Chuayffet/SANTIAGO IGARTÚA

Revista Proceso # 2017, 27 de junio de 201
Ya nadie le cree a Chuayffet/SANTIAGO IGARTÚA
La jugada gubernamental de suspender la evaluación docente –y revivirla pasadas las elecciones– buscó debilitar a la oposición magisterial. Con esto, la administración de Enrique Peña Nieto se aseguraba el apoyo del Panal y, por lo tanto, la mayoría en la Cámara de Diputados, de acuerdo con una fuente cercana a la negociación. El partido fundado por Elba Esther Gordillo ganó por partida doble: se convirtió en un aliado poderoso del PRI y quedó en una posición muy favorable de cara a la repartición de una bolsa que suele rondar los 51 mil millones de pesos anuales para apoyos a los profesores. Y cuando el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, por fin dio la cara, lo hizo para quedar evidenciado, una vez más, como embustero.
La tarde del 29 de mayo, en la antesala de los comicios intermedios en el país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un breve comunicado, que en tres líneas anunciaba la suspensión “indefinida” de todos los procesos de evaluación docente que soportan la reforma educativa.
La medida se convirtió en uno de los asuntos más convulsos del sexenio y, oculto el gobierno, el escándalo de inmediato se atribuyó a uno más de los pactos entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la disidencia magisterial, que amenazaba con boicotear las elecciones.
Pero la suspensión de las pruebas tenía un objetivo adicional, orquestado desde la SEP en connivencia con la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), según pudo acreditar Proceso con una fuente de alto nivel, próxima a la negociación:

El plan era desgastar económicamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a través de la instauración de reglas convenidas con el SNTE, alineado con el gobierno, que venía perdiendo terreno ante la disidencia y que controla el Partido Nueva Alianza (Panal), instituto político que en retribución habría pactado con el PRI para que éste lograra la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Y es que detrás de ese arreglo está en juego una bolsa de 51 mil millones de pesos que la federación pagaba anual e indistintamente a los maestros de todas las corrientes sindicales, a través del programa de Carrera Magisterial, como estímu­los derivados de las evaluaciones que incrementaban hasta en 200% el salario de los docentes.
Para reducir ese gasto, el artículo decimotercero transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente marcaba precisamente el final de mayo como límite para expedir el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica, que establece nuevas y más estrictas reglas para pagar los sobresueldos.
Fue así que el domingo 31 de mayo, a unas horas de la suspensión de las evaluaciones, la SEP publicó el nuevo programa de incentivos que, según sus lineamientos, “operará a partir del presupuesto regularizable de Carrera Magisterial”, conquista de Elba Esther Gordillo, que operó desde 1992 entre escándalos de corrupción.
Entre las nuevas reglas, el programa dispone que únicamente quienes obtengan resultados sobresalientes en la Evaluación de Desempeño o de Permanencia (la suspendida el 29 de mayo) podrán tener incentivos mediante pagos mensuales, con repercusiones en aguinaldo y prima vacacional, que pueden ir de 35 a 180% del sueldo base, según el nivel alcanzado.
Motivada por hacer este ajuste, la SEP terminó por alterar el Calendario 2015 de Evaluaciones del Servicio Profesional Docente (SPD), en el que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) establece acciones, fechas y responsabilidades para cumplir con los procesos de evaluación.
Dicho calendario fue modificado el 22 de junio. Al documento se le agregaron siete cuartillas con múltiples cambios, principalmente en el apartado de la Evaluación del Desempeño.
El INEE negó una entrevista solicitada por Proceso con dos semanas de antelación y, a través del área de comunicación, aseguró que dichas modificaciones no tenían relación alguna con la suspensión de los procesos del 29 de mayo.
Sin embargo, Hugo Aboites, doctor en educación pública por la Universidad de Harvard, analizó para este semanario los cambios en el documento del INEE: “Sin especificar cuáles, es muy claro que incluyeron la entrega de instrumentos, con elementos y precisiones muy detalladas, que no aparecían anteriormente, para la aplicación de la evaluación”.
Y agregó: “También resaltan múltiples retrasos en fechas; muchas pospuestas a partir del 29 de mayo”.
El 30 de mayo, la Junta de Gobierno del propio INEE advirtió en un comunicado: “La suspensión ‘indefinida’ anunciada por la SEP no sólo vulnera la legalidad de la reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016”. Ahí se acusa que se atentaría contra el derecho de casi 400 mil trabajadores de la educación “interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito”.
El 8 de junio, en su primera aparición pública tras la suspensión, vapuleado por los medios y luego de que circularan decenas de hipótesis, el secretario Chuayffet resaltó en conferencia de prensa un tema del que “nadie” había hablado: “Debemos mencionar que la SEP publicó el pasado 31 de mayo el Programa de Promoción en la Función por Incentivos. Este programa, del que nadie ha hablado, sustituye a la Carrera Magisterial que estuvo en vigor 23 años y es una nueva prueba de que, atendiendo a la ley en tiempo y forma, el SPD cumple con ella. (…) Quienes se mantengan al margen de este programa no recibirán los estímulos (…) a los que se refiere el programa publicado el 31 de mayo”.
Acorralado durante su comparecencia ante el Congreso para explicar el freno a la evaluación, el 23 de junio, Chuayffet reiteró: “Algo de lo que no hemos hablado aquí: concluyó el Programa de Carrera Magisterial, un programa de estímulos para el magisterio, que estaba unido al escalafón. Fue sustituido por un programa que permite a los maestros ser valorados por la secretaría y recibir incrementos presupuestales”.
Y concluyó: “Debemos destacar que estos concursos de promoción en educación básica son los primeros que se tenían previstos dentro de la reforma educativa, y que con ellos murió el sistema escalafonario anterior”.
 Este reportero solicitó información y entrevistas con la SEP (con Chuayffet en lo particular), la SHCP y el SNTE para corroborar la información obtenida. No fueron concedidas. La Presidencia de la República, por su parte, se limitó a afirmar que nada tuvo que ver con la decisión de suspender las evaluaciones.
El rechazo
La Junta de Gobierno del INEE fue notificada por Chuayffet, dos horas antes de emitir el boletín 129 de la SEP, de la suspensión de la evaluación docente.
El 30 de mayo, los responsables de las mediciones educativas respondieron con otro comunicado, que desataría la batalla: “No tiene fundamento la razón esgrimida por la SEP como causa de la suspensión. La medida anunciada invade la competencia del INEE y vulnera su autonomía constitucional”.
A partir de ahí, los funcionarios del INEE guardaron silencio. Argumentaron que callaban debido a la veda electoral.
De inmediato, el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks, criticó la “irracionalidad” de la medida. Las bancadas del PAN y del PRD exigieron la comparecencia tanto de Chuayffet como del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, para exigir explicaciones.
Las críticas al gobierno de Peña Nieto se multiplicaron. Aun desde los espacios más aduladores lo acusaban de matar la reforma educativa; lo calificaron de cobarde, autoritario, suicida, de abonar a la falta de gobernabilidad, arrodillarse ante el magisterio y entregarse a él a cambio de evitar un boicot en algunos municipios de un par de estados durante las elecciones, y así cuidar su maltrecha imagen en medios internacionales.
Unánime el rechazo, desde el Congreso se pidió la renuncia de Chuayffet, quien decidió no dar la cara durante 10 días y fomentó todo tipo de elucubraciones, que se centraron en una supuesta negociación de los maestros en el Palacio de Cobián.
Organizaciones como Mexicanos Primero –encabezada por algunos de los hombres más poderosos del país y que pelea por el control de la educación– acusaron al gobierno de “jugar a la politiquería” y vulnerar la Constitución de manera “arbitraria”.
Juan Díaz de la Torre, dirigente del SNTE, defendió al gobierno federal: “La reforma no está muerta, la reforma va adelante porque México la necesita y los maestros, por supuesto, no sólo la acompañaremos, sino estaremos al frente para que los resultados de la calidad sean los que México está requiriendo”.
El gobierno se sacudió. Fuera ya de su control, Peña Nieto se limitó a asegurar que la educativa era la más importante de las reformas y que sería Chuayffet, el mismo que en 2013 repitió hasta el cansancio que la reforma “no era negociable”, el encargado de aclararlo todo.
No fue sino hasta el octavo día del mes, con la orden de un juez federal para restablecer el proceso de evaluación, que el secretario dio la cara.
Arguyó que la falta de condiciones técnicas (falta de computadoras y espacios con la conectividad requerida) impedía aplicar las evaluaciones. Reconoció también un trasfondo político en la medida “para no vulnerar el desarrollo del proceso electoral”.
 Y entonces reculó: las examinaciones se realizarían “normalmente” en las fechas que estaban estipuladas.
El senador Alejandro Encinas fue contundente: “La maniobra del gobierno, reconocida por el secretario Chuayffet, sobre la falsa suspensión de la evaluación para generar condiciones para la elección, revela que engañaron a la CNTE y sus acuerdos con la Secretaría de Gobernación. Se reconoce que es un gobierno mentiroso, que puede simular acuerdos que nunca se cumplen y que ahora generarán mayores tensiones”.
Mediante otro comunicado, el INEE se limitó a “valorar el retorno de la normalidad de los procesos de evaluación”.
A poco más de dos semanas de que la dependencia a su cargo suspendiera la evaluación docente en todo el país –no sólo en los estados donde la CNTE podía poner en riesgo las elecciones– Chuayffet asentó que pensar en cancelar dichas valoraciones era ofender al presidente.
Grandilocuente, ante empresarios, diplomáticos y la cúpula del SNTE, el secretario aseveró el 16 de mayo: “Llueve o truene, habrá evaluación. Seguirá habiendo evaluación en México. Quien piense lo contrario ofende al presidente Peña”.
Al mediodía del 18 de junio la SEP emitió un nuevo comunicado (el número 152), donde informaba que las decisiones difundidas el 29 de mayo quedaban sin efecto.
Los exámenes programados para el 20, 21 y 22 de junio se llevaron a cabo en todo el país, con excepción de Michoacán y Oaxaca. El lunes 22, durante la inauguración de un encuentro educativo auspiciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guadalajara, y ante la presencia de Enrique Peña Nieto, maestros de base del SNTE abuchearon a Chuayffet en cuanto escucharon su nombre.
Silvya Schmelkes, presidenta del INEE, reiteró un día más tarde en el Senado: “Pensamos en levantar una controversia constitucional, porque nos parecía que sí había sido violentada nuestra autonomía”.
Durante un breve discurso en Zacatecas, la mañana del 26 de junio, Chuayffet volvió a mencionar el nuevo programa de incentivos. “Enfrentar inercias y privilegios es una tarea ardua”, apuntó.
Rendir cuentas
El secretario de Educación compareció el martes 23 ante el Congreso de la Unión, pese a los esfuerzos del PRI por evitar la audiencia.
 Chuayffet argumentó que la suspensión ocurrió por asuntos técnicos que imposibilitaban cumplir con las notificaciones previstas para el 31 de mayo. Sostuvo que para el 29 de mayo, la mayoría de los estados habían incumplido con los requerimientos para proseguir con el proceso. Y justificó su silencio: se trató de un asunto de prudencia política, dijo.

Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado, le recriminó precisamente el “selectivo silencio de las autoridades” y la “soberbia de no reconocer que fue una decisión ilegal”.

“Aquí tengo la Constitución, la Ley General de Educación, la del INEE, la Ley General­ del Servicio Profesional Docente. En ninguna de estas disposiciones aparece la atribución de la SEP para suspender, prorrogar, diferir o cuantos sinónimos quieran añadir para sostener este acto de autoridad”, lanzó, y dijo que la medida había dañado la credibilidad del gobierno dentro y fuera del país.
 “Hoy, la explicación que hemos escuchado es inverosímil. Así que el gobierno federal, con sus anuncios, o nos cree cándidos o nos cree imbéciles”, aseveró parafraseando al escritor Jorge Ibargüengoitia.
 La diputada Esther Quintana Salinas, del PAN, llamó a explicar el papel del presidente de la República: “Yo quiero saber el proceso que se siguió con el presidente para tomar esta determinación y salir a decirla justo antes de las elecciones”. Chuayffet decidió no responder al señalamiento.
 Fernando Rodríguez Doval, también panista, lo increpó: “Tenemos dudas sobre si usted sea la persona adecuada para resolver estos cuestionamientos que tenemos. Porque precisamente lo que hemos podido ver en este gobierno es que hay una doble estrategia de negociación respecto de la propia CNTE”.
 Del PT, la diputada Lilia Guilar Gil lamentó “la evidente criminalización de los maestros”.
 Y volvió a poner el reflector en el titular del Poder Ejecutivo federal: “¿De quién fue la idea del comunicado, por qué tan lacónico o tan falto de información, por qué el presidente de la República se niega a hablar del tema y dice que quien tiene que hablar es usted?”. Como respuesta sólo obtuvo silencio.
 Chuayffet, también exgobernador del Estado de México, se limitó a evadir los señalamientos y aseguró que “no hubo motivación electoral” en la suspensión evaluativa. “Tan es así –argumentó– que al contrario, lo que obtuvimos fue una gran inquietud social, eso nadie lo puede negar, que motivaba la aparente desaparición de la reforma educativa”.
 El senador petista Manuel Bartlett cuestionó: “¿Y quién es esa sociedad que reclama? Mire usted: México Evalúa, Mexicanos Primero, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el IMCO, Transparencia Mexicana… Esos están integrados por los mismos privatizadores de la reforma llamada educativa que se ha impuesto”.
 Y el senador Javier Lozano advirtió: “La verdad ya lo dijo mi compañero Romero Hicks: Es inverosímil la narrativa que usted nos ha traído esta tarde. Le recuerdo que está usted bajo protesta al acudir a esta comparecencia”.
 Amalia García, diputada por el PRD, preguntó por las negociaciones federales con el SNTE, el gremio magisterial más grande del país: “Aquí el reto es que sepamos qué es lo que el gobierno de la República está haciendo en materia de diálogo, de negociación y de acuerdos, con un sindicato extraordinariamente fuerte, y una parte de ese sindicato –que está constituido por 1 millón 800 mil maestros y maestras– tiene que ser escuchado”.
 El miércoles 24, ante las lagunas que dejó en su comparecencia, legisladores de oposición exigieron la renuncia de Emilio Chuayffet.
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La reforma es administrativa, no educativa/SANTIAGO IGARTÚA
A sumida la negociación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como único medio para suspender la evaluación docente, los medios publicaron una y otra vez las presuntas tropelías de la disidencia magisterial.
Desde el 30 de mayo, instalado el tema como agenda de gobierno, no hubo un día sin que el tema resaltara en las primeras planas.
Francisco Bravo, quien hasta hace unos meses fue secretario general de la Sección 9 de la CNTE en el Distrito Federal y miembro de la comisión negociadora de su gremio con la Segob, entiende como una “guerra” el embate que, a su entender, desataron el gobierno federal y los “poderes fácticos” contra la disidencia magisterial, para “enfrentarlos” con la sociedad y “justificar” una eventual represión.
Entrevistado por Proceso, el profesor dice: “Hubo negociaciones pero ningún acuerdo con la Segob. Todos ubican a la Coordinadora en el centro del problema. No fue así y nunca creímos en la suspensión de la evaluación. Era previsible que fuera una maniobra, un engaño más del gobierno federal”.
En el recuento, sabe que la idea de que ellos estuvieron detrás de la medida ha tenido “altísimos” costos para el gobierno, pero “también” para la CNTE.
Explica: “Ellos han buscado diferentes formas de irnos eliminando: la represión en varios estados, las amenazas, los encarcelados… Pero no han podido y la reforma (educativa) no ha avanzado. Pero el asunto del dinero es otra arma del gobierno. Al mismo tiempo de que tratan de desprestigiarnos, fabrican un escenario acotado. La capacidad de reacción disminuye si te tienen acotado económicamente y socialmente arrinconado. Hacen las dos cosas: te quito pero al mismo tiempo creo condiciones para que no puedas reaccionar, para que no te puedas mover. A los profes les puede que las personas les tengan odio”.
Continúa: “En la reforma educativa se juega un montonal de lana y que tiene ver particularmente con las aspiraciones de Mexicanos Primero. Sabemos que ellos ofrecen cursos de preparación por entre 6 mil y 10 mil pesos. Saben que ahí hay un mercado cautivo. Ponte a pensar la cantidad de maestros que pueden ir a hacer esos exámenes, si de ahí van a depender tu trabajo y tus percepciones económicas”.
Nada más por el programa de estímulos, si el Programa de Carrera Magisterial repartía 51 mil millones de pesos indistintamente a los maestros, tomando la proporción oficial de 15 maestros del SNTE por cada integrante de la disidencia, a los segundos les tocarían un promedio superior a los 3 mil millones de pesos por ese concepto.
Pero Bravo asegura que la disidencia es mucho mayor. Señala que sólo en Oaxaca son 81 mil profesores de la CNTE. Suma 60 mil de Chiapas (sección que ganó la Coordinadora al Sindicato en 2013), otros 60 mil de Michoacán, “por lo menos” 35 mil de Guerrero y 20 mil en la capital del país. La propia Segob ha reconocido la presencia de la CNTE en 22 estados.
“Hemos crecido por lo menos cuatro veces desde la promulgación de la reforma educativa. Con la maestra Gordillo el SNTE se declaró en ‘resistencia’ contra la reforma y, tan pronto la encarcelaron, Juan Díaz, que era su empleado, de repente cambió el discurso y se alinearon. Pero las bases del sindicato no están contentas. Siguen los escándalos de corrupción y ven que sólo nosotros (la CNTE) damos la batalla contra la reforma.
“Por eso el gobierno quiere ayudar a Juan Díaz. El SNTE se está resquebrajando y no quieren que más profesores se unan a nosotros.”
Sobre el programa de Carrera Magisterial, explica: “Ahí la corrupción fue terrible. Se vendían los exámenes y ¿quiénes los tenían?: Ellos (SNTE). Esa era la forma de alentar beneficios para ellos. Yo mostré muchas veces los exámenes que circulaban antes de su aplicación”.
En cuanto a los incentivos de ese programa detalla que quien conseguía el puntaje estipulado recibía un cheque “jugoso” de lo acumulado por cada quincena de un año.
Bravo afirma que no está familiarizado con el programa que establece las nuevas reglas para pagar los estímulos. La CNTE, dice, se concentra en mantener el empleo, amenazado por el mismo examen de desempeño y permanencia del que se desprenden los sobresueldos y que está programado para noviembre.
“Siempre dijimos que esta es una reforma administrativa, no educativa. La suspensión (de las evaluaciones) demostró que sólo ha sido un arma política para defender los intereses del gobierno.”
El viernes 26, al tiempo que concluía la entrevista con Bravo, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, declaraba: “El gobierno debe estar al lado de los cientos de miles de maestros que están empujando la reforma, que continúan preparándose para seguir en las aulas. Con ellos debemos estar los dirigentes, el gobierno, la sociedad, los empresarios”.
Juan Díaz de la Torre canceló de última hora una entrevista programada con este semanario.

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