Política antidrogas: México, tímido ante Washington

Revista Proceso # 2017, 27 de junio de 201

Política antidrogas: México, tímido ante Washington/RAFAEL CRODA 

El expresidente colombiano César Gaviria, protagonista de primera línea en el combate al Cártel de Medellín y actual integrante de un grupo de exmandatarios que impulsa un cambio en las políticas antidrogas, dice que México ha sido tímido frente a Estados Unidos para impulsar un nuevo enfoque en la estrategia contra el narcotráfico. Más aún, afirma que en México no se quiere achacar responsabilidad alguna a Washington. Y pone como ejemplo el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa: nadie dice que en esa zona hay cultivos de amapola que derivan en heroína con destino a Estados Unidos.

Bogotá.- César Gaviria, expresidente de Colombia, está convencido de que durante su mandato (1990-1994) la violencia narcoterrorista que desató el Cártel de Medellín estuvo a punto de tirar los cimientos del Estado colombiano.

Gaviria llegó al cargo luego de sustituir como candidato presidencial del Partido Liberal a Luis Carlos Galán, asesinado en agosto de 1989 por el Cártel de Medellín. Tres meses después, esa organización criminal y su jefe, Pablo Escobar, intentaron matarlo a él haciendo estallar un vuelo de Avianca Bogotá-Cali, que nunca tomó. En ese atentado murieron 110 personas.

La máxima prioridad de Gaviria al juramentar como presidente, en agosto de 1990, fue enfrentar al Cártel de Medellín y a Escobar. Lo hizo como pudo, con instituciones policiacas y judiciales muy débiles. No tenía opción.

 “Era un problema de supervivencia de la democracia colombiana, porque el nivel de violencia que practicaba el Cártel de Medellín era muy alto. Muy superior, incluso, al que hoy practican los cárteles en México”, dice Gaviria en entrevista con Proceso.

 El exgobernante negoció con Escobar su sometimiento a la justicia, que se concretó en junio de 1991. Pero el jefe del Cártel de Medellín –a quien se le atribuyen 5 mil muertes, entre ellas las de 500 policías, jueces, ministros, periodistas y candidatos presidenciales– siguió manejando el negocio de la cocaína desde la cárcel La Catedral, donde él mandaba.

 Un operativo ordenado por Gaviria en julio de 1992 para trasladar al jefe del Cártel de Medellín a una prisión militar terminó con la fuga del capo, quien desató una nueva ola de atentados terroristas. Un año y medio más tarde fue abatido por la policía en el tejado de una casa en Medellín.

 Como presidente, Gaviria se percató de que el vacío que dejó Escobar en el negocio de las drogas pronto fue llenado por el Cártel de Cali. Luego vinieron el Cártel del Norte del Valle, la Oficina de Envigado y los grupos narcoparamilitares. Las organizaciones que eran desarticuladas por las autoridades eran sustituidas casi de inmediato por otras de más bajo perfil. Y la cocaína siguió fluyendo por toneladas al mercado estadunidense, el de mayor consumo de drogas en el mundo.

 Hoy ya no hay cárteles colombianos de la droga, sino organizaciones de menor calado catalogadas como bandas criminales. Pese a ello, la policía estima que cada año Colombia produce unas 300 toneladas de cocaína, cuyo valor en Estados Unidos y Europa supera los 9 mil millones de dólares.

 Como testigo de primera línea de ese fenómeno criminal, Gaviria se convirtió en un crítico de la política antidrogas que impulsa Estados Unidos, basada en el prohi­bicionismo y la represión.

 Luego de desempeñarse entre 1994 y 2004 como secretario general de la OEA, el expresidente se integró a la Comisión Global de Política de Drogas, que promueve un nuevo enfoque de la estrategia mundial contra los estupefacientes ante el “fracaso de la guerra contra las drogas” proclamada hace 44 años por Washington.

 En esa tarea lo acompañan otros exgobernantes latinoamericanos, como Fernando Henrique Cardoso (de Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Ernesto Zedillo (México), además del escritor Mario Vargas Llosa y Kofi Annan, exsecretario general de la ONU.

 De acuerdo con Gaviria, “la sensación que hay en América Latina y en Estados Unidos es que la prohibición de las drogas es una política bastante fracasada y que hay que reemplazarla y abordar este fenómeno con un enfoque de salud pública”.

 Esto –explica– significa que más que las hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, la cantidad de drogas incautadas o el número de arrestos, lo importante deben ser indicadores como la reducción de sobredosis fatales y otros daños relacionados con la prohibición: el crimen, la violencia, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

 Los altos costos

 En su oficina del norte de Bogotá, Gaviria plantea que luego de años de debate ha llegado la hora de pasar del discurso a los hechos y modificar la estrategia global antidrogas. Y para ello, dice, México y Colombia, los dos países que más alto costo en vidas y en rompimiento del tejido social han pagado en la guerra contra los estupefacientes, deben jugar un papel protagónico, en especial frente a Estados Unidos.

 “Colombia y México tienen que hacer una cosa importante: pedirle a Estados Unidos que cambie y que acelere sus decisiones en política antidrogas, porque no nos puede tener en la ficción de que todavía está en el prohibicionismo”, afirma el exmandatario de 68 años.

 En los hechos, 23 estados de la Unión Americana tienen mercados legales de mariguana para uso medicinal y 17 despenalizaron la posesión personal de esa droga para fines recreativos. Su producción, tráfico y venta para cualquier uso –como con el alcohol o el tabaco– están permitidos en Colorado, Washington, Oregón y Alaska, así como en la capital estadunidense.

 Gaviria señala que esta generalizada tendencia a la despenalización de las drogas ocurre pese a que en Estados Unidos no hay un verdadero debate sobre el tema.

 “Allá la gente está cambiando la política de drogas a través de referendos (así ha ocurrido en la mayoría de estados que legalizaron el uso de mariguana) porque sabe que no funcionó. Entonces el debate de drogas en Estados Unidos se reduce a que la política fracasó y hay que ensayar otra cosa. Tan simple como eso”, indica Gaviria.

 –¿Y si eso ocurre en Estados Unidos, por qué México y Colombia mantienen la misma estrategia antidrogas? –preguntamos al expresidente.

 –Es que México y Colombia deben pedir a Estados Unidos que avance más en considerar el consumo de drogas como un problema de salud. Pero no es un tema de reducir el consumo, el objetivo tiene que ser reducir los mercados ilegales de drogas.

 –¿Con una política que prevea establecer la regulación estatal de las drogas y su despenalización?­

 –Claro. Deben tener un sentido de más realismo y tolerancia. Porque en Estados Unidos 60% de los presos fuma mariguana. Entonces, si no pueden controlar eso en las cárceles, ¡cómo lo van a controlar en las calles!

 –¿Qué deben hacer entonces Colombia y México, los países que más muertos han puesto en esta guerra contra las drogas?

 –Creo que México y Colombia tienen cierta capacidad de producir hechos en la opinión pública estadunidense. Hasta ahora no lo han hecho, pero lo deberían hacer.

 –¿Hace falta que los gobiernos de México y Colombia trabajen más de común acuerdo?

 –Sí, y que el gobierno de México sea más decidido.

 –¿Cree que le falta decisión?

 –Es que, por ejemplo, en México no hay ninguna tendencia a responsabilizar a los americanos de nada. Me sorprendió, con la muerte de los (43) estudiantes en Ayotzinapa (el pasado 26 de septiembre) que nadie dijera que en esa zona hay cultivos de amapola que derivan en heroína con destino a Estados Unidos. Como si fuera sólo un problema de México y como si nadie más tuviera que ver. No, perdón, esa es una zona tradicionalmente productora de opio, que se vuelve heroína y que se exporta a Estados Unidos. Ellos tienen una responsabilidad, pero nadie dice esas cosas.

 –¿Y por qué cree que ocurre eso?

 –México no ha querido meter en su política internacional la dimensión de la política de drogas, lo cual es absurdo por el problema de seguridad pública que tiene. Es su principal problema, su más grande problema. No tiene sentido que no use su política exterior para presionar cambios en las políticas de consumo de drogas.

 –Felipe Calderón lo intentó hacer al final de su gobierno…

 –Muy al final, porque en un buen trecho también lo mantuvo como un problema exclusivamente mexicano. Y (el presidente Enrique) Peña Nieto como que ignora eso.

 –¿Usted ha hablado con él de este tema?

 –Antes de las elecciones (de 2012), no después. Yo lo vi siempre muy abierto, pero como las estadísticas de violencia empezaron a bajar, yo creo que se confiaron mucho de que no había necesidad de hacer nada adicional. Y resulta que eso no salió así.

 –Ayotzinapa lo dejó en claro…

 –Es que hay un problema. El 95% de la cocaína que decomisan en Estados Unidos procede de México y de Colombia. Si uno tiene esa realidad, ¿dónde está el éxito de la política antidrogas? El éxito, en los flujos de droga, por ningún lado se ve.

 –Usted ha hecho énfasis en la corresponsabilidad de Estados Unidos en la violencia que afecta a México y, en menor medida, a Colombia.

 –México y Colombia necesitan y tienen derecho a exigir a Estados Unidos que adopte políticas para reducir los mercados ilegales. Ellos tratan de venderle a uno que es un gran éxito que el costo de la droga subió en Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Pero eso para qué le sirve a México? Para nada. México y Colombia no somos capaces de resolverles el problema del flujo de drogas a los americanos. Lo que sí tenemos que resolver es nuestro problema de seguridad.

 –¿Y eso pasa por Estados Unidos?

 –¡Claro! La corresponsabilidad es que ellos se comprometan, no a reducir el consumo, sino a reducir los mercados ilegales. Que no se generen esos volúmenes de utilidades tan absurdos.

 –Porque hasta ahora la corresponsabilidad parece un asunto de retórica…

 –Sí. No entiendo por qué el problema de la droga en México se les volvió un tema de autoflagelación, donde de pronto dicen: “Estados Unidos reconoce la corresponsabilidad”. ¡Qué están descubriendo! ¡Por favor! Si alguna cosa es clara es que el problema es de los dos lados, y uno debe decir a Estados Unidos: “¡Ustedes tiene que cambiar de política! Miren nuestros muertos. Ustedes tienen una mayoría ciudadana que quiere cambiar de políticas. ¡Cámbienlas!”.

 –¿Y cree que con el gobierno de Barack Obama se puede dialogar en esos términos?

 –El presidente Obama ya dijo en una entrevista (con The New Yorker, el año pasado) que la mariguana era menos o igual de dañina que el alcohol. Claro que hay espacio para un diálogo.

 –¿Entonces falta aprovechar ese espacio?

 –Lo que falta es que en Estados Unidos se dé un debate interno más rico. Creo que Colombia y México tienen la capacidad de ayudar a mover el debate político y generar responsabilidad. Uno oye en Estados Unidos decir que ellos están cómodos así.

 –Con las actuales políticas…

 –Sí. ¿Y los 100 mil muertos de México? ¡Cómo así que cómodos! Perdón, que no se les olvide que en México ha habido en ocho años más de 100 mil muertos, para no hablar de los muertos de Colombia, que son más. Nosotros llevamos más de 30 años con cantidades de muertos en la lucha contra el narcotráfico. Hay que pedir a Estados Unidos cambio de políticas para reducir los mercados ilegales que nos generan esa violencia.

 Despenalizar

 Cuando Gaviria habla de reducir los mercados ilegales se refiere a ir hacia una regulación estatal de las sustancias ilícitas, que en la práctica implicaría la despenalización de drogas, como la mariguana, la cocaína y la heroína.

 –¿Propone regular las drogas como ocurre con el alcohol o los cigarrillos, que son legales pero están regulados?

 –Las regulaciones que hay en cigarrillos, licores y en drogas como la morfina son mucho más eficaces que dejar los mercados de drogas en manos de las mafias. Y la palabra es control, regulación, no legalización. Vámonos con una política de controles públicos, que ha resultado ser mucho más eficaz que la prohibición. Los americanos tienen las políticas federales más estrictas y sin embargo tienen el consumo de drogas más alto del mundo.

 Diversos estudios académicos señalan que la regulación estatal y la despenalización reducirían las rentas ilegales asociadas a los mercados de estupefacientes, que hoy son regulados por las organizaciones criminales.

 Para el expresidente, el primer paso es dar un enfoque de salud y no criminal al problema de las drogas; no sólo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, donde el consumo de narcóticos ha crecido de manera alarmante.

 “Se trata de apoyar a los consumidores como pacientes, como lo hacen en Portugal, Suiza, Holanda y otros países europeos que no criminalizan a los consumidores, sino que los apoyan. Cualquier consumidor puede ir al sistema público de salud y decir: ‘Yo consumo tal cosa, ayúdenme’”, indica.

 El subsecretario de Estado estadunidense para Asuntos de Narcóticos, William Brownfield, rechaza que la guerra contra las drogas haya fracasado y pone como ejemplo a Colombia, donde los grandes cárteles han sido desarticulados y la violencia se ha reducido.

 La tasa de homicidios en el país, en efecto, pasó de 82 por cada 100 mil habitantes en 1990 a 27 el año anterior.

 Pero el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía, señala que ello se debe al éxito de una política de seguridad y no a la estrategia antinarcóticos. La droga, explica, sigue fluyendo al mercado estadunidense en los mismos niveles de hace 25 años, y la reducción de la violencia en Colombia contrasta con el aumento de la inseguridad en México y Centroamérica.

 Por razones como ésta es que Gaviria ve en la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS), a realizarse en abril de 2016 en Nueva York, “la oportunidad de hacer una discusión del tema con cancilleres, ministros, presidentes y hacer ver que la prohibición de las drogas es una política fallida, inclusive en Estados Unidos”.

 Brownfield, quien participó a principios de este mes en Cartagena en la XXXII Conferencia Internacional para el Control de Drogas, sostiene que Estados Unidos está abierto al debate sobre la estrategia global contra los estupefacientes.

 “En Estados Unidos hay estados con políticas de despenalización de la mariguana. ¿Cómo podría yo estar cerrado a que otros países experimenten este tipo de fórmulas?”, indica el subsecretario de Estado.

 El funcionario será uno de los representantes de Washington en la UNGASS. Dice que esa cita constituye una oportunidad para “flexibilizar” la política global antidrogas y encontrar un “justo medio” entre la postura prohibicionista extrema –que rechaza cualquier tipo de despenalización de los narcóticos y busca atacar el problema con represión y cárcel–, y aquella que propone “que legalicemos todas las drogas porque así el problema mágicamente desaparecerá”.

 En esa línea, Brownfield señala que Estados Unidos propondrá en la UNGASS mantener sin modificaciones las tres convenciones internacionales sobre drogas ilícitas, que se basan en el prohibicionismo, pero al mismo tiempo transitar hacia una “interpretación flexible” de esos convenios.

 Gaviria considera que la cita del año próximo en la sede de la ONU “le cambiaría por completo el escenario al debate global de las políticas antidrogas y propiciaría una discusión abierta sobre las nuevas realidades”, entre las que destaca la paradoja que vive Estados Unidos: el prohibicionismo a escala de las leyes federales y la despenalización en los estados.