Sobre el mismo tema de Culiacán, se reconoció que fue un operativo fallido por la falta de planeación y porque se precipitaron.
¿Qué acciones va a tomar o está tomando para que no vuelva a suceder algo así?, o sea, para que se vuelva a tomar una decisión de esta forma y sobre todo, presidente, para evitar que un grupo criminal amague al gobierno con los civiles, como ocurrió con el caso de Culiacán.
¿Qué decisiones está tomando en concreto en el Gabinete de Seguridad? ¿Qué les está diciendo?
PRESIDENTE: Se aprende, sobre todo en las crisis.
Y yo creo que están haciendo una revisión, yo lo pedí, que se hiciera una evaluación sobre la forma en que se llevó a cabo este operativo.
Y lo que me interesa mucho es que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, no queremos derramamiento de sangre, no queremos eso de nadie; nos duele también la pérdida de la vida de un presupuesto delincuente, no somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona. No es buenos y malos, no es una actitud maniquea, o sea, es en general seres humanos. Entonces, cuidar que no se pierdan vidas.
El propósito nuestro en materia de seguridad es reducir la incidencia delictiva, que bajen los homicidios, que bajen los robos, que bajen delitos como el secuestro, el robo de vehículos, el que la gente esté segura, que no le roben en sus casas, en el transporte. Eso es lo que más nos importa.
Antes lo principal era ver qué personaje famoso era detenido. No quiere decir que eso no se vaya a hacer, pero no es para nosotros lo fundamental; para nosotros lo fundamental es garantizar la seguridad pública, cuidar a la gente, no operativos para que se cuelguen medallas. No nos importa tanto eso, lo que nos importa es la seguridad del ciudadano, o sea, son distintas las prioridades.
Por eso no nos afecta, lo digo sinceramente; y me siento hasta bien, después de una situación como la de Culiacán, el haber avalado la decisión de suspender ese operativo, que pudo causar la pérdida de mucha gente. Y lo de menos es lo político.
Vamos a suponer que hay una masacre y los opositores logran articular un movimiento para pedir mi renuncia. Pues me voy, sí, pero ¿cómo me voy? No derrotado porque dejé de ser presidente, sino derrotado moralmente por haber dado una orden equivocada. Eso es lo que más importa en la vida, no el cargo.
O sea, siempre cuando tengo que decidir entre principios y eficacia política decido por los principios. Lo mejor es el equilibrio entre principios y eficacia, pero cuando hay que decidir, en los momentos difíciles, los principios, no los cargos, es como cuando hay que decidir entre la justicia y el derecho, pues la justicia.
¿Cómo se llama la Suprema Corte?
Suprema Corte de Justicia, no es Suprema Corte de Derecho. El derecho es un medio para que haya justicia, ese es el fin.
Entonces, estamos viendo todo esto. Lo importante es que se pueda establecer, como dirían los tecnócratas o en el lenguaje neoliberal, un nuevo paradigma en materia de seguridad pública.
Esto a veces no se entiende -no sólo en México, en otras partes- porque predomina siempre el querer resolver las cosas con el uso de la fuerza. Se piensa: vamos a aplastar, vamos a imponernos.
En el caso nuestro, miren como está el país en esta materia por esa política que heredamos de querer resolver todo con el uso de la fuerza. Ya se demostró que eso no funciona.
¿Ustedes creen que porque hace una encuesta y la cucharea el Reforma para que cambie la política de seguridad les voy a hacer caso?
Claro que no, ellos deberían estar haciendo el análisis, la autocrítica a la política que se usó en los periodos en que ellos apoyaron a los gobiernos neoliberales.
-Gracias, la segunda pregunta muy breve, presidente.
Hace un momento nos dijo, y lo ha reiterado, que para aislar a los delincuentes hay que cumplir la ley y no hay que permitir la impunidad. Sin embargo, lo que ocurrió el jueves y ahorita nos acaba de confirmar usted que avaló la decisión, que en sentido estricto si el comandante supremo a un inferior le avala una instrucción, quiere decir que es una orden.
Sin embargo, los expertos, abogados, constitucionales, incluso en editoriales de medios locales, internacionales, le atribuyen a usted haber incumplido la ley, en particular el artículo 16 constitucional, que dice que un detenido debe ser puesto inmediatamente a disposición de un juez.
El artículo 150 del Código Penal en el sentido de que un funcionario, cuando un funcionario, cuando un ciudadano permita la liberación de un detenido, puede recibir una pena hasta nueve años, un tercio más si se trata de un funcionario público.
Y también el Estatuto de Roma en el sentido de que el jefe supremo de los militares es responsable de las actitudes o de los actos de los militares.
¿Qué responde usted, presidente, en este sentido?
PRESIDENTE: Que sí se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda legalmente; y yo voy a argumentar el porqué actúe de la manera como lo hice.
Yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana. Y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Yo creo que no hubo ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, pues como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar, y me someto a cualquier tribunal.
Pero me siento muy bien, muy bien con mi conciencia. Y lo que más me importante es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política, no tengo nada, soy la nada sin autoridad moral.
Entonces, hay una denuncia que presentó el PAN, voy a responder. Estoy acostumbrado también ya a este tipo de acusaciones, además hasta me sirve para que no vaya yo a…
INTERLOCUTOR: ¿Hay ficha roja en contra el señor Ovidio Guzmán?, ¿su gobierno recibió la ficha roja?
PRESIDENTE: Sí, se… es todo el procedimiento que se sigue. Me informan que hubo una orden de extradición que se estaba cumpliendo, una orden de presentación, que estaban esperando una orden de cateo del juez, en fin, toda esta parte en su momento tiene que informarse si procede la denuncia.
A ver, una y ya, con ella.
PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones.
Señor presidente, ¿cuál es la responsabilidad del gobernador de Sinaloa al cual no han cuestionado? Esa es mi primera pregunta.
Y mi segunda pregunta es: ¿por qué escaparon los reos como si se supieran lo que iba a suceder?
Gracias.
PRESIDENTE: Bueno, en el caso del gobernador no tiene él responsabilidad. Esto fue una decisión y un operativo de la federación, del gobierno federal, de manera particular de la Secretaría de la Defensa; o sea, no tiene ninguna responsabilidad, no, o sea, para poner las cosas en su lugar.
Los reos escaparon porque hay delincuentes en la cárcel de este grupo y tomaron a los custodios de la cárcel. No hubo resistencia. Por eso se tomó la decisión de despedir al jefe de custodios y someterlo a investigación.
INTERLOCUTORA: Pero pareciera que ya supieran.
PRESIDENTE: Es que sí pudo haber sucedido eso; por mucho sigilo que hay en todas estas acciones, siempre hay filtraciones. También a eso se debe de que no fueron con tantos elementos, pensando que de esa manera no se iba a saber o no se iba a llamar la atención; en fin, todo esto que pasa.
Pero bueno, a eso se debió, sometieron a los custodios del penal.
INTERLOCUTOR: Muchas gracias, presidente.
La otra pregunta tiene que ver con el tema de Sinaloa. Estuve revisando los datos de quienes están internos, digamos, en este penal de Culiacán, y descubrí que el 90 por ciento de los reos considerados de alta peligrosidad -y están internos por delitos del fuero federal- presentaron o pidieron el amparo de jueces federales para permanecer en esa prisión.
Aquí se presenta un problema grave, presidente, porque estamos también hablando del Poder Judicial. En el 90 por ciento de los casos de estos internos de alta peligrosidad, fueron amparados por un juez federal para que permanecieran en una prisión de esta naturaleza, cuando ellos tendrían que estar en una cárcel de máxima seguridad, según lo marca la ley, en casos de delincuencia organizada.
Entonces, ¿cuál es su postura sobre este asunto?, ¿va a haber algún empuje de parte de la federación, de su gobierno, para que también en este tema los jueces tengan cuidado?
PRESIDENTE: Sí, es parte de la reforma del Poder Judicial, ayer se trató este tema de cómo reformar el Poder Judicial.
n el Poder Legislativo se propone -no todos, pero hay opiniones- que se lleve a cabo esta reforma con una modificación a la Constitución y a la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo pienso que la reforma al Poder Judicial tiene que darse al interior del mismo Poder Judicial, que el Poder Judicial debe de reformarse a sí mismo; y hay la posibilidad de lograrlo con la judicatura renovada y también con la Suprema Corte de Justicia, y en particular con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es una gente recta, íntegra.
Entonces, ellos como un poder independiente pueden llevar a cabo los cambios que necesita el Poder Judicial, porque sin duda hay corrupción en el Poder Judicial.
Y una prueba fehaciente de que no andan bien las cosas en el Poder Judicial es este caso. Yo tengo el dato, no del 90 por ciento, del 80 por ciento, de los presos, de los reclusos del fuero federal que cuentan con amparos para no poder ser trasladados a otros penales. ¿Cómo se llegó a esto?
Entonces, sí hace falta la reforma. Fue mucha la corrupción que se permitió en el periodo neoliberal, por eso no me equivoco cuando hablo de que neoliberalismo es sinónimo de corrupción, todo el periodo neoliberal.
Corrupción en todo, en lo que analice uno, en lo que tenga que ver con el gobierno, sea Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, estaba contaminado de corrupción el gobierno.
El principal problema del país era ese… digo era, porque ya no se tolera esa corrupción. Y lo que se está haciendo es regenerando la vida pública, purificando la vida pública, nos va a llevar tiempo.
Esto que hablamos de Aduanas, pero así estaba Migración, lo que tiene que ver con Ministerios Públicos, con jueces, servidores públicos del Poder Ejecutivo, senadores, diputados, que aprobaron reformas para permitir saqueos, para permitir que bienes nacionales, bienes de los mexicanos, se trasladaran, se transfirieran a particulares.
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