Ucrania: un año de ignominia/ Javier Rupérez es embajador de España.
El Debate, 23/Feb/2023;
La comunidad internacional tomó preocupadamente nota de la voluntad anexionista de la entidad sucesora de la Unión Soviética, cuya desaparición había sido descrita por el mismo Putin como la «mayor catástrofe geopolítica del siglo XX», pero seguramente para evitar males mayores, y tal como habían decidido la Francia y el Reino Unido de Daladier y Chamberlain en 1938 ante las amenazas de Hitler para apoderarse por la fuerza de los Sudetes checoeslovacos, limitó su respuesta a un conjunto de sanciones que apenas alteraron la condición económica del país de los agresores.
Desde luego, tampoco alteraron la voluntad agresiva que les caracterizaba desde que el antiguo agente soviético de la KGB se había hecho con el poder en Moscú. Ya a principios de los 2000 Rusia había alentado la secesión de las regiones de Abjasia y de Osetia del Sur que formaban parte de la integridad territorial de Georgia que, como Ucrania, había sido república integrante de la URSS. Fue el mismo impulso neosoviético el que llevó a Putin a reconocer indebidamente como independiente a la región de Transnistria, parte integrante de Moldova, ayer también república soviética. Pero evidentemente el mundo posterior al 11 de septiembre de 2001 no albergaba entre sus prioridades la preocupación por lo que ocurriera en oscuros parajes, de ignotas denominaciones, de lo que fuera el imperio marxista leninista. Algo comenzó a cambiar con lo de Crimea, aunque no fuera mucho: el nombre sí evocaba cosas suficientemente conocidas. Pero el autócrata, como todos los de su especie dado al chantaje, no dejó de tomar nota: el camino hacia la conquista parecía estar libre de asechanzas y de respuestas. Era Kiev la próxima etapa.
La Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor en 1945, en su primer artículo establece como una de las misiones de la Organización el «tomar medidas colectivas para suprimir actos de agresión». En el artículo segundo impone a los Estados miembros la obligación de abstenerse de «recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». El Acta Final de Helsinki, aprobada por la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa en 1975, proclama entre en sus «Principios que deben regir las relaciones entre los Estados participantes», «el derecho de todo Estado a la integridad territorial, a la libertad y a la independencia política».
Y al enumerar las obligaciones de los Estados participantes afirma, entre otras, que «se abstendrán, en sus relaciones mutuas, como en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». Y subraya: «No podrá invocarse ninguna consideración que pueda servir para justificar el recurso a la amenaza o el uso de la fuerza en contravención de este principio». Y además, los Estados participantes «se abstendrán de cualquier manifestación de fuerza con el propósito de inducir a otro Estado participante a renunciar al pleno ejercicio de sus derechos soberanos». La Federación Rusa ha culminado su carrera de violaciones del orden internacional reflejado en ambos textos, y de los cuales su antecesora, la URSS ,había sido uno de los autores, al agredir militarmente a Ucrania y buscando con ello su anexión a la soberanía del antiguo imperio zarista/comunista.
Al desaparecer la URSS en 1991, la que fuera república integrante del fallido conglomerado, Ucrania, albergaba en su territorio 5.000 bombas nucleares junto con 220 vehículos para su eventual transporte, 175 misiles balísticos y 44 aviones de bombardeo. El importante arsenal bélico, que hubieran hecho de la nueva república independiente la tercera potencia nuclear mundial, fue cedido a los herederos de Stalin por un doble conducto: Kiev se adhería al Tratado de No Proliferación nuclear mientras que la Federación Rusa y los Estados Unidos, más tarde seguidos por China y Francia, firmaban en 1994 el llamado Memorándum de Budapest en el que se comprometían a «respetar la independencia y la soberanía de Ucrania y sus actuales fronteras», recordando además su «obligación de abstenerse de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania». También ese texto y sus alcances ha sido transgredido con violencia por la Federación Rusa.
Y fue en 1997 cuando la Federación Rusa y Ucrania firmaron un Tratado de Paz y Amistad entre ambos, cuyos artículos, entre otras disposiciones, contenían la obligación de respetar la «integridad territorial de ambos» reafirmando la «inviolabilidad de las fronteras existentes entre ellas». El Tratado tenia una vigencia de diez años, pero fue denunciado por el Gobierno ucraniano al comprobar su incumplimiento tras la invasión de Crimea en 2014. Una vez más, la Federación Rusa había mostrado su autentica cara: la de un sistemático violador del orden internacional. Aun a riesgo de poner en grave peligro las claves básicas de la estabilidad internacional que, con todas sus imperfecciones, el mundo ha mantenido desde que en 1945 terminara la II Guerra Mundial.
La Rusia de Putin ha situado a la humanidad al borde de la III Guerra Mundial. El destino colectivo impone una sola respuesta: la derrota del agresor y el reconocimiento pleno de los derechos del agredido. El renovado vigor con que la UE y la OTAN han respondido a la ignominia marcan el camino de la esperanza: la recuperación de un modelo internacional de convivencia marcado por el respeto a los derechos colectivos e individuales de sus integrantes. Todo lo demás es locura.
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