Castigo a abusos: Laberinto en el Ejército

REVISTA R

Castigo a abusos: Laberinto en el Ejército

Nota de Benito Jiménez/ Reforma, 19 abril 2026)

En México, las violaciones a derechos humanos cometidas por militares siguen un laberinto que no siempre tiene una salida hacia el castigo efectivo de los culpables.

Entre 2006 y 2024, según documentos del área de Derechos Humanos de Defensa en 163 casos asentados en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han sido señalados 295 efectivos castrenses como responsables de acciones violatorias de la integridad de civiles.

De acuerdo con esa información de la Sedena en su apartado de Derechos Humanos, actualmente se encuentran como indiciados 154 militares y otros 109 bajo proceso penal. De los sentenciados, 16 fueron absueltos y 23, sentenciados. Se registra a 16 prófugos.

El 73 por ciento de los casos documentados ocurrieron entre 2007 y 2018 en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña. Sólo 29 casos corresponden al Gobierno de AMLO, documentados entre 2019 y 2024.

Hace un año, el 6 de mayo de 2025, en Badiraguato, Sinaloa, militares del 42 Batallón de Infantería dispararon 119 veces contra una camioneta civil. Ahí murieron dos niñas, Alexa y Leidy, de 7 y 11 años.

El hecho detonó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de militares en operativos en zonas de presencia criminal.

El caso provocó exigencias de investigación y rendición de cuentas por parte de familiares y organizaciones, ante la magnitud de los disparos y la muerte de menores.

También reavivó el debate sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La judicialización del caso ocurrió hasta el 8 de abril de 2026, cuando un juez vinculó a proceso a 13 elementos, casi un año después . Ese caso conectó con una serie de expedientes recientes documentados por la CNDH.

Por ejemplo, el 18 de mayo de 2023, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del Ejército interceptaron un vehículo y dispararon contra cinco civiles, quienes murieron en el lugar. La CNDH acreditó violaciones graves a derechos humanos y documentó además obstrucciones en la investigación que impidieron a las víctimas acceder a justicia.

Tras los hechos, la Fiscalía General de la República atrajo el caso e inició investigaciones contra los elementos del Ejército involucrados. Parte de los militares fueron detenidos y puestos a disposición de un juez, mientras que la Sedena informó que colaboraría con las autoridades civiles y con las indagatorias internas para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, la CNDH emitió una recomendación en la que confirmó el uso excesivo de la fuerza y señaló irregularidades en la actuación posterior de los elementos, incluyendo alteración de la escena y obstáculos en la investigación.

El caso avanzó en tribunales con procesos penales abiertos contra los militares, mientras familiares de las víctimas continuaron exigiendo sanciones y reparación del daño.

En ese mismo municipio tamaulipeco, el 26 de febrero de 2023, seis jóvenes fueron atacados por militares en la Colonia Cavazos Lerma. Cinco murieron y uno resultó herido.

La CNDH abrió una queja de oficio el mismo día por el uso de la fuerza letal contra civiles.

Tras el ataque, la Fiscalía General de la República abrió una investigación y detuvo a elementos del Ejército presuntamente involucrados, quienes fueron puestos a disposición de un juez por su probable responsabilidad en la muerte de los jóvenes.

La Defensa informó que los militares accionaron sus armas sin que existiera una orden superior, por lo que se inició también un proceso interno.

La CNDH abrió una queja de oficio el mismo día de los hechos y posteriormente acreditó el uso excesivo de la fuerza.

El caso derivó en procesos penales contra los elementos implicados, mientras familiares de las víctimas denunciaron irregularidades y exigieron justicia y reparación del daño.

En Nuevo Laredo, nuevamente, en un caso documentado en la Recomendación 131VG/2023, militares dispararon contra cuatro personas en 2022, provocando la muerte de una de ellas y violaciones a la integridad de las otras víctimas.

Los hechos fueron catalogados como violaciones graves a derechos humanos por el uso indebido de la fuerza.

Tras la investigación, la CNDH acreditó afectaciones a la integridad personal de las víctimas y emitió recomendaciones a la Defensa para reparar el daño, sancionar a los responsables y reforzar los protocolos de actuación.

En Coyuca de Catalán, Guerrero, la CNDH acreditó en 2022 la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de una persona a manos de militares, en un caso que evidenció detención ilegal y privación de la vida en un contexto de operación castrense.

La investigación documentó que la víctima fue privada de la libertad por personal castrense y posteriormente encontrada sin vida, lo que configuró violaciones graves a derechos humanos.

La CNDH emitió recomendaciones a la Defensa para sancionar a los responsables, reparar el daño a las víctimas y reforzar los controles en el uso de la fuerza.

En Ecuandureo, Michoacán, también en 2023, elementos militares detuvieron arbitrariamente a una mujer y a sus hijos menores, además de cometer agresiones sexuales contra ella y una de las niñas, de acuerdo con la recomendación emitida por el organismo.

De acuerdo con la recomendación del organismo, durante los hechos se cometieron agresiones sexuales contra la mujer y una de las niñas, lo que configuró violaciones graves a derechos humanos.

La CNDH emitió medidas para investigar y sancionar a los responsables, así como garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.

Torturas, con pendientes de castigo

Casos de tortura de hace décadas apenas se reactivaron en su indagatoria recientemente.

En Delicias, Chihuahua, una persona fue detenida en 2009 por militares y torturada para declararse culpable.

La recomendación se emitió hasta 2023, más de una década después.

En Cancún, Quintana Roo, un hombre fue detenido junto con su familia y torturado por elementos castrenses para forzarlo a aceptar delitos. El caso derivó en la Recomendación 141VG/2023.

En Tijuana, Baja California, la CNDH documentó tortura dentro de instalaciones militares en el 28 Batallón de Infantería, lo que derivó en la Recomendación 97VG/2023.

En Coatzacoalcos, Veracruz, una mujer fue detenida arbitrariamente en 2009 y sometida a tortura y violencia sexual por militares, además de que se vulneraron los derechos de sus hijos menores.

En San Luis Río Colorado, Sonora, dos menores fueron detenidos y torturados por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, lo que derivó en una recomendación por violaciones graves en 2024.

En Saltillo, Coahuila, la CNDH acreditó en 2024 actos de tortura contra una persona detenida por militares en 2011, lo que muestra el rezago en la atención de los casos.

En Chihuahua, un caso de tortura ocurrido en 2007 derivó en recomendación hasta 2024, casi 17 años después de los hechos.

En Mazapa de Madero, Chiapas, un joven guatemalteco fue asesinado por militares en un retén tras intentar evadirlo. La CNDH inició investigación de oficio por uso letal de la fuerza contra civiles.

En la relación de casos con recomendaciones de Derechos Humanos contra militares están algunos relacionados con desapariciones.

En Irapuato, Guanajuato, una persona fue detenida por militares en 2017 y posteriormente desaparecida. Fue localizada sin vida. La recomendación por este caso se emitió en 2021.

En Tamaulipas, una recomendación de 2024 documenta la ocultación de información y obstrucción de la investigación en un caso de desaparición forzada atribuida a militares, lo que impidió esclarecer los hechos.

En Tabasco, un agente del Ministerio Público fue detenido arbitrariamente, torturado y mantenido en prisión durante siete meses sin pruebas suficientes, en un caso documentado por la CNDH en 2020.

Los expedientes históricos revisados muestran que cuando hay sentencias, en algunos casos han sido meses de prisión. En otros casos, las investigaciones se archivan por falta de pruebas o concluyen que los elementos actuaron en "legítima defensa".

Las investigaciones suelen iniciar en la jurisdicción militar, donde se determina si hay responsabilidad. Posteriormente, algunos casos se trasladan a la justicia civil, pero el cambio de instancia no garantiza una resolución.

El paso del tiempo diluye pruebas, testimonios y responsabilidades, dijeron a REFORMA abogados de víctimas.

La evidencia documental muestra que las violaciones que han ocurrido en las últimas dos décadas en sexenios de gobiernos panistas, priistas y morenistas, fueron principalmente en retenes, patrullajes y operativos contra el crimen.

TROPA AL BANQUILLO, NO LOS MANDOS

Un caso interno en un hospital militar exhibió presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos y la forma en que se procesan responsabilidades dentro de la estructura castrense, donde, según testimonios, mandos evitaron sanciones mientras personal de tropa enfrentó procesos penales que posteriormente fueron desechados.

De acuerdo con el relato de una fuente involucrada, en el Hospital de Especialidades de la Mujer -dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional- un jefe encargado del control de farmacias e inventarios habría ordenado durante más de un año el retiro de medicamentos próximos a caducar para trasladarlos en su vehículo particular, en lugar de destruirlos conforme a protocolo.

Posteriormente, se elaboraban informes oficiales que reportaban su supuesta incineración.

El esquema, según la denuncia, fue conocido al interior de la unidad sin que se actuara durante al menos año y medio, hasta que una inspección militar detectó inconsistencias en inventarios y la ausencia de evidencia sobre la destrucción de los fármacos.

Sin embargo, en lugar de fincar responsabilidades a mandos, el caso derivó en procesos contra elementos de tropa que participaron en el traslado de medicamentos por órdenes superiores.

Los militares fueron sujetos a investigación penal con base en testimonios, sin que se acreditaran faltantes con registros formales o documentación completa de inventarios.

La defensa de los implicados solicitó información sobre el control de medicamentos -ingresos, entregas a pacientes y sobrantes para destrucción-, pero, según el testimonio, estos datos no fueron proporcionados por las áreas responsables, lo que debilitó el caso.

Finalmente, un tribunal federal revocó la sujeción a proceso al determinar que no existían elementos suficientes para sostener las imputaciones, aunque los elementos ya habían enfrentado cambios de adscripción y afectaciones laborales.

El caso expuso un patrón recurrente en denuncias internas y es la dificultad para acreditar responsabilidades de mandos y la tendencia a procesar a personal operativo, en este caso, también en materia de seguridad y contra el crimen organizado.

Alertan fallas en el fuero militar

Ante deficiencias en la integración de casos dentro del sistema de justicia castrense, acusados por delitos en el ámbito militar están optando por llevar sus procesos a tribunales civiles porque encuentran mayores probabilidades de obtener sentencias absolutorias por errores técnicos, advierte en entrevista el abogado Francisco Torres, quien litiga casos sobre el tema.

De acuerdo con su testimonio, la estrategia se ha vuelto recurrente. Aunque los procedimientos inician en el fuero militar, la apuesta jurídica consiste en agotar las etapas internas -juicio y apelación- para posteriormente recurrir a instancias civiles, donde los expedientes son sometidos a un análisis más riguroso.

"En el ámbito militar, ante cualquier caso complicado, mejor se apuesta a terminar las etapas ahí: juicio, apelación. pero de cajón siempre se busca acudir a la justicia civil", señala Torres con conocimiento en procesos castrenses.

El argumento central radica en la falta de tecnicismo jurídico dentro de la justicia militar. A diferencia del sistema civil, donde los jueces están sujetos a criterios más estrictos de debido proceso, en el fuero castrense se señalan omisiones, deficiencias en la investigación y una limitada pericia en la integración de pruebas.

"En la justicia civil hacen un estudio de fondo. Le apuestan a los errores, a la mala praxis de la justicia militar. Y con eso, aunque el elemento sea culpable, la libran por omisiones o por falta de estudio", alerta.

Estos vacíos han permitido que casos que originalmente apuntaban a responsabilidades penales terminen desmoronándose en tribunales civiles, donde las fallas procesales resultan determinantes para absolver a los acusados.

El fenómeno, advierte, no es nuevo. Desde hace décadas se han documentado inconsistencias en el sistema de justicia militar, particularmente en la homologación de delitos con el marco jurídico civil. Sin embargo, dijo, los intentos de reforma han sido limitados.

"No hay voluntad política para hacer un código de justicia militar actualizado, con delitos homologados a los del ámbito civil. Desde hace años ha habido militares y marinos en el Congreso, pero no han impulsado cambios de fondo", sostiene.

Actualmente, incluso con la presencia de perfiles castrenses en el Poder Legislativo bajo distintas fuerzas políticas, la crítica apunta a una continuidad en la inercia.

Legisladores provenientes de las Fuerzas Armadas han sido señalados por limitarse a respaldar iniciativas sin promover ajustes estructurales al sistema de justicia militar.

"Repiten lo mismo: meten Generales, figuras cercanas al ámbito militar, pero solo para levantar la mano. No hay innovación ni reformas profundas", indica.

La falta de actualización normativa y la persistencia de prácticas deficientes en la investigación y procesamiento de delitos dentro del fuero castrense han derivado en un escenario donde la impunidad encuentra una ruta legal.

Considera que mientras no se fortalezcan los estándares técnicos del sistema militar y no se armonicen sus disposiciones con el marco civil, continuará la migración de casos hacia tribunales ordinarios, donde los errores procesales terminan pesando más que los hechos.

"El resultado es un patrón que favorece la absolución de elementos señalados por delitos, no necesariamente por falta de responsabilidad, sino por fallas en la construcción de los expedientes", expone el litigante.

En ese contexto, la justicia civil se ha convertido no sólo en una instancia revisora, sino en una vía estratégica para revertir procesos iniciados en el ámbito militar, consolidando así un esquema donde las deficiencias institucionales impactan directamente en la rendición de cuentas, opina.